Seguridad nacional, en la incertidumbre

Es la oportunidad para que los órganos de inteligencia dejen de ser utilizados por el régimen en turno y realmente sirvan a la nación. El reto es que el nuevo gobierno tenga la capacidad de reencausar las labores de inteligencia. De lo contrario, opinan expertos, México podría convertirse más rápido en un Estado fallido

Los nuevos paradigmas de la Agenda Nacional de Riesgos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador serán el combate a la desigualdad, la pobreza, el crimen organizado, la corrupción, los desastres naturales y pandemias, en contraposición a sus antecesores, cuya prioridad ha sido el uso de los órganos de inteligencia del Estado para la protección del grupo en el poder, aseguran expertos en seguridad nacional.

En entrevista, el almirante de la Armada de México Wilfrido Robledo Madrid señala que el tema de la inseguridad es el más relevante de la Agenda Nacional de Riesgos y tendría que desglosarse en secuestros, extorsión, narcotráfico, trata de personas, robo en todas sus modalidades, delitos que, en su opinión, afectan a la sociedad en su conjunto.

“La guerra contra el narcotráfico fracasó porque el principal problema del país son los delitos que afectan a la población, como secuestro, extorsión, robo, etcétera, que representan el 95 por ciento del total de los delitos; el 5 por ciento restante corresponde a delitos federales y son a los que el gobierno le está apostando todos los recursos, lo cual es un error estratégico”, enfatiza.

Sin duda, dice Robledo Madrid, la desatención a los problemas sociales como desigualdad, pobreza, corrupción e impunidad contribuyen a la inseguridad del país, por lo que plantea que el nuevo gobierno debe atenderlos como riesgos y amenazas a la seguridad nacional.

Asimismo, sugiere reordenar la seguridad pública del país porque hay un caos en el que la policía municipal realiza acciones que corresponden a la policía federal y viceversa. “La policía municipal debe fortalecerse porque es la que está cerca de la población y tiene la responsabilidad de prevenir el delito, presencia y cobertura en el municipio y, sobre todo, capacidad de respuesta frente a las emergencias de la población”.

El almirante en retiro –quien no se descarta para ocupar el cargo en la nueva administración: “no me han invitado”, dice–, establece que las Fuerzas Armadas no deben seguir en la lucha contra el narcotráfico, sino regresar a sus cuarteles porque han provocado que haya un rezago de las policías civiles responsables de esa tarea.

Finalmente, señala que si bien Arturo Durazo y Olga Sánchez Cordero no reúnen el perfil para los puestos que van ocupar, “lo importante es que se acompañen de gente con experiencia; a fin de cuentas, el que encabeza viene a ser un administrador de la seguridad, pero si se rodea de gente con experiencia puede tener buenos resultados”.

Actualmente, “las amenazas a las instituciones y a la seguridad nacional las representan la desigualdad, pobreza, desastres naturales, crimen organizado, desapariciones forzadas, abuso de poder, impunidad, corrupción sistémica, delincuencia organizada y narcotráfico”, asegura el doctor en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfredo Carlos Victoria Marín.

En su estudio Los riesgos político-institucionales de la inseguridad nacional para la permanencia y estabilidad del Estado mexicano, el también doctor en administración pública por la UNAM señala que la falta de transparencia en materia de seguridad nacional ha propiciado que la sociedad no tenga elementos para saber si los servicios de inteligencia realmente cumplen su papel a través de una agenda propia.

Considera que en México la seguridad del Estado se distorsionó durante decenios, orientada a la seguridad del régimen y del partido político que lo dominaban. Ahora la seguridad nacional podría transformarse, incluir la democracia, los derechos humanos y las libertades en su agenda.

La reflexión del catedrático Victoria Marín –publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav)–, establece que el mayor reto de la nueva administración será enfrentar las presiones hegemónicas del gobierno de Donald Trump sin perder la especificidad de la agenda interna, luego de las órdenes ejecutivas aprobadas por el presidente de Estados Unidos que buscan frenar de tajo la migración latinoamericana.

“Esperemos que en el futuro no vaya a construirse algo así como un ‘Alto Comisionado norteamericano contra la migración y el combate al crimen’, ya que eso haría que México ponga a prueba su capacidad soberana frente otro país. En este sentido, el problema radica en saber cómo México partirá para formular y jerarquizar sus intereses nacionales en el contexto que está por venir”, apunta el catedrático de la UNAM.

Ante la disyuntiva del país entre los intereses nacionales que establece la Constitución y la agenda de la clase gobernante, el doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales asegura que el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador no tiene una idea clara acerca del significado de la seguridad nacional.

En entrevista con Contralínea, el catedrático estima que los futuros secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo Montaño, respectivamente, “van a tener que aprender y reevaluar para definir la agenda de seguridad nacional”. Precisa que a mediano plazo tendrá que intervenir el Senado de la República, para que elabore la nueva agenda en la materia.

“Alfonso Durazo no ha tenido experiencia en seguridad nacional; y lo más cerca que ha estado de este tema es con la muerte de Luis Donaldo Colosio. Y la ministra Olga Sánchez Cordero tiene alguna idea al respecto, ya que intervino en la Ley de Seguridad Nacional cuando se abordó el tema de los jueces ocultos”, subraya Vizarretea Rosales.

Concluye que si bien quedó claro que López Obrador no representa una amenaza para la seguridad nacional en lo personal, la forma en que está estructurando el ejercicio del poder es contradictorio y, según su parecer, atenta contra la Constitución, lo cual podría llevar al caos al país porque el proyecto alternativo de nación no genera confianza ni certidumbre.

Por su parte, Martín Barrón Cruz, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), coincide en que el nuevo gobierno no tiene idea del significado de seguridad nacional. “Basta revisar el proyecto de nación de López Obrador y lo que ha dicho Alfonso Durazo. ¿En qué momento histórico del país hubo tranquilidad y paz en México como ellos pregonan y lo que implica el pacto de seguridad nacional y seguridad pública?”

Y es que, dice, al no tener idea clara de la seguridad nacional, plantean desaparecer el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y el Estado Mayor Presidencial. “En cualquier país debe haber un aparato de inteligencia y seguridad que le sirva al Estado y al gobierno para la toma de decisiones y la gobernabilidad del país”, acota.

En entrevista con Contralínea, Barrón Cruz cuestiona: qué pasa si hay un atentado, donde está la Agenda Nacional de Riesgos, cómo van a priorizar las amenazas a la seguridad nacional, porque –alerta– con la Agencia Nacional de Inteligencia que propone el nuevo gobierno “podría repetirse la experiencia del Siglo XXI de crear una policía política y volver al autoritarismo”.

Igualmente, califica de utopía del gobierno de López Obrador pensar que va a tener el control de la policía con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, retomando el modelo panista de Felipe Calderón. “¿Dónde está la congruencia e ideas propias de Morena?”, remata el también especialista en Fuerzas Armadas.

Para el almirante de la Armada de México Wilfrido Robledo Madrid, quien en la década de 1980 rediseñó el Cisen, este organismo sólo cambia de nombre, porque es un órgano de inteligencia necesario para el país. Sin embargo, precisa que si pasan a depender de la Secretaría de Seguridad Pública, producirá inteligencia policial y no inteligencia civil que es la que requiere la nueva administración para gobernar.

Considera que con independencia de quien gobierne al país, siempre habrá producción de información e inteligencia, relacionada con la agenda nacional de riesgos que contempla temas de seguimiento que podrían ser un riesgo en determinado momento para la nación, por lo cual es indispensable un organismo de esta naturaleza.

En entrevista con Contralínea, Robledo Madrid, quien en la década de 1990 fundó la Policía Federal e impulsó la Sección Segunda de Inteligencia de la Armada de México, el gobierno debe recolectar información de los temas sensibles para el país, clasificarla y almacenarla, “de tal manera que en algún momento esa información pueda ser útil para la seguridad nacional, lo cual depende de quien esté al frente del gobierno del país y a quien respondan los órganos de inteligencia”.

Relación México-Estados Unidos

Para el doctor Alfredo Carlos Victoria Marín, México requiere de un nuevo concepto de seguridad nacional que responda a las amenazas y presiones hegemónicas de Estados Unidos, definir el papel en el escenario internacional, atender la inseguridad estructural y enfrentar los riesgos que obstaculizan la consecución de los objetivos nacionales.

El catedrático del Cesnav puntualiza en su estudio que el gobierno federal deberá redefinir el proyecto nacional bajo el cual México se insertará en la globalidad, pero atendiendo las necesidades de la seguridad nacional, concepto que Victoria Marín considera aún confuso para los gobernantes en turno, “por las connotaciones ideológicas y políticas que no facilitan el consenso interno”.

Señala que la doctrina de seguridad nacional de la actual clase gobernante, encabezada por Peña Nieto, adolece de mecanismos para saber cómo enfrentar una amenaza interna, por lo que la estrategia ha sido fomentar la cooperación con Estados Unidos, específicamente en el terreno de la inteligencia operativa y táctica para el combate a las drogas y la lucha antiterrorista, así como labores de contrainteligencia (supervisión y vigilancia de funcionarios mexicanos).

Victoria Marín advierte que, en el marco de la cooperación internacional contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos no ha quitado el dedo del renglón respecto a militarizar la frontera sur con México, con el propósito de evitar que bandas criminales crucen al vecino del Norte, ya que, bajo su óptica, se tienen que emplear las mismas tácticas y estrategias con las que se persigue al terrorismo internacional.

Por su parte, el doctor Emilio Vizarretea Rosales señala que en su percepción de la relación entre México y Estados Unidos, López Obrador se equivoca al creer en su alta capacidad persuasiva con Donald Trump, lo cual, dice, no funciona porque “el presidente electo tiene que acatar reglas en función de intereses y cuotas de poder”.

 “López Obrador no lo ve así; se tiene una alta autoestima hasta que lo golpean; reacciona y se molesta con los análisis de prensa. Eso funciona cuando eres oposición, no cuando eres gobierno y responsable de la gobernabilidad de un país tan convulso como México.

“Basta leer la carta que le envió López Obrador a Trump, de la que se desprende que el presidente estadunidense ya no va a necesitar el muro que tanto ha pregonado, porque el presidente electo le va a poner dos muros: el de Coatzacoalcos a Salina Cruz y otro a 25 kilómetros de la frontera entre ambas naciones, donde va a instalar las aduanas del SAT [Servicio de Administración Tributaria].”

El “fenómeno AMLO” sin duda tiene un gran impacto social, pero lo que vimos en debates y actualmente es que tiene una impericia en temas estratégicos para la nación, por ejemplo, en política exterior le destrozaron la carta (Héctor Vasconcelos), y poco falta para que Trump le diga “rapidito y como te dije”. Y si esto pasa, dice Vizarretea, va a caer en desgracia del sector nacionalista del país.

Crisis de gobernabilidad y Estado fallido

En su análisis, el doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM Alfredo Carlos Victoria Marín señala que México enfrenta una crisis permanente de gobernabilidad, ya que la capacidad del Estado para ejercer jurisdicción sobre personas y territorios está sumamente debilitada. Incluso, afirma que México puede convertirse en un Estado fallido, debido a que no existe capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado y la impunidad.

Refiere que los atributos más comunes de los estados fallidos, son la pérdida del control físico del territorio o el monopolio legítimo de la violencia, corrupción, expansión de la conducta criminal, incapacidad para recaudar impuestos, erosión de legitimidad para tomar decisiones colectivas e incapacidad de proveer servicios públicos básicos.

La crisis de gobernabilidad puede convertirse en ingobernabilidad, ya que no hay eficacia, eficiencia y legitimidad de acciones del gobierno para enfrentar al narcotráfico. De ahí que las políticas públicas por más elaboradas en el papel, tienen que dar resultados concretos.

Bajo este contexto, señala el catedrático de la UNAM se está gestando la lucha contra el narcotráfico en México con esfuerzos desarticulados, una gran corrupción que ha permeado a los altos mandos de la administración pública federal, estatal y municipal, lo cual indica que el enemigo no está afuera de las instituciones encargadas de combatir este flagelo, sino adentro de las propias corporaciones de seguridad.

En ese sentido, Victoria Marín establece que frente a un problema que ha rebasado la capacidad de las fuerzas policiacas federales y locales, la presencia del Ejército Mexicano en esta tarea imposibilita que la lucha contra el narcotráfico pueda ser llevada de forma eficaz y exitosa, ya que las fuerzas armadas son instrumentos para la defensa y seguridad nacional, y no para salvaguardar la seguridad pública.

Los desafíos de López Obrador

Para el catedrático del Cesnav, los desafíos político-institucionales de la nueva administración y la lucha contra el crimen a mediano y largo plazo a partir del año 2019 son la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, los servicios de inteligencia y las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.

“En caso de no hacerse, se corre el riesgo de que los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, al mantener una participación mayúscula de las Fuerzas Armadas, se genere un desbalance de poder en detrimento de las autoridades civiles-policiacas”, subraya Victoria Marín.

Las estrategias y políticas alternativas para enfrentar el narcotráfico requieren una reformulación del enfoque, diagnóstico y tratamiento. Es indispensable la combinación de inteligencia y trabajo de campo, de lo civil y militar, de lo coyuntural y estructural, de la prevención y rehabilitación, la oferta y la demanda, de lo nacional y lo internacional.

Considera que al frente de la Procuraduría General de la República y otras agencias nacionales de procuración de justicia deben estar individuos honestos y experimentados, con experiencia en la aplicación de las leyes y que permanezcan en sus puestos durante muchos años, que sean evaluados con controles de confianza.

La profesionalización de la procuración de justicia es fundamental; para lograr esto se deben mejorar y mantener los procesos de reclutamiento, selección y capacitación, con mejores salarios, programas de incentivos y oportunidades de carrera.  Estas instituciones tienen que funcionar con sistema de contraloría y asuntos internos, para asegurar que el desempeño y la integridad de los funcionarios públicos estarán abiertos al escrutinio popular.

Victoria Marín indica que debe establecerse un dispositivo imparcial para monitorear el desempeño de los funcionarios públicos, con poder para disciplinar y castigar a trasgresores de la confianza pública. Habrá que poner en marcha una supervisión legislativa para asegurar el cumplimiento de leyes y acuerdos, el escrutinio público y la continuidad en la profesionalización de las policías y la procuración de justicia.

Se requiere cambios a la legislación que permita la utilización de agentes de inteligencia en campo, sistemas electrónicos de monitoreo, así como programas efectivos de protección a testigos, reforzar las leyes bancarias para hacer frente con eficacia el lavado de dinero.

De otra manera, advierte el especialista, las políticas públicas destinadas al combate del narcotráfico y del crimen organizado fracasaran irremediablemente.

José Réyez

[INVESTIGACIÓN][PORTADA][SEMANA][D]

 

Contralínea 604 / del 20 al 26 de Agosto 2018