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Bajo el discrecional concepto de “seguridad nacional”, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia de la República y el Estado Mayor Presidencial participaron, junto con el expresidente Vicente Fox, en una serie de irregularidades durante la remodelación de Los Pinos (residencia Miguel Alemán, cabañas 1 y 2, obras exteriores y casa anexa), entre diciembre de 2000 y junio de 2001.
Adjudicación directa de las obras, duplicidad de contratos, subcontratación de obras, pagos anticipados injustificados y sobrecostos fueron algunas de las anomalías en las que incurrieron, revela la auditoría 2015 que desapareció del archivo histórico de la Secretaría de la Función Pública.
La obra tuvo un costo de 61 millones 895 mil 989 pesos y fue adjudicada directamente al amigo de Fox, Humberto Artigas, a través de su empresa Humberto Artigas y Asociados, SC. Ésta firmó cuatro contratos con la Presidencia para esas obras.
No obstante que el Comité de Adquisiciones “justificó” las adjudicaciones directas con el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, que establece que por razones de seguridad nacional se podrán contratar de esta forma las obras y los servicios, la auditoría realizada por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo determinó que fueron violatorias del marco legal: la Ley de Obras Públicas establece las adjudicaciones directas o la invitación a tres empresas a concursar, sólo se otorgará con obras menores a 5 millones de pesos.
También detalló que Humberto Artigas y Asociados no contaba con la capacidad técnica ni financiera, ya que tenía un valor social de 100 mil pesos y registraba plantilla de personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al apoderado legal Humberto Artigas y a cuatro personas más, que cubrían las funciones de vigilancia, mensajería e intendencia.
Por esa misma incapacidad, la firma de arquitectos subcontrató a las empresas Técnica Avanzada de Promoción Inmobiliaria, SA de CV; Construcciones y Destajos Especiales, SA de CV; Aicon, SA de CV; Arquitecto Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio, SA de CV; Aurelio Rojas; MYO, SA de CV; BM Arquitectos, y GBI.
Al subcontratar a las empresas, Humberto Artigas y Asociados violentó lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, en la que establece que no se podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven los contratos. Con ello, indicó la auditoría, rompió la seguridad nacional que se buscaba para la remodelación de Los Pinos.
De acuerdo con Mario Julio Córdova Motte, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, si las observaciones de la auditoría no han sido solventadas, el castigo consistiría en inhabilitar conforme a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción. No obstante, esto sería inviable luego de la desaparición del documento.
Ante la ley, Vicente Fox falló en sus responsabilidades como presidente. Primero, participó en un desvío de recursos millonario, cuando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 8, fracción 3 y 4, decreta que el uso de recursos públicos se debía hacer exclusivamente para los fines etiquetados y siempre y cuando se rindiera cuentas sobre el ejercicio y la gestión pública.
Luego, utilizó su influencia para recomendar a Humberto Artigas y Asociados, faltando a la misma ley, que en su fracción 13 estipula que de ninguna forma está justificado que un servidor público intervenga en la tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, absteniéndose de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia.
La auditoría demuestra que los subordinados coludidos con Vicente Fox para hacer posible el desvío de recursos fueron el Estado Mayor Presidencial, la Oficina Ejecutiva y la Coordinación de Adquisiciones de la Presidencia.
Integrantes del Ejército Mexicano, a través del Estado Mayor Presidencial, participaron como representantes legales y testigos en las firmas de contratos, aunque su cargo no les otorgará la autoridad ni validez necesaria para firmar contratos.
Mientras que la Oficina Ejecutiva y la Coordinación de Adquisiciones de la Presidencia no emprendieron acciones para recuperar los saldos de los pagos realizados en exceso, tampoco hicieron efectivas las penas convencionales que iban desde el 0.2 al 5 por ciento del valor total de la obra, ni rescindieron los contratos al presentarse irregularidades en el gasto ejercido e incumplimiento de fechas.
También destaca la participación en las irregularidades de distintos subordinados de Fox: Carlos A Rojas Magnon, asesor y coordinador Administrativo de la Presidencia; Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones de la Presidencia; Jesús Javier Castillo, general del Estado Mayor; y Rubén Pérez Hernández, subdirector de Adquisiciones.
Otros servidores públicos involucrados en la firma de contratos irregulares, supervisiones no atendidas y autorización de materiales fueron: María Isabel Jiménez Almaráz, directora de Finanzas; Rómulo Munguía Salazar, director de Recursos Materiales y Servicios Generales; y Eduardo Saldner Ávila, coordinador Administrativo de la Oficina Ejecutiva.
Todos ellos asumieron la responsabilidad de las obras a través del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al asegurar ante el Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precios, calidad, supervisión y oportunidad. Lo que en este caso de corrupción no ocurrió.
La auditoría 2015, que encabezó el contador público Roberto Muñoz Leos –director general de Auditoría Gubernamental en el sexenio de Fox–, se realizó del 20 al 28 de junio de 2001 y revisó el periodo del 1 de diciembre de 2000 al 31 de mayo de 2001.
El documento de resultados revela que durante el primer semestre del gobierno de Fox existió abuso de poder, desvío de recursos y sobrecostos, siendo responsable y beneficiado el contratista Humberto Artigas, amigo de Vicente Fox, pero también del mismo Fox que abusó de sus facultades como presidente.
La corrupción fue de tal magnitud que la empresa Humberto Artigas y Asociados sólo presentó facturas globales de las empresas subcontratadas por un importe de 23 millones 833 mil pesos, cuando el monto entregado a la empresa asciende a 61 millones 895 mil 989 pesos.
En el caso de la remodelación de las cabañas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el 19 de diciembre de 2000 el oficio de inversión autorizando la remodelación de cabañas 1 y 2, y fue recibido el 21 de diciembre por la Presidencia. El oficio de inversión acreditaba un gasto de 6 millones 336 mil 559 pesos por la adjudicación directa AD-269-00 y establecía que los pagos serían en los meses de marzo, abril, mayo y julio de 2001.
Sin embargo, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia de la República presentó duplicidad en el contrato. Firmó el 15 de diciembre con el arquitecto Humberto Artigas, y el 20 de diciembre volvió a firmar con el arquitecto por la misma obra y el mismo monto.
El contrato firmado el 15 de diciembre no cuenta con fondos autorizados por la SHCP, mientras que el contrato firmado el 20 de diciembre no cumple con la calendarización de los pagos establecidos. Inclusive se presentaron pagos a la empresa Humberto Artigas previo a la realización del contrato de la obra por 345 mil 347 pesos y 349 mil pesos en las fechas 15 , 18 y 19 de diciembre de 2000.
El mismo día del segundo contrato, la empresa Humberto Artigas pidió un aumento en la cantidad a gastar sin haber iniciado obras. El convenio modificatorio se celebró el mismo 20 de diciembre por la cantidad de un millón 552 mil 442 pesos, y el 22 de diciembre realizó otro convenio adicional por 632 mil 545 pesos. Presidencia le entregó en convenios modificatorios 2 millones 184 mil 987 pesos a Humberto Artigas.
Tanto en el contrato del 15 de diciembre y del 20 de diciembre, cuentan con un aumento de gasto superior al 25 por ciento, violentando la normatividad establecida en La Ley de Obras Públicas.
Las obras de remodelación de las cabañas también fueron entregadas 19 días después a lo establecido en el contrato. Y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia no les proporcionó alguna sanción conforme al contrato.
La auditoría de la extinta Secodam señala que además de la duplicidad, Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de adquisiciones, firmó los contratos con Humberto Artigas y Asociados, pero no estaba facultado para ello.
En lo que refiere al contrato AD-009-01, de la remodelación de la Residencia Miguel Alemán, el contratista Humberto Artigas firmó el contrato el 13 de febrero de 2001 por un importe de 30 millones 88 mil 782 pesos para realizar obras del 14 de febrero al 16 de abril de 2001.
Sin embargo, el 25 de enero de 2001 se efectuó un pago anticipado por un millón 700 mil pesos. El 8 de febrero se emitió por parte de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales otro pago anticipado por 7 millones 900 mil pesos a la empresa Humberto Artigas y Asociados, y fue cobrado por dicha empresa en BBVA el 15 de febrero de 2001.
Para el suministro de mobiliarios, equipo, enseres, accesorios y blancos de Los Pinos, se realizaron dos adjudicaciones directas con los contratos AD-267-00 y AD-268-00, Artigas celebró un contrato con la empresa MYO, por importes de 2 millones 950 mil 558 y 1 millón 734 mil 338 pesos.
La empresa encarga de suministrar los bienes muebles mostró como dirección la calle Calzada Desierto de los Leones 5934, misma dirección empleada por la empresa Humberto Artigas y Asociados.
En el suministro del mobiliario, el proveedor MYO incumplió. Según los contratos, fueron requeridos 475 bienes por 4 millones 684 mil 896 pesos y sólo se hizo la entrega de 204 bienes por un valor de 2 millones 411 mil 688 pesos.
La Presidencia no realizó las gestiones necesarias para la recuperación de los pagos en exceso, y tampoco el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia exigió la devolución del dinero, ni sancionó a la empresa como según se estipulo en el contrato.
Ahora, la única evidencia de estas contrataciones irregulares se ha extraviado del archivo histórico de la Secretaría de la Función Pública y, con ello, se ha perpetuado la impunidad.
Siboney Flores/Diana Manuel/Frida Islas
[INVESTIGACIÓN] [SOCIEDAD]
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