San Marcos Ocotepeque, Honduras. A pesar de los grandes acuerdos y declaraciones internacionales, 1 mil 100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable; 2 mil 600 millones más, a los sistemas de saneamiento. Los habitantes de las naciones ricas consumen entre 400 y 500 litros de agua al día, lo que contrasta con los 20 litros de las personas de los países pobres. Además, se contabilizan 2.2 millones de muertes anuales por enfermedades relacionadas con el agua. Si en las ciudades desarrolladas basta oprimir un botón para llenar una alberca privada, en regiones de América Central conseguir agua para beber implica un esfuerzo de jornadas de camino.
María se levanta a las 5 de la madrugada y empieza a preparar todo lo que debe llevar: sacos con ropa, botellas vacías y quizá hoy también algunas ollas. Cuando el día ya clarea despierta a su hija; lo cargan todo; salen a la calle, y emprenden el camino. Hace tres meses que no les llega una sola gota de agua a su domicilio y tienen que hacer media jornada de camino hasta llegar al río más cercano, donde lavan ropa y cargan el agua que usarán en casa.
—A veces no dormimos, por que si llega agua a alguna llave de la calle, nos despertamos para llenar todas las botellas y cubos que podemos –comenta María–. No es justo que estemos pagando impuestos y que no tengamos el servicio; tenemos derecho a tener agua.
En este pequeño municipio hondureño, ubicado cerca de la frontera con El Salvador, el agua simplemente dejó de llegar a tres barrios del pueblo. Sin embargo, el gobierno municipal dice que “el 95 por ciento de la población tiene acceso al agua durante 12 horas diarias cada dos días”.
La situación se multiplica en las comunidades campesinas de América Central. En El Coyolito, El Salvador, Norma carga en la cabeza el jarro de agua que usará para cocinar. El agua del pozo de su casa está contaminada, como la de todos los pozos de la pequeña comunidad pesquera, ubicada al lado de un lago artificial producto de la construcción de una represa que data de la década de 1970. Con el paso del tiempo, el lago se ha convertido en el principal depósito de las aguas residuales de la capital del país, aguas negras que terminan filtrándose a los pozos de la comunidad.
En Nicaragua, Margarita vive en una casa con paredes y techo de plástico, donde la reubicaron en 1998 después de que el huracán Mitch la dejara sin nada, como al resto de su familia. Las tierras que les cedieron en ese momento y en donde todavía habitan, están rodeadas por las plantaciones de caña del ingenio San Antonio, propiedad de una de las familias más poderosas del país. “Desde la plantación riegan tanto que secan los pozos y el río. Tenemos que salir corriendo a buscar agua a pozos más profundos sin que eso sea garantía de que el agua no esté contaminada”, explica Margarita.
Las fuentes de agua cercanas a las plantaciones de caña están contaminadas por los químicos e insecticidas que se utilizan: los mismos químicos que están provocando enfermedades renales a muchos extrabajadores, a los cuales la empresa ha despedido sin asumir ninguna responsabilidad.
María, Norma y Margarita son la cara que más fuerte recibe el golpe de la escasez de agua. En Centroamérica miles de mujeres y niñas caminan más de cinco horas diarias para llevar agua a sus casas; viven la contradicción de la falta de acceso en un contexto de abundancia.
Centroamérica es una de las regiones privilegiadas a nivel mundial, con aproximadamente una disponibilidad media de 23 mil metros cúbicos de agua anual por habitante, según César Quiñónez, especialista en recursos hídricos. Pero a pesar de la cantidad de agua existente en la región, la población centroamericana vive en situación de escasez. Miles de personas como María, Norma y Margarita tienen que enfrentar el reto diario de vivir sin acceso al agua potable. El Salvador, siendo el país con el menor índice de pluviometría de la región, tiene una media de 1 mil 800 milímetros anuales. Llueve tres veces más que en países europeos como España; a pesar de ello, el 82 por ciento de la población rural y el 26 por ciento de la urbana no cuenta con conexión domiciliaria de agua potable.
“El problema fundamental no es la escasez de agua sino la distribución de ésta hacia la población que la necesita. Los paradigmas de desarrollo adoptados durante los últimos años por los diferentes gobiernos de Centroamérica obedecen a una lógica de alta liberalización de la economía, priorizando los intereses económicos por encima del interés general. Eso evidentemente afecta la gestión y distribución de los recursos hídricos, y quien sale en detrimento es la población centroamericana que todavía tiene un alto índice de falta de acceso al agua potable”, explica Nayda Medrano, directora ejecutiva del Centro para la Defensa del Consumidor, en El Salvador.
A pesar de que existen diferencias entre los países pertenecientes al C4 (El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras), como que El Salvador y Nicaragua tienen una ley general de aguas mientras que en Guatemala y Honduras no hay legislación que regule ese ámbito, se puede dibujar una situación general, definida por las características y problemáticas compartidas.
“En estos cuatro países nos encontramos con una falta de inversión pública en el sector del agua y el saneamiento; falta de gobernabilidad en temas ambientales; contaminación y deterioro de los cuerpos de agua, debido a la inexistencia de leyes restrictivas y a la falta de infraestructuras para la depuración de aguas residuales. El problema en Centroamérica no es la escasez de agua sino la mala gestión. Estamos ante una gestión ineficiente que no se propone como objetivo prioritario llevar el agua a la población, y hacerlo de manera sostenible”, asegura Enrique Gornés, miembro de la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, con sede en Barcelona, una organización no gubernamental dedicada a la cooperación para el desarrollo que busca poner la tecnología al servicio éste.
A la incapacidad e ineficiencia de los gobiernos centroamericanos debemos sumarle también la implantación en la región de grandes proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos y de agricultura extensiva que, además de provocar el desvío de agua hacia usos industriales, desplazan comunidades enteras dejando a miles de familias sin tierra.
En este contexto, en mayo de 2010 se cerró el Acuerdo de Asociación (Ada) entre la Unión Europea y Centroamérica después de tres años de negociaciones. Se convertirá en tratado internacional en cuanto sea aprobado en los diferentes parlamentos de Centroamérica y la Unión Europea.
Los antecedentes de acuerdos de asociación entre la Unión Europea, México y Chile, firmados en 1997 y 2003 respectivamente, generan desconfianza entre la población y organizaciones sociales centroamericanas, que ven con preocupación los posibles impactos que puede implicar el tratado en la región. El acuerdo con Chile se cerró al finalizar el proceso de liberalización de los servicios de agua y saneamiento en el país, lo que obtuvo como resultado la concentración de estos servicios en pocas manos, muchas de ellas corporaciones europeas. En México combinó las negociaciones entorno al Ada con el proceso de privatización que se estaba llevando a cabo en el país; tuvo un desenlace similar al chileno: una fuerte presencia de corporaciones europeas en la gestión del agua y el saneamiento. Presencia que, por ejemplo, no fue acompañada del aumento de las inversiones para mejorar la infraestructura.
“Tenemos amenazas latentes como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, un tratado de libre comercio que no limita ni hace referencia ninguna al tema de las extracciones. Es indispensable tener en cuenta la gravedad de este factor ya que a Centroamérica llegan muchas empresas transnacionales de gran capital y es precisamente el funcionamiento de estas empresas y sus intereses lo que nos preocupa”, explica Nayda Medrano.
“El Acuerdo de Asociación es un tratado de libre comercio que implica garantizar los intereses de las multinacionales europeas en la región; implica impedir los procesos de fortalecimiento de la administración pública local. El Ada no obliga a privatizar los servicios de agua, pero una vez que se privaticen dichos servicios blindará cualquier intento de recuperación por parte del sector público”, afirma Enrique Gornés.
Al inicio de las negociaciones, durante 2007, la Unión Europea se marcó como meta la transparencia del proceso; pero antes de empezar a negociar exigió que las diferentes partes firmaran un acuerdo de confidencialidad.
Por otro lado, el proceso se ha caracterizado por la inexistencia de participación ciudadana, sindicatos. Patronales y asociaciones de empresas integrantes del Consejo Económico y Social de la Unión Europea han sido los únicos representantes de la sociedad civil en el proceso de negociaciones.
“Hace casi un año que se firmó el borrador que ha de ratificarse y los parlamentos nacionales todavía no han visto lo que tienen que aprobar. El documento final no se ha traducido al español para que se pueda debatir en los diferentes países de Centroamérica. Ya hace un año y todavía están esperando las traducciones. Es simbólico cómo funciona la transparencia en procesos como éste”, reflexiona Gornés.
Ante las condiciones de escasez, la población de los países de Centroamérica, y de toda América Latina, generó alternativas comunitarias para gestionar los recursos hídricos y garantizarse el acceso al agua potable. En la década de 1960 se empezaron a construir los sistemas de agua comunitarios, nombrados comités o juntas de agua, dependiendo del país, como respuesta a una necesidad no satisfecha por el Estado. En la década de 1990, ante los intentos de privatización del agua, los sistemas comunitarios se fueron fortaleciendo.
“El modelo neoliberal generó un proceso de exclusión tan grande que las comunidades empezaron a organizarse para hacer frente a las necesidades de la población que no estaban cubiertas por los estados, como por ejemplo garantizar mecanismos de acceso al agua potable”, asegura Medrano.
En Nicaragua, según datos de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (Enacal) existen 5 mil 600 sistemas de agua rurales, gestionados por las comunidades y los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS). Los CAPS, nombrados y gestionados por las comunidades, trabajan de manera voluntaria desde hace más de 40 años para garantizar el acceso al agua de las comunidades rurales. Hoy 1 millón de persones recibe agua a través de estos comités.
“Los CAPS han sido una experiencia muy enriquecedora por llevar el agua a las comunidades y por el nivel de organización existente. Lo que desde otros sectores no se ha logrado, desde los CAPS lo estamos logrando”, afirma Juan de Dios, presidente nacional de la Red CAPS en Nicaragua.
Históricamente los Comités de Agua y Saneamiento de Nicaragua funcionaban como estructuras independientes sin relación entre ellas. A partir de 2005, ante las propuestas de privatización del agua en el país, los comités de agua empezaron a unirse creando lo que hoy es la Red CAPS: “la misión de la Red es organizar a todos los comités de agua, trabajar con las comunidades para que se sigan protegiendo el agua y los bosques; lograr una comunicación fluida sobre las dificultades que se presentan en las comunidades y generar lo que se necesita para desarrollarse y que llegue el agua”, explica De Dios.
El proceso de organización de la Red CAPS, iniciado en 2005, su oposición a las propuestas de privatización y la lucha llevada a cabo con la mira puesta en conseguir la aprobación de una legislación que reconociera a los comités y promoviera su desarrollo, condujo a la aprobación de la Ley especial de CAPS, que reconoce legalmente a los Comités de Agua y Saneamiento como entes gestores del agua.
“Hace muchos años que los CAPS somos sujetos de hecho, porque existíamos, trabajábamos para las comunidades; pero ahora somos sujetos de hecho y de derecho”, comenta de Dios.
Sistemas de agua rurales, organizaciones comunitarias, gestión de los recursos con participación social, se erigen como una alternativa confiable en Centroamérica donde la ineficacia del Estado, la corrupción y los intereses económicos de gobiernos y empresas privan a la población de derechos fundamentales como el agua.
En pleno siglo XXI sabemos que el agua es un bien preciado e indispensable para la supervivencia, un derecho humano, pero también un recurso finito y mal distribuido, como nos recuerdan a diario testimonios como el de María, Norma y Margarita.
Agua potable, un derecho humano
En julio de 2010 la organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución presentada por Bolivia que reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano. El texto afirma que “el acceso al agua potable, limpia y de calidad y a instalaciones sanitarias de base es un derecho humano indispensable para garantizar plenamente el derecho a la vida”.
La Declaración del Milenio, acordada en 2000 por los líderes de 189 países, reconoce el agua y el saneamiento como uno de sus objetivos. El Objetivo 7 se propone, para 2015, reducir a la mitad los porcentajes de población sin acceso al agua potable y al saneamiento.
La Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas establece que “el derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.
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