Antonio Rondón/Prensa Latina
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa puso en práctica, ante la competencia del avance de gobiernos progresistas en esa región, programas de mejoras sociales, conocidos luego como el Estado de bienestar, ahora bajo amenaza de extinción.
El flagelo de la precariedad o la exclusión social constituye un asunto incómodo cuando ello versa sobre la Europa desarrollada, ahora agobiada por los efectos de la debacle financiera de 2008, cuando –en especial la zona euro– se puso en jaque al sistema de bienestar social.
Además, la crisis financiera de hace casi 6 años sacó a flote los poderes mantenidos a discreción de las instituciones del bloque comunitario y la retoma de medidas neoliberales tan usadas y desechadas en América Latina, tras la llamada “década perdida” de 1980.
El auge de los programas de rescate de instituciones como la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, acompañado del Fondo Monetario Internacional (la Troika), puso de moda la imposición de condiciones a los países más afectados con medidas de carácter supranacional.
Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre debieron cumplir con draconianas condiciones que afectaron sus sistemas de ayuda social, y en otras como España, Eslovenia o Italia, las medidas se aplicaron para evitar el pedido oficial de un rescate, mientras en el Reino Unido la austeridad recuerda la época del thatcherismo.
De hecho tales medidas, incluido el recorte de los gastos sociales en educación, salud y subsidio al desempleo, reducción de salarios, contracción de la fuerza laboral en el sector estatal, unido a la privatización de los servicios públicos, se convirtieron en una trampa que sólo agudizó la desocupación y la pobreza.
Lejos de mejorar las condiciones de vida de millones de europeos, luego de una crisis en la que los bancos emitieron miles de millones en créditos sin respaldo de fondos y crearon una burbuja financiera que explotó en Estados Unidos y arrastró al resto del orbe, las medidas de ajuste sólo agudizaron la precariedad social.
En 2007, el número de personas por debajo de los niveles de pobreza llegaba al 17 por ciento de la población, es decir, unos 80 millones de personas, pero para 2012 la cifra abarcaba casi al 25 por ciento, es decir, unos 120 millones de europeos.
Claro está, los parámetros empleados para medir los estados de precariedad son relativos, pues se tiene en cuenta que por lo general esas personas están casi un 50 por ciento por debajo de los ingresos medios de la población en sus respectivos países.
De acuerdo con la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), la pobreza afecta, sobre todo, a naciones como Bulgaria, donde el 42 por ciento de la población está bajo riesgo de caer en la categoría de pobres; en Rumania, el 41 por ciento; en Letonia, el 38 por ciento; en Lituania, el 33 por ciento.
En otras naciones como Francia, está en peligro de caer en la precariedad el 19.3 por ciento de la población; en Alemania, el 19.7; en la República Checa, el 14; en Suecia y Holanda, el 15 por ciento; mientras Austria, Luxemburgo y Finlandia registran 17 puntos porcentuales cada uno.
Para el caso específico de Holanda, el índice de pobreza creció de 7.4 puntos en 2010 a 9.4 en 2012.
Además, según el director del Trussel Trust, Chris Mould, los bancos de alimentos son cada vez más populares en Europa, en especial, entre personas con salarios muy bajos, con empleos temporales o de medio tiempo.
Por ejemplo, en Inglaterra, el número de centros para repartir comida gratuita aumentó 20 veces, en tanto que en Alemania pasaron de 310 en 2002 a 906 en 2012.
Todo ello ocurre pese a que los primeros planes para combatir el flagelo de la pobreza en Europa se iniciaron en 1975, cuando apenas se hablaba de la comunidad económica europea que después dio paso a la Unión Europea, pero, lejos de reducir los índices de los socialmente excluidos, la cifra se elevó progresivamente.
Un programa puesto en práctica en la década de 1990 preveía erradicar la pobreza para 2010, mientras dedicaba unos 200 mil millones de euros para los planes de ayuda económica y desarrollo, con el objetivo, entre otras cosas, de eliminar ese mal.
Pero en esos tiempos, cuando se hacían cada vez más claros los efectos de la crisis que el mismo sector bancario creó, el citado programa se congeló en 2010, mientras los desembolsos dirigidos a reanimar la rama financiera superaron los 5 billones 400 mil euros, de acuerdo con la organización no gubernamental Oxfam.
Quizás por ello la propia Eurostat debió reconocer en 2011 que el 10 por ciento de las personas más ricas se beneficiaron del 24 por ciento del total de los ingresos en Europa, mientras el 10 por ciento de personas más pobres apenas tuvo acceso al 3 por ciento de tales beneficios.
Paradójicamente, en épocas de crisis, el número de acaudalados multimillonarios aumenta de forma considerable, pues desde 2008 ese tipo de personas aumentó en 5.4 por ciento, para llegar a unos 144 mil 600 en la región europea en 2012, según el Informe anual sobre riqueza del mundo.
Mientras esto ocurre, surgen fenómenos como la llamada “pobreza energética” en el Reino Unido, pues muchas personas son incapaces de pagar las elevadas tarifas de la calefacción y deben pasar el duro invierno británico con sus viviendas sin el calentamiento adecuado.
Pero otro fenómeno muy común por estos tiempos es el salario que apenas alcanza para cubrir las necesidades mínimas, posible en medio de condiciones muy difíciles para la obtención de un puesto de trabajo, con el problema del empleo a media jornada o el temporal, muy extendido en la región.
De hecho, el propio desempleo se convierte en otra consecuencia directa de las medidas de austeridad con las que la Troika proclama la solución al avance económico de los estados salvados por rescates financieros.
Entre las naciones más afectadas está Grecia, donde la desocupación se acerca al 28 por ciento de la población; España, donde está por encima de los 26 puntos; y Portugal, con 18 puntos porcentuales.
Pero dentro del fenómeno del desempleo, la preocupación es mayor en el caso de los jóvenes, con índices de desocupación de 59 por ciento en Grecia y de 56 por ciento en España.
Esto lleva a que, en toda la Unión Europea, el promedio de pobres por debajo de la edad de 18 años sea de 27 puntos porcentuales, mientras afecta al 20 por ciento de las personas por encima de los 65 años.
Los especialistas consideran que la desocupación y la exclusión social –sobre todo la juvenil– se han convertido en motivos de preocupación de los gobiernos europeos, porque el incremento de la desigualdad puede llevar al auge la delincuencia, a una peor atención de salud y a magros resultados académicos.
Sin embargo, la puesta en práctica de demandas de la Troika de acreedores abre nuevas trampas al desarrollo social, con obstáculos como la pobreza y el desempleo, que aumentan a su paso.
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