El desastre nacional que regímenes panistas y priístas heredaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador arrastró a su paso las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país –claves para mitigar desafíos ambientales determinados por la Organización de las Naciones Unidas–; por la serie de delitos documentados en las zonas de conservación, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) considera que se trata de un caso de alarma y amenaza a la seguridad nacional de México.
Extracción ilegal de especies, caza furtiva, tala clandestina, contaminación de agua y suelo, erosión y cambio de uso de suelo, desarrollo urbano irregular constituyen los cinco jinetes del Apocalipsis de las ANP, calificados en grado de “alarma” y “amenazas” para la “seguridad nacional” de México por la Secretaría que actualmente encabeza Víctor Manuel Toledo.
En su conferencia magistral “El medio ambiente, el desarrollo sustentable y la seguridad nacional en México”, dictada en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) de la Secretaría de Marina el 13 de febrero ante petit comité de posgraduados en seguridad nacional, la entonces secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, desveló la crisis “alarmante” que padecen las ANP.
Ahí, la ahora exfuncionaria presentó el Diagnóstico de tipo de ilícitos en las Áreas Naturales Protegidas, según frecuencia, que clasifica los ilícitos de acuerdo con el grado de amenaza –“alarmante, muy frecuente, frecuente y poco frecuente”–, que registran estas zonas naturales del país creadas por decreto presidencial y sujetas por ley a regímenes de protección, conservación, restauración y desarrollo.
En México hay 182 ANP que abarcan 90 millones 800 mil hectáreas (12 por ciento del territorio nacional), donde viven 3 mil habitantes, y 40 pueblos indígenas. Seis son consideradas bienes Patrimonio Mundial Natural; dos, bienes Patrimonio Mundial Mixto; 44, reservas de la biósfera; 40, áreas de protección de flora y fauna; 67, parques nacionales; 18, santuarios; 142, sitios Ramsar (humedales de importancia internacional); ocho, áreas de protección de recursos naturales; y siete, monumentos naturales.
De acuerdo con el diagnóstico, en grado alarmante y muy frecuente por delitos de cambio de uso de suelo se encuentran las ANP de Cumbres de Monterrey, Nuevo León; Laguna de Términos, Campeche; Tehuacán-Cuicatlán, Puebla; Valle de Bravo, estado de México; Montes Azules, La Franciscana y El Sumidero, Chiapas; Bala’an K’aax, Yucatán; El Tepozteco, Morelos; Cerro Mohinora, Chihuahua; Meseta de Cacaxtla, Sinaloa; Marianas Nacionales, Nayarit; Lagunas de Chacahua, Oaxaca; y El Gogorrón, San Luis Potosí (ver mapa 1).
También en situación de alarmante y muy frecuente por ilícitos de tala ilegal están las ANP de Sierra de Álamos y Río Cuchujaqui, Sonora; Cerro Mohinora, y Meseta de Cacaxtla, Sinaloa; Cuatro Ciénegas, Coahuila; Marianas Nacionales, Nayarit; Valle de Bravo y Nevado de Toluca, E stado de México, Necaxa, Puebla; La Malinche, Tlaxcala; Laguna de Términos, Campeche; Pico de Orizaba, Veracruz; Bala’an K’aax y Kalakmul, Yucatán; Chan-kin, Lacan-Run y volcán Tacaná, Chiapas (ver mapa 2).
Por ilícitos de cacería furtiva en condición de alarmante y muy frecuente: Sierra de Álamos y Río Cuchujaqui, Sonora; Meseta de Cacaxtla, Sinaloa; Sierra de Manantlán, Colima y Jalisco; Zucuirán-Infiernillo, Michoacán; Tehuacán-Cuicatlán, Puebla; La Franciscana, Puerto Arista, Montes Azules, Yaxchilán, Chn-Kin y La Encrucijada, Chiapas; Laguna de Términos, Campeche; y Bala’an K’aax, Yucatán (ver mapa 3).
Por asentamientos irregulares ilícitos alarmante y muy frecuente en las ANP: Cumbres de Monterrey, Nuevo León; Meseta de Cacaxtla, Sinaloa; Valle de Bravo, estado de México; El Tepozteco, Morelos; Barranca de Metztitlán, Hidalgo; Laguna de Términos, Campeche; Cañón del Sumidero y Montes Azules, Chiapas; Nala’an K’aan, Yucatán; y Yum Balam, Quintana Roo (ver mapa 4).
En la misma condición de alarmante y muy frecuente por ilícitos de contaminación de mantos acuíferos están las ANP de Marinas Nacionales, Nayarit; Zucuirán-Infiernillo, Michoacán; Valle de Bravo y Ciénegas de Lerma, Estado de México; Barranca de Metztitlán, Hidalgo; Laguna de Chacahua, Oaxaca; y Laguna de Términos, Campeche (ver mapa 5).
Otro tema que alarma a la Semarnat es la presencia humana en las zonas de conservación. En 80 ANP, refiere el informe, hay población indígena (en algunos casos con cifras superiores al 90 por ciento), 29 de las cuales no disponen de un programa de manejo. Particularmente destacan los casos del área de protección de la flora y fauna Cascada de Agua Azul, el área de protección de recursos naturales Cuenca Hidrológica del Río Necaxa, la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Nayarit y el parque nacional Bosencheve.
Casi una docena de Áreas Naturales Protegidas cuentan con poblaciones indígenas mayores a 500 habitantes, cuyas tierras han sido ocupadas ancestralmente por dichos grupos, que no en pocas ocasiones ven amenazada su identidad cultural.
Ante un reducido número de discentes del Cesnav, González Blanco explicó la importancia de las ANP y de su órgano regulador, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), como “una pieza clave para el desarrollo y la seguridad nacional”.
La Conanp, dijo, garantiza la preservación y sustentabilidad de ecosistemas y ambientes naturales, representativos de la diversidad biológica de México, mediante la planeación, gestión y administración “efectiva, equitativa, honesta y transparente del sistema mexicano de Áreas Naturales Protegidas”.
La exfuncionaria detalló la problemática en la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en Baja California y Sonora, respectivamente, con una superficie de 934 mil 756 hectáreas, al que consideró como un caso de seguridad nacional.
“El problema en la región es mucho más grave y profundo, una cuestión de seguridad nacional”, debido a la “pesca ilegal y tráfico de totoaba, presencia del crimen organizado, posible embargo pesquero a México, pocas oportunidades para los pobladores y gobernanza de la región en riesgo”, alertó González Blanco.
Y agregó que a ello se suma el alto riesgo de extinción en el que se encuentra la vaquita marina –se calcula que quedan menos de 30 ejemplares y su distribución es la más restringida del planeta (la parte Norte de California)–, cuya mortalidad se atribuye exclusivamente a la captura accidental de redes de enmalle en actividades pesquera.
González Blanco cerró su alocución con la promesa de “una solución integral” a los ilícitos ambientales del país, mediante los componentes de “gobernanza ambiental, pesca sustentable y responsable, diversificación productiva sustentable, acciones de conservación y monitoreo de la vaquita marina y desarrollo integral para el bienestar comunitario”.
El diagnóstico de las ANP fue heredado al nuevo secretario Víctor Manuel Toledo, luego de que González Blanco renunció al cargo el pasado 26 de mayo tras retrasar un vuelo de Aeroméxico injustificadamente. A esta dimisión le siguió el 15 de junio la renuncia del titular de la Conanp, el biólogo Andrew Rhodes Espinoza, a cargo del área desde hace 9 años; y de Sergio Sánchez, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat.
Contralínea solicitó hablar con el secretario Toledo para profundizar en este tema, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Pese a que las ANP son claves para mitigar desafíos ambientales establecidos por la ONU –cambio climático, pérdida de biodiversidad, crisis hídrica, dependencia alimentaria, desastres naturales–, de 182 áreas que hay en el país, 75 de ellas carecen de planes de manejo para su preservación y restauración.
Y es que el abandono del gobierno de Calderón y la omisión del gobierno peñista en promulgar programas de manejo de ANP expuso al país en riesgo de enfrentar catástrofes ambientales, incumplir tratados internacionales de protección al ambiente y atentar contra derechos humanos de más de 3 millones de habitantes en las ANP, señalan ambientalistas.
Los objetivos de las Áreas Naturales Protegidas son preservar los ambientes de regiones biogeográficas y ecológicas y ecosistemas frágiles, asegurar equilibrio y continuidad de procesos evolutivos y ecológicos; salvaguardar diversidad genética de especies silvestres, y preservar la biodiversidad, especies en peligro de extinción, endémicas y especies raras, de acuerdo con la misión que pregona la Conanp en su portal.
Un caso emblemático de la falta de su programa de manejo es el área de protección de flora y fauna Yum Balam, donde se ubica la isla de Holbox, que después de 22 años se expidió a fines de noviembre de 2016 de manera apresurada y sin cumplir con las obligaciones legales que impone el procedimiento administrativo ni haber garantizado la consulta pública, advierte Alejandro Olivera, del Centro para la Biodiversidad Biológica (CDB).
El decreto de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, cuyo programa de manejo fue aprobado en 2017, que incluye la Riviera Maya, dejó pendiente el número de construcciones que pueden edificarse, tratamiento de aguas residuales y alcantarillado, señala Edith Martínez, de Greenpeace.
El CDB, Greenpeace y Ricardo Ruiz Esparza, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, coinciden en que Yum Balam es ejemplo de los daños que puede sufrir una área natural protegida si no se tienen programas de manejo que delimiten capacidades de carga y protegen el ecosistema en las ANP.
En entrevista, Alejandro Olivera señala que la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano requiere de un plan integral de gestión de la zona que proteja más 5 millones 754 mil hectáreas de arrecifes, fondos marinos, lagunas costeras, humedales y zonas costeras.
Los activistas coinciden en que, si bien la emisión de los programas de manejo para esta zona del país es un paso importante, no es suficiente para la protección de los recursos naturales.
Las 75 ANP que no cuentan con programa de manejo violan tratados internacionales: el de Humedales de Importancia Internacional; de Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural; de Cambio Climático de la ONU y, en cuestión de derechos de comunidades indígenas, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, señala Alejandro Olivera.
Desde 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 26/2016 al detectar irregularidades en las ANP que no cuentan con programas de manejo. Confirmó que 27 áreas sufrieron la transformación o pérdida de los ecosistemas originales, contaminación de acuíferos, erosión de suelos y deforestación propiciados por desarrollo económico y repoblamiento del territorio.
La CNDH exigió elaborar nuevos estudios para recategorizar territorios que aún no tienen plan de manejo o ya perdieron su vocación de conservación, al advertir que la ausencia del programa de manejo conlleva a incertidumbre respecto a densidad e intensidad con la cual los particulares pueden realizar obras o actividades dentro de las ANP, y posibilitar un desmedido margen discrecional por parte de las autoridades, quienes arbitrariamente podrían negarlas o autorizarlas.
“El programa de manejo es un instrumento para conservación de ecosistemas y su biodiversidad, contribuye a garantizar la observancia del derecho humano a un medio ambiente sano al sentar las bases de manejo y administración en materia de desarrollo sustentable, conservación y preservación”, agrega la recomendación.
En respuesta, la Conanp expuso a la CNDH que 27 áreas protegidas no contaban con programa de manejo porque “están por abrogarse, debido a la pérdida de los objetivos de conservación que dieron origen a su establecimiento” como tales. Igual, que 24 áreas enfrentaban problemas poligonales; dos se encontraban en etapa de consulta pública y una era entonces de reciente publicación.
Respecto de las 24 declaratorias restantes, la Conanp adujo que éstas no satisfacían requisitos del artículo 60, fracción I, de la Ley Ambiental, al no poder determinarse el área que ocupaban, superficie, ubicación, deslinde y zonificación correspondiente; dichas circunstancias, en opinión de la CNDH, hacía necesaria modificar la declaratoria.
La Conanp afirmó que la falta de un programa de manejo no impide su adecuada protección, conservación, administración y manejo de las ANP, ni constituye afectación al derecho a un medio ambiente sano de los residentes.
Aseguró que la aplicación directa de las disposiciones pertinentes se logra la conservación de ecosistemas y recursos naturales sujetos a protección, en beneficio de los propietarios, poseedores y titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de las ANP.
La CNDH cuestionó que los argumentos de la Conanp sólo justifican la no formulación de los programas por la problemática ambiental que presentan las ANP, “lo cual resulta incongruente, ya que precisamente la inexistencia de instrumentos de planeación y regulación que establezcan las actividades permitidas y la delimitación precisa de la subzonificación (programa de manejo), ha contribuido a la degradación y/o perturbación de las mismas”.
Las organizaciones ambientalistas advierten que programas de manejo –como los de Yum Balam y la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano– no pueden esperar 2 décadas, pues se requiere abordar amenazas que enfrentan para proteger recursos oceánicos, prohibir la explotación de hidrocarburos en la zona y planificar el impacto de la industria turística.
“Sólo estas políticas integrales permitirán a nuestros océanos amortiguar el cambio climático y que la temperatura del planeta se mantenga por debajo de los dos grados centígrados en los próximos años”.
José Réyez
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