El sistema jurídico-político mexicano no atempera o revierte la polarización del desarrollo ni la desigualdad económica y social. Tampoco promueve la distribución de la riqueza. Por el contrario, garantiza la impunidad y un Estado profundamente injusto, aseguran académicos y especialistas
Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela que, estructuralmente, el sistema jurídico y político mexicano está diseñado para favorecer a quienes tienen más poder económico y para mantener en la pobreza a las clases menos favorecidas.
La desigualdad económica y social promueve la impunidad y perpetúa la vulnerabilidad de las personas de escasos recursos; además provoca un deterioro creciente en la calidad de vida, asegura Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, doctor en sociología del derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Considera que la desigualdad reduce la actividad económica, la productividad y genera ineficiencia en la asignación de los recursos de la sociedad, por lo que implica un menor aprovechamiento de los mismos y un crecimiento nulo, raquítico o no sustentable.
Se trata, dice, de un fenómeno estructural en el que “los grupos de interés a través del sistema político han logrado consolidar los acuerdos institucionales a favor de las personas con mayor nivel de ingresos, lo que mina la legitimidad del sistema político y erosiona el capital social”.
En su análisis Disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad, el también director de la asociación civil Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho y académico de El Colegio de Jalisco, apunta que el sistema jurídico mexicano “no sólo no atempera o revierte la polarización del desarrollo, la injusticia económica y social, y la escasa distribución de la riqueza, sino que también contribuye a la impunidad y exacerba la desigualdad”.
Zepeda Lecuona desmenuza lo que a su juicio constituyen los ámbitos que impactan en forma decisiva en el crecimiento de la desigualdad y el estancamiento económico en México: el mercado de capital y sistema financiero; los oligopolios y cambio tecnológico; el mercado de trabajo; y la brecha entre pobres y no pobres.
En ese contexto, señala que la educación es una de las mayores fuentes de desigualdad, al ampliar cada vez más la brecha entre la educación de las personas de mayores ingresos y la de los segmentos menos favorecidos. Además, añade, el rezago educativo y en competencias traslada la desigualdad a las siguientes generaciones.
“La desigualdad reduce la productividad, distribuye de manera ineficiente el talento y no respeta el mérito; estanca el crecimiento económico, genera inestabilidad económica, ineficiencia, aumenta la pobreza y contribuye al vaciamiento de la clase media y la consecuente contracción del mercado interno”, subraya.
Este contexto, agrega el académico, permite que la desigualdad permee las esferas de la política, los procesos de toma de decisiones, el sistema de justicia, perpetuando así los acuerdos institucionales y la impunidad que exacerban la desigualdad.
Zepeda Lecuoma, quien se ha dedicado al diagnóstico, propuestas, búsqueda y documentación de buenas prácticas sobre el sistema de justicia desde hace 20 años, considera que desde el punto de vista económico, el sistema jurídico debe estrechar la brecha entre los beneficios y costos particulares, y los beneficios y costos sociales de generar riqueza.
Isidro Soloaga, coordinador académico del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (Colmex), señala que el modelo económico que ha prevalecido en México desde hace 25 años es el causante de la mayor desigualdad social que permea en el país. “El modelo económico que ha seguido el país por un cuarto de siglo no ha generado un mayor crecimiento ni reducido la desigualdad”, subraya.
Con base en datos del Banco Mundial que reflejan ese contraste, el académico explica en entrevista que, hasta 2008, el 10 por ciento más rico de la población acaparó el 41.3 por ciento del ingreso, mientras que el 10 por ciento más pobre sólo obtuvo el 1.2 por ciento.
En ese sentido, el catedrático explica que México enfrenta tres problemas graves: “Primero, no crece; segundo, la desigualdad persiste, y, tercero, la economía política hace que los dos primeros factores sucedan. Así, la desigualdad económica provoca que la presión política de distintos grupos tenga distintas fuerzas de la que la mayoría de la sociedad está excluida”, lo cual es un problema de justicia social.
Soloaga establece que el bajo crecimiento económico del país radica en la baja inversión, falta de buenas oportunidades y el tipo de cambio que no es competitivo. Para que el tipo de cambio sea competitivo tendría que ubicarse entre 14 y 15 pesos por dólar.
Mientras tanto, el gasto público no ha servido como motor para que las obras públicas de infraestructura sean complementarias de la inversión privada, y los problemas focalizados en el país contribuyen a que haya mayor pobreza y desigualdad, considera el experto del Colmex.
Por su parte, Saúl Zepeda Lecuona, parafraseando a Benito Juárez, indica: “a los amigos riesgo y gracia; para el pueblo, incertidumbre a secas”. Y es que, dice, entre los factores de la producción, el capital es el que tiene mayor participación en el ingreso nacional: 73 por ciento contra 27 por ciento de participación del factor trabajo, lo que indica el mayor poder de negociación que tienen los dueños del capital frente a los trabajadores.
Apunta que en México las tasas de los impuestos al capital y sus rendimientos son las más bajas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la tasa marginal del impuesto sobre la renta se ha reducido 40 por ciento en los últimos 30 años (la mayor reducción entre los países de la OCDE en ese periodo).
Los impuestos al consumo se consideran injustos (“regresivos”) por afectar más a quienes menos tienen, pues son los sectores más humildes de la población quienes mayor proporción de su ingreso dedican al consumo. Sin embargo, son este tipo de impuestos, y los especiales, los que aportan el 54 por ciento de la tributación nacional, en tanto que la desregulación o regulación laxa y el dogma de no gravar las transacciones financieras aumentan la rentabilidad del sector capitalista sin realizar las aportaciones sociales para la redistribución de la riqueza.
Esta inequidad en la contribución impositiva de este poderoso sector de la economía está vinculado con el derecho y la política fiscales en nuestro país. Los créditos en México son poco accesibles y muy costosos. Las tasas de interés son muy altas, comparadas con variables macroeconómicas que se han mantenido estables, como la inflación, los salarios, entre otros.
Sin embargo, se justifican las altas tasas de interés por los riesgos asociados a la operación económica, así como a la probabilidad de que no pueda ejecutarse la garantía del préstamo. Este riesgo es transferido completamente al acreditado a través de altas tasas de interés, garantías, gastos notariales, seguros, entre otros. Una buena parte del excedente de las tasas se convierte en ganancias para los bancos. Una rentabilidad muy por encima de los costos de mercado y riesgos: una transferencia excesiva de riqueza no justificada: impunidad.
De acuerdo con el especialista los usuarios del sistema financiero mexicano se ven obligados a transitar en un ámbito de impunidad y vulnerabilidad, el cual se deriva de un entramado legal que fue construido y opera en un entorno de cooptación política.
Para el catedrático de la UNAM, la mayoría de las fortunas más grandes de México están relacionadas con sectores productivos desincorporados del sector paraestatal, así como con concesiones de recursos de propiedad nacional como las telecomunicaciones, el transporte, la extracción minera y los medios masivos de comunicación. “Éstas y otras grandes empresas han configurado una estructura oligopólica en diversos ámbitos de la economía mexicana”, apunta.
Zepeda Lecuona explica que los privilegios fiscales de estos grupos empresariales son resultado de su influencia política en la toma de decisiones y un arreglo ventajoso con generación de rentas indebidas.
Por ejemplo, dice, en la minería en tan sólo 11 años (2000-2010) se extrajo de las minas mexicanas más del doble de oro del que se extrajo en los 300 años del periodo colonial. Además de la expansión de este sector, hasta antes del 2013 no se cobraba ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina.
Enfatiza que mientras que las fortunas de los 16 multimillonarios mexicanos se quintuplicaron (aumentaron 423.5 por ciento) entre 1996 y 2014, el producto interno bruto (PIB) per cápita apenas aumentó 26 por ciento en el mismo periodo. La estructura oligopólica o monopólica de diversos sectores en México traduce el poder de mercado en un margen de ganancia muy por encima de los costos de producción, en detrimento de los consumidores.
El cambio tecnológico es otra de las fuentes de desigualdad, ya que genera nuevos rumbos y abre mercados insospechados que brindan rendimientos crecientes a las empresas que innovan y se posicionan en los mercados emergentes. Sin embargo, el académico arguye que dejar que la mayor parte de la inversión en tecnología e innovación se haga por parte de los particulares propicia mayor concentración, al ser los grandes corporativos los que concentran las oportunidades, los nuevos mercados, mayores ingresos y rentabilidad.
En ese sentido subraya que en los actores monopólicos u oligopólicos se hace más evidente su actuación política y la forma en que han penetrado o corrompido las instancias que se supone deben regular su actuación y controlar su preponderancia en detrimento de otros actores económicos y de los consumidores.
“La debilidad institucional y la impotencia de las instancias reguladoras y protectoras de la libre concurrencia y el derecho de competencia económica para acotar a las empresas y hacer cumplir la normatividad en la materia han sido puestas en evidencia durante las 2 décadas que lleva el Estado mexicano tratando de declarar a Telmex como agente económico preponderante en el mercado de las telecomunicaciones.”
Telmex, gracias a su preponderancia y a su incidencia en la fijación de tarifas, ha obtenido un amplio margen de ganancias y ha impuesto altos costos y afectaciones a los consumidores, así como a los empresarios que intentaron competir con ese coloso y fueron excluidos del mercado y llevados a la quiebra ante las prácticas monopólicas impunes de dicha compañía.
Y pese a que desde 1997, Telmex fue declarada como agente dominante por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), por vía del “el amparo del siglo”), tras 5 años de litigio obtuvo la victoria contra esa determinación, cesando las 19 obligaciones específicas en cinco mercados relevantes que le había impuesto la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en septiembre de 2000.
De nuevo se planteó por la autoridad la preponderancia económica de esa empresa y se volvieron a promover amparos. En 2014, tras una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) declaró a Televisa y a Telmex como agentes preponderantes, y emitió reglas e indicaciones que deben acatar dichos sujetos y sus filiales. Nuevamente los amparos comenzaron a fluir en las áreas jurídicas de dichas empresas.
El especialista de la UNAM señala que este caso ilustra cómo el amparo es un mecanismo jurídico que, contrario a la aspiración de su diseño original, ha devenido en una institución social “regresiva”, pues termina por beneficiar a quienes más tienen por ser los que pueden acceder a este costoso y complejo recurso, excluyendo a las personas de menores ingresos.
Esta materia ha devenido en una de las ramas más técnicas del derecho: se presenta ante autoridades judiciales federales y suele tener una duración prolongada.
En su análisis, señala que el amparo es un recursos poco accesible que genera impunidad (hay 26 causales de improcedencia, que aumentaron con la nueva ley en 2013), por lo que en más de 90 por ciento de los casos no se llega a resolver el fondo del asunto: determinar si hubo o no la violación de un derecho fundamental.
Zepeda Lecuona anota que la participación del trabajo en el ingreso nacional ha decrecido en los últimos 40 años, pasando de 38 a 27 por ciento. “Esto indica la pérdida de peso y poder de negociación de este factor, además de que la brecha salarial se ha ampliado significativamente”.
A este contexto económico se agrega la intermediación de las estructuras sindicales y sus líderes que carecen de poder de negociación frente a empresas y grupos económicos privilegiados y que no promueven los derechos laborales. Todo a cambio de rentas extorsivas contra empresas que no cuentan con capacidad económica ni relaciones políticas que las apoyen. Se trata del “lado oscuro del capital social”.
Asimismo, continúa el catedrático, las políticas públicas se han orientado a la contención salarial, por lo que el poder adquisitivo del salario se ha erosionado, lo cual provoca contracción del mercado interno, estancamiento del crecimiento, además de que una proporción mínima del crecimiento de la riqueza se canaliza a los mecanismos redistributivos.
Las estructuras de las juntas de conciliación y arbitraje laboral siguen siendo tripartitas (patronal, obrera y gobierno). Este modelo de justicia en un contexto corporativo y de intermediación política y clientelar ha demostrado ser ineficaz para compensar las asimetrías en los costos de acceso y participación en los procesos conciliatorios, así como en los judiciales.
El académico de la UNAM destaca que la desigualdad que más afecta al desempeño económico es la que se da entre los segmentos más bajos del ingreso, respecto del resto de la población. “Generalmente, en los sectores de ingresos medios es donde se registra el mayor grado de desigualdad, que genera la desaceleración del crecimiento, denotando una “trampa de desigualdad” caracterizada porque, a pesar de que el PIB per cápita se incrementa, el desarrollo y el crecimiento se estancan”.
En los otros ámbitos de desigualdad e impunidad, el mayor impacto del sistema legal en las brechas entre el capital y el trabajo y los niveles de ingreso se refiere al diseño institucional establecido en el marco constitucional o legal.
Sin embargo, en este ámbito los mecanismos que magnifican la desigualdad y propician la elevada vulnerabilidad e incertidumbre que padecen los sectores de menores ingresos son la forma en que operan los mecanismos de aplicación de las normas y de resolución de controversias.
Es decir, en la actualidad existen “trampas de pobreza” que son condiciones de marginación geográfica, alimentaria y patrimonial que retienen a millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Este segmento de la población está prácticamente excluido de la vida institucional y del acceso a la justicia.
Mientras que las poblaciones de mayores ingresos se pueden garantizar a sí mismas mayores niveles de seguridad, certeza jurídica, educación, salud, vivienda; el resto de la población sufre las insuficiencias y deficiencias de los servicios públicos que provee un Estado sumamente debilitado que apenas recauda 12 por ciento del PIB.
“Existe un estamento privilegiado constituido por 20 por ciento de las personas de mayores ingresos, en tanto que se excluye al 30 por ciento de los hogares con menores ingresos, cuya situación de subsistencia los aliena y no les permite acceder a ningún espacio de vida social o institucional. Cualquier afectación a sus derechos queda impune al no tener acceso a mecanismos formales de defensa.”
Así, concluye Zepeda Lecuona, el 50 por ciento restante de la población queda en situación de vulnerabilidad frente a las asimetrías en los procesos de generación y distribución de la riqueza. La exclusión y vulnerabilidad de los segmentos más pobres de la población es prácticamente generalizada, frente a un sistema de justicia que contribuye a exacerbar la desigualdad social.
José Réyez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
Contralínea 574 / del 22 al 27 de Enero 2018
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