De un momento a otro, el patrimonio se reduce a cenizas o polvo. Sin techo, sin bienes y sin alimentación, la urgencia que padecen los sobrevivientes de un desastre por fenómenos naturales no se mira igual desde el gobierno: la asistencia para la reconstrucción llega a tardar meses, años o, de plano, jamás llega.
[bctt tweet=”Paralizado, fondo para atender a damnificados” username=”contralinea”]
Eso le ha pasado al paupérrimo pueblo indígena Me’phaa. En 2013, el huracán Ingrid y la tormenta Manuel devastaron las de por sí endebles viviendas de 16 mil familias y arrasaron con las pocas pertenencias de los habitantes de la Montaña de Guerrero.
El presidente Enrique Peña Nieto y el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometieron a auxiliar a las centenas de damnificados, pero eso no pasó.
A 4 años de los desastres, el gobierno aún no les reconstruye sus casas, sus clínicas, escuelas y puentes, explica Martha Ramírez, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien ha acompañado a las familias damnificadas en el proceso de solicitud de asistencia pública. Las condiciones que enfrentan son cada vez más deprimentes, señala.
Según la Agenda Nacional de Riesgos –a la que Contralínea tuvo acceso–, una de las máximas vulnerabilidades relacionadas con los desastres por fenómenos naturales es el “uso político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del Fondo de Desastres Naturales”.
Para Martha Ramírez, “es muy lamentable que las políticas públicas para atender los desastres naturales en el país se utilicen como mecanismo para generar subsidios que al final no se destinan a las personas afectadas”.
La integrante de Tlachinollan agrega que la experiencia de los indígenas y campesinos damnificados –que se incorporaron al proceso para exigir la incidencia de sus derechos económicos, sociales y culturales frente a desastres naturales– fue el incumplimiento gubernamental de la atención prioritaria a las comunidades más vulnerables, de 15 municipios afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel.
Organizadas en el Consejo de Damnificados de la Montaña, esas familias continúan exigiendo este 2017 la entrega de los granos que se les prometió desde 2013.
La defensora de derechos humanos explica que para la atención de las afectaciones de 2013, el gobierno federal asignó más de 37 mil millones de pesos para la reconstrucción de la entidad, a través del programa Nuevo Guerrero, dinero que no llegó a las comunidades de la Montaña.
Ante la negligencia gubernamental, las comunidades crearon su propio proceso de resistencia y fueron ellas quienes con sus pocos recursos empezaron a reconstruir sus pueblos, explica Ramírez.
Para las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, la historia podría repetirse. Las ocho entidades afectadas han solicitado ya ser declaradas zonas de desastre, primer paso para acceder al recurso público etiquetado para obras y acciones de reconstrucción de daños ocasionados por fenómenos naturales.
Pero el dinero, resguardado en el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), fluirá lento, si es que fluye. Actualmente, el fideicomiso cuenta con 5 mil 629 millones de pesos y con deudas de hace más de 4 años, se desprende de informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los documentos oficiales revelan que el recurso público no se ejerce con la urgencia que se requiere. La asignación del gasto –por 7 mil 248.9 millones de pesos– que ya se etiquetó para este 2017 es ejemplo de ello, pues aún incluye catástrofes ocurridas a inicios del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Tal es el caso de los 1 mil 626.1 millones de pesos previstos para Guerrero, con el objetivo de “continuar con las acciones de reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores carretero, educativo, hidráulico, salud, urbano, pesquero y acuícola, por la ocurrencia del sismo en el mes de agosto de 2013, la lluvia severa en septiembre 2013, la inundación fluvial provocada por el huracán Raymond en octubre de 2013, la tormenta tropical Trudy en octubre de 2014, y la inundación costera en mayo de 2015”.
En su informe al segundo trimestre de 2017, el Fonden refiere otros casos similares, entre los que destacan los de Chiapas y Oaxaca, severamente afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre de magnitud 8.2 grados Richter, con epicentro en la primera entidad.
Oaxaca, que nuevamente pide su incorporación al Fonden, apenas recibe 363.5 millones de pesos de ese fideicomiso para reconstruir “la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores carretero, hidráulico, pesquero, acuícola, turístico, urbano y vivienda, por la ocurrencia lluvia severa e inundación fluvial y pluvial en el mes de octubre de 2014, y la lluvia severa en mayo y junio de 2017”.
En el caso de Chiapas, apenas estará recibiendo apoyo relacionado con el desastre del huracán Bárbara, ocurrido en mayo de 2013. Para la reconstrucción de la infraestructura, esa entidad obtendrá 154.5 millones de pesos este año, también relacionados con la asistencia por “la lluvia severa e inundación fluvial y lluvia severa de septiembre y noviembre de 2014, y la lluvia severa en octubre de 2015, así como el sismo en junio de 2017”.
Otro caso que sobresale es el de Veracruz, al que este año se le destinarán 1 mil 170.9 millones de pesos para la “reconstrucción de la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores carretero, educativo, forestal, hidráulico, urbano y vivienda, por la ocurrencia de movimiento de ladera de septiembre 2013; la lluvia severa e inundación fluvial en junio, julio, septiembre y octubre de 2014; la lluvia severa, granizo, inundación fluvial y pluvial en marzo y octubre, y el movimiento de ladera en septiembre de 2015”.
El informe del Fonden también enlista el caso de Michoacán, al que le entregó 120.5 millones de pesos para reconstruir “la infraestructura federal y estatal dañada, en los sectores hidráulico, naval, pesquero, acuícola, urbano y vivienda, por la ocurrencia de la lluvia severa provocada por el huracán Manuel e inundación fluvial en septiembre de 2013 [que también afectó a los indígenas Me’phaa de la Montaña], y el huracán categoría V en octubre de 2015”.
Otro ejemplo de la lentitud con la que fluyen los recursos públicos es el caso de Baja California Sur, que apenas recibirá del Fonden 105.4 millones para “continuar con la reconstrucción de la infraestructura federal, en los sectores áreas naturales protegidas, carretero, educativo, hidráulico y turístico, dañada por la ocurrencia del huracán Odile, ocurrido en septiembre de 2014, y la inundación fluvial y pluvial en octubre de 2015”.
En total, el Fondo Nacional de Desastres reconoce ayuda atrasada para 18 entidades federativas. Pero su lista crece con el paso de los días, pues las catástrofes por fenómenos naturales en México se suceden una detrás de otra.
En la Montaña de Guerrero, Ingrid y Manuel dejaron comunidades totalmente devastadas, explica Martha Ramírez, integrante de Tlachinollan. Hombres y mujeres damnificados exigieron el auxilio; ante la negligencia, se convirtieron en defensores de derechos colectivos de los pueblos. Por este motivo, fueron criminalizados. Pero resisten. Ahora resisten desde su propia organización.
Nancy Flores
Contralínea 558 / del 25 al 30 de Septiembre de 2017
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