Por cuarto año consecutivo, más de 3 mil migrantes murieron al intentar cruzar el Mar Mediterráneo para llegar a Europa, cifra que representa más del 50 por ciento del total de indocumentados fallecidos en el mundo.
En total, desde 2014 hasta la fecha más de 15 mil 500 personas perdieron la vida cuando trataban de cumplir un itinerario extremadamente peligroso a través de uno de los mares interiores más grandes del orbe.
La cantidad de decesos es actualizada constantemente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que reporta rescates fallidos, el hallazgo de cuerpos en embarcaciones a la deriva, el sufrimiento de miles de individuos y la ineficacia de las medidas tomadas hasta el momento.
Además, advierte que las cifras exactas son difíciles de precisar debido a la gravedad de la crisis y a las condiciones de los viajes, por lo que los valores citados son aproximados y conservadores.
Escenas terribles se repiten ante los ojos del viejo Continente que ha optado por edificar muros, apoyar misiones navales, instalar mayores controles fronterizos y convocar a reuniones urgentes que concluyen sin acuerdos efectivos.
La Unión Europea (UE) ha tenido tiempo suficiente para hallar una solución a esta problemática y lo que ha conseguido es reducir la cantidad de extranjeros recibidos en sus territorios mediante métodos reprochables que atentan contra la integridad y los derechos humanos.
Para el vocero del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Federico Fossi, “lo peor es que nos estamos acostumbrando a que la gente muera en el mar y eso es muy triste”.
En 2017, lograron superar la difícil travesía 164 mil extranjeros, menos de la mitad de la cantidad registrada el año pasado.
De igual manera, la cantidad de muertos disminuyó considerablemente con respecto a 2016, cuando ocurrió el mayor número de fallecimientos (7 mil 200).
No obstante, las cifras continúan siendo alarmantes e imágenes como las de los naufragios cerca de Lampedusa o del cuerpo de un niño sirio en las playas de Turquía siguen apareciendo cada semana.
Ante esta situación, el representante regional de la OIM, Eugenio Ambrosi, afirmó que “la incesante y preocupante problemática obliga a realizar fuertes cuestionamientos sobre las políticas y los proyectos vigentes.
“Tras observar durante años este fenómeno, tenemos que preguntarnos por qué sigue ocurriendo.
Los rescates en el mar deben ser más efectivos, contar con recursos que los respalden y una mayor cooperación entre todos los actores involucrados. El mejor modo de salvar vidas es ofrecer a los migrantes opciones legales y seguras”, señaló.
El profesor del Instituto Universitario Europeo, Philippe Fargues, alertó sobre la infravaloración de la magnitud de esta tragedia y aseveró que “cerrar las rutas más cortas puede abrir otras más largas y peligrosas, incrementando así la posibilidad de morir”.
Además del riesgo de emprender tal travesía en barcos endebles y con muchos más pasajeros de los que permite su capacidad, los indocumentados se enfrentan a las consecuencias de caer en manos de traficantes de personas, a la violencia, la explotación y la violación.
Las dificultades pueden incluso incrementarse, de conseguir llegar a sus destinos: del otro lado del mar no espera casi nunca la tierra prometida, sino otra etapa de un viaje que muchos no superan y que dejan marcas muy difíciles de borrar.
A las malas condiciones de los centros de acogida se suman los obstáculos para solicitar asilo y posteriormente integrarse a comunidades y culturas muy diferentes a las suyas, en ocasiones reacias a aceptar a los nuevos residentes.
“Los contrabandistas existen porque ofrecen un servicio al que personas desesperadas no pueden acceder de forma legal. A ellos sólo les importa el dinero sangriento que extraen de decenas de miles de mujeres y niños, no les preocupa mandar a un chico a su muerte en el Sahara o el Mediterráneo”, asevera Justin Forsyth, vicedirector ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Según Forsyth, los pequeños, quienes muchas veces llegan sin sus familiares o tutores, son el sector más vulnerable en este complejo contexto.
“La ruta del Mediterráneo Central es ahora mismo una empresa criminal donde mujeres y niños pagan el precio más alto, pues son abusados sexualmente, explotados y asesinados”, lamentó.
Por ser trasladado al viejo Continente, cada individuo debe pagar a los traficantes más de 1 mil dólares, deuda que muchas veces debe saldar trabajando o asumiendo costos mayores.
De acuerdo con un estudio de ese organismo basado en entrevistas a migrantes, el 75 por ciento de los menores sufren agresiones de ese tipo y casi la mitad de las féminas son víctimas de violencia sexual. Muchos de ellos no denuncian esos crímenes por miedo a ser arrestados o deportados.
De acuerdo con Unicef, lo anterior ocurre porque los canales seguros para migrar -visas de trabajo o estudio, programas de reunificación familiar, reasentamiento de refugiados o concesión de asilo-, son muy limitados e inaccesibles.
Los indocumentados sufren privación de agua, alimentos, educación y servicios de salud, y son agredidos no sólo por contrabandistas, sino por autoridades locales y oficiales.
“Mientras el mundo sigue luchando contra la realidad del desplazamiento y la migración, las conclusiones extraídas de este informe subrayan la necesidad urgente de actuar”, subraya esa entidad y aboga por la lucha contra la explotación, la xenofobia y el racismo.
En tanto, Jennifer Bond, de la Iniciativa Global para el Patrocinio de Refugiados, asegura que un modo de “enfrentar los desafíos en la protección de esos individuos es formar alianzas audaces y aprovechar la compasión de los ciudadanos y las comunidades en todo el mundo”.
Sin embargo, dicha solidaridad tiene que reflejarse en acciones concretas, concebidas a partir de un enfoque integral, que respete los derechos de esas personas.
Manifestar y proclamar a todas voces el pesar por la muertes de miles de seres humanos cada año no es suficiente y corresponde a los gobiernos trabajar para brindar ayuda y las mejores posibilidades a quienes llegan huyendo del hambre, la pobreza y los conflictos.
Recientemente, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, acusó a la UE de llevar a cabo una política inhumana contra los viajeros ilegales provenientes de países como Siria, Libia, Yemen, Somalia, Sudan del Sur, Nigeria, República Centroafricana, Iraq y Afganistán.
“La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado ante los inimaginables horrores que soportan los migrantes -afirmó-. No podemos ser testigos silenciosos de la esclavitud moderna ni permitir que se usen métodos ilegales para gestionar la crisis y evitar que gente desesperada y traumatizada llegue a las costas de Europa”.
Glenda Arcia/Prensa Latina
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