Ambientalistas en resistencia, una lucha difícil en Honduras

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente: en febrero pasado fueron asesinados dos integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. En 6 años, más de 120 personas fueron ejecutadas por su activismo medioambiental

La Habana, Cuba. El crimen de dos indígenas tolupanes y el arresto arbitrario de otros 12 defensores de la Madre Tierra en el contexto del tercer aniversario del asesinato de Berta Cáceres evidencia una práctica de violencia sistemática en Honduras contra los ambientalistas.

Salomón Matute y su hijo Juan Samuel, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fueron asesinados el pasado 25 de febrero en el departamento de Yoro. El crimen fue perpetrado a pesar de que eran beneficiarios de una medida cautelar otorgada en diciembre de 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras analizar la situación de riesgo que enfrentaban junto a otros integrantes de esa organización, producto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensores del medio ambiente y pueblos indígenas.

Durante esos días, 12 defensores del río Guapinol resultaron acusados de delitos graves por oponerse a la extracción de minerales en la reserva ecológica Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras.

Aunque fueron sobreseídos ante la protesta social y la falsa imputación, el hecho constituyó una muestra de las actuaciones de empresarios en contubernio con autoridades con el objetivo de obtener ganancias a toda costa.

Ellos forman parte de los 32 vecinos de varias comunidades de Tocoa Colón, criminalizados por defender los ríos Guapinol y San Pedro, afectados por la contaminación provocada por la empresa minera Inversiones Los Pinares, una compañía instalada ilegalmente en la zona pero protegida por funcionarios de los tres poderes del Estado, refiere la publicación Pasos de Animal Grande.

No se trata de casos aislados, Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, según Global Witness, organización no gubernamental que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo.

De acuerdo con Global Witness, entre 2010 y enero de 2017 más de 120 personas fueron asesinadas en el país por defender la tierra y el medio ambiente.

El más reciente informe del relator Especial de Naciones Unidas señala que en esta nación centroamericana los defensores de los derechos civiles y políticos, de las personas LGTBI, de los pueblos indígenas, de la tierra y el medio ambiente, de los migrantes, entre otros, están en situación de riesgo.

Las personas defensoras son objetos de amenazas, hostigamiento, intimidación, golpizas, además de ser criminalizadas y estigmatizadas en campañas mediáticas de desprestigio, añade.

Puntualiza que, según testimonios, los autores materiales de los ataques incluyen a miembros de la Policía Nacional, el Ejército, sicarios y personas desconocidas, mientras que los autores intelectuales comprenden a funcionarios públicos, la esfera empresarial, las fuerzas de seguridad y en especial sectores corruptos de las mismas que actúan en connivencia para asegurar el lucro propio.

Concluye que la gran mayoría de los asesinatos y ataques contra las personas defensoras permanecen impunes, o bien no se abre una investigación o esta no da resultado alguno.

En opinión del relator Especial de la ONU, el caso de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres podría convertirse en la primera excepción si se produjeran avances en materia de rendición de cuentas, más allá de la condena de los autores materiales del asesinato. En particular si se identificaran, investigaran, enjuiciaran y sancionaran a los autores intelectuales y a los que financiaron el crimen.

Berta Cáceres, reconocida defensora de los derechos humanos y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (Copinh), fue asesinada en la madrugada del 2 de marzo de 2016 por hombres armados que entraron a su vivienda, cumpliendo órdenes de supuestos empresarios interesados en la explotación de los recursos naturales, de zona de influencia de ese Consejo.

La ambientalista del pueblo lenca también era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, pero aún así, las autoridades la abandonaron y permitieron su asesinato en el momento en que defendía el río Galcarque, concesionado por el gobierno para la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de la familia Atala y la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).

Ella era una ferviente luchadora en contra de la construcción de Agua Zarca, por lo que en 2015 recibió el Premio Goldman, el más importante del mundo que pude recibir un defensor o defensora del medio ambiente.

Aunque en este caso fueron condenados siete de los ocho acusados, los empresarios señalados de dar las órdenes para su asesinato siguen en la impunidad.

¿Qué reclaman los ambientalistas?

La destrucción de las áreas protegidas por diversos motivos como la explotación minera y de los bosques, así como por la construcción de represas constituye una de las causas de las luchas del pueblo hondureño, en particular de campesinos e indígenas.

“Luchamos en contra del saqueo y el modelo extractivista de muerte, reafirmamos nuestro compromiso y convicción de seguir luchando por la libertad de nuestros territorios y en contra de las políticas estatales que flagelan la vida del pueblo hondureño”, asegura el Copinh.

En el país, el sector minero está sumido en conflicto desde hace más de 2 décadas debido al creciente número de concesiones que supera el doble del área total de tierra destinada a la extracción de recursos del suelo.

Según el Instituto de Recursos Mundiales y la Iniciativa de Acceso, Honduras incumple las leyes de protección de la naturaleza, no respeta las decisiones de las comunidades en aceptar o no proyectos de aprovechamiento o explotación de los ecosistemas, y las autoridades permiten la destrucción de los mismos.

La minería a cielo abierto arrasa con los árboles y todo lo que es vegetación, luego se desecha la capa de tierra fértil de la zona de donde se extrae el oro y, seguidamente, se cavan gigantescos cráteres de unas 100 hectáreas y hasta 200 metros de profundidad con cargas explosivas y maquinarias.

Después de la extracción de las rocas del subsuelo, éstas son transportadas por enormes camiones a una planta de trituración donde son convertidas en polvo y trasladadas a las áreas de lixiviación (lavado). Finalmente se les agregan grandes cantidades de agua con cianuro para separar las partículas de oro.

El valle de Siria en el departamento Francisco Morazán, conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros, es un ejemplo del daño de las mineras y por qué la lucha de los defensores del medio ambiente.

En 1995 la empresa Sociedad Minerales Entre Mares Honduras, SA, subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp, Inc, solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto de la mina San Martín, el cual fue otorgado en enero de 2000. La explotación duró hasta 2008 y dejó tras de sí un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socio-ambientales.

De acuerdo con denuncias, sólo con esta empresa minera se removieron más de 50 millones de toneladas de tierra para extraer oro, lo cual afectó la producción agrícola que se redujo 70 por ciento.

Además, 19 de las 21 fuentes de agua que existían se secaron y las que quedan están contaminadas con metales pesados, lo que generó una emergencia hídrica sin precedentes, aseguró Pedro Landa, especialista en minería, citado por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero.

En octubre de 2018, la Diócesis de Choluteca aseguró que en Honduras “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”. Y solicitó al Estado que no se criminalice a las personas que están involucradas en legítimas luchas sociales y rechazó la instalación de compañías de industrias extractivas.

En ese sentido, propuso la generación de proyectos que promuevan la producción agrícola, sin uso de pesticidas que contaminan al medio ambiente, y planes industriales que respeten los derechos de las personas y de las comunidades.

“No estamos en contra del desarrollo sostenible. Estamos a favor de un desarrollo humano integral, que permite el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, para todos y cada uno de los seres humanos”, señaló.

Indígenas, campesinos, religiosos, jóvenes y gran parte de la población hondureña recibe los impactos negativos de la explotación indiscriminada de los recursos naturales y sus luchas son cada vez más reprimidas ante la incomprensión y ambición desmedida de empresarios y transnacionales.

Claman por la vida, por el derecho al agua, a la tierra, a los bosques, a la salud, desafían las armas, los sicarios, la injusticia, la impunidad, la incomprensión y la codicia.

Odalys Troya Flores/Prensa Latina

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