Calabozos españoles para migrantes

Inés Benítez/IPS

Málaga, España. “Fue muy duro; como estar en una cárcel”, dice, pausadamente en español, el inmigrante argelino Sid Hamed Bouziane, de 29 años, sobre los 28 días que pasó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la sureña ciudad de Málaga.

Éste está ubicado, desde su creación en 1990, en un antiguo cuartel militar en el desfavorecido barrio de Capuchinos. Es uno de los nueve centros concebidos para retener a inmigrantes indocumentados. Los CIE son definidos en la Ley de Extranjería como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior español, para la detención y custodia a disposición de la autoridad judicial de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión”.

Organizaciones sociales, expertos e instituciones denuncian una y otra vez la vulneración de los derechos humanos en esos lugares. “Son cárceles encubiertas”, dice a la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) el presidente de la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, Luis Pernía. Hay un “déficit democrático, jurídico y humano” en dichos centros, que “sólo sirven para justificar las políticas migratorias hipócritas de la Unión Europea”.

En diciembre de 2009, el informe Situación de los centros de Internamiento para Extranjeros en España, elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció problemas “graves” de habitabilidad y de defensa jurídica en los Centros de Málaga, Valencia y Madrid, y constató casos de torturas a internos en este último.

“El hecho mismo de encerrar a una persona por haber emigrado es inaceptable”, señala a IPS la responsable del área de incidencia política de la CEAR, Salva Lacruz, desde la Suroriental ciudad de Valencia, donde se celebró el Primer Encuentro Estatal de Colectivos en Lucha contra los CIE, del 21 al 23 de octubre pasado.

El objetivo de esta reunión, que convocó a una treintena de asociaciones de todo el país, es coordinar una campaña en el plano estatal por el cierre de los centros de internamiento. Éstos que también existen en Libia, Marruecos, Líbano, Mauritania, Chipre y Malta, son “agujeros del estado de derecho”, describe Lacruz, y se inscriben en un “circuito” que comienza en el control de las fronteras, empujando a los inmigrantes a viajar en condiciones penosas, como la travesía por el mar desde las costas de África.

Bouziane, amenazado de muerte en Argelia, huyó a bordo de una embarcación a España en 2008. Tuvo miedo de pedir asilo ante la falta de pruebas sobre la persecución en su país y permaneció en situación irregular hasta que fue detenido y recluido en el CIE, en julio. Pero la orden de deportarlo fue revocada tras la intervención de un grupo de Indignados del Movimiento 15 de Mayo (15M), que protestó durante 11 días para lograr su liberación.

Su abogado e integrante del 15M, José Cosín, dice a IPS que las autoridades siguen efectuando redadas “racistas”, pese a que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas instó al Estado en marzo pasado a “tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales”.

A los extranjeros que se encuentran en situación irregular se les priva de libertad hasta por 60 días por carecer de documentación, pese a que se trata de una falta administrativa equiparable a no portar la licencia de conducir mientras se maneja.

Por ello, los CIE no son centros de detención sino de retención: a los inmigrantes “sin papeles” se los recluye no por haber infringido el Código Penal, sino como medida “cautelar” para asegurar su expulsión del país. Pero, a diferencia de las cárceles, los Centros no tienen regulación específica que garantice derechos y libertades, explica a IPS el abogado experto en inmigración José Luis Rodríguez Candela, de la organización no gubernamental Andalucía Acoge. Asegura que “en los CIE hay más inseguridad jurídica que en las cárceles”, quien cree imprescindible aprobar una ley orgánica que regule su funcionamiento y el estatuto jurídico de los internos.

Aunque la Ley de Extranjería establece que éstos deben contar con asistencia letrada, ya sea de oficio o privada, 58 por ciento no sabe quién ejerce su defensa o no puede acceder a ésta, según el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

La privación de libertad se lleva a cabo en barracones o en edificios antiguos, sin condiciones mínimas para habitarlos. En Málaga es un antiguo cuartel militar; en Algeciras, en el extremo Sur de España, es una cárcel que fue clausurada por su mal estado.

Todas las dependencias de los CIE, desde la seguridad hasta los aspectos médicos y la alimentación, están a cargo de la policía, que los gestiona y financia, mientras en las cárceles ejerce únicamente funciones de seguridad.

En 2010 fueron deportados 30 mil 163 inmigrantes, casi 21 por ciento menos que en 2009, cuando las expulsiones sumaron 38 mil 129, según el Balance de la lucha contra la inmigración ilegal del Ministerio del Interior.

“El edificio tiene humedad, es viejo y no está acondicionado para tener gente allí. Una cárcel es mejor que eso”, cuenta a IPS un médico que trabajó en el CIE de Málaga y que prefiere no ser identificado. Este Centro tiene una historia plagada de incidentes y ya fue cerrado dos veces para realizar reparaciones.

Hubo casos de reclusión de “mujeres embarazadas a término y de personas con enfermedades mentales y depresión”, menciona Pernía. Además, faltan intérpretes y trabajadores sociales, sostiene la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga.

Xavier Torregrosa, trabajador social de Valencia Acoge y voluntario de la CEAR en Valencia, duda de la efectividad de los centros. Estudios indican que no más de 30 por ciento de los inmigrantes retenidos son finalmente expulsados, lo que evidencia lo inútil del gasto en la persecución de la inmigración irregular.

La diferencia entre órdenes de expulsión dictadas y materializadas se debe a que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para efectuarlas, no puede identificar la nacionalidad de un extranjero o se encuentra con inmigrantes procedentes de países con los que España no tiene convenios de repatriación.

Rodríguez Candela apunta que quienes no pueden ser deportados quedan en libertad, pero con una orden de expulsión abierta que les impide regularizar su residencia en España y los deja “en una situación de absoluta desprotección”.

El defensor del pueblo andaluz (ombudsman), José Chamizo, pidió en 2006 el cierre de estos centros porque “se trata a los internos como delincuentes, y tienen un marcado carácter carcelario”.

La Ley de Extranjería prevé otras medidas que evitarían la internación en un CIE, como el retiro del pasaporte o la obligación de presentarse ante un juez cada semana. “Los CIE son un monstruo”, concluye Pernía. “Un animal ciego que hemos creado y obligamos a caminar”.