Delitos ambientales, lucrativo negocio del crimen organizado

Aumenta la penetración del crimen organizado en delitos contra el medio ambiente. Mientras los irreparables daños a la biodiversidad generan enormes ganancias a los grupos delictivos, reina la impunidad. Totoaba y vaquita marina, ejemplos del desastre ecológico

México –considerado como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo: destaca en número de especies animales y vegetales, algunas de carácter endémico, variedad de climas y ecosistemas y miles de kilómetros de costa– es presa de los cárteles y organizaciones delictivas.

Amenazas al medio ambiente, como el tráfico ilegal de totoaba y su daño colateral de muertes de la vaquita marina, tala ilegal de maderas preciosas y robo de combustibles son la variable delictiva del crimen organizado que enfrentan sin mucho éxito las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad pública, advierten especialistas y ambientalistas.

La riqueza del país en recursos naturales –combustibles fósiles, forestales, pesqueros o minerales– “por desgracia no está exenta de la actividad de la delincuencia organizada que azota México, la cual genera impactos medioambientales significativos”, señala José Ignacio Montero Vieira, en su análisis Las Fuerzas Armadas mexicanas y su implicación en la defensa.

Graduado en geografía y ordenación del territorio por la Universidad Complutense de Madrid, el investigador agrega que es el caso de la totoaba, especie en peligro de extinción del mar de Cortés, cuyas vejigas –también conocidas como buches, “cocaína acuática” o “buche o cococha de dinero”– tienen una altísima demanda en China, donde los consumidores les atribuyen propiedades medicinales y afrodisiacas.

En su estudio, publicado por el Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Montero Vieira advierte de las enormes ganancias que obtienen los grupos delincuenciales con la venta de totoaba (Totoaba macdonaldi). “Se estima que el kilogramo de buche de totoaba puede llegar a costar en México unos 8 mil dólares, en Estados Unidos unos 16 mil y en Asia alrededor de 60 mil dólares”.

Joel González, director de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), confirma en entrevista con Contralínea la participación del crimen organizado en el tráfico de totoaba; sin embargo, precisa que toca a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada investigar y detener a los responsables.

La Profepa, indica, sólo coadyuva en materia de dictámenes técnicos, identificación de especies y estatus de protección.

“Hay organizaciones dedicadas a delitos como extracción de buche de totaba, lo cual se observa cuando aseguramos embarcaciones sin matrícula, sin registro, con motores modificados de 15 millones de pesos, son indicios, pero no sabemos si hay un cártel ni mucho menos el nombre del cártel”, subraya el funcionario.

Informa que de abril de 2015 al 17 de abril de 2017, mediante operaciones mixtas por aire, mar y tierra de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Gendarmería, Sepesca, Policía Federal, Aduanas y Procuraduría General de la República se aseguraron 1 mil 5 totoabas (301 ejemplares completos y 704 begigas natatorias).

Fuente: Adictos al anzuelo

 

Señala que en el mismo periodo, 205 personas han sido detenidas en el alto Golfo de California por posesión, transporte y comercialización de totaba, de las cuales la PGR indica que han sido condenados 29 personas a entre 3 a 9 años de prisión sumándoles 3 años si se demuestra que la extracción se realizó en áreas naturales protegidas o con finas comerciales.

“La respuesta oficial ha sido a través de despliegues en patrullas rápidas, operativos en puertos y aeropuertos, estrategia permanente todo el año con 15 inspectores, 150 elementos de infantería, 150 gendarmes, 15 oficiales de pesca desde las bases de operaciones de San Felipe, en Baja California, hasta Puerto Peñasco, Sonora. “En total hay 380 elementos dedicados a evitar actividades ilícitas como tráfico de totoaba y otros delitos”, apunta Joel González.

Para el investigador Montero Vieira, los altos precios que se pagan por el buche de totoaba responden a la escasez del producto, alta demanda y el carácter ilegal de la pesca furtiva, por lo que los cárteles mexicanos han visto en el tráfico ilegal de esta especie un negocio de alta rentabilidad.

En su análisis, indica que las redes criminales obtienen el producto en zonas pesqueras del golfo de California, como San Felipe (Baja California), Puerto Peñasco y Santa Clara (Sonora), desde donde es transportado hacia las denominadas “ciudades de embarque”, como Tijuana o Ciudad de México, o ciudades estadounidenses como San Diego, Los Ángeles o San Francisco.

Esas ciudades de paso –añade– son claves en el proceso de tráfico de totoaba, ya que cuentan con buenas conexiones por avión con destinos nacionales e internacionales, además de que en ellas se deciden la forma de venta del producto (fresco o congelado), y cantidad de que dinero recibe cada parte implicada.

Las negociaciones se establecen entre miembros del crimen organizado y ciudadanos chinos asentados en México, con conexiónes en su país y otros países asiáticos. El último paso del proceso es el envío de la mercancía, por barco y avión, incluso mediante servicios de mensajería, hacia puertos de Vietnam, Taiwán y Hong Kong en China.

Tráfico de totoaba, imparable

Alejandro Olivares, director del Centro para la Biodiversidad, señala en entrevista que el tráfico de totaba se ha incremetado en los últimos 2 años y ha sido la principal amenaza para la vaquita marina, ya que periodicamente estas aparecen muertas en las redes de pesca furtiva de totoaba.

Olivares coincide en que pese a los decomisos de totaba y equipo de pesca no paran, el tráfico no se detiene y observa que el crimen organizado está involucrado en el tráfico de totoabas a través de diversos modus operandi, ocutas en llantas de automóviles, en aerolíneas comeciales hacia Asia, empresas de mensajería.

Cuestiona que la presencia de efectivos de totas las dependencias de seguridad –Marina, ejercito, policía federal, estatal y municipal, Gendarmería– y personal de Profepa y Conapesca, “el tráfico de totoaba no se detiene, los decomisos representan una porción muy pequeña en relación al volumen de trasiego de esta especie”.

El director del Centro para la Biodivesidad, con sede en La Paz, Baja California, advierte que a pesar de las reformas al Código Penal para inhibir este ilícito, son pocos los decomisos de embarcaciones y detención de personas descubiertas en flagrancia. “Se requiere una investigación a fondo para contener el tráfico de totaba de raíz, con logística e inteligencia”, enfatiza.

Refiere que es una incóngnita cuántas totoabas quedan, a más de 1 año de que el Insituto Nacional de Pesca prometió difundir un estudio para saber ese dato, por lo que “lo único que queda claro es que se están acabando la totoaba y la vaquita marina, especies que no existen en otras latitudes del planeta”.

Alejandro Olivares considera que la estrategia oficial para combatir el tráfico de totoaban no ha funcionado y continúa su marcha frente a la incapacidad de las fuerzas de seguridad. “No se trata de llevar cientos de elementos de seguridad, sino de realizar trabajo de investigación para desarticular las redes de trafico de totoaba”, subraya.

Fuente: Adictos al anzuelo

 

Devastación de la vida marina

El Centro de Estudios Avanzados para la Defensa (CD4ADS), con sede en Washington, señala que el auge de la demanda de vejigas de totoaba se atribuye a la aniquilación del único ejemplar que se percibe como equivalente, que es la bahaba china, “a raíz de la rampante sobrepesca registrada”.

Agrega que “el crecimiento de la clase media china y la crisis financiera global de 2008 impulsaron a los consumidores en China a comprar vejigas de totoaba, entre otros activos de alto valor que se perciben como inversiones seguras”.

En el estudio Adictos al anzuelo, cómo la demanda de un pez protegido forró los bolsillos de los cárteles mexicanos y hundió el futuro de una especie en peligro de extinción –publicado en octubre de 2017–, la C4ADS explica que el alto valor de la totoaba es indicio de problemas para factores que van más allá que la mera viabilidad de la especie.

“Las redes que se utilizan para pescarlas (redes de enmalle), están devastando la vida marina en el Golfo. Una especie en particular, la vaquita, la marsopa más pequeña del mundo, ha sufrido de manera desproporcionada a partir del resurgimiento de la pesca furtiva de totoaba. Al tratarse de un animal solitario y tímido, la vaquita ha sufrido pérdidas sustanciales a manos de los pescadores furtivos de totoabas, lo cual hizo que disminuyeran de 567 especímenes en 1997 hasta un estimado de 26 en mayo de 2017”.

Agrega el documento que el problema se ve agravado por las redes de crimen organizado que ingresaron al tráfico de totoaba en 2013, atraídas por la perspectiva de tratarse de la vejiga de un pez poco conocido que vale su peso en cocaína.

“Su ingreso fue la señal del advenimiento de un período de volatilidad e inseguridad en la región, ya que los jefes criminales se apresuraron a controlar el comercio de totoaba en pueblos y ciudades costeras, al tiempo que los pescadores ilegales comenzaron a utilizar a sus colegas cumplidores de la ley como cortina de humo para la actividad ilegal”, apunta.

El C4ADS identificó una cantidad de redes delictivas a pequeña escala que desplazan la totoaba desde el Golfo de California hasta Asia, pasando por Estados Unidos. Descubrió que, incluso en aquellos casos en los que no se pudo identificar a las redes, el modus operandi habitual asociado al comercio ilegal de la totoaba constituía un fuerte indicio de actividad criminal organizada.

Un testimonio de un oficial del Ejército, citado en el informe del C4ADS, afirma que los cárteles “ingresaron con todo en el negocio, ya que contaban con estructuras organizadas, un cierto nivel de corrupción y organización, redes establecidas, rutas, contactos, bocas de expendio y patrocinadores en diversas instituciones. Lo mismo que aplicaban al narcotráfico, lo implementaban en el comercio de la totoaba”.

Asimismo, el estudio indica que quienes participan en el comercio de la totoaba son conscientes de que las investigaciones y acciones penales que pesan sobre los traficantes de totoabas son limitadas, o incluso inexistentes. Al mes de junio de 2016, la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República le constaba sólo un par de operaciones de tráfico de totoabas en los archivos de la Policía Federal.

En abril de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto declaró una prohibición por dos años para impedir el uso de redes de enmalle en el Golfo, sumado a un programa de compensación para apoyar a los pescadores y las cooperativas pesqueras que seguramente perderían ingresos significativos como consecuencia de tal prohibición.

Sin embrgo, la medida prohibitiva no logró restringir el uso de redes de enmalle, toda vez que el plan de compensación ha quedado plagado de problemas, ya que supuestamente algunos pescadores se vieron forzados a participar de la pesca ilegal de la totoaba para poder mantener a sus familias.

 

Tala ilegal de maderas preciosas

Si bien entre las actividades ilegales que generan enormes ganancias económicas se encuentran el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, extorión y secuestro, no es menor el lucro que obtiene el crimen organizado con la explotación de recursos naturales, entre ellos la tala ilegal.

 

La tala ilegal supone una gran oportunidad para los grupos criminales, sabedores de que países superpoblados como China o India demandan grandes cantidades de madera, más de la que sus propios territorios pueden ofrecer, indica José Ignacio Montero Vieira.

En México, indica el catedrático del IEEE, el problema se centra en las denominadas “maderas preciosas”, de gran resistencia, durabilidad y calidad, idóneas para la elaboración de muebles de lujo y tradicionales, instrumentos musicales, mobiliario de barcos y aviones. Algunas de las más codiciadas son el cedro, ébano, palo de rosa y caoba.

Explica que la tala ilegal ha crecido considerablemente en los últimos años debido a la gran demanda del continente asiático de maderas preciosas como palo rosa (Dalbergia granadillo), caoba (Swietenia macrophylia) o cedro (Cedrela odorata), incluidas en las categorías de protección en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-20101.

De acuerdo con información de la oficina de prensa de la Profepa, durante 2017 se aseguraron grandes cantidades de madera de especies tropicales como: Tzalam (Lysiloma sp.), Machiche (Lonchocarpus castilloi), Katalox (Swartzia cubensis), Pino (Pinus sp), Caoba (Swietenia macrophylla), Chicozapote (Manilkara zapota), Granadillo (Dalbergia spl), Mangle blanco (Laguncularia racemosa) y Cedro rojo (Cedrela odorata).

El decomiso de madera se realizó durante operativos conjuntos de la Profepa, las Fuerzas Armadas y la PGR en Áreas Naturales Protegidas de Calakmul, en Campeche; La Encrucijada y El Ocote, Chiapas; Bala’an K’aax, Quintana Roo; Pantanos de Centla, Tabasco; y Ma´ax Yetel Kooh, en Yucatán.

La deforestación que sufre el país obedece a cambios del uso forestal, campos de cultivo y tala ilegal por motivos económicos. “Todo ello se produce en un país catalogado como “megadiverso”, que cuenta con más del 70 por ciento de especies de fauna y flora del mundo”, explica el analista del IEEE José Ignacio Montero Vieira.

“La responsabilidad de la tala ilegal suele responder a una mala gestión de las áreas forestales, pero también por la presencia del crimen organizado, ha visto la oportunidad de lucrar con la tala indiscriminada de maderas preciosas con países asiáticos como destinatarios, como China, Taiwán, Vietnam y Malasia”, afirma.

Precisa que las zonas de extracción de madera se ubican en la vertiente del Pacífico, en los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, en los estados de Colima y Michoacán, respectivamente, “juegan un papel fundamental a la hora de darle salida al material del país”.

Considera que la tala ilegal constituye un ejemplo de cómo los cárteles han encontrado un nuevo nicho de negocio en agravio del medio ambiente, que las organizaciones criminales explotan merced a la coyuntura muy favorable de demanda de maderas preciosas del mercado asiático.

 

 

Efectos ambientales del robo de combustibles

En los últimos años el robo de combustibles se ha incrementado notablemente, hasta el punto de convertirse en un problema prioritario para las fuerzas de seguridad pública y las Fuerzas Armadas y una seria amenaza al medio ambiente.

Sin embargo, el robo de combustibles puede contribuir al desabastecimiento en algunas regiones del país y representa una de las actividades delictivas más nocivas para México y cada vez las pérdidas son mayores, señala Julio García Pérez, máster de inteligencia por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España.

En su análisis La seguridad energética en los mercados de gasolina y diésel en México (abril de 2018), publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, García Pérez indica que el 95 por ciento de las tomas clandestinas es realizado por grandes cárteles del narcotráfico; sin embargo, precisa que también están involucrados funcionarios públicos, empresarios nacionales e internacionales y empleados de Pemex.

“El combustible robado tiene tres usos comunes: la reventa, el abastecimiento de vehículos del narcotráfico y su empleo en la fabricación de drogas sintéticas”. Incluso, señala el catedrático del IEEE, “Pemex ha demandado en Houston, Texas a compañías estadounidenses que supuestamente habrían comprado o procesado productos que les fueron robados”.

El robo de combustibles genera graves impactos ambientales, al producirse vertidos al perforar los oleoductos, que en algunos casos deriva en fatales consecuencias, como explosiones o incendios, afectando la vegetación, el suelo y los cuerpos de agua, explica José Ignacio Montero Vieira.

Los más afectados eran los estados petroleros del Golfo de México y los del centro del país, donde la red de oleoductos es más abundante y compleja. Sin embargo, actualmente el robo de combustibles es una actividad generalizada en todo el país.

La oficina de prensa de Pemex da cuenta a este semanario de que el robo de combustibles en México asciende a 20 mil millones de pesos por año, equivalente a 27 mil barriles de gasolina y diésel diarios, siendo los estados de Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz donde se concentra este ilícito.

Indica que el número de tomas clandestinas en el país pasaron de 104 en el año 2004 a 6 mil 159 en el año 2013, y a 22 mil 577 en 2017. Encabeza la lista Guanajuato, con 1 mil 852 casos; Puebla, 1 mil 443; Tamaulipas, 1 mil 100; Hidalgo, 1 mil 64, y Veracruz, entidades que concentran el 62 por ciento del total de casos robo de combustibles, subraya la empresa productiva del Estado.

“Más allá del fenómeno delictivo y de las cifras que arroja, hay un aspecto relevante que suele olvidarse: las consecuencias que tiene el robo de combustibles en el medio natural. Debido al carácter improvisado y artesanal y a la falta de medidas de seguridad, las tomas clandestinas se traducen en vertidos de petróleo, incendios, explosiones y pérdida de vidad humanas”, considera Montero Vieira.

Enfatiza que las consecuencias de vertidos de petróleo son nefastas para el medio ambiente, origina modificaciones de relevancia en los suelos, en la capacidad de estos para retener agua o absorber nutrientes, y también en los procesos biológicos y químicos. “La microfauna, clave para los procesos de descomposición, muere dado que no tiene posibilidad de sobrevivir y, si en la zona del vertido hay cultivos, están condenados a no prosperar”.

Estas acciones tienen en común que afectan a un radio concreto de terreno alrededor del evento, pero cuando la contaminación generada por esos vertidos llega a cuerpos de agua, subterráneos o superficiales, las posibilidades de contaminación se extienden y aumentan notablemente.

En el mejor de los casos, después de una intervención adecuada, el suelo y la vegetación vuelven a recuperarse tras un periodo aproximado de cinco años. Por el contrario, si no se interviene o no se hace correctamente, podrían pasar décadas hasta que el medio natural se recupere.

A decir de Montero Vieira, en México en robo de combustible es controlado por cinco cárteles del narcotráfico como resultado de la diversificación de sus fuentes de financiamiento y una forma de resistencia frente a los embates del ejército y la policía.

 

Precisa que los cárteles de Los Zetas, Golfo, Caballeros Templarios, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, controlan el robo de hidrocarburos en el país, en complicidad con empleados de Pemex, de acuerdo con la zona de influencia de cada organización criminal.

“Los continuos golpes policiales y militares han provocado que el crimen organizado abra nuevas vías de financiación, como el robo de combustible, estrategia que tiene como objetivo diversificar sus fuentes de financiación, que les confiere mayor resistencia frente a la actuación de los cuerpos de seguridad pública”, subraya Montero Vieira.

No obstante, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas señalaron como “inexistente” información de inteligencia sobre grupos dedicados a la extracción ilegal de combustibles, en respuesta a una solicitud de información pública.

Muertes, atentados e incidentes

Desde 2014, se atribuye a organizaciones criminales en el comercio de totoaba varias muertes, atentados e incidentes relacionados, según el informe del C4ADS:

El homicidio de un supuesto narcotraficante en 2014 y dos asesinatos posteriores por “ajustes de cuentas” de otro narcotraficante y su guardaespaldas motivados por el control del comercio de totoabas en Santa Clara.

El jefe de policía Francisco Vásquez fue asesinado de un balazo en septiembre de 2015, justo antes de la implementación de la estrategia del Comando Coordinado para combatir el tráfico de totoabas.

En marzo de 2016, una pelea entre oficiales y una familia sospechada de participar en el tráfico de totoabas ocasionó la muerte de un oficial de policía y un pescador.

El 7 de septiembre de 2016, un miembro de la tripulación del M/V Farley Mowat de Sea Shepherd recibió una llamada telefónica donde le exigían que no se desplazara hacia el sur. Según ese tripulante: “Sabían mi nombre, los nombres de mi madre y mi hija, cómo era yo, un domicilio en Chile… Sabían el nombre de la embarcación, sus movimientos y dijeron que si volvíamos para el sur, mi hija y yo estaríamos muertos”. Los que hicieron el llamado se identificaron únicamente como “el cártel”.

Una protesta ocurrida en marzo de 2017 culminó con cuatro inspectores de Profepa heridos; 28 funcionarios de Semarnat y Conapesca heridos; oficinas públicas saqueadas y 15 vehículos oficiales incendiados.

Recientemente en el Golfo de California, circulan historias de pangas encontradas que transportaban vejigas de totoaba, narcóticos y armas, aunque aún no se pueden encontrar en la fuente abierta pruebas concluyentes de esos hechos. Además de la participación del crimen organizado mexicano, múltiples fuentes informan que las redes asiáticas de crimen organizado asentadas en California también están involucradas en el tráfico que supone el comercio de totoabas.