Enjuician a militar por masacre en Perú

A de 26 años de haber ordenado la masacre de 30 mujeres, 23 niños y 16 hombres en una comunidad campesina de los Andes peruanos, el exmilitar Telmo Hurtado enfrenta tribunales civiles en Perú. Sobrevivientes del ataque recuerdan la incursión a su comunidad y demandan que se castigue a los militares de alto rango que también fueron responsables

Ángel Páez/IPS-Voces de la Tierra

Lima, Perú. “Tenemos sentimientos encontrados: por un lado estamos felices por la extradición a Perú de Telmo Hurtado para que sea juzgado y condenado y, por otro, sentimos mucho dolor porque tenemos de vuelta a ese salvaje que mató a nuestros seres queridos”, dice el activista Celestino Baldeón Chuchón.

Hurtado espera tras las rejas el juicio penal que había evadido por 26 años, pese a que desde un principio admitió ante un tribunal militar ser uno de los principales responsables de la masacre de Accomarca, en la región de Ayacucho, donde murieron 16 hombres, 30 mujeres y 23 niños.

“Mató a mi madre Tomasa Chuchón Castillo y a varios tíos y primos. Los militares que Hurtado dirigía llegaron a Accomarca, violaron a varias mujeres y después juntaron a todos y les dispararon”, narra a la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) Baldeón Chuchón, directivo de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca.

“Yo no estuve ese día, pero mi padre Teófilo se pudo ocultar y fue testigo de todo lo que pasó. Él se quedó solo, con sus seis hijos. Quería ver a Hurtado condenado con la más severa pena, pero lamentablemente falleció hace tres años”, añade Baldeón.

El 14 de agosto de 1985, el teniente Hurtado irrumpió en ese poblado de Ayacucho. Al no encontrar a los sospechosos de pertenecer o colaborar con la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, ordenó eliminar a todos los comuneros que encontró.

Finalmente están bajo proceso una treintena de represores, después de sufrir este caso los vaivenes de la situación política de la década de 1990. Uno de los principales imputados es Hurtado, quien había sido condenado a seis años de prisión el 28 de febrero de 1992 por el Consejo Supremo de Justicia Militar, por abuso de autoridad, pues se desecharon las acusaciones de homicidio.

Tres años después fue beneficiado, junto con otros acusados, por la Ley de Amnistía que impulsó el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que los amparaba. En 2000 Hurtado huyó a Estados Unidos: la norma fue derogada y se reanudaron los juicios.

Finalmente, fue detenido en abril de 2007 en Miami, por las autoridades migratorias ante la notificación de que había una causa penal contra él. Posteriormente, en octubre, Estados Unidos aceptó extraditarlo a Perú, fallo que se hizo efectivo el pasado 15 de julio.

Así, casi tres décadas después de la matanza, el exmilitar enfrenta un tribunal civil. Y Celestino Baldeón Chuchón vivió para ser testigo del acto de justicia.

El caso de Hurtado, conocido como el Carnicero de los Andes, es uno de los más emblemáticos de la llamada Guerra Sucia que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas contra las guerrillas izquierdistas entre 1980 y 2000.

“La extradición de Hurtado es un claro mensaje a los violadores de los derechos humanos que pretenden burlarse de la justicia fugándose del país”, dice a IPS la abogada Karim Ninaquispe, representante de los familiares de las víctimas de Accomarca.

“Sus crímenes no quedarán impunes. La justicia tardó muchos años, pero al final cumplirá con su papel condenando a los acusados de espantosos asesinatos”, afirma.

Ninaquispe explica que no sólo existen los partes militares del operativo que ejecutó Hurtado en Accomarca, sino también su propia confesión ante la justicia militar.

“Ni bien se descubrió la matanza, este oficial asumió la responsabilidad e incluso admitió que lanzó una granada para quemar los cuerpos de las víctimas”, señala la abogada, quien agregó que el acusado también identificó a sus jefes militares.

El abogado Wilfredo Pedraza, quien investigó el caso Accomarca para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, manifiesta que halló suficiente evidencia de que la masacre no fue un caso aislado pero que tampoco fue ejecutado por iniciativa exclusiva de Hurtado, que en esa época era un oficial novato.

“No se trató de una incursión militar de rutina, sino que fue parte de un operativo estructurado por las máximas autoridades de la zona”, indica.

Pedraza sostiene que Hurtado no estaba en condiciones de tomar solo la decisión de dar muerte a tantas personas, porque en la lógica militar se controla y se informa todo. Por eso, la Comisión supone que la responsabilidad de ese crimen masivo es de todo el aparato militar de la zona, encabezado por el exgeneral Wilfredo Mori, puntualiza.

La académica Jo-Marie Burt, investigadora de los casos de crímenes de lesa humanidad en Perú, también resalta la extradición del militar, al señalar “que vuelve a nacer la posibilidad de hacer justicia en éste y en tantos otros casos donde los familiares han estado esperando por años”.

“A pesar de que han habido algunos avances importantes respecto de las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas en Perú, como la condena a 25 años al expresidente Fujimori, la gran mayoría de estos casos permanece aún en la impunidad absoluta”, recuerda ante IPS la también asesora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

El proceso judicial contra los responsables de la matanza de Accomarca, que involucra a 29 altos mandos militares y soldados, inició el 18 de noviembre de 2010, y la extradición es un punto a favor en las actuaciones.

Pero traer a Hurtado ante los estrados peruanos no fue fácil. Implicó el esfuerzo por parte de la defensa de los familiares de las víctimas, que recibieron el apoyo de organizaciones no gubernamentales, como el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés).

En 2007 el CJA, en representación de los sobrevivientes de Accomarca, interpuso una demanda civil por crímenes de guerra, tortura y crímenes de lesa humanidad contra Hurtado. Al año siguiente éste fue condenado a pagar una indemnización de 37 millones de dólares.

“La extradición de Hurtado es una clara demostración de que la justicia está cada vez más globalizada, y que hay cada vez menos tolerancia para los perpetradores de crímenes contra la humanidad”, comenta Burt.

“Los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, la creación de la Corte Penal Internacional son algunos ejemplos de cómo se afirma en el mundo la necesidad de investigar esos crímenes y sancionar a los responsables”, observa.

Para esta investigadora, “la extradición de Hurtado es una señal de que ya no hay casi ningún refugio en el mundo para quienes violan los derechos humanos, pues tarde o temprano tendrán que enfrentar a la justicia”.

Por eso Celestino Baldeón Chuchón se manifiesta conforme: “Vamos a asistir al juicio de Hurtado para vigilar que se le aplique todo el peso de la ley, no por venganza sino para que no se vuelva a repetir el espantoso crimen que cometió ese hombre”, expresa.

Fuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011