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La llamada transición democrática costó cara al erario de México: una de las primeras acciones de Vicente Fox Quesada al llegar a la Presidencia de la República fue ordenar una costosa remodelación de la residencia oficial de Los Pinos, donde habitó los 6 años de su mandato. Acostumbrado a los excesos de la iniciativa privada, favoreció indebidamente a su amigo Humberto Artigas.
Además del tráfico de influencias, Fox Quesada incurrió en irregularidades como adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos anticipados previos a la celebración de contratos, sobreprecios, incumplimiento y duplicidad de convenios, triangulación del gasto público, falta de entrega de bienes, suministro de objetos no requeridos y opacidad, documentó la auditoría 2015 que extravío la Secretaría de la Función Pública.
El investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Porras, señala que “antes de que hicieran cualquier tipo de remodelación, debieron haber metido una solicitud o una partida presupuestal ante el Congreso para poder contar con los recursos”.
Con la aprobación del Poder Legislativo, advierte, no había posibilidad de discreción por parte de la Presidencia, a no ser que se asignaran los recursos a la Oficina de Presidencia donde sí pueden discriminar cómo y con quién hacen convenios, aunque éstos deben ser transparentados, pues el dinero es público.
En el expediente de 365 fojas –del que Contralínea tiene copia–, se da cuenta de que la Presidencia de la República adjudicó de forma directa a la firma de arquitectos Humberto Artigas y Asociados, SC, el contrato AD-009-01 para las obras en la residencia Miguel Alemán, por 30 millones 88 mil 782 pesos; contrato “sin número” para obras exteriores, por 14 millones 667 mil 631 pesos; contrato “sin número” para remodelación de la casa anexa, por 8 millones 617 mil 997 pesos; y contrato AD-269-00, para remodelación de las cabañas 1 y 2, por 8 millones 521 mil 545 pesos.
A ellos se suman otros dos contratos que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República, representada por el ingeniero Alberto Ordóñez Benítez, también adjudicó directamente: AD-267-00 y AD-268-00, para adquisición de mobiliario, equipo, enseres, accesorios y blancos, por importes de 2 millones 950 mil 558 pesos y 1 millón 734 mil 338 pesos, respectivamente. Éstos favorecieron a la empresa MYO, SA de CV, cuya representante legal era la arquitecta Rosalía Morales Arámbula.
En el informe, el contador público Roberto Muñoz Leos, entonces director general de Auditoría Gubernamental, señaló las irregularidades cometidas en las adquisiciones de la Presidencia al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, solicitándole que “promueva los procedimientos disciplinarios de responsabilidades y en su caso, aplique las sanciones conducentes por los actos u omisiones cometidos por los servidores públicos involucrados en las observaciones”. Petición que en su momento no procedió.
La auditoría realizada por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) destaca que se adjudicó de forma directa a Humberto Artigas y Asociados contratos de obra pública por 61 millones 895 mil 899 pesos. Y claramente establece a los presuntos responsables de las irregularidades, identificados con nombre y apellidos.
Los gastos erogados en esos contratos no sólo los cubrió el patrimonio de la Dirección General de Administración de la Presidencia, sino también se solventaron con préstamos otorgados del Estado Mayor Presidencial (EMP), indica el expediente.
Respecto de los presuntos responsables, refiere que el asesor y coordinador administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Rojas Magnon, y el coordinador de Adquisiciones, Alberto Ordoñez Benítez, fueron los encargados de realizar la adjudicación directa del contrato AD-269-00, para la remodelación de las cabañas 1 y 2, mediante la Dirección General de Administración de la Presidencia.
En el caso del EMP, fue el general brigadier Jesús Javier Castillo Cabrera, subjefe administrativo del cuerpo de Seguridad, quien firmó el contrato AD-009-01 y dos convenios más “sin número” para la “remodelación de la residencia Miguel Alemán, casa anexa y obras exteriores de la residencia oficial de Los Pinos”, por un monto global de 53 millones 374 mil 411 pesos.
Con ese presupuesto se cubrió el contrato AD-009-01, por 30 millones 88 mil 782 pesos; contrato “sin número” para obras exteriores, por 14 millones 667 mil 631 pesos; y contrato “sin número” para remodelación de la casa anexa, por 8 millones 617 mil 997 pesos.
El ingeniero Joaquín Cortina y López Negrete, entonces director General de Administración, fue quien inició la solicitud del crédito. El 8 de febrero de 2001 envió una carta a María Isabel Jiménez Almaraz, directora de Finanzas, en la cual solicitó que, “dada la necesidad urgente de contar con recursos para el desarrollo de diversos trabajos en la residencia oficial de Los Pinos, se puede solucionar entregando un préstamo con cargo a deudores diversos al EMP, para que éste a su vez lo utilice para cubrir a la empresa del arquitecto Humberto Artigas y Asociados, SC, sus necesidades urgentes”.
Los créditos no se manejaron directamente: el dinero público pasaba del EMP a la Dirección General de Administración de la Presidencia, y luego se transfería a la empresa de Humberto Artigas, que a su vez lo diseminaba en las otras 10 empresas satélite subcontratadas.
El amplio expediente da cuenta de más irregularidades, como la duplicidad de contratos detectada en el AD-269-00, que fue firmado el 15 de diciembre de 2000 y luego el día 20 del mismo mes. Por esta anomalía se hizo un pago doble por 6 millones 336 mil 500 pesos. Aunado a lo anterior, el costo de la obra se aumentó en 34 por ciento, pese a que la ley de entonces sólo permitía un incremento de hasta 25 por ciento, de acuerdo con el informe.
En cuestión de los pagos anticipados, la cronología indica que la mayor parte de los movimientos ocurrió en febrero de 2001. El día 8, el director general de Administración, ingeniero Joaquín Cortina López, solicitó recursos para el préstamo al EMP. Un día después (9 de febrero) se entregó el cheque de pago al encargado del cuerpo de seguridad presidencial, general brigadier Jesús Javier Castillo.
El día 13 se firmó el contrato para la remodelación de la residencia Miguel Alemán; el 15 se pagó al contratista Humberto Artigas 7 millones 900 mil pesos, una cantidad que fue cobrada por el arquitecto como pago por su labor, aunque en Bancomer aparece como “operación devuelta” al EMP. Para el 22 de ese mismo mes se facturó el 30 por ciento de anticipo para la obra, por 10 millones 982 mil 762 pesos.
Debido a las infracciones anteriores, la entonces Secodam identificó como “efectos” “que se otorguen condiciones financieras a los contratistas fuera de la normatividad, por la disposición de recursos financieros para el pago de obra sin estar regularizada documental y oportunamente”.
Otra de los consecuencias fue que se “posibilita la contratación de obras con empresas que no cuenten con la infraestructura y capacidad técnica y financiera para el desarrollo de los trabajos y que no garantiza las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes”.
Por último, el efecto de “incurrir en sobrecostos innecesarios al no cumplir con los procedimientos normativos que permitan la adecuada selección de las empresas”, es la observación que da pie a otros señalamientos. El gasto de 61 millones 895 mil 898 pesos fue justificado por la inmediatez; sin embargo, la empresa de Artigas del Olmo recibió adelantos en diciembre y febrero, firmó el contrato y se le otorgaron adelantos con sobreprecios del 30 por ciento.
En una situación similar se encontró la adquisición de objetos y artículos para la casa presidencial. En dicha compra hubo adjudicación directa a la empresa MYO, que incurrió en incumplimientos en los objetos solicitados y entregados, sobrecostos en bienes para la vivienda y cobro por el servicio de “intermediación”.
La adjudicación directa de los contratos AD-267-00 y AD-268-00 se dio en “desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, de acuerdo con la auditoría 2015.
El informe de fiscalización que perdió la SFP enlistó más de 400 artículos entregados al presidente Fox Quesada para su uso personal: un tapete de 4.50 por 4.50 metros tipo soumak, con valor de 74 mil 570 pesos; cuatro juegos de sábanas modelo wamsutta, de 38 mil 570 pesos cada uno, que suman 154 mil 280 pesos; dos cortinas de loneta importada y forro blackout por 32 mil 200, entre ambas piezas la suma es de 64 mil 400 pesos; un tapete de 4 por 7 metros tipo soumak, de 86 mil 250 pesos; una alfombra de nudo de lana importada con valor de 44 mil 275 pesos; un tapete tipo soumak de 6.50 por 4.50 metros con costo de 74 mil 750 pesos; y una vajilla modelo bavaria en porcelana de 40 mil 250 pesos.
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Presidencia autorizó indebidamente la adjudicación directa de la compra de mobiliario, enseres, utensilios de cocina y blancos por 4 millones 684 mil 896 pesos, lo que contravino la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones. Y es que la contratación se excedió en los montos máximos permitidos para adjudicaciones directas provocando pérdidas y costos adicionales.
Otra irregularidad encontrada fue la autorización de un anticipo por parte de la Dirección de Finanzas de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, la cual no contaba con el permiso de la Oficialía Mayor o alguna autoridad equivalente, por 1 millón 405 mil 469 pesos mediante cuentas por liquidar certificadas. Por esta acción, los auditores señalaron que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, la dependencia financió al proveedor, lo cual estaba prohibido.
El convenio celebrado con la empresa MYO tuvo un pago del ciento por ciento por parte del Comité de Adquisiciones. Sin embargo, el proveedor sólo entregó el 54 por ciento de los artículos solicitados: 204 bienes (por 2 millones 550 mil 597 pesos), de los 475 requeridos.
Por ello, la auditoría concluyó que hubo un sobreprecio de 636 por ciento, lo cual significó un daño patrimonial al erario. También demostró falta de transparencia en los precios, mal financiamiento, vacíos legales para reclamar el incumplimiento de contrato y desvío de recursos al pagar objetos no requeridos. Una falta más fue haber permitido a la empresa MYO realizar una facturación global, que limita un sondeo de mercado.
Pese al cúmulo de irregularidades plenamente documentadas en la auditoría 2015, ni Vicente Fox, ni el arquitecto Artigas, ni las empresas fueron sancionadas por estos actos.
Jesús Estrada/Laura Sánchez/Isaac Hernández
[INVESTIGACIÓN] [SOCIEDAD]
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