En México, se registraron 722 defunciones maternas durante 2017. Reducir esa tasa es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que el país se propuso alcanzar, para finales de 2015, y fracasó. Un nuevo reto en puerta: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), parece que tampoco se logrará, consecuencia de la pobreza padecida por más de 50 millones en el país.
Datos de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, indican que las principales causas de defunción son: hemorragia obstétrica; preeclampsia; hipertensión; edema; proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio, y aborto.
El Observatorio de Mortalidad Materna en México indica que los estados en donde se registraron más decesos fueron: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Chiapas y Veracruz. Estas dos últimas entidades se han caracterizado por tener índices de marginación muy altos, incluso se encuentran dentro del llamado triángulo de la miseria.
Jorge Arturo Cardona Pérez, director del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), acepta que México no pudo cumplir con los Objetivos del Milenio que planteó la ONU para el 2015; no obstante, dice en entrevista, este es un problema “multifactorial” que se tiene que atender.
“Obviamente el sector Salud asume la responsabilidad en lo que toca a salud materna y perinatal, pero está situación está directamente ligada a la pobreza en desarrollo social y a la pobreza educativa. En la medida en que vayamos avanzando de una manera armoniosa en esos aspectos, el impacto se puede catalizar y ser mucho mayor”, comenta.
Alin Castellanos Rivero, investigadora de la División de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro de Investigación Social Avanzada (Cisav), agrega que este problema multifactorial, en principio, también tiene que ver con la desnutrición y la carencia en educación sobre cuidado el materno.
Para el director del Inper, una de las situaciones que deben ser atendidas de manera urgente son los bajos índices de desarrollo que hay en las localidades urbano-marginadas. Y es que, dice, hace un siglo la población rural era del 80 por ciento y la urbana de 20 por ciento; estas cifras se han invertido debido a la falta de oportunidades que hay en el sector rural y por la búsqueda de oportunidades económicas, lo que ha significado la generación de zonas urbano-marginadas, donde se registran muchos casos de embarazos mal atendidos.
“A mayor educación, mayor desarrollo social y mejor acceso a los servicios de salud; en consecuencia, una buena regionalización de los servicios de salud perinatal. Con ello, podemos alcanzar muy cerca de lo que marca el Desarrollo Sostenible, de la ONU”, comenta.
A nivel mundial, la muerte materna ha puesto en alerta a los organismos internacionales. Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican, a septiembre de 2016, que diariamente mueren en promedio 830 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. El 99 por ciento de los casos ocurren en países en desarrollo. “La mortalidad materna es inaceptablemente alta”, indica la institución.
La OMS, en el marco del desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, indicó que el alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo es el reflejo de las inequidades en el acceso a los servicios de salud y marca la desigualdad entre ricos y pobres. “Más de la mitad de las muertes maternas se producen en entornos frágiles y contextos de crisis humanitaria”, señala el comunicado emitido por el organismo internacional.
En su exposición muestra que hasta 2015, en los países en desarrollo se registraron 239 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados es tan solo de 12 por 100 mil. “Hay grandes disparidades entre los países pero también en un mismo país y entre mujeres con ingresos altos y bajos y entre la población rural y la urbana”, señala.
La OMS enfatiza que entre los riesgos principales de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. “Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo” dice.
Los datos del Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) en México indican que de las 722 muertes registradas en 2017, el Estado de México encabezó la lista con 81 decesos; le siguen: Chiapas, 68; Veracruz, 44; Ciudad de México, 41; Guanajuato, 39; Jalisco, 39; Guerrero, 37; Oaxaca, 36; Puebla, 32 y Chihuahua con 31.
Los estados con menores casos son: Zacatecas, con 10; Nayarit y Sinaloa, nueve cada entidad; Tlaxcala, ocho; Morelos y Querétaro, siete cada uno; Aguascalientes y Campeche, cinco, respectivamente; Yucatán, cuatro; Baja California Sur y Colima, uno cada estado.
De las instituciones de salud en donde se registraron los casos, el observatorio señala: hospitales de la Secretaría de Salud, 322; del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 130; del sector privado, 71; otras, 37; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 15; del IMSS-Oportunidades, 10; de Petróleos Mexicanos, uno; de la Secretaría de la Defensa, tres, y sin atención en institución, 161.
Entre las causas que menciona el OMM, la hemorragia obstétrica provocó la muerte a 173 mujeres; las enfermedades hipertensivas, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio, 158; aborto, 51; complicaciones del embarazo, parto y puerperio, 45; sepsis y otras infecciones puerperales, 40; embolia obstétrica, 38; enfermedades del sistema respiratorio que complica el embarazo, parto y puerperio, 28; muerte obstétrica no específica, 14; causas indirectas no infecciosas, 134; causas indirectas infecciosas, 29; otras causas, 11 y sin clasificar, un caso.
Según la OMS, la mayoría de las muertes maternas son evitables. En la exposición de sus argumentos indica que en el caso de las hemorragias graves, que en México ocupa la primera causa de muerte. Esta situación puede matar a una mujer sana en 2 horas si no recibe la atención adecuada. No obstante, con la inyección de oxitocina, “inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia”.
Sobre las infecciones que ocurren tras el parto, indica que éstas “pueden eliminarse con una buena higiene, reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección”.
Respecto de la preeclampsia, esta debe detectarse y tratarse adecuadamente “antes de la aparición de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones potencialmente mortales”. Indica que la administración de fármacos, como el sulfato de magnesio, puede reducir el riesgo.
“Para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten los embarazos no deseados o a edades demasiado tempranas. Todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepcio?n, a servicios que realicen abortos seguros en la medida en que la legislación lo permita, y a una atención de calidad tras el aborto”, apunta.
Los dolores anunciaban que María había iniciado el trabajo de parto. Era el 2 de octubre de 2013, aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Ella, una indígena mazateca de 28 años de edad, acudió al Centro de Salud Rural del municipio San Felipe Jalapa de Díaz, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, con un embarazo de 36 semanas de gestación.
Fue atendida por una enfermera, quien después de examinarla le pidió que saliera para esperar al médico en turno. María salió al patio del Centro de Salud, pero el nacimiento no esperó al doctor que recibiría a su hijo. El alumbramiento se dio sin la asistencia de personal médico ni de enfermería. Tampoco, sin las medidas de salubridad necesarias.
Luego, madre e hijo fueron ingresados al centro de salud, donde sólo permanecieron unas 12 horas hasta darlos de alta. El caso llegó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien emitió la Recomendación 1/2014, para que el gobierno de Oaxaca reparara el daño ocasionado a María y a su hijo.
La investigadora del Cisav, Alin Castellanos Rivero, destaca que la violencia obstétrica es una de las problemáticas más graves que aquejan a las mujeres durante el embarazo y el parto: “aunque es una práctica de hace siglos, es un problema que apenas se está visibilizando”, dice.
En torno al tema, 31 de julio de 2017, la CNDH emitió la Recomendación General 31/2017, dirigida a los titulares de las secretarias de Salud a nivel federal y locales, de la Defensa Nacional y de Marina; gobernadores de los estados y a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos.
La recomendación promueve que el Estado mexicano diseñe y ponga en práctica una política pública de prevención de violaciones a los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.
La política pública debe estar “centrada en el reconocimiento de la mujer como protagonista, en la relación materno-fetal, que atienda a las perspectivas de derechos humanos y género, constituida por acciones de capacitación y sensibilización continua al personal de salud que presta sus servicios en la atención gineco-obstétrica, para contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de las mujeres y para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas”.
La CNDH especifica que la violencia obstétrica “tiene uno de sus orígenes en las relaciones asimétricas de poder donde convergen el género, las jerarquías, la lucha por la posesión del conocimiento legitimado, la influencia del sexismo y el androcentrismo en el campo de la medicina, la preeminencia del parto medicalizado sobre el natural y el ejercicio de prácticas patriarcales y autoritarias sobre las decisiones y el cuerpo de la mujer”.
Érika Ramírez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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