Ernesto Montero Acuña / Prensa Latina
Las protestas contra el Pacto del Euro y el Plan de Gobernanza Económica, bajo aprobación del Parlamento Europeo, alcanzan trascendencia global debido a que ambas medidas generarán pobreza más allá del viejo continente.
Se argumenta que el Plan de Gobernanza apuesta por un modelo de crecimiento regional y de creación de empleos basado en un sector industrial moderno y competitivo. Pero organizaciones sindicales lo critican con fuerza, debido a sus consecuencias.
A partir de la década de 1990, el término gobernanza, a pesar de su antigüedad, se identifica en medios académicos y políticos como una forma de gobierno, mediante una palabra poco utilizada y bastante libre de connotaciones.
El Diccionario de la Real Academia Española diferencia el uso antiguo y el más moderno.
Al primero lo define como “Acción y efecto de gobernar o gobernarse”, y al más reciente como el “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.
En relación con las aplicaciones actuales del Plan, analistas y organizaciones obreras denuncian que se está produciendo una súper concentración del capital en las grandes empresas europeas, en detrimento de las pequeñas y medianas (Pymes) y de los trabajadores.
Se aduce que las Pymes garantizan el 70 por ciento del empleo en la Unión Europea y, como consecuencia de las medidas actuales, una gran masa de trabajadores quedará desocupada, debido a la desarticulación que provocará la más alta concentración del capital.
Como complemento, se denuncia que las medidas implicarán que servicios públicos y ramas estatales pasen a propietarios privados, a precios irrisorios, luego de que los estados respectivos asuman los endeudamientos.
Un argumento importante es que se privatizan bienes públicos atesorados mediante el esfuerzo de las clases trabajadoras, que los crearon para el bien público.
En contra de tales medidas en Grecia, Irlanda, Portugal, España y otros países de la Unión Europea, se argumenta que sólo mediante una mayor redistribución de los recursos, que estimule el consumo y el gasto, podría solucionarse la crisis en un plazo no muy lejano.
Muchos se preguntan: ¿de dónde sacar el dinero necesario para saldar enormes débitos públicos, mal administrados antes, y asumir los gastos laborales y sociales requeridos por las clases trabajadoras?
La contradicción consiste en cómo adoptar recortes de todo tipo, más impuestos, mayor desempleo, menores pensiones y privatizar bienes y servicios comunes a toda la sociedad, sin que se produzcan enérgicas reacciones populares.
Tampoco parece viable, en estados que se encuentran en crisis y deben amortizar sus enormes débitos, hacerlo dentro de las normas de la UE y, en la mayoría de los casos, como parte de la zona del euro.
Sin grandes cambios políticos, la posibilidad de lograrlo es nula.
Todo parece indicar que la situación actual es el canto del cisne de los gobiernos socialistas que estimulan su propio derrumbe, por largo tiempo, al implantar severas medidas neoliberales.
Como fuerza política, la perspectiva es que se vean desplazados generalmente por sus contrincantes de derecha, a menos que surjan agrupaciones progresistas como una alternativa.
Analistas sostienen que la crisis no es sólo, ni principalmente, económica y social, sino de ausencia de opciones políticas viables, si no se asume a fondo la crítica situación social.
Solo así se avizoran como posibles procesos de mayor estabilidad política.
Organizaciones obreras de la UE argumentan que el fortalecimiento de los gobiernos europeos pasa por reforzar su modelo social, no por atacarlo, y debido a ello “hay que cambiar el rumbo de la errónea y antisocial política económica”.
Tal parece que este es el punto medular del asunto.
Se estimaba en Grecia, por ejemplo, que la única forma de evitar el llamado default o suspensión inmediata de pagos era que el Parlamento respaldara el programa económico revisado. Pero hacerlo ha agudizado la enorme inestabilidad política y social que atraviesa el país.
Una cesación helénica de pagos reanimaría el fantasma de un efecto de contagio internacional, similar al desencadenado por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en 2008. Pero el llamado ajuste agudizará las contradicciones internas y externas.
David Cano, socio de la consultora madrileña Analistas Financieros Internacionales, considera que si hay un problema en Grecia lo pueda haber luego en el conjunto europeo, lo que podría impactar a Latinoamérica.
Cual reacción en cadena, los efectos amenazan a economías latinoamericanas que han crecido a tasas envidiables en los últimos años, ante muchos países desarrollados, “en buena medida gracias al creciente comercio con China”, reflejan medios occidentales.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ésta fue la región con mayor crecimiento durante 2010 en flujos de inversión extranjera directa, con incremento del 40 por ciento con respecto al año anterior, lo que equivale a 113 mil millones de dólares estadunidenses.
Un cambio en los flujos de inversión plantearía otra realidad para la región con respecto a los últimos años.
La Unión Europea es el segundo socio comercial de Latinoamérica y el primero del Mercosur y Chile, por lo que el deterioro económico en el Viejo Continente se avizora como dañino para exportaciones de productos latinoamericanos y caribeños.
Celina Vansetti, responsable de calificaciones de bancos latinoamericanos para Moody’s, recién declaró a la agencia Dow Jones que “todos los bancos globales son proveedores de financiamiento comercial o líneas (cambiarias) de contraparte para bancos latinoamericanos”.
De igual manera, los fantasmas rondan, pues medios europeos opinan que “el pasado reciente de Argentina es el futuro de Grecia”.
En el país suramericano sucumbieron los gobiernos de Fernando de la Rúa, obligado a dimitir, y Adolfo Rodríguez Saá, conminado a seguir el mismo camino luego de una semana en el cargo, a los que siguió un default de 102 mil millones de dólares, aún no amortizados.
Los argentinos comunes y corrientes sufrieron, por su parte, las consecuencias de la crisis, al elevarse la tasa de desempleo al 21.5 por ciento, similar a la actual en España.
Con una deuda pública del 158 por ciento del producto interno bruto, la situación griega es mucho peor que la del país suramericano, donde sólo era del 62 por ciento.
Como conclusión obvia se plantea que “si Grecia quiere seguir a Argentina, tendrá que abandonar el euro y dejar de pagar la mayoría de su deuda”, hipótesis sólo posible en una situación de crisis absoluta social, económica y de gobernabilidad.
Una salida griega del euro empeoraría las cosas para los demás países de la que llaman “euro-periferia”, como Irlanda y Portugal.
En sentido contrario, el partido de gobierno que aplique medidas económicas tan impopulares saldría del poder “durante una generación” e, inversamente, la alternativa triunfante y viable alcanzará prolongadas preferencias y posiciones preeminentes, como el actual gobierno en Argentina.
Por el contrario, la Unión Cívica Radical salió casi destruida en el mismo país.
Es decir, la decisión debe estar dirigida contra la banca y los factores de poder del sistema o contra las clases trabajadoras, por lo que la opción parece obvia en las condiciones actuales.
Se opta en el caso de la UE, no sólo de Grecia, por la ampliación del Plan de Gobernanza Económica, sometido a aprobación del Parlamento Europeo por los 27 países del área, y calificado por opositores como de profundo carácter neoliberal.
Sus propuestas están precedidas por “reformas” como la denominada Encuesta Anual de Crecimiento, conocida también como Semestre Europeo, promovida “para responder a la crisis y acelerar el crecimiento económico” de la Unión Europea.
Otro bloque de medidas es el Pacto del Euro, adoptado por los 17 miembros de la eurozona y otros seis países, con el objetivo de pagar los multimillonarios débitos respectivos y evitar los defaults.
Se haría descargando los efectos sobre las pensiones, los salarios, los puestos de trabajo público, los impuestos y demás medidas calificadas como impopulares.
Según analistas, en vez de contribuir a solucionar el desempleo y la parálisis del tejido productivo, conducirá inexorablemente al mayor empobrecimiento de los ciudadanos.
De ahí que se cuestione una gobernanza entendida como la pretensión de ampliar los conceptos de gobierno y de gobernabilidad, mediante interacciones en las cuales los trabajadores se consideran más objetos que sujetos.
Como consecuencia, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) convocó el 21 de junio pasado, en víspera de que se sometiera a aprobación la ampliación del Plan, a una jornada de protestas sociales para rechazarlo.
En Luxemburgo, por ejemplo, se produjo una manifestación mientras que en el Parlamento Europeo se estudiaba la aprobación de las medidas.
Acciones semejantes ocurrieron en calles y plazas de decenas de ciudades, entre las cuales se encontraban Londres, Madrid, Atenas, Bruselas, Budapest y otras del viejo continente.
Sus lemas eran: “No a la austeridad. Por una Europa social, salarios justos, inversión y empleos”, coreados por miles de manifestantes que rechazan, igualmente, el Pacto del Euro, debido a los efectos que pueda generar en los salarios, la negociación colectiva y la protección social.
Bernardette Ségol, secretaria general de la CES, criticó que en el Plan de Gobernanza hayan sido los salarios y los trabajadores los únicos sujetos a los ajustes.
Se considera que la incompetencia de los bancos, la corrupción y la impunidad son causantes de las consecuencias de un sistema financiero caduco.
Como oposición a tales consecuencias, que se extenderán más allá de la UE en el mundo globalizado, las organizaciones sindicales españolas Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores rechazan el Plan y el Pacto, y convocan a un programa de alianzas efectivas.
“Gobernar Europa”, declaran ambas, “es dar prioridad al empleo, la justicia social y rechazar el trabajo precario y las reducciones salariales”.
Estiman que este es un eje esencial del problema, apreciado en sentido contrario a gobiernos europeos en crisis y con difíciles perspectivas de gobernanza.
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