Barack Obama no sólo incumple la promesa de clausurar la polémica cárcel que mantiene en Guantánamo. Firmó el último día del año pasado la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2012, la cual cancela la posibilidad del cierre del centro penitenciario y prohíbe el traslado de prisioneros a reclusorios federales. Alrededor de 780 personas se encuentran recluidas sin que se les finquen cargos aún. Los contribuyentes estadunidenses pagan 800 mil dólares anuales por cada cautivo
Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
La Habana, Cuba. Ni siquiera las campanas de la austeridad y el astronómico déficit fiscal de 15 billones de dólares llevan a Washington a cuestionarse la factibilidad de su prisión en la Base Naval de la bahía de Guantánamo.
A 10 años de abierto el campo de detención en Cuba, más de un centenar y medio de personas permanecen recluidas allí en un limbo judicial, sin la formulación de ningún cargo.
Numerosas denuncias señalan que en esa cárcel se tortura a los prisioneros y se violan sus derechos humanos al aplicar el confinamiento solitario, algo en lo que Estados Unidos ocupa el primer lugar mundial con más de 20 mil casos, de acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas.
Lo anterior, a juicio de analistas políticos constituye ante la legislación internacional una vergüenza para el gobierno que “certifica”, anualmente, el respeto a los derechos humanos de las demás naciones.
El 11 de enero de 2002, la administración del expresidente George W Bush envió a la instalación los primeros prisioneros sospechosos de cometer actos terroristas, supuestos integrantes de Al Qaeda, insurgentes talibanes y otras personas.
Desde entonces, 779 individuos fueron recluidos, de los cuales ocho murieron y 171 todavía se encuentran encarcelados, señalan cifras del Departamento de Defensa de ese país.
La permanencia de la cárcel se debe, en buena medida, a la férrea oposición que mantienen integrantes del Partido Republicano respecto al envío de prisioneros a recintos similares en territorio estadunidense.
El cierre de la prisión de Washington en el Sur cubano (un territorio que reclama este país) resulta una de las promesas incumplidas por el presidente Barack Obama, iniciativa esgrimida hace cuatro años para conquistar el favor del electorado y hacerse de la administración.
En un paso que contradice esa aspiración, el mandatario rubricó el 31 de diciembre de 2011 la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2012, la cual impide el cierre del centro penitenciario y prohíbe el traslado de prisioneros a reclusorios federales.
La medida generó fuertes críticas entre activistas políticos, pues consolida dos polémicos principios de la llamada guerra contra el terrorismo: la detención indefinida de sospechosos sin presentar cargos y el encarcelamiento de ciudadanos estadunidenses sin someterlos a un debido proceso legal.
Esta acción de Obama constituye una transgresión, porque siempre será conocido como el presidente que firmó la detención indefinida de personas sin cargos ni juicio, reprocha Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Hace 10 años, cuando llegó a la bahía de Guantánamo el primer avión con 20 reclusos, inició un nuevo diseño de la tortura, el abuso y la detención indefinida, recuerda Beth Brockman, defensora de derechos humanos en la ciudad de Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos desarrollaron en enero pasado, frente a la Casa Blanca, acciones para demandar la clausura de lo que califican como un “sitio donde se perpetúa la infamia”.
Ayunos, performances, envíos de mensajes y protestas caracterizaron la campaña Día Nacional de Acciones para Cerrar Guantánamo y Bagram: ¡10 años son demasiados!, patrocinada por una coalición de grupos como Testigos Contra la Tortura, el Centro de Derechos Constitucionales y la Campaña Nacional Religiosa contra la Tortura, entre otras.
Numerosas voces en Estados Unidos exigen a la administración actual poner fin a la penitenciaría en Guantánamo.
El representante por el estado de Washington, Adam Smith, el demócrata de mayor rango dentro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, criticó a la Casa Blanca por “no tener en cuenta los beneficios que traería a la seguridad nacional el cierre de la instalación; sigo creyendo que ese centro de detención constituye un punto negro para nuestra nación de cara al extranjero, y tenemos la capacidad de cerrarlo, algo por lo cual debemos trabajar”.
Jonathan M Hansen, profesor de la Universidad de Harvard, opinó en un artículo reproducido por el diario The New York Times, que la base en el Sur de Cuba es un “enclave imperialista relacionado con el pasado”.
Personalidades y publicaciones de otras regiones del mundo critican también esta situación.
Obama debe cumplir con su promesa de cerrar esa cárcel, señala Cecilia Malmström, una portavoz de la Unión Europea, quien considera “lamentable” que continúe la detención de prisioneros en ese lugar.
William Hague, canciller del Reino Unido, afirma “estar trabajando con mucho empeño” con Washington para concretar el cierre de la prisión, donde permanece preso un ciudadano británico.
Recientemente, funcionarios demócratas dejaron entrever que el gobierno estudia la liberación de algunos prisioneros afganos, a fin de enviarlos a un tercer país como incentivo para establecer posibles conversaciones de paz con talibanes.
Los republicanos criticaron esa posibilidad y anunciaron que bloquearán cualquier paso en esa dirección.
La penitenciaría es considerada la más cara del mundo: cuesta a los contribuyentes estadunidenses 800 mil dólares anuales por cada cautivo, 30 veces el costo de mantener a un reo en las prisiones federales, confirmó en noviembre de 2011 el diario estadunidense The Bellingham Herald.
