La Ciudad de México está saturada de policías. La fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad supera los 90 mil efectivos. Sin embargo, ha sido incapaz de contener la violencia y la comisión de delitos en la capital de la República.
El todavía jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera recibió la entidad como una de las menos inseguras del país. Cuando deje el cargo, en los próximos meses, la Ciudad de México estará de nueva cuenta –como hace 20 años– en los primeros lugares delictivos de los estados que integran la nación.
Aunque las causas son múltiples, destaca la precariedad laboral y formativa de los efectivos policiacos. No se trata de un problema de dinero. El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –que encabeza el abogado Hiram Almeida Estrada– se ha incrementado sustancialmente año con año. Para 2018 ejercerá 16 mil millones de pesos.
El informe Modelo óptimo de la función policial. Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de las entidades federativas, elaborado por la Secretaría de Gobernación, consigna que la Ciudad de México es la entidad federativa que cuenta con mayor número de policías por cada 1 mil habitantes.
Incluso, se encuentra muy por encima de la mayoría de los países del mundo. Mientras que casi todas las naciones cuentan con 2.8 policías por cada 1 mil habitantes, en la ciudad de México la tasa es de 4.2 policías. Al interior de la República, los demás estados no llegan ni a 1.9 policías por cada 1 mil habitantes.
No se trata de seguir incrementando el número de policías, ataja el legislador César Cravioto Romero. El coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) señala que lo que se necesita es combatir la corrupción tanto en la SSP como en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y reorganizar todo el sector de la seguridad.
Contando con tal número de policías y tomando en cuenta el número de colonias de la ciudad (2 mil), a cada colonia le corresponden más de 40 policías. “Pero hay una distancia enorme entre los policías y los ciudadanos que supuestamente debe estar cuidando. Lo que tenemos es un mal manejo de la operación policiaca; un mal diseño de cómo debe hacerse la actuación de la policía en las colonias, barrios unidades habitacionales y pueblos, y mucha corrupción”.
El diputado reprueba que cada vez se otorguen más recursos a la SSP y se obtengan peores resultados. El actual presupuesto de la Secretaría que encabeza Hiram Almeida es similar al presupuesto total de un estado de la República. Tlaxcala erogará 18 mil millones de pesos en este año.
“Así que el desastre en la seguridad de la Ciudad no es un asunto de dinero, de falta de recursos. Es un asunto de pésima operación, de mal diseño de política pública y de negligencia.”
Ninguna de las academias o institutos de formación policial de la Ciudad de México cuenta con la totalidad de los 12 rubros mínimos para garantizar una capacitación adecuada, señala el documento de la Secretaría de Gobernación fechado en diciembre pasado.
Los 12 aspectos que no pueden faltar en cada institución para formar policías competentes, a decir del informe, son: aulas suficientes; aula de cómputo; sala de juicios orales; comedor; cocina; dormitorios suficientes; pista de prueba física o pista del infante; sala con equipo audiovisual; servicio médico; estand de tiro; área de entrenamiento; explanada o pista de práctica vehicular.
La pomposa Universidad de la Policía de la Ciudad de México no cuenta con las 12 condiciones mínimas. Las instituciones que sí cumplen con ellas son las de Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Sonora.
Particularmente, los cadetes que se forman como policías en la capital de la República no cuentan con pista de prueba física.
El documento recomienda a los gobiernos estatales “hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos policiales preventivos en activo las mejoras y/o prestaciones laborales mínimas para otorgar estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades de empleo, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación”.
El legislador César Cravioto señala que la capacitación del policía debe ser integral. Es decir, no se debe reducir al uso de armas y comunicaciones. Debe promover que cada policía siga avanzando en sus estudios de educación básica, media y superior.
“Necesitamos que los policías tengan también mejor expectativa de vida y también mejor preparación en general; que se les abra el panorama y que no estén pensando en cómo sacar la mordida al automovilista. Necesitamos que el policía tenga una visión mayor, de crecimiento profesional y se interese hacer mejor su trabajo y cuide su empleo.”
Cravioto agrega que sólo dignificando la profesión de policía habrá personas que deseen ser policías y hagan bien su trabajo. Sin embargo, hoy la mayoría de las personas que son policías en la Ciudad de México ha adoptado ese trabajo porque no tuvieron otra opción.
En contraste, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, José Gonzalo Espina, considera que la actual administración ha “hecho una gran labor en materia de capacitación”.
El legislador integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) reconoce el “talento y energía” de la directora de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, Irene Quinto Montenegro.
Agrega que el secretario Hiram Almeida es el único de todos los titulares de seguridad de los estados de la República que ha certificado al ciento por ciento de sus policías.
“No es menor: 90 mil personas tuvieron que ser capacitadas en un sistema de justicia penal. Esto, poco a poco, se va reflejando en la calidad del servicio que se ofrece.”
Si la formación no es el fuerte de los policías de la Ciudad de México, tampoco lo son sus condiciones de trabajo.
Las condiciones laborales mínimas que se asientan en el Diagnóstico nionacal sobre las policías preventivas de las entidades federativas son de un salario igual o mayor a los 9 mil 933 pesos; acceso a créditos para vivienda; seguro de vida; servicio médico; fondo de ahorro para el retiro; acceso a apoyos para las familias de quienes hayan caído en el cumplimiento de su deber, y becas escolares para sus hijos.
Los policías de la Ciudad de México están por debajo del promedio nacional. Ganan 8 mil 674 pesos al mes. Muy lejos de los 13 mil 687 pesos que perciben los de Sonora o los 13 mil 436 de los efectivos de Tamaulipas. Otras entidades que pagan más a sus policías que la capital de la República son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Es decir, los policías capitalinos sólo ganan más que los de Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala.
“Otra vez, se trata de un problema de diseño. Si hay tantos recursos para la Secretaría [de Seguridad Pública], adónde se está yendo el dinero”, observa el diputado César Cravioto. “¿Adónde se está entregando el recurso si no es, entre otras cosas, para dar un salario digno a los policías?”, pregunta.
En cuanto a las prestaciones mínimas para asegurar condiciones laborales dignas, en la Ciudad de México no todos los policías cuentan con créditos para vivienda. El Diagnóstico consigna que, asimismo, no todas las familias de los caídos en cumplimiento de su deber tienen derecho a apoyo. No todos los policías tienen fondo de ahorro para el retiro ni reciben becas escolares para sus hijos.
Un asunto adicional es que, a decir del legislador César Cravioto, los policías ni siquiera cuentan con los recursos materiales mínimos para hacer su trabajo. Ejemplifica con el asunto del combustible que los propios patrulleros tienen que comprar. “Eso fomenta la corrupción brutalmente” y que se suspendan los patrullajes.
Además, la Unidad de Policía Procesal no cumple con el modelo nacional, reporta el Diagnóstico de la Secretaría de Gobernación. Mientras, las unidades de Operaciones Especiales y de Policía Cibernética están “en proceso de validación”.
El documento recomienda: “los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán operar conforme a los protocolos mínimos que les permitan desempeñarse de manera adecuada en sus funciones. En este sentido, las entidades federativas deben acreditar la existencia de los seis protocolos mínimos y la capacitación de sus elementos en los mismos”.
Los seis protocolos son: para la Función de Prevención o Reacción; de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género; para el Uso Legítimo de la Fuerza; Nacional de Primer Respondiente; Nacional de Cadena de Custodia, y para la Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables. Sólo seis entidades federativas operan conforme los seis protocolos. Ninguna de ellas es la Ciudad de México.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Gonzalo Espina, reconoce que las condiciones laborales de los policías “son determinantes” para que realicen con eficiencia su trabajo.
“Arriesgan su vida por nosotros y lo mínimo que merecen son estímulos: becas para sus hijos, vivienda digna, hospitales de calidad, servicios”. Espina dice que la Asamblea Legislativa y la SSP han “trabajado en conjunto” para mejorar las condiciones de los efectivos policiacos. Se refiere al impulso de una Ley de Dignificación Policial, hasta ahora no concretada.
Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que la seguridad en la Ciudad de México se deteriora año con año. En 2017, se cometieron casi 2 mil delitos de alto impacto, entre ellos 1 mil 500 homicidios dolosos.
La cifra negra, sin embargo, es mucho mayor. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 93.6 por ciento de los delitos cometidos no se inició averiguación previa. Según la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2017, el 77 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México ha dejado de usar joyas por miedo a ser asaltados y el 78 por ciento prohíbe a sus hijos salir a la calle por miedo a que sean víctimas de violencia.
Durante el año pasado, con datos hasta noviembre del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en la ciudad se cometieron 1 mil 96 homicidios dolosos; 716 homicidios culposos; 44 secuestros, 20 violaciones sexuales y 457 extorsiones.
“Y supuestamente el tema de la seguridad era su fuerte”, ironiza el diputado César Cravioto Romero. El legislador de Morena resalta que ese tema fue la carta de presentación de Miguel Ángel Mancera; “pero los resultados son lamentables, negativos y delicados para la población en general”.
Cravioto Romero reprueba que seis delegaciones políticas de la Ciudad de México hayan superado los niveles de la media nacional en ocurrencia de muertes violentas en la vía pública. “Lo que pasa en la Gustavo A Madero es tremendo: no hay día que pase sin que haya al menos un asesinado en la vía pública”.
Para el diputado Carlos Alfonso Candelaria López, secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, una de las causas del incremento de la inseguridad en la ciudad es la falta de trabajo en política social del gobierno de Miguel Ángel Mancera. El legislador independiente ejemplifica con el incremento de la deserción escolar: el 58 por ciento de los estudiantes de nivel bachillerato y el 30 por ciento de los estudiantes de educación básica secundaria.
“Nos preocupa que se haya focalizado el trabajo con esta población mayoritaria en los eventos masivos musicales, pero olvidando la atención a problemáticas como las adicciones o el embarazo entre adolescentes.”
Según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, desde que Miguel Ángel Mancera es jefe de gobierno han sido asesinadas 576 mujeres. En 237 de esos casos se han abierto carpetas de investigación por feminicidio.
“La violencia no se soluciona con silbatos”, dice el diputado Candelaria López en referencia a una de las políticas para combatir la violencia contra las mujeres. En julio de 2016, el gobierno de Miguel Ángel Mancera inició la entrega de silbatos a las usuarias del Sistema de Transporte Colectivo Metro para combatir el acoso contra las pasajeras.
Durante el actual gobierno se han presentado 15 mil 353 denuncias por violencia contra las mujeres; de ese total, 3 mil 506 se trata de violaciones sexuales. “Y no podemos tener una cifra exacta de feminicidios, ya que no son clasificados, investigados y sentenciados como tales, aun cuando [en esos casos] se empleó uso excesivo de la fuerza, armas, estrangulamiento o golpes”.
Para el legislador independiente, es necesario que se trabajen tres aspectos para evitar que la inseguridad crezca en la Ciudad: “la prevención integral, seguridad pública y reinserción social”.
El diputado Gonzalo Espina, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, señala que el contexto de la Ciudad ha contribuido en el deterioro de la seguridad pública. “Tenemos el efecto cucaracha, que consiste en el desplazamiento de las bandas de entidades vecinas, como Puebla, Morelos y el Estado de México”.
También el legislador panista señala que el nuevo sistema penal acusatorio se ha convertido –a su parecer– en una puerta giratoria, “en donde los delincuentes salen rápidamente de las cárceles y, con ello, la labor de la policía se ve rebasada por las decisiones del Poder Judicial”.
Contralínea solicitó entrevista con el titular de la SSP de la Ciudad de México, Hiram Almeida, a través de su oficina de comunicación social. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]
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