Trasnacionales contaminan bosques y comunidades de la Amazonía. Más de 1 millón de personas de nueve países, intoxicadas por mercurio en la más importante reserva ambiental del mundo. Bajo un discurso ecológico, grandes empresas buscan expulsar a los pueblos indígenas que durante cientos de años han vivido en armonía con su entorno
María Julia Mayoral / Prensa Latina
Más de 1 millón de personas en la región suramericana de la Amazonía padecen intoxicación por mercurio y otros residuos cancerígenos provenientes de la actividad minera, realizada básicamente por consorcios trasnacionales.
El presidente del Parlamento Amazónico Internacional, el venezolano Eddy Gómez Abreu, reiteró la denuncia al intervenir recientemente en la XX Feria Internacional del Libro de La Habana.
Nuevas legislaciones y planes gubernamentales en varios países del área, como Bolivia, Venezuela y Ecuador, tratan de contrarrestar el deterioro medioambiental y la agresión a los pueblos indígenas.
Sin embargo, a juicio de Gómez Abreu, todavía la intervención de los Estados carece del rigor necesario frente a la depredación en ascenso.
Con una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados, este territorio abarca áreas de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana, Colombia, Surinam, Venezuela y Guyana Francesa.
Considerado el más grande espacio boscoso del orbe, su superficie ocupa casi la mitad de América de Sur, contiene el 20 por ciento del agua dulce en el planeta y abundantes reservas de petróleo, oro, bauxita, piedras preciosas, manganeso, uranio y coltán (columbita y tantalio).
Trasnacionales y fundaciones, bajo supuestos fines ambientalistas y religiosos, persisten en controlar los recursos de la Amazonía, en una conjugación del modelo consumista y la expansión imperialista, que recurre al incremento de su presencia militar, sostiene el legislador venezolano.
“Tenemos certeza de que agrupaciones de este tipo usan las gestiones humanitarias para extraer diamantes, minerales estratégicos y material genético, realizar espionaje y experimentos médicos ilegales con los indígenas”, explica Gómez Abreu.
Las riquezas en biodiversidad, petróleo, agua y minerales explican la presencia militar de Estados Unidos en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, en Trinidad y Tobago, Aruba y Colombia, comenta el experto.
Evidencias científicas confirman que los efectos negativos de la industria minera se expresan en la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, aire, suelos, vegetación y fauna.
El académico Edgardo Alarcón confirma que la ciudad peruana de la Oroya –una de las 10 más contaminadas del mundo– presenta altos contenidos de plomo y azufre en el aire, relacionados directamente con las actividades metalúrgica y minera.
Pesquisas, citadas por el estudioso, confirman la existencia de otras partículas tóxicas y cancerígenas (cadmio, arsénico y antimonio) tanto en Oroya como en los poblados de Ilo y Cerro de Pasco.
La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) denunció en un foro regional, a fines de 2010, que la gran mayoría de sus sitios ancestrales están en manos de multinacionales mineras por contratos otorgados por el gobierno.
Según la Conacami, el 72 por ciento del territorio de ese país suramericano está bajo el régimen de concesiones para la minería y gestión petrolera, incluidas zonas de páramos andinos (19 millones de hectáreas).
Por denunciar tales políticas, 3 mil 700 indígenas recibieron amenazas en Perú durante los últimos años, y cientos de dirigentes fueron procesados judicialmente, señala un texto publicado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (www.minkandina.org).
A inicios de febrero de 2011, la Conacami alertó que la administración, encabezada por el presidente Alan García, pretende violar la Constitución por medio de modificaciones al marco legal en materia ambiental.
Mediante los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011, el Ejecutivo declaró como necesidad nacional la ejecución de 33 megaproyectos de infraestructura en diversas regiones del país, que podrán realizarse “sin necesidad de presentar los estudios de impacto ambiental”, indica el escrito.
Detrás de esta norma, “existe el único interés de entregar en concesión diversas obras, sin tener en cuenta el impacto ambiental que implicaría su ejecución ni cómo se afectarán los pueblos y comunidades”, detalla el informe.
El Ministerio de Energía y Minas de Perú, a fines de 2010, adjudicó a trasnacionales 14 nuevos lotes de potencial petrolífero en la Amazonía, sin tener en cuenta los criterios de los nativos. Argumentó que la Ley de Consulta Previa estaba aprobada, pero aún no en vigor, denunciaron los representantes indígenas.
Más de 40 organizaciones no gubernamentales (ONG) reclamaron recientemente la salida de tres compañías petroleras (Repsol-YPF, Perenco y ConocoPhillips) de tierras donde residen pueblos aislados o no contactados con Perú.
De acuerdo con un documento publicado por Survival International, dichas empresas pretenden trabajar en los lotes 39 y 67 de Loreto, en el Norte de la Amazonía peruana.
La anglo francesa Perenco planea construir un oleoducto en el lote 67, que atravesará 207 kilómetros del territorio y tendrá un impacto sobre la selva en un radio de 500 metros.
Junto con su socia estadunidense Conoco-Phillips, la hispano argentina Repsol-YPF prevé abrir 454 kilómetros de líneas sísmicas y construir 152 helipuertos en el lote 39, reseñó Survival.
“Las empresas involucradas están poniendo en grave peligro las vidas no sólo de los indígenas, sino también de sus trabajadores”, expresa la misiva de las ONG.
La peruana Julia Cuadros, dirigente de la agrupación CopperAcción, explicó, en un encuentro continental de los pueblos originarios, que en su país, so pretexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fueron emitidos más de 100 decretos legislativos –algunos vulneraban derechos indígenas directamente.
Prácticamente, ningún palmo de tierra amazónica permanece exento de perjuicios. En febrero de 2011, una corte ecuatoriana estableció que la petrolera estadunidense Chevron-Texaco deberá pagar 8 mil 646 millones de dólares por daños ambientales.
Las trasnacionales poseen más de 43 mil kilómetros cuadrados de concesión en Colombia. Según datos del portal de información minera (www.imcportal.com), en las proyecciones figura casi todo el territorio nacional.
No escapan ni las llamadas zonas protegidas ni las reservas estratégicas ambientales, como los páramos, alerta un artículo de Juan Alberto Sánchez Marín, reproducido por el sitio digital Rebelión.
Las trasnacionales “cancelan al Estado colombiano unas regalías irrisorias, que no llegan al 1 por ciento del total saqueado. En mordaz contraprestación, reciben altísimos descuentos en el impuesto de rentas”, sopesa el analista.
Tampoco compensan la destrucción causada a tierras, aguas, biodiversidad y comunidades ni las graves consecuencias genéticas provocadas por el uso de tóxicos en ciudades y pueblos que sufren el perjuicio, precisa el análisis.
En las regiones donde las trasnacionales mineras tienen intereses manifiestos, las comunidades también empiezan a ser amenazadas por los grupos paramilitares, ahora denominados Águilas Negras, Nueva Generación, Rastrojos o Bandas Emergentes, añade el estudio.
La Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, surgida en febrero de 2010, agrupa a más de 50 organizaciones en el enfrentamiento a la depredación, en un contexto de tensiones y crecientes protestas, según aprecia la coalición.
El Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, realizado en noviembre de 2010, en Lima, Perú, identificó que la expansión minera de carácter extractivo –sin importar las consecuencias– alcanzó niveles máximos en América debido a las políticas neoliberales.
Sólo cambiando este modelo, será posible evitar los impactos de la minería, plantearon los integrantes de las agrupaciones asistentes al encuentro, quienes destacaron la necesidad de articular las estrategias de los pueblos afectados.
Para el canadiense Armand Mackenzie, indígena innu, “cuando llega una minera, debemos luchar para que se respeten nuestros territorios y el derecho al consentimiento previo, libre e informado”.
Las compañías de su país, opinó, figuran entre las que más vulneran los derechos en los países latinoamericanos. “Son un tema pendiente en Canadá, donde siempre se habla de responsabilidad social corporativa”, comentó.
Para Mario Valencia, de la Alianza Social Continental, “la solución al problema de la minería debe pasar por la solución de los problemas económicos y sociales, por el cambio de modelo”.
La expansión minera, consideró, está vinculada con “la necesidad de los países ricos de controlar los recursos, el suelo, el subsuelo y hasta la atmósfera, para que sus industrias sigan funcionando”.
Para ello, ejemplificó, utilizan los tratados de libre comercio, el fomento a las inversiones, las bases militares y la invasión directa.
“Sólo podemos detenerlos con la movilización, la lucha y la mayor unidad. Los pueblos indígenas solos, los trabajadores solos, los campesinos solos no podrán”, subrayó.
Conflictos geopolíticos y ambientales en los sitios con vastos recursos naturales pueden ir en ascenso a escala global. El titular del Parlamento Amazónico observa la urgencia de enfrentarlos: “Los países ricos tienen sus ojos puestos en la Amazonía”.
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