Al borde de la muerte por un embarazo de alto riesgo, Belem Irasema Contreras Arellano inició con antelación su licencia médica por maternidad sin saber que, al tiempo, ésa sería su sentencia de desempleo.
“Empezaron las consignas, los comentarios discriminatorios: ‘Si no puedes hacer las cosas, mejor vete a lavar los platos a tu casa; para eso estamos los hombres’; ‘si tienes que cuidar hijos y el bebé es tu prioridad, mejor vete’.
Paradójicamente, lo que considera un despido injustificado –producto de la violencia de género que sufrió – sucedió en una de las instituciones del Estado mexicano que salvaguarda derechos humanos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Su caso no es aislado: 2 millones 164 mil 101 de mexicanas fueron discriminadas en el ámbito laboral por ser mujeres en los últimos 5 años, revela la Encuesta nacional de discriminación (Enadis) 2017. Publicada el 6 de agosto pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, refiere que a éstas les fue negada la oportunidad de trabajar u obtener un ascenso de manera injustificada.
Un número más en esa estadística significa una historia más de violencia de género, como la que ha vivido quien fuera directora de Atención al Pleno del Inai y a quien le arrebataron su derecho humano a trabajar, luego de que su salud mermara por su estado de gravidez.
“Cuando estás trabajando, lo que intentas es ponerte la camiseta de la institución; sin embargo, se dan este tipo de abusos de poder. En mi caso fueron 10 años de laborar para el Inai: tuve reconocimientos, crecimiento profesional y, de repente, en 6 meses es increíble cómo trataron de someterme para que renunciara; me discriminaron por el hecho de ser madre, de tener un embarazo complicado y una incapacidad por algo que estaba fuera de mis manos. Yo quiero que se visibilicen este tipo de abusos que se dan cotidianamente pero que la gente tiene miedo de hacerlos públicos.”
Aunque su despido ocurrió despuntando 2016, los problemas empezaron desde octubre de 2014, precisamente cuando su segundo embarazo fue diagnosticado con complicaciones graves. “Evidentemente era una cuestión de vida o muerte y me tuvieron que incapacitar antes”.
Después de dar a luz aumentaron las presiones. “Ya me decían: ‘queremos que te vayas’; ‘entréganos tu plaza’; ‘eres mujer, qué haces aquí’; ‘vete porque te enfocas más en tus labores de madre’; ‘es necesario que saques el trabajo y tienes que quedarte aquí a dormir como los demás’”.
De 2012 a 2017, 6 millones 386 mil 379 mexicanas sufrieron insultos, burlas o les dijeron cosas por el hecho de ser mujeres que les molestaron, indica la Enadis 2017.
“Al no lograr que renunciara, en enero de 2016 me corrieron. Por eso demandé el despido injustificado”. Como ese proceso aún está abierto, al igual que su queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Inai respondió a Contralínea –a través de su área de Comunicación Social– que no dará su versión al respecto.
Para Belem Irasema, el hostigamiento y la discriminación en su caso tienen un claro componente de violencia de género: “Por ser madre, por la cuestión de los cuidados maternos”.
El hostigamiento aumentaba porque, para atender el bienestar de su bebé y su propia salud –lo que está garantizado por las leyes mexicanas–, no podía cubrir horas extras en las noches ni someterse a otras exigencias que impactaban en su horario.
En su fracción XV, el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los patrones o a sus representantes despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. Lo que se ignoró en el Inai.
Al respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres señala que, “pese a que la ley prohíbe explícitamente la discriminación laboral por razones de embarazo, ésta sigue presente en el país”. Agrega que los porcentajes más altos de mujeres que han sido discriminadas por esa razón se observan en Chihuahua (28.8 por ciento), Coahuila (21.5 por ciento) y Baja California (26 por ciento).
Estresada por enfrentar a diario un ambiente hostil, en diciembre de 2015 Belem Irasema tocó todas las puertas posibles para encontrar ayuda, incluidas las del propio Instituto de Transparencia. Entonces faltaba 1 mes para que el despido se concretara, pero ninguna institución del Estado le auxilió para impedirlo.
“Todo lo empecé a sentir más crudo en ese diciembre que hice las denuncias. De hecho yo ganaba menos que los otros dos directores que pertenecían a mi área, a mi unidad”, señala.
De la discriminación del sueldo era responsable directo su propio empleador, pero no sólo de eso; también habría tolerado la segregación. A pesar de estar obligado a respetar las leyes y garantizar los derechos humanos, el Inai asumió institucionalmente la defensa de esas violaciones.
Y es que en vez de atender el llamado de auxilio de Belem Irasema, no perdió la ocasión de esgrimir que su autonomía aplicaba para no ser sujeto de escrutinio por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, antes y después de ejecutado el despido de su funcionaria.
“El Inai ha mostrado completa renuencia a contestar lo que le solicita el Conapred. Por ejemplo, se niega a entregar la información, argumentando que el Conapred no tiene competencia sobre el Instituto. Es de risa lo que contesta”, dice la exdirectora, imprimiendo un tono de sarcasmo a sus palabras.
La sombra de la complicidad en este tipo de actos alcanza a los comisionados, en especial a quien dirigía la institución en ese momento: Ximena Puente de la Mora. “En todo este proceso el Instituto no ha mostrado disposición, a pesar de que debe velar por los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía. La transparencia en el Inai es como dice el dicho: en casa del herrero, azadón de palo: ellos mismos no pueden sustentar cómo es posible que documentales oficiales [de las denuncias de Belem Irasema] desaparezcan. Cómo un oficio, un correo electrónico ya no existen, cuando ellos deben ser los garantes de la transparencia, los ejemplares. Ha sido [este proceso] por un lado tortuoso, pero por otro infructuoso, porque no he obtenido una sola respuesta respecto a lo que viví.”
Con desesperanza, señala que “han pasado muchos meses. Yo incluso me dirigí a diputados y senadores, a ONU Mujeres, a Presidencia, pero pues nada tuvo el impacto ni generó el apoyo que yo esperaba.”
La indiferencia la encontró desde aquellos primeros intentos que hizo por defender su fuente de trabajo ante el propio Inai, que entonces presidía la comisionada Puente de la Mora. Lo que encontró, asegura, fue un rechazo sistemático a atender su asunto.
“Jamás trataron de establecer contacto conmigo para conocer más a fondo esta situación. Trataron por todos los medios de evitar que esto se conociera, porque no soy el único caso: hay otros casos de hostigamiento y acoso en el Instituto. Son por lo menos otras dos demandas por despidos injustificados que tuvieron como marco la parte de hostigamiento y acoso”, señala la exfuncionaria.
Las decenas de oficios que escribió para documentar los agravios de los que era víctima en activo se toparon con oídos sordos, ojos ciegos, bocas mudas. Nadie alzó la voz por ella, nadie puso fin a aquella cadena de ultrajes.
“En su momento, traté de documentar todo esto que me estaba pasando: la falta de respeto, que no se respetara la estructura de mi área, porque orgánicamente yo tenía adscritas unas plazas pero operativamente no estaban conmigo; los insultos, todo.”
Y es que después de que su licencia por maternidad venció y se reincorporó a sus labores, encontró que la Dirección a su cargo ya había sido despojada de su personal. Hasta eso le habían quitado.
La decisión, asegura Belem Irasema, la tomó directamente el coordinador de la Secretaría Técnica del Pleno, Yuri Zuckerman, quien a su paso por la administración pública federal ha acumulado al menos cinco expedientes de discriminación contra mujeres. “En Conapred hubo otra queja de una compañera de la misma área contra ese mismo funcionario”.
Como si se tratara de una burla, sus denuncias “desaparecieron” del Inai. “Cuando empecé a ver esta situación que se venía en mi contra traté de documentarla a través de oficios y correos electrónicos. Algunos correos los respaldé, porque estaban en mi bandeja, pero otros que obraban en las bandejas del coordinador [Zuckerman] y de Leonardo Larios, director de Gestión en su momento, los declararon inexistentes porque se había hecho una depuración. Las documentales que tengo es porque las respaldé. Lo que he pedido por transparencia en su mayoría se ha declarado inexistente. La postura del Inai ha sido que no lo entrega al Conapred porque no tiene competencia. Siempre ha habido una negativa institucional”.
Como los truenos preceden a la tormenta, noviembre y diciembre de 2015 traían consigo mucha más presión sobre la funcionaria y madre de familia. Para enero del siguiente año, sus 10 años de antigüedad y su carrera en ascenso se venían abajo.
“Hice toda una trayectoria en el Ifai, ahora Inai. Entré en 2005 y, desafortunadamente, en 2015, después de la aprobación de la reforma y con el nuevo pleno [de Ximena Puente] vinieron muchos cambios”.
El más grave fue quedar bajo las órdenes de Yuri Zuckerman, un servidor público machista, como lo identifican dos de sus víctimas (Contralínea 606), justo en el momento en el que enfrentaba las complicaciones de su embarazo. “Salí del Instituto por las presiones y estas circunstancias de hostigamiento y acoso”.
Belem Irasema no tiene dudas sobre la ruta que se siguió: “Luego de la reforma y mi readscripción, él tuvo la clara intención de que me fuera: había una línea para determinar mi despido. Yo ya traía todo lo del cuidado materno, el respaldo [médico] por ser madre y presentar un embarazo complicado, pero fue cuando empezaron las consignas”.
La exfuncionaria presentó su caso ante el propio Inmujeres, e incluso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes se declararon incompetentes. “El asunto lo turnaron a la Contraloría del Instituto. Ese expediente está abierto por presuntas faltas e irregularidades por parte de los servidores públicos [que la agredieron]”.
Belem Irasema reitera que la hostilidad se incrementó cuando fue cambiada de área: “Me readscriben en julio de 2015. A partir de ahí se vino decantando esta relación laboral y fue justamente en 6 meses que ocurrió la discriminación, el hostigamiento, incluso abuso de poder, de empezarme a presionar para que renunciara, a quitarme a mi personal”.
Ante la sistemática negativa que ha vivido, las aspiraciones de la exdirectiva del Inai ya son mínimas: “Lo único que quiero es que se evidencie que mi caso no es el único pero, por temor a represalias, a perder el empleo, los demás no se hacen públicos”.
La cobertura legal para las madres trabajadoras en México es tan amplia que éstas tienen derecho, en el periodo de lactancia hasta por el término máximo de 6 meses, a dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en lugar adecuado e higiénico que designe el empleador, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado.
Pero las leyes no se respetan, señala la exfuncionaria del Inai. “Son muy bonitas en el papel y la letra pero en la práctica no se respetan. Siempre uno como madre, como mujer, por una situación de incapacidad tiene que pasar por este tipo de acoso, de humillaciones. Yo sí quiero que se haga patente, más allá de mi procedimiento laboral, que las institución que existen y están para eso, como el Conapred, de verdad sancionen este tipo de acciones que son completamente reprochables”.
Respecto a su caso particular, asegura que el Comité de Ética del Inai resolvió –cuando ella ya había sido echada del Instituto– que sí había elementos discriminatorios, por lo que recomendó que se hicieran valer los derechos de las madres trabajadoras.
Víctima directa de la violencia de género en el ámbito laboral, Contreras Arellano señala: “No se vale que por una situación que se da en tu vida de manera repentina te juzguen, te humillen, te presionen, te acosen. Eso no se vale y eso es lo que yo quisiera que –más allá de un curso de capacitación para enseñar cómo manejar las cosas– se eviten este tipo de situaciones que se dan a diario”.
Agrega que su historia no es, ni de lejos, la única. “En el Inai se dan estas injusticias de manera cotidiana: hay despidos injustificados de muchos servidores públicos porque ya no les importaban los perfiles, ni las experiencias. Es una política al interior del Instituto”.
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