El gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá avanzar hacia superar el neoliberalismo y la crisis del capitalismo: “Hay que modificarlo, es el momento de hacerlo; es ahora o nunca”, advierte Tomás Milkos Ilkovics, doctor en Ciencias por la Universidad de la Sorbona, París, Francia.
También diplomado en política internacional y análisis político por la Universidad Iberoamericana (UIA), el académico subraya que en México se han acentuado las diferencias sociales en los últimos años y han gestado un gran descontento nacional que se expresó en las elecciones de julio.
Sin embargo, considera que el fenómeno electoral de julio “no fue sólo un asunto de sistema de partidos políticos, sino del de ir contra el sistema neoliberal, donde han abusado de la sociedad civil, no sólo los funcionarios públicos, sino los dueños del capital”, enfatiza.
Autor de los libros Prospectiva, gobernabilidad y riesgo político. Instrumentos para la acción y Planeación Prospectiva; una estrategia para el diseño del futuro, Tomás Milkos explica en entrevista que México lleva 36 años de transitar por la línea equivocada del neoliberalismo.
El sistema neoliberal, “que nos ha llevado de mal en peor, tenemos la oportunidad de darle a vuelta en materia educativa, energética, seguridad, gobernabilidad y en la independencia y la separación de poderes”, subraya el académico.
La única manera de lograrlo –asegura– es definir qué es lo que queremos para el país, para que la situación sea mejor que la tendencia y la catástrofe.
“Tomamos decisiones en base a las matemáticas, en las que hay un concepto que dice que el orden de los factores no altera el producto, pero en política y en lo social sí lo altera, y ese orden de los factores es el que tenemos que manejar con estratégicas para alcanzar el mejor de los países posible en beneficio de sus habitantes”, anota el catedrático de la maestría en seguridad nacional en el Instituto de Administración Pública (INAP).
Experto en prospectiva política, estudio del futuro y formulación de escenarios, Milkos Ilkovics advierte que la elección de López Obrador es una oportunidad de cambio en instancias negativas como educación, seguridad nacional, seguridad interior, y cambio climático, “el mayor de los peligros del mundo, no solo de México, que es extremadamente frágil frente a este fenómeno”.
“Otro peligro son las migraciones que recorren el país desde el sur para llegar a Estados Unidos, cuyo gobierno cerró violentamente la frontera, lo cual se convierte en un asunto de seguridad nacional, de seguridad interior, de seguridad en el trabajo, salud, educación por la incorporación en sociedades cerradas la venida de gentes de otros países”, considera el especialista.
México requiere modificar la Constitución, ya que políticamente el país está pasando de una democracia representativa a una democracia participativa, resultado de la altísima votación a favor de López Obrador, puntualiza.
Ello requiere que los ciudadanos mantengan ese nivel de participación y entender que seguridad nacional ya no es el concepto de lucha entre países. Ahora tiene que ver con la comercialización regional o global, la política entre países y fronteras, lo cual requiere de un mayor acercamiento entre las tres áreas de seguridad: nacional, interior y pública, precisa el catedrático.
La crisis tiene que resolverse con medidas de planeación y prospectiva estratégica que significa hacia donde queremos llegar y establecer las estrategias para llegar a ello, lo cual requiere de un cambio de paradigmas de las reglas del juego, acota Tomás Miklos.
Los ciudadanos tienen la obligación de contribuir a esos cambios. explica. Deben consensuar para luchar por elementos que les son comunes. Y para eso debe servir la nueva Agenda Nacional de Riesgos, que registra los cambios estratégicos y debe ser transparente para que la gente esté bien informada y pueda participar, pasar de la información a la comunicación y actuar en consecuencia.
Considera que México “puede ser ejemplo” de cómo resolver las cosas mediante la democracia participativa. En Latinoamérica hay crisis que también podrían presentarse en México “de seguir las cosas como van”. Es indispensable poder hacer los cambios de las reglas del juego, romper con lo que no favorezca y crear instancias de solución que no se queden “en el discurso, la demagogia ni en la esperanza del tlatoani, como hemos identificado a López Obrador”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto hereda un gobierno con muchas deficiencias en materia de seguridad ciudadana y un repunte de la violencia y de las tasas de homicidios, que se acrecentó con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su retorno al poder, así como corrupción y el establecimiento de vínculos de políticos con el crimen organizado, señala María Luisa Pastor Gómez.
Catedrática del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), considera que para el gobierno de López Obrador, se abre una etapa difícil de predecir por las incógnitas que han suscitado “las declaraciones y contradeclaraciones de este carismático dirigente, de fuerte personalidad y capacidad demostrada para establecer alianzas con grupos que son si no antagónicos, al menos muy dispares”.
La académica del IEEE considera que habrá que esperar al menos 100 días de gobierno de López Obrador para tener una idea más clara de lo que serán las principales líneas de su gestión y ver si se hacen efectivos o no algunos de los compromisos adquiridos en el transcurso de la campaña, como la revisión de las reformas de su antecesor Enrique Peña Nieto.
En el tema energético, por ejemplo, dice Pastor Gómez, López Obrador no oculta su admiración histórica por la nacionalización petrolera, pero al mismo tiempo, “su equipo económico es bastante ortodoxo y con formación norteamericana [estadunidense], lo que induce a pensar que habrá un cierto continuismo en la política económica, aunque con un cierto sesgo social para no defraudar a su electorado”.
En su análisis, México y el nuevo gobierno tras el triunfo de López Obrador, publicado por el IEEE, Pastor Gómez afirma que los detractores de López Obrador le ven como un populista nacionalista que previsiblemente tenderá a concentrarse más en la economía nacional que en las relaciones exteriores, que estiman no son su especialidad, y piensan que su elección supone un serio riesgo para la democracia liberal o la economía de mercado de México.
“López Obrador cuenta con una situación positiva de partida por el fuerte respaldo electoral, pero también muchos socios a los que de alguna forma habrá de contentar en respuesta al apoyo prestado en la campaña y problemas enquistados difíciles de resolver, como la corrupción y la violencia generada por el crimen organizado, un problema estructural de México que requiere una estrategia organizada”, acota.
“Por la urgencia y la sensibilidad que rodea la cuestión de la seguridad, será en este terreno y en el de la lucha contra la corrupción, más que incluso en el económico-financiero, donde se mida el alcance de las políticas que ponga en marcha el nuevo gobierno, y donde verdaderamente se juegue la popularidad, la estabilidad y, en definitiva, el futuro del país”, advierte María Luisa Pastor Gómez.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2018 y con anterioridad a las elecciones de julio, se produjo un importante repunte de la violencia, con casi 2 mil 900 homicidios en mayo, el mes más sangriento en la historia moderna del país, lo que cuestiona las medidas para combatir al crimen organizado.
A ello se suma que durante el gobierno de Peña Nieto más de una docena de gobernadores están siendo investigados por corrupción, en la mayoría de los casos por vínculos con el crimen organizado.
Al tiempo que la incompetencia en torno a la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, ha debilitado gravemente la confianza ciudadana en la policía municipal y estatal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador promete revertir la militarización de la seguridad pública y reducir el derramamiento de sangre, pero carece de detalles y enfrenta obstáculos que van desde represalias de los jefes del crimen organizado contra jóvenes que desean abandonar el delito, a la resistencia potencial de las fuerzas de seguridad, señala el Grupo Internacional de Crisis (GIC).
En su informe más reciente sobre América Latina, Building Peace in Mexico: Dilemmas Facing the López Obrador Government, establece que el nuevo gobierno de México deberá priorizar reformas: perseguir la justicia en casos emblemáticos de presunta participación estatal en atrocidades; desarrollar la capacidad de la policía civil para que pueda reclamar su papel de militar; y empoderar la participación de las víctimas en comisiones de la verdad.
En particular, los esfuerzos para detener cualquier colusión policial con el crimen, empoderar las comisiones de la verdad y proponer políticas de construcción de paz, responsabilizar a los responsables de alto perfil crímenes pasados del estado y disuadir futuros abusos.
López Obrador ha creado tantas esperanzas de resultados rápidos que la confianza del público en las instituciones podría sumergirse si él no cumple. No hay una salida fácil de la crisis de seguridad de México, subraya el informe.
En 2017, la tasa de homicidios en México alcanzó un máximo de 20 años; 2018 está en camino de ser más letal, mientras que la impunidad es cercana al 95 por ciento de los asesinatos.
Detrás de las estadísticas sombrías hay un conjunto de conflictos criminales fragmentados que desafían a las autoridades estatales, con características locales y su resistencia frente a la represión, apunta el documento.
Señala que el crimen organizado ya no se basa en el narcotráfico como su única fuente de ingresos, en parte debido a la focalización de los grupos delictivos en los últimos dos gobiernos, y en el que las organizaciones más grandes se han dividido en docenas de bandas pequeñas y medianas persiguiendo el control territorial y extorsionando a los civiles.
“En Michoacán, por ejemplo, uno de los estados más violentos de México, la competencia criminal por el territorio y las oportunidades de extorsión y otras ganancias fáciles conducen a ciclos de muerte por venganza.
“En Guanajuato, las organizaciones criminales compiten con los grupos mafiosos locales, amenazando con abrumar a las instituciones estatales débiles. A lo largo de las orillas de la ciudad de México, los recién llegados criminales se han mudado a distritos ya en problemas, alimentando la competencia y el caos.”
A nivel municipal, las fuerzas de seguridad están en su punto más débil, las fuerzas federales son acusadas por grupos de derechos humanos de estar implicadas en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que han alcanzado una escala que equivale a crímenes de lesa humanidad; comandantes que conspiran, delincuentes violan la ley en las operaciones policiales y cometen delitos y obligan a los subordinados a la complicidad.
La reforma de las fuerzas de seguridad federales requerirá un delicado acto de equilibrio. Moviéndose también rápido: intentar castigar repentinamente a los funcionarios responsables de delitos graves, por construir la paz en México son dilemas que enfrenta el gobierno de López Obrador, añade el GIC.
Considera que si bien el Estado debe honrar las demandas de justicia de las víctimas por cualquier desaparición y asesinatos de fuerzas de seguridad, las debilidades crónicas de las policías, la investigación y el enjuiciamiento dificultarán los esfuerzos para perseguir todos los casos pendientes.
La administración de López Obrador debe apuntar a casos emblemáticos de crímenes de Estado –en particular, los relacionados con el asesinato o la desaparición de civiles– del pasado reciente, mientras que el establecimiento de salvaguardias robustas y prometiendo inmediata e implacable respuestas judiciales a todos los abusos futuros.
El informe Building Peace in Mexico: Dilemmas Facing the López Obrador Government acota que López Obrador deberá fortalecer y hacer cumplir los mecanismos de supervisión civil de la seguridad, obligar y restaurar, aunque sea gradualmente, a la policía civil como los únicos proveedores de seguridad en México, a través de mejores salarios y prestaciones sociales, profesionalización, y currículos unificados en las academias de policía reformadas, son esenciales.
“Una revisión al acuerdo de cooperación con Estados Unidos debería allanar el camino para el apoyo financiero a estas iniciativas”, subraya.
“Entre las expectativas oficiales de perdón y las demandas de la sociedad civil por una investigación completa y enjuiciamiento de los autores de actos de violencia, para contener cualquier posible desencanto popular, López Obrador y su equipo deben abstenerse de soluciones apresuradas de arriba hacia abajo y, en cambio, permitir comisiones de la verdad, servir como espacios para la discusión pública con el objetivo de identificar las áreas de cada región, fuentes de conflicto y sugiriendo respuestas políticas adecuadas”, destaca.
El presidente López Obrador ha atraído un notable apoyo público con su condena a la corrupción estatal y al abuso de poder y sus ideas para abordar la inseguridad desenfrenada del país, está diseñada para desmantelar la lógica y la institucionalidad del aparato de la “guerra” de México contra las drogas y el crimen de los últimos 12 años.
Sin embargo, advierte que el éxito de este cambio radical dependerá, sobre todo, de cómo se desarrolle en los microconflictos dispersos por todo el país, y las medidas que tomará su gobierno contra la complicidad del Estado con el crimen en distritos asolados por la violencia.
José Réyez
[INVESTIGACIÓN][SOCIEDAD][SEMANA][D]
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