El recién estrenado gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que lidiar con al menos 21 mil 46 militares que abandonaron las Fuerzas Armadas durante la administración de Enrique Peña Nieto. Se trata de 9 mil 37 desertores, 755 expulsados por mala conducta, 4 mil 624 a los que se les rescindió o terminó el contrato y 6 mil 630 que solicitaron su propia baja, indican datos oficiales de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Capacitados en la doctrina militar para el manejo de armas de fuego, emboscadas, combate e incursión en zonas de riesgo, y adiestrados en resistencia y supervivencia, los más de 21 mil exmilitares poseen habilidades y destrezas combativas, fundamentadas en técnicas y tácticas que en no pocas ocasiones ha aprovechado el crimen organizado. Los Zetas son ejemplo de ello.
La mayoría de los exmilitares pertenecían a la Sedena: entre enero de 2013 y octubre de 2018, esta institución dio de baja por esos cuatro motivos a 18 mil 580 integrantes (88.4 por ciento); mientras que la Marina da cuenta de 2 mil 466 de sus miembros (11.6 por ciento). No obstante, la Semar habría sufrido todavía más bajas, pues sus datos sólo abarcan el periodo de enero de 2015 –el tercer año de gobierno de Peña Nieto– a mayo de 2018.
De los más de 18 mil militares que “perdió” la Sedena, 7 mil 815 desertaron, 618 fueron echados por la propia institución al acreditárseles mala conducta; 5 mil 737 solicitaron su propia baja, y a 4 mil 410 les fue rescindido su contrato individual, sin especificar las razones.
Por su parte, la Semar indica que entre 2015 y mayo de 2018, 1 mil 222 de sus integrantes desertaron, 137 fueron depuestos por su indisciplina militar, 893 presentaron su propia solicitud de baja y a 214 se les venció el contrato.
Los contratos entre militares e instituciones pueden ser rescindidos en cualquier momento o, al término de éstos, los militares pueden no ser recontratados, explican a Contralínea la doctora Alma Sánchez Hernández y la maestra Martha Córdoba Roldán, especialistas en derecho militar y marineras en situación de retiro. Eso es legal: no hay despido injustificado, refieren.
Y es que la relación de los militares con la Semar y la Sedena no es de carácter laboral, sino administrativa, explican las académicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por ello, a diferencia de los servidores públicos, los soldados y marineros no tienen derechos laborales: sus jornadas no son de 8 horas ni tienen garantizados descansos semanales ni vacacionales. Tampoco antigüedad ni sindicalización.
En entrevista, las abogadas agregan que esto se deriva del Artículo 123 constitucional, que en su apartado B, fracción XIII, establece que se regirán por sus propias leyes. Por ello, detallan, ni la Ley Federal del Trabajo ni la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tutelan a los soldados y marineros.
En ese contexto del fuero de guerra, como lo llaman las expertas, la deserción de las Fuerzas Armadas constituye un delito. Previsto en el artículo 255, fracción II, del Código de Justicia Militar, éste sucede “cuando faltaren sin impedimento justificado por 3 días consecutivos a las listas de diana y retreta de las fuerzas a que pertenezcan o a las dependencias de que formen parte”.
Por ello, cada una de las 9 mil 37 deserciones ocurridas en el sexenio de Peña Nieto habría generado un procedimiento penal en tribunales militares.
Según el teniente coronel de justicia militar Salvador Candelario Cruz –juez de control de la II Región Militar, con sede en Tijuana, Baja California–, el 99 por ciento de los asuntos que se ventilan en tribunales militares tiene que ver con deserciones (Uniradio Informa, 16 de octubre de 2018).
El fuero militar o de guerra se aplica sólo a personal militar, y los delitos se cometen en actos de servicio, explican la doctora Alma Sánchez Hernández y la maestra Martha Córdoba Roldán. No obstante, aclaran que incluso los soldados y marineros en situación de retiro pueden ser llamados a cuentas, juzgados y condenados, porque siguen siendo parte de las Fuerzas Armadas.
Para las expertas, el fuero de guerra se integra por la parte penal y por el sistema disciplinario, que atiende las violaciones a principios y valores morales. Éstas se desahogan en los Consejos de Honor. En este último punto, indican que en todo momento el militar puede incurrir en una falta administrativa.
Y ejemplifican: “te arrestan por no ir bien arranchado [pulcro en el uniforme, el calzado y la higiene personal], por llegar tarde o por presentar aliento alcohólico, porque eso es indisciplina”. Lo del aliento alcohólico, explican, se encuadra en una “inhabilitación voluntaria para el servicio”.
Las abogadas refieren que una falta de tipo administrativo puede convertirse en penal, si las investigaciones así lo determinan o si se comete reiteradamente.
De esta manera, la mala conducta por la cual 755 soldados y marineros fueron echados de las Fuerzas Armadas podría referirse a la reiterada comisión de faltas administrativas o a la comisión de delitos tipificados en el Código de Justicia Militar.
De acuerdo con el Glosario de Delitos del Orden Militar, además de la deserción, otros ilícitos son: el abandono de servicio, el abuso de autoridad, la violencia, la infracción de deberes comunes, el robo contra la institución y la desobediencia.
Y es en este último punto en el que se basa el rigor del mando: los militares no pueden desacatar las órdenes de sus superiores, aunque estén en contra de éstas.
Entre las afectaciones más comunes que sufren los militares por la disponibilidad a las órdenes superiores destaca la que impacta sus residencias y horarios: el integrante de las Fuerzas Armadas va a donde se le requiere, el tiempo que se le pide y en los horarios que se le establecen.
“Estamos disponibles para el servicio los 365 días del año, las 24 horas del día. Sin importar si tenías programadas vacaciones o descansos: si te llaman, debes presentarte”, detalla en entrevista la doctora en derecho Sánchez Hernández.
La incertidumbre laboral que enfrentan los miembros de la Sedena y la Semar también incluye la inestabilidad del trabajo. Y es que en el caso del personal auxiliar, los contratos son anuales y quinquenales. Terminado ese tiempo, pueden ser echados sin tener derecho a un juicio laboral por despido injustificado. Además, los auxiliares no pasan a situación de retiro, simplemente causan baja.
Aún sujetas al fuero militar, las abogadas Alma Sánchez y Martha Córdoba explican que el personal se organiza en activo, retirado y reservas. Además, en milicia auxiliar y permanente. Y sólo esta última puede acceder al retiro.
Para formar parte de la milicia permanente, los efectivos de la Sedena y la Marina deben cumplir con una serie de requisitos, como el tiempo de servicio, estudios especiales –incluidos idiomas– y aprobar exámenes médicos, psicométricos y de conocimientos militares, detallan.
Con independencia de su condición contractual, a los militares se les exige hasta el sacrificio de su propia vida, refiere la maestra Córdoba.
“El servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga al interés personal, la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército”, indica el Reglamento General de Deberes Militares.
Y en el sexenio de Peña Nieto, 185 soldados de distintos rangos cumplieron con esa consigna: fallecieron en aplicación de la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.
Los datos de la Sedena indican que en diciembre de 2012 –el primer mes del gobierno peñista– fueron cuatro los caídos: tres por agresión con arma de fuego [enfrentamiento armado] y uno más por accidente automovilístico. En 2013 fallecieron 44; en 2014, 32; en 2015, 31; en 2016, 24; en 2017, 39; y entre enero y junio de 2018, otros 11.
De la información se desprende, además, que 22 incidentes cobraron la vida de entre dos y ocho militares por caso, siendo el ataque armado del Cártel Jalisco Nueva Generación a un helicóptero de la Fuerza Aérea el acto criminal más mortífero para los militares. Sucedido el 1 de mayo de 2015 en las inmediaciones de Casimiro Castillo, Jalisco, éste ocasionó el fallecimiento de cuatro capitanes –uno de ellos, el piloto de la aeronave, quien estaba adscrito a la Fuerza Aérea– y dos sargentos.
Otro de esos 22 incidentes ocurrió en 2018. Fue un ataque armado letal, el 8 de mayo en el conflictivo municipio de Coyuca de Catalán. Según los datos de la Sedena, cobró la vida de un teniente, un sargento segundo y un cabo, adscritos al Batallón de Infantería.
Los hechos se registraron en el rancho El Pozo, a donde los militares habían acudido tras recibir una denuncia anónima de que en ese lugar se encontraban personas armadas (El Universal, 9 de mayo de 2018).
Otros que habrían cumplido con el mandato del sacrificio son los militares desaparecidos. En total, se tiene registro de 203 efectivos a los que se les perdió el rastro en el cumplimiento de su deber: 197 de la Sedena, entre 2013 y 2014 (para los años de 2015 a 2018 no se presentaron casos así), y seis de la Semar, entre 2015 y mayo de 2018.
Para la mayor parte de las milicias, ese sacrificio que se les exige no se ve retribuido en los haberes: mientras que los generales ganan 129 mil 489 pesos netos al mes, un soldado percibe apenas 10 mil 953 pesos; un cabo, 11 mil 471 pesos; un sargento segundo, 12 mil 364; y un sargento primero, 12 mil 727 pesos.
En el caso de la Semar las cosas no son distintas: mientras que los almirantes obtienen 126 mil 792 pesos mensuales sin descuentos, un marinero sólo gana 13 mil 371 pesos; un cabo, 14 mil 215 pesos; tercer maestre, 15 mil 466.
Y son los soldados, cabos, marineros, maestres y sargentos la carne de cañón: en su mayoría, ellos son los que realizan los operativos de la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.
De acuerdo con el Sexto informe de labores de la Sedena, entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, se realizaron 22 operaciones en el territorio nacional para reducir la violencia, en forma coordinada con la Semar, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Éstas se dieron “en apoyo a entidades donde la delincuencia organizada ha aumentado sus actividades ilegales”.
En ese periodo, también se llevaron a cabo 197 mil 99 patrullajes (194 mil 121 terrestres y 2 mil 978 aéreos) para la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, empeñando un promedio mensual de 111 mil 626 efectivos.
Según el informe, para coadyuvar al mantenimiento de la seguridad interior y el orden constitucional, la Sedena también mantiene desplegadas permanentemente 182 unidades tipo corporación con sector militar asignado, con un promedio mensual de 52 mil efectivos militares enrolados en operaciones para reducir la violencia, apoyo a la seguridad pública, seguridad a instalaciones estratégicas y servicios establecidos en las 12 Regiones Militares, con lo que se cubre la totalidad del país.
Actualmente, las Fuerzas Armadas se integran por 270 mil 314 efectivos: 203 mil 166 en el Ejército Mexicano, 12 mil 462 en la Fuerza Aérea y 54 mil 686 en la Marina Armada de México.
El Reglamento General de Deberes Militares apunta que “la disciplina es la norma a que lo militares deben sujetar su conducta: tiene como bases la obediencia y un alto concepto de honor, de la justicia y de la moral, y por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares”.
Para la maestra Córdoba, “la disciplina es la columna vertebral de las Fuerzas Armadas: ésta va de la mano de la responsabilidad y observa los deberes y valores, incluidos los morales”.
Desertar de las milicias o sacrificar la vida
21 mil 46 militares abandonaron las Fuerzas Armadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto:
9 mil 37 desertores
755 expulsados por mala conducta
4 mil 624 con contratos rescindidos o vencidos
6 mil 630 solicitaron su propia baja
18 mil 580 (88.4 por ciento) eran integrantes de la Sedena
2 mil 466 (11.6 por ciento), de la Marina
Están capacitados en la doctrina militar para el manejo de armas de fuego, emboscadas, combate e incursión en zonas de riesgo, y adiestrados en resistencia y supervivencia; poseen habilidades y destrezas combativas, fundamentadas en técnicas y tácticas
El sacrificio
185 soldados de distintos rangos fallecieron en aplicación de la Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en el sexenio de Peña Nieto
203 soldados y marinos desaparecieron en el cumplimiento de su deber
Fuentes: Sedena, Semar
Nancy Flores
[INVESTIGACIÓN][PORTADA][SEGURIDAD][D][SEMANA]
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