Jorge V Jaime/Prensa Latina
Estados Unidos tiene la más grande población penal del mundo, una alarmante estadística derivada de altas tasas de criminalidad, un sistema judicial desafinado o –coinciden algunos sociólogos– la combinación redundante de ambos factores.
El problema, desde luego, tiene aristas vinculadas al tema de los derechos civiles, pero el impacto más enfático pasa por los ámbitos social, familiar y financiero, debido al dinero que pagan los contribuyentes –80 mil millones de dólares anuales– para mantener este ingente sistema penitenciario.
La norteña nación, que cuenta con el 5 por ciento de la población mundial, acumula, sin embargo, un 25 por ciento de los reclusos del planeta. En las prisiones federales, la cantidad de internos se ha incrementado en un 800 por ciento desde 1980.
A nivel nacional, es decir, incluyendo las cárceles departamentales, el número de convictos superaba 1 millón 500 mil a inicios de 2013, y el 47 por ciento de ellos estaban detrás de las rejas debido a delitos relacionados con tenencia de drogas. El 49 por ciento cumple condenas entre 5 y 15 años.
Calculando a partir de los datos actuales, se podría decir que uno de cada 28 niños en Estados Unidos tiene un pariente paterno directo que está encerrado. Más de la mitad de los presos estadunidenses son padres o madres con un hijo menor de 18 años, y dos tercios de ellos fueron confinados por transgresiones no violentas.
Este triste panorama incluso ha llamado la atención al popular programa estadunidense de televisión infantil Sesame Workshop, el cual, este verano, introdujo a un nuevo personaje marioneta llamado Alex, cuyo padre cumple una condena de cárcel.
La relación de la gigantesca población penal estadunidense con los niños es equivalente a que un infante de cada escuela primaria en ese país tenga algún pariente cercano preso. Hace 25 años, esta comparación era de un niño con padre recluso por cada 125 colegios.
Según un reporte del Centro Internacional para Estudios de las Prisiones, Estados Unidos encierra a 716 ciudadanos por cada 100 mil habitantes, y su inventario general de prisioneros aumentó desde 307 mil 276, en 1978, hasta casi 2 millones de condenados en los meses finales de 2012.
La primera economía del globo también lidera en este controvertido acápite por delante de Rusia, China y países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido, con rangos cercanos a 150 internos por cada 100 mil residentes.
Acorde con registros del Departamento de Justicia, mientras la población nacional del norteño país ha crecido un tercio durante los pasados 30 años, la tasa de encarcelación federal lo hizo en 800 por ciento, y hoy las penitenciarías de Estados Unidos operan en un 40 por ciento por encima de sus capacidades reales.
Con 893 prisioneros por cada 100 mil residentes, el estado de Luisiana encabeza a la nación en cuanto a tasa de convictos, y además lidera en la lista de incidencias criminales relacionadas con homicidios culposos y asesinatos no negligentes con 555 delitos violentos por cada 100 mil habitantes.
En segundo lugar está Misisipi, territorio que observó repuntar a su población penal en un 4.1 por ciento desde 2011, y además tiene a más personas viviendo en la pobreza que cualquier otro departamento estadunidense.
Los siguientes en la lista son Alabama y Oklahoma, con tasas respectivas de 650 y 648 internos por cada 100 mil residentes. Oklahoma también ostenta el récord gris de más mujeres presas: 127 féminas por cada 100 mil habitantes.
El ultraconservador estado de Texas tiene el mayor número de residentes encarcelados, aproximadamente 158 mil, mientras que su tasa de encierro es la quinta más alta de Estados Unidos.
Este conflicto en el sistema penal no ha pasado inadvertido en el Congreso, en la Casa Blanca; tampoco para las autoridades estatales. En junio pasado, los senadores Rand Paul (republicano) y Patrick J Leahy, un demócrata de Vermont, presentaron una enmienda o intento de solución legal desde Washington.
Paul admitió que muchas de las personas condenadas en realidad no merecen estar en prisión y fueron sentenciadas “debido a un enfoque equivocado y draconiano en el proceso de castigo federal, sin ninguna relación con el realce de la seguridad pública”.
Al tenor de los exagerados estándares legales de hoy, incluso los dos anteriores presidentes de ese país hubieran tenido que cumplir tiempo en prisión por causa de algunas transgresiones juveniles, apuntó el congresista de Kentucky.
El juez de apelaciones Timothy Lewis recordó, en entrevista con la cadena NBC, que una vez se vio obligado a condenar a 10 años de prisión a un joven afroamericano acusado de “conspiración por estar en un auto en el cual se hallaron drogas”.
Lewis explicó que el muchacho, de 19 años, era el primero de su familia que había ganado una beca universitaria, pero tuvo que confirmar la sentencia debido a un mandato de obligatoriedad impuesto por una regulación judicial ejecutiva dictada por Washington.
Presionado por las argumentaciones de varias autoridades, el secretario de Justicia, Eric Holder, anunció en agosto medidas encaminadas a reformar el sistema penal de Estados Unidos y flexibilizar sentencias aplicadas en delitos relacionados con drogas.
Según el titular, su despacho prevé presentar un proyecto para liberar a reclusos de mayor edad que enfrenten sentencias por crímenes no violentos. Estos convictos serán transferidos a programas de rehabilitación social o de servicio comunitario.
Holder también propuso modificaciones para impedir que los reos imputados por delitos menores de drogas, no violentos ni vinculados con pandillas sean condenados a largas sentencias.
De acuerdo con el secretario de Justicia, la idea es que las autoridades y los cuerpos policiales se enfoquen sobre todo en los delincuentes mayores, violentos, armados o reincidentes.
Con anterioridad, los estados de Nueva York, Florida, Virginia, Carolina del Norte, Texas y Arkansas refrendaron sus propias políticas para disminuir las tasas de encarcelaciones, pero en todos los casos, el principal motivo fue ahorrar dinero en la época de la llamada “gran recesión”.
El pasado 2 de agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Estados Unidos dictaminó que el estado de California debía proceder con la liberación paulatina de hasta 10 mil prisioneros, para contrarrestar un excedente de población penal.
Desde mayo, el máximo tribunal juzgó que las condiciones de las penitenciarías californianas violan la Octava Enmienda, sancionada en 1791, que prohíbe la aplicación de castigos crueles e inusuales.
Sin embargo, el magistrado Antonin Scalia votó en contra de la decisión y alertó que como consecuencia del fallo, miles de asesinos y violadores de niños podrían quedar en libertad.
Junto a Scalia, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito también se opusieron al veredicto de la CSJ, una institución de apelaciones compuesta por nueve voces.
Asociaciones civiles y expertos pidieron desde 2011 al gobierno de California resolver el problema de sobrepoblación carcelaria. El estado occidental mantiene a unos 140 mil convictos en prisiones con capacidad para un 37 por ciento de individuos menos.
Miles de reclusos en prisiones de alta seguridad en este territorio de Estados Unidos se habían declarado en huelga de hambre, en una sucesión de protestas que comenzó hace poco más de 11 meses.
Los internos exigían mejoras alimenticias, adecuado aprovisionamiento de ropa y más oportunidades educacionales. Y es que las condiciones son deplorables, las peores en que un ser humano puede vivir, comentó Víctor Amaya, cuyo hijo de 24 años había estado entre los amotinados.
Joan Petersilia, una profesora de leyes del Centro de Estudios sobre Criminalística de Stanford, dijo que las autoridades estadunidenses “deben de una vez entender el mensaje de que con el hecho de que se encierren a más personas cada día no se garantiza un aumento de la seguridad pública”.
Según Petersilia, urge un enfoque multifacético para este dilema donde existan más variantes de rehabilitación, trabajo de instituciones mentales, pesquisas siquiátricas y menos política conservadora de colocar a más individuos tras las rejas y cada vez por más tiempo, apuntó.
Otra activista comunitaria que apoya este concepto es la escritora Piper Kerman, quien sugiere que las mujeres estadunidenses con hijos pequeños, condenadas por delitos menores, deberían cumplir sentencia de casa por cárcel y no ser separadas jamás de sus niños.
Con este tipo de castigo se ahorra dinero al Estado, son mayores las posibilidades de rehabilitación, menores las secuelas traumáticas, se reduce la criminalidad y se mantiene a estas familias unidas, un camino adecuado para evitar la reincidencia delictiva, subrayó la experta.
Kerman celebró la reciente decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de disminuir los precios de las llamadas telefónicas de los reclusos. Es un fallo que demoró 10 años, pero igual resulta bienvenido, porque este contacto convictopariente es crucial para disminuir la criminalidad, dijo.
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Fuente: Contralínea 357 / octubre 2013
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