Frente al creciente rechazo latinoamericano al militarismo estadunidense, el gobierno de Barack Obama debería de rediseñar su fallida política económica, militar y antinarcóticos en la región consideran analistas. Explican que como ni los demócratas ni los republicanos parecen dispuestos a reaccionar en ese sentido, sólo la presión de los propios estadunidenses lograría hacerlo
En octubre de 2008, Rafael Correa, presidente de Ecuador, visitó Italia y desde ahí lanzó una propuesta: si Estados Unidos permitía al país andino instalar una base militar en Miami, se renovaría la autorización para que continuara funcionando en la costera ciudad ecuatoriana de Manta el estadunidense Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés); de otra manera, las tropas estadunidenses deberían abandonar esas instalaciones en noviembre de 2009 cuando expiraría el acuerdo bilateral firmado en 1999. Y así fue, aunque el desalojo ocurrió con cinco meses de anticipación, pues el viernes 17 de julio despegó de la base ecuatoriana el último avión militar estadunidense, relata John Lindsay Poland, codirector de la Fraternidad de Reconciliación de la Fuerza de Tarea para América Latina y el Caribe. Dice que, pese a esa medida, “el Pentágono no aprovechó esa ocasión para reexaminar sus misiones en la región o corregir sus excesos; por el contrario, los militares parecen decididos a escalar sus operaciones en Los Andes”.
Este 2009 es “muy peligroso para América Latina por la agresividad del pentagonismo, es decir, el avance del complejo militar industrial estadunidense” hacia los países que ellos consideran como una grave amenaza a su seguridad nacional y a sus intereses en la región: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, advierte el investigador. Recuerda que Honduras es un enclave estratégico que comparte fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por lo que para Estados Unidos ése fue un punto desde donde lanzó operativos destinados a contrarrestar los fenómenos revolucionarios de la región en la década de 1980.
Porque persiste la importancia estratégica de Honduras, detrás del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya estaría su solicitud a Estados Unidos para retirar sus fuerzas de la base aérea de José Enrique Soto Cano en Palmerola –en Comayagua, antigua capital de Honduras–, que aloja a la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, revela Santana. Dice que en ese país opera otra instalación militar con presencia estadunidense: la base naval de Puerto Castilla en Tocoa, departamento de Colón.
A su vez, Lindsay-Poland recuerda que las instalaciones de Palmerola son herencia de la Administración Reagan, construidas en 1984 para combatir al gobierno sandinista en Nicaragua, y en un intento por evitar el triunfo de la revolución de izquierda en El Salvador se armó a los contras, violando la prohibición del Congreso y se les brindó entrenamiento militar y apoyo con helicópteros desde Soto Cano.
Ya en este siglo, la ofensiva de los “halcones estadunidenses y del complejo militar industrial –apoyado por la señora (Hillary) Clinton”, que presiona para revertir los procesos revolucionarios en América Latina–comenzó con Honduras. Buscan ubicarse contra otros gobiernos de la región, expresa Santana. Para conseguir ese objetivo, la doctrina militar estadunidense hacia la región ya no apunta directamente contra la contrainsurgencia, sino que identifica al narcotráfico como su principal blanco; aunque “buena parte de los militares de esos países, como en el caso mexicano, han estado ligados al narcotráfico”, afirma el investigador, autor de El narcotráfico en América latina: un fenómeno político y social.
No importa si es una base aérea o para barcos y submarinos, o en qué superficie se extienden, “lo sustancial es lo que están haciendo: las actividades, los privilegios y derechos que adquieren a través de los acuerdos”, como ocurrió en Ecuador y lo que puede venir en Colombia con las cinco bases que sustituirán a la de Manta. En parte, la principal misión de una base militar es controlar la información; tienen capacidades para monitorear conversaciones telefónicas desde muchos lugares y, también, donde existe presencia militar humana hay inteligencia humana y están en condiciones de controlar el terreno, expresa Lindsay-Poland.
Información de la Guardia Costera estadunidense sacó a la luz otra actividad que se realizó desde Manta: el seguimiento al tráfico de migrantes de esa nación, por lo que alrededor de 7 mil 953 fueron capturados en aguas territoriales e internacionales entre 1999 y 2007. Sin embargo, tras la salida precipitada de Estados Unidos de esa base, las investigaciones oficiales ecuatorianas apuntan a que se ejecutaron “abordajes ilegales, hundimiento de embarcaciones, maltrato a pescadores y desapariciones”.
De acuerdo con la Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad Pública del Legislativo ecuatoriano, que investiga posibles violaciones al acuerdo binacional Ecuador-Estados Unidos de 1999, el balance de 10 años de presencia militar estadunidense en Manta es: la captura de 1 mil 758 toneladas de cocaína cuyo valor en la calle equivaldría a 35 millones 100 mil dólares, así como 3 mil 11 detenciones desde 2000 al primer semestre de 2009. No se descarta, según Marcos Martínez, presidente de esa comisión, “la supuesta participación de esos militares en el hundimiento de barcos con migrantes”, así como la comisión de otros actos ilícitos.
La expansión militar estadunidense en América Latina se consolidó desde su presencia en el Canal de Panamá. A partir del Comando Sur, el Departamento de Defensa estadunidense instaló bases militares en la región, que ahora se transformaron en Puestos de Operaciones Avanzadas. De acuerdo con los objetivos del Comando Sur, esos puestos militares buscan: proteger, consolidar y expandir las democracias occidentales; garantizar la eliminación de las amenazas que atenten contra la estabilidad de los países democráticos; cooperar con el desarrollo económico y social de los países de la región; eliminar la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, así como capacitar y entrenar a los militares de la región.
Al sur del río Bravo, las tropas estadunidenses se instalan en cuatro zonas de América Latina: Centro América (principalmente en Honduras y El Salvador –con la base de Comalapa– para vigilar al narcotráfico, dar entrenamiento policiaco, apoyo de helicópteros y programas de asistencia militar); el Caribe (Guantánamo en Cuba y Vieques en Puerto Rico son las principales), el Cono Sur y el Sistema Andino (Perú, Colombia y Bolivia). En esta región, Perú aloja las bases de Iquitos, Santa Lucía y Nanay; Tres Esquinas, Larandia, Puerto Leguisamo y Leticia en Colombia y la base de Charapé en Bolivia.
El proceso de extensión sigue a nivel naval, con la construcción del enclave para submarinos en Surinam, en la Guyana holandesa, y que el gobierno de Brasil rechaza porque representaría una fuente de tensión contra Venezuela en el Atlántico, Aruba y en Curazao (ambas ínsulas bajo dominio holandés, la segunda a sólo 50 kilómetros de Venezuela, en la que fuerzas armadas estadunidenses operan también una instalación militar cercana al aeropuerto internacional).
En Paraguay, el debate se centra en la mayor base aérea de la zona llamada Mariscal Estigarribia, pues al asumir el poder el presidente Fernando Lugo negó que fuera un territorio ocupado por fuerzas estadunidenses. Desde ese lugar, cualquier aeronave puede desplazarse en sólo unos minutos hacia cualquier punto de Suramérica. Más al sur del continente americano, Lindsay-Poland habla de ocho enclaves militares que sobreviven en Argentina a pesar del deseo de las autoridades de aquel país. La información respectiva cobró fuerza en marzo de 2007 cuando un tribunal ético en Argentina, cuyo fiscal fue Carlos Zamorano, dictaminó que las bases militares estadunidenses en América Latina “violan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la región”.
Ese magistrado estimó que la política “intervencionista” de Estados Unidos busca promover el militarismo en esas naciones, como en la Patagonia argentina, en donde desde 2001 se habló de construir una base militar y nuclear en Tierra del Fuego, cercana al Estrecho de Magallanes, una zona estratégica que vincula al Atlántico con el Pacífico. Asimismo, se planteó la edificación de la base en la zona de Chubut como una ampliación de las instalaciones Torre Omega (entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn) y que en la Guerra de las Malvinas habría transmitido información clasificada a las tropas británicas.
Otro enclave militar extranjero en aquel país sería el de la Isla Grande, que a través del decreto 1369 de 2001 se habilitó como una base del Sistema Internacional para la Prevención y Prohibición de Ensayos Nucleares, que permite el libre tránsito de las fuerzas foráneas por toda la provincia porque así lo requieren sus investigaciones.
Precisamente en octubre de 2006, fuerzas armadas de varios países, incluidas las argentinas, participaron en un ejercicio militar multinacional en la llamada Operación Hermandad, cuyo objetivo fue “recuperar un aeropuerto que había caído bajo el control de una potencia extracontinental y que se utilizaba para el envío aéreo de tropas y su despliegue en la región”. Sin embargo, acota Lindsay Poland –quien también ha participado en las Brigadas internacionales de Paz en distintos conflictos de América Latina–, Estados Unidos es justamente la única potencia con la capacidad para transportar tropas por vía aérea en una operación como la que “combatió” en ese ejercicio.
Precisamente, la inquietud que provoca entre los argentinos la presencia de tropas extranjeras y operaciones militares desde su territorio dio lugar a que el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, Miguel Monserrat, recordara en 2007 que el “intervencionismo” de Estados Unidos en la nación suramericana se remonta a dos siglos de existencia, aunque en la actualidad “es preocupante por el nivel de agresividad” que representa la instalación de bases militares en el continente.
De todas las instalaciones castrenses en las que operan fuerzas armadas estadunidenses, sólo las de Colombia se extenderán. Tras el precipitado desalojo de la base ecuatoriana de Manta, en Ecuador, Lindsay-Poland explica que el gobierno de ese país es un aliado clave para Estados Unidos, por lo que recibe más equipo militar y capacitación que el conjunto de sus vecinos hemisféricos. La respuesta de Washington a la insistente negativa de los gobiernos latinoamericanos para que continúen operando en sus territorios fue el despliegue hacia Colombia de 1 mil 400 soldados y contratistas militares, el emplazamiento de cinco radares –todos operados por la empresa ITT Corporation– y la instalación de un puesto operativo en la zona de Apiay, donde el Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos entrena a miles de tropas colombianas.
Esa acción se ampara en el llamado Plan Colombia, que formalmente busca contener la producción de cocaína y combatir su exportación. En el trasfondo, se trata de “un proyecto que ayuda al combate militar contrainsurgente de Colombia, pues el tráfico de drogas continuó rápidamente desde el principio del Plan”, explica este analista del militarismo estadunidense en América Latina.
Adalberto Santana explica que esas instalaciones tuvieron su auge después de la Guerra Fría con la misión de contraponerse a la delincuencia organizada con su creciente carácter trasnacional, aunque precisamente ahora que se evalúa el desempeño de los estadunidenses en Manta, Ecuador, sale a la luz que, después de una década de operaciones, los resultados contra el incremento del tráfico de sustancias ilícitas en la región no fueron los esperados.
Tras el retiro estadunidense de Panamá, en 1999, la base militar de Manta albergó a más de 500 soldados que realizaron desde ahí misiones aéreas antinarcóticos. Con el paso del tiempo, la presencia de esas tropas se hizo controversial y una mayoría de ecuatorianos exigió su cierre ante el rechazo de Washington que aseguró que el tráfico de drogas en Ecuador y el Pacífico occidental había aumentado en los años recientes. Sin embargo, el autor señala en La historia oculta de los Estados Unidos en Panamá (Universidad Duke, 2003) que el tráfico de narcóticos “aumentó desde que la base comenzó sus operaciones en 2000 y resultó ineficaz”.
El repudio de los ciudadanos fue tal, que el año pasado el gobierno ecuatoriano se rehusó a participar en un ejercicio naval multinacional, así como otros países latinoamericanos rechazaron firmar acuerdos que apuntan a eximir a las fuerzas armadas estadunidenses de ser investigadas en la Corte Internacional Criminal.
Tarea para Obama
Adalberto Santana considera que el presidente estadunidense Barack Obama defiende los intereses del complejo militar industrial y que la expresión más directa es “a través del Departamento de Estado, de la Agencia Central de Inteligencia y de otros organismos. Si Obama no apoya esas políticas, lo más seguro es que le pase lo que a Kennedy”, advierte.
?¿Por qué no hay bases militares en México?
?Sí hay, lo que pasa es que no hay militares norteamericanos accionando de forma abierta, pero la Agencia Antidrogas de Estados Unidos está aquí, así como los operativos de la Iniciativa Mérida están presentes, y ya los vemos con gobiernos proclives a ese país. El programa del presidente Calderón oscila entre apoyar a gobiernos de izquierda y apoyar a regímenes de derecha; por su actual realidad política en la mayor parte de América Latina gobierna la izquierda y cuando hay concertaciones de esos grupos, el presidente Calderón se inclina en esa postura; cuando hay relaciones más directas con Estados Unidos –que tiene posturas mucho más conservadoras–, tiende a irse hacia el otro extremo.
?¿Cómo pueden contrarrestar esa ofensiva militar los gobiernos de América Latina?
?El presidente Chávez, el presidente Evo Morales, el presidente Correa, el presidente Daniel Ortega, principalmente, son quienes han lanzado la ofensiva de frenar estas políticas imperialistas en la región. El imperialismo no se ha acabado, sigue coleteando, particularmente en Centroamérica, y hay que prevenir otro golpe de Estado en otro país, principalmente los que conforman la Alianza Bolivariana para las Américas.
La administración de Obama tiene la oportunidad no sólo de revisar las premisas de sus fallidas políticas económicas, militares y antinarcóticos en América Latina, sino de rediseñar políticas que se comprometan con las nuevas mayorías de esa región, pero ni los demócratas ni los republicanos parecen dispuestos a reaccionar reflexivamente a menos de que los estadunidenses los presionen, concluye el análisis de John Lindsay-Poland.
La base Gernán Olano o de Palanquero, cercana a Puerto Salgar en Colombia, podría ser el siguiente paso de una política antinarcóticos fracasada, que apoyaría a un ejército abusivo y reforzaría la trágica historia de la intervención militar estadunidense en la región, dice John Lindsay-Poland. Reitera que esa nueva instalación no se limitará a practicar operaciones antinarcóticos, sino que el Comando Sur pretende que sea una base “con alcance en movilidad aérea en el continente suramericano” con miras a seguir actuando hasta 2025, refiere el estudio sobre el plan del Pentágono en Colombia del codirector del programa de la Fraternidad de Reconciliación de la Fuerza de Tarea para América Latina y el Caribe en América Latina.
El presupuesto que Barack Obama asignó al Departamento de Defensa para este año fiscal (que se presentó el 7 de mayo de 2009) incluye 46 millones de dólares para desarrollar Palanquero; como justificación se explica que el Pentágono busca “una variedad de arreglos de acceso para operaciones de contingencia, logística y entrenamiento en Centro y Suramérica”, aunque las negociaciones con el gobierno colombiano no han concluido.
Otras fuentes colombianas refieren que esa base, existente desde 1932, en el marco del conflicto con Perú, en la década de 1980, fue remodelada durante el conflicto centroamericano luego de que acogió a una flota de aviones de combate Kfir.
En la actualidad, Colombia tiene presencia de tropas estadunidenses en la base aérea de Alberto Powels Rodríguez, en el Atlántico, y que es un centro de despegue y aterrizaje de aviones P-3 Orión de los llamados espías o de reconocimiento.
También están la base naval ARC Bolívar, en Cartagena, que es un centro de operaciones en el Atlántico; la base aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño de Apay, en el Meta, que es un centro de naves de reconocimiento; la base naval ARC Málaga, en la bahía de ese nombre, que sirve de sede a embarcaciones para interdicción marina, y la de Palanquero, que es una base de operaciones para aviones C-17 para el transporte de carga y tropas “estratégicas para las operaciones de aviones dotados de equipos de inteligencia”, además de que posee dos hangares con capacidad para 60 aviones.
Son precisamente esas cinco instalaciones colombianas las que ahora cubrirán las operaciones que el ejército y la marina estadunidenses realizaban en Manta, Ecuador. (NE)
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