Durante el año pasado se efectuaron transacciones por más de 22 mil millones de dólares en armas ligeras y municiones. El principal beneficiario, Estados Unidos, bloquea las restricciones al comercio mundial de este tipo de armas que, estadísticamente, podría matar dos veces a la población mundial
Cira Rodríguez César/Prensa Latina
Datos recientes de la organización no gubernamental Oxfam indican que el comercio mundial de municiones asciende a 4 mil 300 millones de dólares al año, que representa un crecimiento más rápido que la compra y venta de armas, y que además no hay ningún tipo de regulación.
El texto, bajo el título Pare una bala, pare una guerra, añade que ese monto es equivalente a la fabricación de unos 12 mil millones de balas por año, suficientes para matar dos veces a cada habitante del planeta, mientras que el comercio de armas ligeras de fuego totaliza 2 mil 680 millones de dólares anuales.
Ante esos números preocupantes es más impresionante saber que la regulación para dicho comercio es nula –sólo bajo las normas del dinero y el mercado– y mucho más impresionante es que las negociaciones en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre un tratado internacional de comercio de armas se extendieron del 2 al 27 de julio, tiempo más que suficiente para que diplomáticos, dirigentes políticos y funcionarios de todo el mundo reunidos durante tantos días lograran un documento efectivo, algo que –aparentemente por las ganancias de este rentable negocio– no se logró.
La mencionada conferencia fue la culminación de un trabajo de más de 10 años por organizaciones no gubernamentales de todo el mundo a favor de una regulación que impidiera que éstas sean utilizadas para cometer o propiciar graves violaciones de derechos humanos o exacerben conflictos y frenen la lucha contra la pobreza.
Para ello, según analistas de Oxfam, Greenpeace y Fundación para la Paz, un acuerdo efectivo debe incluir la garantía de no autorizar transferencias de armas cuando exista un riesgo sustancial de que ponen en peligro la vida de las personas, ya que cerca del 60 por ciento de las violaciones y abusos documentados tienen que ver con el uso de armas de fuego.
Otro ejemplo ilustrativo para argumentar dicho convenio: los conflictos armados cuestan a África 18 mil millones de dólares al año, la misma cantidad que recibe en ayuda anualmente, según estadísticas de Oxfam. Más reciente aún, el asalto armado en un cine en Aurora dejó 12 fallecidos, un suburbio de Denver, Estados Unidos, con un rifle de asalto usado por el presunto atacante durante el estreno de la última película de la saga de Batman.
De ahí el impacto positivo de este tratado para la vida de millones de personas en todo el mundo, especialmente en el caso de las mujeres y niños víctimas de violencia doméstica en todas sus manifestaciones, en la mayoría de las veces con presencia de este tipo de armas.
La sociedad civil espera que sus representantes, envueltos en excesivos debates, tengan la suficiente capacidad para aprobar una regulación del comercio internacional de armas que proteja los derechos humanos.
Números ocultos e intenciones no muy claras
El comercio mundial de armas convencionales aumentó en 24 por ciento en los últimos cinco años (entre 2007 y 2011) respecto al lustro anterior, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.
Tan sólo el año pasado se movieron 22 mil millones de dólares en un negocio que, según los expertos, está menos regulado que el comercio de plátanos.
Durante esa etapa, Estados Unidos mantuvo su hegemonía mundial como principal exportador, mientras que India fue el país que más armamento compró en ese quinquenio, seguida por otros cuatro países asiáticos.
Apenas 34 Estados informaron sobre su exportación de armas desde 2006, de los cuales únicamente 28 mencionaron la venta de municiones.
Pero países como Estados Unidos, Siria o Egipto se manifestaron en contra de incluir las municiones en el texto del tratado que se negoció en la ONU, por lo que la encargada del control de armas de Oxfam, Anna Macdonald, afirmó que es absolutamente esencial contemplar la venta de balas y hacerla, incluso, mucho más regulada que la de armas.
“No hay control global sobre el flujo de municiones y no hay sistemas para rastrear el paradero de miles de millones de municiones. Esto debe cambiar”, añadió.
Otros datos poco difundidos reflejan que en 1990, el 78 por ciento de los estadunidenses favorecía un endurecimiento de las leyes con relación a la compra y tenencia de armas, pero en 2010, con varias masacres y decenas de víctimas, ese grupo se redujo al 44 por ciento, según sondeos de la encuestadora Gallup.
Cabe destacar que en 2004 la veda de armas de asalto expiró en Estados Unidos sin que sus promotores lograran una prórroga, y cada vez son más los Estados que relajan sus regulaciones para permitir que los ciudadanos lleven armas ocultas a lugares públicos o despenalizar el uso de fuerza letal en casos de autodefensa.
Una mina terrestre cuesta 3 dólares, dinero suficiente para sufragar el desayuno de seis personas. Sin embargo, el gasto mundial en armamento no detiene su aumento, ya que cada día se realizan transacciones comerciales de contenedores de armamento responsables del 90 por ciento de las víctimas mortales en los conflictos armados actuales.
A ello se suma que la mitad de los países que tienen los presupuestos de defensa más altos son los que se encuentran al final de la fila en materia de desarrollo humano y social.
Sobre esa base, varios estudios de organizaciones internacionales ponen de manifiesto que, con la cuarta parte de lo que se gasta en armamento en el mundo, se erradicaría la pobreza en 10 años.
Pero esa realidad no se tiene en cuenta por los que le ponen obstáculos al tratado internacional de comercio de armas, pues la mayor parte de ese movimiento mercantil es ilícito y sus ganancias escondidas.
El objetivo no es prohibir la comercialización de armas, sino poner control sin politizar el asunto, porque el mundo vive momentos de constantes peligros bélicos, en medio de una grave crisis económica global con bolsas en rojo, países en quiebra y elevados precios de combustibles y alimentos.
La proliferación de armas y el abuso de éstas destruyen los medios de vida necesarios, aumentan la pobreza y dificultan el desarrollo de los pueblos.
De ahí que el tratado exija a los gobiernos que regulen estrictamente la venta y transferencia de todas las armas, municiones y equipos conexos utilizados en operaciones militares y de seguridad interna, desde vehículos blindados hasta misiles, aviones, armas pequeñas, granadas y municiones.
Los resultados de los debates en la ONU que intentaron aplicar el derecho internacional a las transacciones de armas, prohibir las prácticas corruptas y regular la actividad de los vendedores, fueron bastante modestos.
La causa: hay 1 mil 135 fabricantes de armas en 98 países, un gremio que se ha multiplicado por seis desde 1960 en un negocio muy rentable, y que todavía no es afectado por la crisis global, pues ni los gobiernos ni otros actores han reducido sus compras.
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Fuente: Contralínea 297
