Roma, Italia. Las crecientes discrepancias entre Italia y la Comisión Europea sobre el proyecto de presupuesto diseñado por Roma para el próximo año apuntan hacia un choque frontal, con inevitables repercusiones políticas y económicas en el contexto regional.
La elaboración del plan de ingresos y gastos constituye cada año un motivo de forcejeo entre las estructuras administrativas europeas, garantes de la estabilidad financiera, y los gobiernos nacionales, presionados por urgencias de todo tipo, desde la inversión pública hasta el cobro de impuestos.
Italia no es la excepción, aunque en los últimos años recibió un tratamiento flexible de parte de la Comisión Europea, preocupada por el avance de fuerzas políticas “populistas” desafiantes de las formas tradicionales de hacer política y la rigidez de las normas financieras del órgano supranacional.
Severamente afectada por la crisis de 2008, la economía italiana muestra desde entonces un comportamiento incierto, caracterizado por la pérdida neta acumulada de 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), resultado de los descensos de 1.1 por ciento en 2008; 5.5 en 2009; 2.8 en 2012; 1.7 en 2013; y 0.4 en 2014.
Con el ritmo marcado por los incrementos de 2010 (1.7), 2011 (0.6), 2015 (0.8), 2016 (0.9) y 2017 (1.5), según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (Istat), el PIB de este país regresará a los niveles previos a la crisis en 2021.
Pronósticos de organizaciones nacionales e internacionales prevén un crecimiento de 1.1 por ciento para este año, cuatro décimas de puntos porcentuales por debajo del estimado inicial y 0.9 en el próximo, con lo cual Italia se reafirma en el último lugar entre los países miembros de la Unión Europea en este sentido.
Al escaso y lento crecimiento de la economía, con sus secuelas de empobrecimiento y exclusión social, contribuyen la baja productividad y una deuda pública equivalente al 131.8 por ciento del PIB, por cuyos intereses el país desembolsó 65 mil 500 millones de euros en 2017.
Más de 5 millones de personas en condiciones de pobreza absoluta y una tasa de desempleo que oscila alrededor del 10 por ciento, superior al 30 entre los jóvenes, conforman un panorama agravado por una creciente desigualdad en la distribución de la riqueza entre sectores sociales y regiones.
Según datos de Eurostat, correspondientes a 2016, el ingreso per cápita de los territorios del Noroeste de la península era de 34 mil 100 euros, seguido por el Nordeste, 33 mil 300, el centro, 29 mil 900, el Sur, 18 mil 600 y las islas 17 mil 900.
La brecha es más evidente al comparar los 42 mil 600 de la provincia autónoma de Bolzano con los 16 mil 800 de Calabria y mucho más cuando se contrasta la calidad de los servicios públicos en ambos polos del país.
De esas dos realidades distantes, emergieron la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5E) como las dos fuerzas políticas principales en las elecciones legislativas del 4 de marzo último.
La llegada al gobierno de la coalición integrada por esos dos partidos prendió las alarmas en la Comisión Europea, convencida de que sus políticas “populistas” y sentimientos contrarios a la actuación de la Unión Europea (UE) significarían una amenaza para la estabilidad del organismo regional.
A esa preocupación contribuye el peso de Italia como fundadora de la UE y tercera economía de la Eurozona, después de Alemania y Francia, cuyas acciones podrían tener un efecto multiplicador por contagio con otras realidades europeas.
La impugnación llegó a Roma en una carta enviada al ministro de Economía y Finanzas, Giovanni Tría, por el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario para Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.
Ambos directivos objetaron la intención declarada en la nota de actualización del Documento de Economía y Finanzas (DEF), de revisar los objetivos fiscales para el periodo 2019-2021, elevar el déficit a 2.4, 2.1 y 1.8 en los años sucesivos y apartarse de la ruta para lograr un equilibrio estructural del presupuesto a mediano plazo.
Indicaron además que según las previsiones del gobierno italiano, los nuevos objetivos corresponderían a un deterioro estructural del 0.8 por ciento del PIB en 2019 y a un equilibrio estructural estable entre 2020 y 2021.
En resumen, los directivos de la CE consideraron que los objetivos del presupuesto delineados por Italia apuntaban hacia una desviación significativa de la ruta fiscal recomendada por el Consejo.
A esos reclamos siguió la negativa de la Oficina Parlamentaria del Presupuesto a validar la actualización del DEF por considerarla demasiado optimista y por tanto irrealizable, a lo cual se unieron las dudas manifestadas también por otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadísticas (Istat) y el banco central.
Un sentido similar tuvo la advertencia de directivos del Fondo Monetario Internacional presentes en la isla indonesia de Bari, para la reunión anual de ese organismo financiero y el Banco Mundial. A pesar de las críticas, el gobierno ratificó su estrategia basada en la necesidad de disminuir la brecha de crecimiento entre Italia y el resto de los países de la Eurozona, reducir significativamente la deuda pública en el trienio y aplicar medidas para dar respuesta a los ciudadanos sobre empleo, inclusión y asistencia social.
El M5E y la Liga consideraron impostergable la inclusión en el plan de aspectos clave del contrato de gobierno como el ingreso mínimo garantizado, el impuesto plano y la revisión del sistema de pensiones, para lo cual los gastos del año ascenderán a 36 mil 700 millones, de los cuales sólo 15 mil cuentan con cobertura.
Apenas recibió el documento, la Comisión Europea lo criticó con duros términos a través de otra carta de Dombrovskis y Moscovici. Éstos solicitaron precisiones antes de emitir un dictamen final.
Ambos directivos calificaron la propuesta italiana como “una violación grave y manifiesta” de las recomendaciones adoptadas por el Consejo Europeo a tenor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para 2019, “lo cual representa un motivo de seria preocupación”.
Añadieron, asimismo, que la expansión fiscal prevista cercana al 1 por ciento y la desviación de alrededor del 1.5 por ciento del PIB, respecto a las recomendaciones del Consejo Europeo para mejorar el saldo estructural, “no tienen precedente en la historia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.
Dombrovskis y Moscovici pidieron aclaración sobre cómo se financiarán los nuevos gastos, cómo se reducirá la deuda superior actualmente al 130 por ciento del PIB y por qué no se tomó en cuenta la negativa de la Oficina Parlamentaria del presupuesto a validar las previsiones económicas sobre las cuales se basó el proyecto.
Estos tres elementos –subrayaron– parecerían configurar una inobservancia particularmente grave de las obligaciones de política financiera definidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y solicitaron una respuesta, para tomarla en cuenta antes de emitir un dictamen final sobre el DPB.
En carta de respuesta fechada el 22 de octubre, Tría reconoció que el enfoque fiscal escogido para el presupuesto se apartaba de las reglas europeas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque justificó esa decisión la cual calificó de difícil, pero necesaria.
El ministro señaló que actuar así fue necesario a la luz del persistente retraso en la recuperación del PIB previo a la crisis de 2008 y “las dramáticas condiciones económicas en que se encuentran los sectores más desfavorecidos de la población”.
Tras precisar que el proyecto no pone en peligro la estabilidad financiera de éste ni otros países de la Unión Europea, el funcionario añadió que, por el contrario, “consideramos en realidad que el reforzamiento de la economía italiana sea también de interés para toda la economía europea”.
Insatisfecha con la explicación, la Comisión Europea pidió a Roma presentara una nueva versión del texto, para lo cual le concedió tres semanas.
Aunque habrá que esperar ese momento para conocer el desenlace de esta fase del conflicto, los pronunciamientos del primer ministro, Giuseppe Conte y otras figuras de su gabinete, apuntan a que el ejecutivo mantendrá su posición.
De ser así, el órgano regional deberá decidir si inicia un proceso de sanción por violación de las normas de estabilidad financiera, cuya aplicación, si no existiese otra alternativa, sería probablemente después de las elecciones europeas de mayo próximo.
A un cambio en la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo apuestan los líderes del M5E y la Liga para transformar la composición de la Comisión Europea y evitar lo que consideran el sesgo político de la actual.
A ese asunto se refirió el exministro de Economía y Finanzas, Pier Carlo Padoan quien asegura que la tensión con la Comisión Europea responde a una estrategia diseñada por el gobierno para construir el argumento principal de cara a los comicios europeos.
El plan, según Padoan, es presentarse ante el público como un gobierno del cambio favorable al pueblo, pero cuyo programa es obstaculizado por la burocracia europea y por lo tanto será necesario votar por los partidos “anti Unión Europea” para poder concretar el mandato recibido de los electores.
Opinó, sin embargo, que esa decisión provoca daños económicos al país con el aumento de las tasas de interés de los títulos del tesoro, con el consecuente incremento del pago de intereses de la deuda y la reducción de espacios de maniobra en los márgenes del presupuesto.
Para el diputado por el Partido Democrático (PD), la intransigencia del gobierno tropezará con la creciente reacción negativa de los mercados financieros y las agencias clasificadoras de riesgo.
Otro aspecto señalado por Padoan en un comentario difundido en la publicación del PD www.democratica.it, es el debilitamiento de los presupuestos de los bancos por el efecto sobre los títulos debido a la ampliación del diferencial entre los bonos italianos y alemanes, ante lo cual será necesaria una recapitalización del sistema bancario.
Los escenarios futuros, según el exministro, son fácilmente imaginables y preguntó si quienes conducen al país a un choque frontal están conscientes de lo que eso significa, para añadir que “si lo están deben decir que quieren llevar el país a la ruina” y si no “lo menos que podemos decir es que estamos en manos de un gobierno irresponsable”.
Frank González/Prensa Latina
[INVESTIGACIÓN][LÍNEA GLOBAL]
De no prohibirse en México el uso de fracking –o fracturación hidráulica– para la extracción…
El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que la madrugada de este 19 de noviembre…
Bajo el argumento de que es constitucionalmente inviable suspender la elección de jueces, magistrados y…
Esta mañana, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, se reunió…
Segunda Parte. Definido lo que es y lo que no es el lawfare y ante…
Después del anuncio del gobierno de Joseph Biden en donde de autorizó a Ucrania a…
Esta web usa cookies.
