A más de 100 años de su creación y frente a la debacle de las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada, se alzan voces a favor y en contra de reactivar la Guardia Nacional para restablecer la gobernabilidad y el estado de derecho en el país.
Alfonso Durazo Montaño, propuesto por el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, considera que el objetivo de darle vida a la Guardia Nacional es con el propósito de garantizar una mejor coordinación y optimizar todos los recursos con que cuenta el Estado para mejorar las condiciones de seguridad en el país.
Explica que la Guardia Nacional tendría como directores operativos a expertos en materia de seguridad como policías, soldados y marinos, pero en el ámbito político y administrativo contaría con expertos en administración pública. Agrega que es muy difícil que alguien sin conocimiento amplio de la administración pública pueda tener la capacidad de construir soluciones de fondo a los problemas de seguridad.
La Guardia Nacional no es una policía única y la Secretaría de Seguridad Pública sería cabeza de sector de este organismo, señala el exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox.
“Parte del problema del país es centrarnos en ver a la seguridad como un asunto exclusivo de policías y ladrones, eso ya no es así desde hace décadas, es una visión sumamente rebasada”, subraya.
Para el capitán de fragata Diplomado del Estado Mayor de la Armada de México, Alán Ruiz Moreno, el riesgo que implica la creación de la Guardia Nacional en los 32 estados de la República, es que “podrían convertirse en ejércitos privados de los gobernadores para proteger sus intereses políticos y no para combatir al crimen organizado”.
En su análisis Sobre la Guardia Nacional en México (marzo 2018), publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), Ruiz Moreno argumenta que la actuación de este organismo de seguridad estaría condicionado a que el Senado autorice al presidente de la República para intervenir en los estados y que los gobernadores lo conviertan en una arena de luchas políticas.
Subraya que la creación de una Guardia Nacional prevista en la Constitución es posible, aunque considera que no es pertinente debido a que no tendría la fuerza y unidad de mando para el combate a la delincuencia organizada. “Formar una Guardia Nacional en cada entidad federativa con sus respectivos comandantes, significaría ‘una diáspora en la coordinación’”, apunta.
En su análisis Ruiz Moreno refiere que el país carece de recursos humanos y financieros para crear cuarteles y bases de operaciones, tampoco hay infraestructura ni equipamiento para la Guardia Nacional, y el eventual uso de instalaciones de las Fuerzas Armadas pondría en grave riesgo la seguridad nacional y el país sería un Estado fallido en poder del crimen organizado.
Al respecto, Durazo Montaño refiere que precisamente se trata de aprovechar el conocimiento y la disciplina de las Fuerzas Armadas, así como de sus recursos (vehículos, cuarteles e instalaciones), “con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y devolver la paz al país”, como se plantea en el Proyecto 18, la plataforma de gobierno del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Lo que propone López Obrador –agrega Alfonso Durazo en entrevista- es sustituir la estrategia de represión, basada exclusivamente en la fuerza, y sustituirla en una visión más amplia, que atienda las causas reales de la inseguridad en el país”.
Apunta que el tabasqueño plantea que mientras se profesionalizan las policías estatales, el Ejército y la Marina seguirán participando en labores para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, precisa que las Fuerzas Armadas serían retiradas paulatinamente de dichas labores, hasta que se preparen fuerzas especiales para las 32 policías estatales y se cree la Guardia Nacional.
Explica que la Guardia Nacional estaría integrada por 400 mil integrantes, en donde incluiría a los elementos de la Policía Federal y otras dependencias que cuentan con fuerzas de seguridad pública. Sostiene que esa figura está contemplada en la Constitución, y se tendría que presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para reglamentarla.
A decir de Ruíz Moreno, la Guardia Nacional sólo ha sido usada históricamente en funciones de defensa de seguridad nacional y seguridad interior. “El primero es de orden militar y geopolítico, el segundo como brazo armado de intereses políticos de gobernadores y corrientes ideológicas”.
Para el experto en inteligencia Martín Barrón Cruz, las Fuerzas Armadas son responsables de la seguridad y defensa exterior, mientras que la Guardia Nacional fue creada para la seguridad interior y la defensa exterior de la federación, por lo que ésta comparte con las Fuerzas Armadas el nivel de competencia y se complementan sin entrar en conflicto.
Incluso, señala el catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la Constitución establece que los ciudadanos pueden tomar las armas y ser convocados para formar la Guardia Nacional, pero acusa que el Congreso de la Unión lleva 100 años en que no ha podido emitir la Ley Orgánica de este organismo de seguridad pública.
El especialista en Fuerzas Armadas argumenta en entrevista con Contralínea, que los legisladores “no entienden que tenemos un sistema federalista, como lo establece la Constitución, y que 17 constituciones estatales establecen que quien debe ordenar la Guardia Nacional son los gobernadores, lo cual no ha funcionado en el ámbito federal, ni local.
“De tal suerte que la Ley de Seguridad Interior recién aprobada, no tiene sentido, basta que se cumpla la Constitución; si los legisladores se basan en el artículo 29 constitucional y en 17 constituciones estatales que prevén la Guardia Nacional para emitir la ley reglamentaria de dicho ordenamiento para la seguridad nacional e interior del país.
Martín Marrón Cruz, maestro en Ciencias Penales por el Inacipe, es concluyente: “hay un desastre público brutal provocado por el Congreso a 100 años de la Constitución, porque los legisladores no han podido hacer una Ley Orgánica de la Guardia Nacional”.
El catedrático del Cesnav Alán Ruiz Moreno apunta en su análisis que es contradictorio que se plantee la Guardia Nacional para combatir a la delincuencia organizada, misión que podrían realizar las corporaciones de seguridad pública, que cuentan con más recursos financieros que el Ejército y la Marina, por un trabajo que “no saben, no pueden, ni desean, ni lo llevan a cabo.”
Respecto a la proporción de los recursos públicos destinados a seguridad y defensa para el combate a la delincuencia organizada, Ruiz Moreno explica que existen dos rubros principales en los que se invierte el presupuesto federal, uno para la seguridad nacional y otro para seguridad pública.
Por ejemplo, dice, la Marina, a pesar de que cuenta con menos efectivos que las policías, en 2016 recibió el 0.13 por ciento del PIB, en tanto que a las fuerzas de seguridad pública en su conjunto les correspondió el 0.83 por ciento del PIB. De hecho, por ejemplo, hay más policías en la Ciudad de México con 90 mil elementos, en contraste con los 55 mil 37 marinos desplegados en el territorio nacional en 2017.
Hasta el año anterior había 419 mil policías en el país, 40 mil corresponden a la Policía Federal y 379 mil 551 a las policías estatales y municipales. Esto representa una cantidad mucho mayor que las Fuerzas Armadas, a saber, con 269 mil 514 elementos (214 mil 157 la Secretaría de la Defensa Nacional y 55 mil 74 la Secretaría de Marina).
Sin embargo, indica que, a pesar de la disparidad en el número de elementos de las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiacas, el modelo militar prevalece hoy sobre los demás modelos de policías, a partir de la incorporación directa de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada en 2006.
Desde entonces, dice, el personal militar y naval han adecuado sus procedimientos al combate delincuencial, mientras que las fuerzas policiales de orden civil están rebasadas ante el irreductible contexto del combate a la delincuencia organizada desde el 2006.
“Considerando que se destina el doble del presupuesto a la seguridad pública en relación a la seguridad nacional, es decir, se asignan más recursos financieros a entidades encargadas directamente de combatir a la delincuencia organizada que a la Sedena y Semar, entonces ¿por qué se mantiene al Ejército y a la Marina en labores de seguridad pública?”, cuestiona el catedrático del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México.
Ruiz Moreno estima que la política del superflujo financiero a los estados ha fracasado en su proyecto de contar con policías municipales y estatales confiables y profesionales, debido “a la nula voluntad política de los actores implicados, que se refleja en prácticas de simulación y corrupción y que trasladan su factura de la seguridad de los ciudadanos a las Fuerzas Armadas”.
El capitán de fragata de la Armada indica que en México existen seis modelos policiacos que configuran el complejo dispositivo estatal de seguridad pública, entre los que destacan las Fuerzas Armadas, bajo el esquema de cooperación y coadyuvancia; y en el otro extremo los grupos de autodefensa, que resultan muy peligrosos tanto para la población como para el Estado.
El ese contexto, considera que la inserción de una Guardia Nacional hoy en México para el combate al crimen organizado -cuando lo más cercano a sus funciones ha sido en materia de seguridad nacional y seguridad interior-, sería innecesaria, en virtud de que existen corporaciones policiales para esa función que “requieren una ingeniera de reconstrucción para zanjar sus debilidades.”
En este sentido, advierte que “lo que se necesita son militares con vocación policial, porque prevalece la fortaleza del aparato psíquico, la disciplina militar orientada a la cuestión policial; no se necesita una mentalidad policiaca escasamente disciplinada con entrenamiento y portación de armas de alto poder”.
Antecedentes de la Guardia Nacional
En su análisis Sobre la Guardia Nacional, Alán Ruiz Moreno señala que una de las causas por las que no se creó la Guardia Nacional desde el siglo pasado, obedece a que cuando se habilitaron se convirtieron en ejércitos privados de los gobernadores, para posibilitar sus intereses políticos. “Los gobernadores utilizaron las guardias nacionales para rebelarse contra la federación mediante la fuerza, para conseguir sus aspiraciones personales de poder”, subraya.
Detalla que la Guardia Nacional asumió funciones de un precario ejército permanente, por ejemplo, en la Guerra de Reforma, combatió y derrotó a las fuerzas extranjeras; las guardias nacionales de los estados se usaron como brazo armado de gobernadores o corrientes ideológicas, como la de los conservadores, por lo que Porfirio Díaz las eliminó de facto, a fin de evitar levantamientos y asonadas.
Agrega que si bien la defensa exterior fue el principal eje de la génesis de la Guardia Nacional, también lo fue la seguridad interior para mantener a las instituciones. Por ejemplo, dice, Agustín de Iturbide las usó con autorización del Congreso para luchar contra los desórdenes de Texas; Santa Anna no pudo suprimir a la Milicia Cívica –antecesor de la Guardia Nacional– por estar contemplada en la Constitución.
En algunos conflictos nacionales las Guardias Nacionales se transformaron en ejércitos permanentes, como en el caso de Benito Juárez, quien tras su victoria en la Guerra de Reforma convirtió algunos cuerpos de estas milicias en Ejército Federal en 1867, derrotado y remplazado en 1917 por las fuerzas revolucionarias constitucionales, que se convirtieron en las actuales Fuerzas Armadas.
Ruiz Moreno concluye que desde entonces no ha existido un cuerpo armado similar. “Quizás lo más parecido es la Gendarmería, creada en 2014 y que, a la fecha, es realmente un componente más de la Policía Federal.
José Réyez
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