Especialistas y defensores de derechos humanos observan que, aunque la intervención ilegal de comunicaciones es una práctica antidemocrática y dictatorial, se realiza en todo el mundo y es muy difícil erradicarla.
Incluso, el experto en seguridad nacional Guillermo Garduño señala que todos los candidatos son espiados y que al participar en política son conscientes de ello. El activista Efrén Cortés advierte que todo espionaje puede preceder a una agresión directa; y el académico Valeriano Ramírez considera que se está atentando contra el proceso electoral y, por lo tanto, contra la sociedad mexicana en su conjunto.
Por su parte, la morenista Rocío Nahle, candidata al Senado de la República, denuncia que en esta campaña electoral se intensificó el espionaje del gobierno.
El especialista en temas de inteligencia y seguridad nacional, Guillermo Garduño Valero, señala que todo aquel que entra a la disputa del poder debe saber que será espiado. Y aunque es claro que quienes espían son aquellos que ya detentan ese poder o están en el juego político, todos son vulnerables.
Otra característica es que los centros encargados de la operar el espionaje son estructuras que aparecen y desaparecen cada 6 años sin dejar rastro alguno. “No lo justifico, pero es una realidad”. Se trata de empresas privadas con alta tecnología espiando a nombre de alguien.
Sobre los búnkers que hacen espionaje, el doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh, señala: “Partamos de un principio, los órganos de inteligencia están marcados. Tienen que seguir una regulación que existe. Son: el Estado Mayor, la Sección Segunda [del Ejército Mexicano], el Centro de Investigación y Seguridad Nacional [Cisen], Inteligencia Naval [de la Armada], la Policía Federal, y Procuraduría General de la República. Cada una es un tipo de inteligencia especializada. Eso no tiene ningún problema.
“Muy distinto es algo que se tiene que contemplar: hay estructuras que se dedican al espionaje, que son privadas y que, en un momento determinado, así como se forman, desaparecen. Hay un principio más para este tipo de organizaciones: nunca dejan huella; por lo tanto, no son identificables.”
Explica que la tecnología actual ha intensificado el espionaje. Se trata de algo generalizado. “No se trata de un asunto sólo contra López Obrador. Toda estructura de poder está fiscalizada, está siendo observada, desde otras estructuras de poder. López Obrador ha dicho que le han hecho llegar el expediente que de él mismo tienen en el Cisen. ¿Quién se lo entregó? ¿A cambio de qué?”
Explica que toda información de uso político tiene “tres tiempos”: información pública, que está disponible; información privada, que solamente corresponde al núcleo efectivo que tiene interés; e información íntima, que es del ámbito de la persona.
Además, también se puede clasificar como información abierta, discreta y secreta. A la información abierta cualquiera tiene acceso. A la información discreta, sólo las personas que tienen incumbencia, injerencia; y la información secreta corresponde a círculos de poder.
“Por lo tanto: si la información es poder, toda persona que aspire al poder está sometida necesariamente a estos principios. Es susceptible que le invadan su intimidad, el ámbito privado y el ámbito íntimo. Pero eso es para todos. No es que sea contra López Obrador. Es para todos.”
—Pero se trata de un uso ilegal del espionaje –se le inquiere.
—Toda información es así. Esto es parte de la disputa por el poder. Desde un punto de vista ético se sabe que es una violación a la privacidad, a la intimidad, a los derechos. Pero la realidad es que así se disputa el poder. Es parte de la disputa y se convierte en información pública. Y la información trae consecuencias. ¿Por qué? Porque la información es la base para la toma de decisiones. Es un recurso del poder. Un Estado sin espías es un gigante sin ojos. No lo justifico. Explico la realidad.
Agrega que todos los candidatos están penetrados. Y los centros de espionaje los hacen de la noche a la mañana y de manera privada. “Si meten al Cisen, imagínate: ahí va a acabar. Es decir, estos equipos privados hoy se forman y el 2 de julio desaparecen sin dejar huella”.
En México, el 90 por ciento de toda la actividad de espionaje y de inteligencia se desarrolla fundamentalmente contra los opositores, considera el economista y maestro en finanzas Jorge Retana Yarto.
Para el especialista en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional, “la primera distinción que tenemos que hacer es que la actividad de inteligencia está normada constitucionalmente y el espionaje es otra cosa: no hay de por medio la autorización de un juez y se está realizando una actividad de carácter ilegal para espiar a los opositores políticos”.
El miembro de la Red México-China, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, se trata de un opositor conocido desde hace años, pero que está muy lejos de tener un programa radical.
No obstante, agrega, “en el caso de su familia le han tratado de buscar los puntos vulnerables y se han estado concentrando en su círculo más cercano, porque a él lo que le pueden averiguar es muy poco: tienen muchos años investigándolo, espiándolo y no han podido capturar algo que resulte relevante”.
El catedrático de la UNAM reitera que lo principal en este tema es que se trata de una actividad ilegal al servicio, no del Estado mexicano, sino del régimen político en turno.
“Se trata de una actividad contra los opositores con la finalidad de poner los servicios de inteligencia en función de la preservación del régimen político actual. Eso es lo grave y lo que resulta totalmente inaceptable, porque se trata de poner un área de inteligencia del Estado al servicio del régimen político y ahí tenemos un grave problema.”
Para Retana Yarto, es necesario que este espionaje se denuncie pero en el ámbito internacional, porque en México esos casos no prosperan: “ni el Poder Judicial ni el ministerio público federal están interesados en investigar adecuadamente estas actividades absolutamente ilegales”.
Por ello, indica que el Poder Ejecutivo actúa con absoluta impunidad. “Es necesario entender que en México los servicios de inteligencia se usan fundamentalmente contra los opositores, no contra el crimen organizado. La mayoría de la investigación de inteligencia contra el crimen organizado se hace en los aparatos de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, porque aquí los aparatos se utilizan para espiar a los opositores”.
Retana Yarto destaca como preocupante que este espionaje contra López Obrador se dé justo cuando el candidato a propuesto que, de llegar a la Presidencia, desaparecerá totalmente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, para crear una agencia de inteligencia al servicio del Estado mexicano, no del régimen político.
“Ésa es una cuestión fundamental para entender cómo el espionaje político está totalmente fuera del marco constitucional y se usa en favor del régimen político y eso sólo sucede en países con regímenes autoritarios y despóticos. Esto no sucede en las democracias porque está totalmente prohibido. Esto es característico de los regímenes despóticos y en dictaduras militares: la inteligencia y el espionaje se utiliza fundamentalmente contra opositores.”
—Y aquí, con total impunidad.
—Nadie en México está dispuesto a castigarlo: el Poder Judicial está anulado y el ministerio público federal es dependiente del Poder Ejecutivo; entonces tenemos un inmenso vacío de autoridad judicial. Por eso no están dispuestos a investigar y sancionar este tipo de delitos.
“Es necesario que estos hechos se denuncien internacionalmente y someterlos a la investigación de una autoridad extraterritorial, como la Corte Penal Internacional, que actúa cuando en el país las autoridades correspondientes no han querido hacer justicia y no han investigado.”
El doctor Valeriano Ramírez, politólogo y sociólogo, considera que las ilegales grabaciones realizadas contra López Obrador, su familia y sus colaboradores representan una agresión contra todo el pueblo mexicano, independientemente de que las preferencias electorales de cada ciudadano.
El investigador y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM explica que tratar de incidir de manera ilegal en los resultados de las próximas elecciones es atentar contra la democracia que con muchas dificultades se construye en México.
“Lo que revele el espionaje en esta contienda no cambiarán ya mucho los resultados de la elección. El problema es que estamos hablando de una contienda con una serie de irregularidades. La ventaja de Andrés Manuel le permite tener un margen de movilidad que ha desconcertado a los contrincantes. El crecimiento es tal que desde la lógica del poder es necesario acotarlo. Y este espionaje busca inhibir la comunicación entre él y su grupo más cercano de colaboradores. Con ese espionaje se está estableciendo un principio de desigualdad con el objetivo de llevar al fracaso de la propia campaña.”
Explica que el espionaje ilegal viola todos los derechos individuales y se está incurriendo en mal uso de quienes gozan de facultades para hacer labores de inteligencia.
“Sería muy grave que quien esté cometiendo esto sea una agencia del gobierno. Y si no es el gobierno, es más grave aún que un particular con tal tecnología pueda hacer estas acciones. Porque entonces el que está siendo vulnerado en sus derechos no es solamente Andrés Manuel sino la población en general.”
El académico universitario demanda una investigación para saber quién o quiénes están detrás de este espionaje y, por supuesto, “debe haber una sanción. Necesitamos saber qué tecnología tienen y quién autoriza este tipo de espionaje”.
Efrén Cortés Chávez: el espionaje puede preceder a una agresión directa
El activista y defensor de derechos humanos Efrén Cortés Chávez advierte que el espionaje generalmente busca dañar, es decir, precede a una agresión directa en contra de la víctima.
Integrante de Red Solidaria Década contra la Impunidad y sobreviviente de la masacre del El Charco, reconoce que todos los Estados hacen trabajo de inteligencia. “Pero lo que está claro es que, en este rubro, la prioridad del Estado mexicano son todos los grupos, las organizaciones, los periodistas, los medios, que considera que son peligrosos para su estrategia de gobernar”.
Considera que el espionaje que se ha estado realizando contra el movimiento social ahora se ha trasladado contra las personas que están en la lucha electoral. “Se está rompiendo con un principio: el derecho de todo ciudadano a que se le respeten sus derechos humanos. Si el Estadio empieza a investigar a la familia, que no tiene nada que ver, a niños, a jóvenes; si se mete con la vida personal es muy grave. Estamos viendo, más que a un Estado policiaco o militar, a un Estado delincuencial”.
Explica que todo espionaje de este tipo es ilegal. “Se trata de un Estado delincuente porque está delinquiendo: está violando la ley. El Estado obtiene información para, primero, poder chantajear. Para qué otra cosa le puede interesar la vida personal. Su principio es que, en la vida, todos tenemos algo que ocultar, aunque sea del ámbito personal. Y cuando el Estado mexicano comienza a obtener información, viene la presión, el chantaje y la agresión”.
La candidata al Senado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Rocío Nahle, advierte que este proceso electoral se intensificó el espionaje político, tanto para el candidato [Andrés Manuel López Obrador] como para su familia y ciertos actores que estamos en esto”.
Agrega que, en su caso, desde que inició la campaña en Veracruz detectó el seguimiento orquestado por el gobierno estatal. “Lo manifestamos públicamente porque en nuestras giras para el Senado empezamos a tener a personas que nos estaban filmando, le tomaban fotografías a la gente y se hacían pasar por prensa pero no lo eran”.
En Coatepec y en Acayucan, ejemplifica, “señalé a dos personajes y les dije: ustedes vienen del gobierno del estado, nos han estado siguiendo, tomándole fotos a la gente. No sé cuál sea el propósito, si sea para identificar a la gente porque estamos subiendo una agenda pública ante el INE [Instituto Nacional Electoral]; entonces, todo mundo sabe dónde vamos a estar; eso no tenemos por qué ocultarlo”.
La política refiere que como candidatos a puestos de elección popular se exponen a ataques. “Sobre todo en Veracruz, donde la violencia está desmedida y se supone que del propio gobierno del estado salen amenazas y chantajes. Aún así seguimos trabajando y sigue el movimiento, pero sí hemos tenido renuncias de candidatos, no nada más en Veracruz, también en otros estados, pero esto ya es inminente, por más que estén espiando para ver qué hacemos o qué no hacemos, o qué propiedades tenemos o no, o a ver qué nos inventan. Ya nada más faltan 27 días”
—¿Qué opina de esta estrategia de intervención de comunicaciones contra el candidato López Obrador?
—El espionaje es condenable e inaceptable. Por eso Andrés Manuel ha dicho que va a poner orden, que la inteligencia se utiliza para precisamente terminar con la inseguridad, no para ver qué están haciendo los adversarios. No es democrático, es ilegal. Cuando el gobierno entra en la ilegalidad, imagínate a lo que nos lleva como sociedad. Por eso estamos como estamos.
—¿Habría alguna preocupación suya sobre este espionaje?
—No. Nosotros no debemos nada, hacemos las cosas bien y con transparencia. No me preocupo. Pero pienso en todos los candidatos de Veracruz y del país y no se vale: no se vale que por meterte en una contienda electoral termines amagado por el gobierno, que debería dar todas las garantías para competir en forma libre y democrática.
La información obtenida ilegalmente a través de técnicas de espionaje suele formar parte de las estrategias de los grupos en el poder, considera el doctor en comunicación política Fabián Bonilla.
El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que aunque ahora tenemos software y tecnología de punta para obtener esa información privada, el espionaje político en México es histórico.
Los micrófonos, grabadoras y personas se utilizaban intensamente en las décadas de 1960 y 1970, periodo que se conoció como Guerra Sucia, explica. “Había personas en los juzgados que vendían algún dulce o lustraban zapatos pero en realidad estaban adiestradas para identificar cierta información y llevarla a quienes estaban interesados en estos datos”.
Ahora, refiere que mucha información que circula en redes sociales tiene ese mismo origen, pero no es tan evidente. “Se va escuchando como trascendidos, rumores que van posibilitando que esta información llegue al espacio público y que forma parte de estrategias [políticas]”.
El objetivo del espionaje político contra el candidato Andrés Manuel López Obrador puede ser el chantaje, considera. “Cuando se tiene información muy particular que de alguna manera podría poner en situaciones de riesgo a ciertos personajes se utiliza para tomar posiciones políticas”.
Agrega que es una cuestión ilegal pero con impacto público. “Al utilizarse políticamente [la información obtenida] se pierde el elemento de la ilegalidad”.
El espionaje rompe las reglas del juego. “Claramente la política, como una acción humana, corresponde a ciertas normas: es un juego que responde a reglas y hay casos en los que no se respetan; ahí ya estamos hablando precisamente de la antítesis de la propia política.
“En este caso [del espionaje político], a usos más referidos a estrategias de la mafia o con submundos que tienen una enorme vitalidad y que están cifrados entre lo público y lo privado. Las dos dimensiones tienen sus normas, sus reglas. Y obviamente cuando se sacan de ese contexto tienen otros sentidos. El espionaje es una de las situaciones más lamentables”.
La intervención ilegal de las comunicaciones del candidato Andrés Manuel López Obrador y sus allegados tiene el objetivo de detectar vulnerabilidades posibles para desgastar esa opción política, en el contexto de la campaña electoral, considera el doctor en ciencia política Carlos Antonio Flores Pérez.
Para el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social considera que grupos de poder auspician ese espionaje político, pues buscan también elementos de presión e incluso de posible chantaje. Su proceder, advierte, es claramente ilícito: viola la ley.
El autor del libro El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática considera que en una democracia, un riesgo y una vulnerabilidad sobre un candidato presidencial debiera ser tema de atención de una agenda de riesgos.
—¿Cómo se puede leer este espionaje?
—Es importante ver el origen, para poder intentar determinar la autoría.
Esto obviamente conduce a dos posibilidades, no necesariamente excluyentes: gobierno o adversarios (empresarios).
“Lo usual es que monten una base de intervención con gente a la que se le separa temporalmente de una institución oficial, para hacer este tipo de trabajo, posiblemente financiado con recursos privados. Porque es claro que hay grupos dentro del aparato institucional y del sector privado que tienen interés en evitar que Andrés Manuel llegue a la Presidencia.”
La razón de hacerlo de forma clandestina es porque los autores necesitan borrar sus huellas. “Es para garantizar sus intereses e intentar mantenerse impunes ante las posibles consecuencias jurídicas que sus acciones pudieran tener en la siguiente administración”.
—¿Qué castigo podrían enfrentar?
—En un estado de derecho democrático, los operadores, financiadores e instigadores del espionaje enfrentarían una investigación y un juicio penal, que con gran probabilidad los llevaría a prisión.
—¿Qué consecuencias trae este tipo de acciones para los afectados?
—En un contexto de desesperación, es un riesgo de seguridad para la integridad física del candidato y su equipo. Aquí se viola su derecho humano a la privacidad y al respeto a la vida personal.
Es una muestra de por qué es una prioridad transformar a fondo el aparato de inteligencia del país. Porque esto, directa o indirectamente da cuenta de cómo ha prostituido su función sustantiva. Porque se es cómplice o se es omiso en detectar este tipo de prácticas.
Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), comenta que el espionaje político siempre ha sido una práctica no sólo de México, sino a nivel mundial. “Es una forma de obtener información sensible a quien está haciendo toda la labor de espionaje, que después se puede usar en contra de la persona espiada y, sobre todo, con fines políticos”.
Agrega que “no nos debe de extrañar para nada, se puede espiar al que va al puntero [de las preferencias electorales] o al que va al último”. Al final de cuentas, dice, el trabajo de inteligencia y de espionaje ha sido una de las actividades más recurrentes de todos los gobiernos.
El investigador del Inacipe recuerda que existe un órgano responsable de hacer todas las labores de inteligencia y espionaje, mismo que se va perfeccionando conforme pasa el tiempo, y se mejora la tecnología. “Esas han sido las actividades que han hecho los gobiernos, y no solamente con los candidatos sino con ciudadanos que se podrían considerar un riesgo para ciertas actividades del mismo gobierno”.
Para Barrón Cruz, lo que sucede en la actualidad es que se está difundiendo esa información: “Antes no sabíamos, ni si quiera en procesos electorales anteriores, a quiénes espiaron, cuál fue la información sensible, si esa información sensible se usó o no”.
Lo interesante de estas labores de espionaje, comenta, es si esa información se usa realmente contra la persona o, simplemente se hace pública y genera un escándalo, cuando en realidad no se sabe a quiénes se ha espiado a lo largo de la historia de los últimos procesos electorales.
La revelación del espionaje, comenta, indica que algo falló en el sistema o que alguien filtró esa información. “El gran problema que tenemos aquí, es que no sabemos hasta dónde es legal y hasta dónde es ilegal. Eso tendría que ser un tema de debate, porque si hay instituciones responsables de hacer labor de espionaje o inteligencia, cuáles son los límites, ¿hasta dónde está lo permitido?
“Estamos hablando del Cisen [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], la propia Secretaría de la Defensa Nacional (que tiene sus aparatos de inteligencia militar), la Secretaría de Marina y la Policía Federal, son instituciones que jurídicamente están ahí y tienen, incluso, su área de inteligencia normada jurídicamente; lo que habría que ver es cuáles son los límites, hasta donde pueden hacerlo de manera legal y en qué momento se convierte en ilegal”.
Para el doctor en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Nicolás Lazo Otero, no hay duda de que en tiempos electorales el espionaje telefónico de los es una práctica muy arraigada en el sistema político mexicano. Señala que no ve alguna posibilidad de impedirla por parte del Estado y las instituciones responsables de la seguridad y privacidad de los ciudadanos.
El espionaje telefónico es una acción ilegal cuando no está sustentada en una orden judicial; sin embargo, esta actividad es muy fácil de llevar a cabo, basta con adquirir el equipo técnico en el mercado negro como en Tepito, señala.
Precisa que hay múltiples agentes en los gobiernos estatales y federal dedicados al espionaje y venta de inteligencia, que además se subdividen desde los órganos oficiales de inteligencia, hasta los empleados más bajos de la cadena de mando que trafican con información delicada, valiosa o comprometedora, según sea el personaje de que se trate.
Lazo Otero –profesor e investigador de la Flacso– resalta que el espionaje nunca va a desaparecer: forma parte consustancial de los sistemas políticos del mundo. “La diferencia es la magnitud del espionaje y de a quiénes se espíe, y el uso que se le dé a las grabaciones. Nadie está exento de ser espiado. Ahora nuestro ADN está en las redes sociales, en un sistema con un mercado amplio en equipos y aparatos con los que se puede realizar esta práctica”, apunta.
Considera que se trata de una práctica condenable. Y, al final de cuentas, se requiere que la autoridad haga su parte para minimizar los riesgos e intervenciones que representa la práctica del espionaje en nuestro país: “Se requiere documentar, perseguir y sancionar a quienes la llevan a cabo con fines aviesos, ya que solo está permitido la intervención telefónica mediante una orden judicial”.
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