La gubernatura chiapaneca de Manuel Velazco tiene posibles daños en las arcas del estado por 2 mil 71 millones 371 mil 255 pesos. Cinco auditorías financieras, de cumplimiento y desempeño, exponen la opacidad con la que se han administrado los recursos del tercer estado más pobre del país.
La fiscalización a sectores y programas de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que podrían ayudar a la superación de la pobreza, determinó que hay: opacidad y falta de control, además de identificar riesgos de corrupción y fraude en el gobierno chiapaneco.
En Chiapas, el 77.1 por ciento de la población se mantiene en situación de pobreza; lo que significa que 4 millones 114 mil de sus pobladores carecen de los niveles mínimos de bienestar. Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) indican que en pobreza extrema; es decir, cuando las personas no tienen ni siquiera acceso a lo mínimo en alimentación, hay 2 millones 615 mil 300 personas. En “pobreza moderada”, 1 millón 498 mil 600 personas.
Estas condiciones han provocado que Guillermo Santiago Rodríguez, legislador por Chiapas en la Cámara de Diputados, haya solicitado juicio político en contra el gobernador Manuel Velasco por el desvío de recursos públicos en sectores vulnerables como salud, educación e infraestructura.
Santiago Rodríguez, integrante de la comisión bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, dice en entrevista que la administración de Manuel Velasco “se caracteriza por tres cosas: corrupción, mezquindad y represión”
En ese estado la pobreza ha servido para que los que ostentan el poder aseguren votos a su favor, dice Araceli Damián González, secretaria de la comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, correligionaria de Guillermo Santiago.
Damián González, especialista en el estudio y análisis de la pobreza, doctorada por el Colegio de México, comenta: “parece que hay una decisión por parte del Estado de no atender los problemas estructurales en el país, en materia de pobreza. Chiapas es un estado donde hay una población indígena muy grande y las principales carencias tienen que ver con falta de servicios básicos como la educación y la salud”.
La especialista y legisladora dice que hace falta inversión en el estado, pues han dedicado más a lo clientelar y al uso de recursos, en lugar de tratar de atender el problema de la pobreza. “El gobierno mexicano no sabe qué hacer en esta materia, las administraciones de los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional lo único que hicieron fue privatizar el petróleo y las tierras para la minería, pero no le apostaron al desarrollo de las zonas con potencial económico como Chiapas”.
Tres de las auditorías revisadas corresponde a uno de los sectores que mayor problemática tiene en el estado: la salud. De la fiscalización de recursos a este sector, se desprende que hay posibles irregularidades por 1 mil 816 millones 705 mil 760 pesos; monto que corresponde al 87 por ciento de lo observado por el máximo órgano de fiscalización como posible perjuicio.
Las revisiones estuvieron relacionadas con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), los recursos federales transferidos a la Secretaría de Salud del estado y de Prospera, programa de inclusión social (en su componente de Salud).
El mayor daño asciende a 948 millones 676 mil 538 pesos, según evidencia el documento Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa.
Entre las observaciones hechas por la ASF en materia de administración de riesgos, precisa que el gobierno chiapaneco “no realiza acciones para fortalecer los controles internos utilizados en la administración y ejercicio de los recursos del fondo”.
Las irregularidades fueron por 330 millones 211 mil 575 pesos, por no haber aplicado la totalidad de los recursos al 28 de febrero de 2017; 299 millones 647 mil 847 pesos, por no haber enterado ante el Servicio de Administración Tributaria el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores de los meses de febrero a diciembre 2016; 259 millones 263 mil 781 pesos, por no realizar registros específicos del Seguro Popular 2016 y 59 millones 553 mil 334 pesos, por no presentar evidencia documental del pago correspondiente de las aportaciones de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, de los bimestres 3, 4, 5 y 6 de 2016.
El FASSA tuvo observaciones por 686 millones 883 mil 756. En la revisión, los auditores encontraron que este fondo no cuenta con manual o guía que establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción.
En tanto que el programa Prospera (en su componente salud) registró posibles irregularidades por 181 millones 145 mil 465 pesos. El monto más elevado ascendió a 160 millones 869 mil 169 pesos, “ya que el Instituto de Salud del
Estado de Chiapas no aplicó el recurso exclusivamente al cumplimiento de metas y objetivos del programa”, y en cambio realizó transferencias bancarias de los recursos del programa a otras cuentas bancarias.
Contrario a lo que evidencia la ASF en tres de las auditorías practicadas, donde revela malos manejos de esta administración, el Cuarto Informe de Gobierno de Manuel Velasco dice que la salud es un elemento esencial para el desarrollo económico de cualquier región, por lo que se constituye en una prioridad de las políticas públicas para buscar y mantener el bienestar social; en ese sentido, “desde el inicio de nuestra administración nuestro principal compromiso es coordinar esfuerzos con todas las instancias para acercar aún más los servicios a todas las regiones del estado, pero sobre todo fortalecer la atención a la mujer, que es pilar fundamental para cada familia”.
El legislador de Morena, Guillermo Santiago acusa que desde 2015 la ASF documentó un desvío de recursos por 765 millones de pesos, mismos que no han sido aclarados. A ello se suma, dice, que “tenemos un problema muy grave en el sector educativo, ya que a más de mil maestros (con y sin base) no les han pagado durante un año, sin aguinaldo ni prestaciones, y es por el mismo problema de desvío de recursos”.
Los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), asignado al gobierno de Chiapas, tuvieron observaciones por 245 millones 848 mil 679 pesos.
Derivado de que el “estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE”, se operaron con opacidad 181 millones 105 mil 127 pesos, el monto más elevado de los ocho pliegos de observaciones elaborados por el máximo órgano de fiscalización del país.
La ASF giró una recomendación para que el gobierno que administra Manuel Velasco instruya a la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones para que proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas, “a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo”.
Y dictaminó que el estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social.
Guillermo Santiago indica que en la entidad hay serios problemas en infraestructura, ya que han detectado cientos de obras sin concluir, “para botón de muestra, el Centro de Convenciones de San Cristóbal, al que se le invirtieron 275 millones de pesos, entregaron un anticipo a la empresa, y ya con el dinero, la compañía dice que ya no puede construir”.
En el ámbito legislativo, comenta, ya interpuso una solicitud de juicio político contra el gobernador del estado “por la violación sistemática a los derechos humanos, específicamente el derecho a la salud, a la educación y a la libre manifestación, comprobado con más de 90 casos de corrupción que encontramos en todo el estado”.
Desde 2000 se puso en marcha el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) a fin de robustecer las arcas estatales. No obstante, en éste existen situaciones que restringen el desarrollo de los proyectos de inversión pública y generan áreas de opacidad que deben eliminarse, documenta la ASF.
El máximo órgano de fiscalización del país determinó que en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 había inconsistencias por 16 millones 642 mil 662 pesos.
La ASF fue contundente y determinó que en la administración de Manuel Velasco se registraron “incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas no dispuso de un programa anual de evaluaciones y no presentó evidencia documental que acredite la evaluación del fondo por una instancia técnica independiente para el ejercicio fiscal 2016, lo cual limitó al Gobierno del estado de Chiapas para conocer sus debilidades y áreas de mejora”.
En el desglose de las operaciones irregulares por 8 millones 816 mil 815 pesos, 7 millones 825 mil 847 pesos corresponden al pago de obras de manera anticipada y sin que se constatara el inicio de las mismas. Otros 698 mil 832 pesos por no aplicar penas convencionales o hacer efectivas las garantías correspondientes en cuatro obras pagadas con recursos del Fondo; donde existió un atraso injustificado imputable al contratista.
“Es lamentable que se desvíen recursos en áreas tan prioritarias para el bienestar de la sociedad y que tenemos que cambiar este modelo para poder sacar de la pobreza a tanta gente”, dice la especialista Araceli Damián.
La legisladora por Morena agrega: “la pobreza es una forma de control por parte de un Estado en el que para que las personas puedan obtener algún recurso o bien, finalmente terminan vendiendo su voto, ayudando a que les salgan los números a estos partidos que están en el poder”.
Se solicitó entrevista con el gobernador Manuel Velasco, a través de la secretaria particular del Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas, Esperanza Huertas Rubio. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Érika Ramírez
Contralínea 575 / del 29 de Enero al 03 de Febrero 2018
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