En los últimos años, las organizaciones mexicanas del narcotráfico se asentaron en el Este y centro de Estados Unidos y se consolidaron en Centroamérica. En respuesta, Estados Unidos intensificó su estrategia de cooperación en esa región, donde ya se crearon policías al estilo de los Intocables y de los marshals: se practican escuchas telefónicas sin orden judicial y se realizan polémicas reformas legales
La trasnacionalización de las organizaciones delictivas llevó a Estados Unidos a extender su estrategia antidrogas –Iniciativa Mérida– hasta Centroamérica. En esa región, la existencia de Estados vulnerables ha permitido el incremento de la actividad pandilleril y, al mismo tiempo, la presencia notable de agencias estadunidenses, describe Steven S Dudley en su estudio DTO en Centroamérica: transportistas, cárteles mexicanos y maras.
Según estimaciones del gobierno estadunidense, el 90 por ciento de las drogas ilícitas que entran por su frontera Sur pasan a través del Istmo de América Central y de México. De ese porcentaje, cerca de la mitad cruza toda Centroamérica, cita el “Tomo I” del informe “Droga y control químico”, de 2010, que integra el Informe internacional de control estratégico de narcóticos del Departamento de Estado.
Ante tal escenario, el Congreso estadunidense ha destinado 165 millones de dólares –que representan el 20 por ciento de los recursos aprobados– para ayudar a esa región a combatir ese problema, señala el también codirector de InSight, un servicio de observación del crimen organizado.
A pesar del flujo de esos recursos millonarios, Dudley considera que los esfuerzos de Estados Unidos y México por combatir a los cárteles de las drogas “exacerban los problemas para Centroamérica”. “Pese a la gravedad del problema –señala el especialista– son pocas las investigaciones transfronterizas o los intercambios internacionales entre organismos de aplicación de la ley”.
Los casos más agudos de incremento de la ilegalidad se presentan en Guatemala, El Salvador y Honduras. Se trata de tres países próximos a México con una gran superficie costera –lo que representa un gran atractivo para las actividades de la delincuencia organizada– que también tienen grandes “espacios ingobernados”.
Además de la vulnerabilidad geográfica, esos Estados padecen aún las secuelas de los conflictos armados que se suscitaron en la década de 1980. Ahora se considera que los efectos de esa crisis política, social y económica pusieron los cimientos para el auge actual del tráfico de drogas, del lavado de dinero y el contrabando.
Según indicadores de 2009, a los que se remite el estudio de Steven S Dudley, Guatemala erradicó un récord de 1 mil 300 hectáreas de amapola. En contraste, Colombia erradicó 546 hectáreas de ese cultivo. En la actualidad, aunque la producción guatemalteca de amapola aún está lejos de la de México, es muy posible que el país centroamericano ya haya sustituido a Colombia en producción.
Otras drogas se abren paso en Centroamérica. Este año, el gobierno guatemalteco anunció la incautación de “grandes cantidades” de seudoefedrina y las autoridades hondureñas incautaron 3 millones de píldoras de esa sustancia. Por su parte, los gobiernos de Costa Rica y Panamá se muestran preocupados por el incremento en el consumo de polvo de cocaína y crack, refiere Dudley.
Ese consumo se relaciona con la actividad de las Organizaciones de Tráfico de Drogas (DTO, por sus siglas en inglés) que se valen de los transportistas –grupos que desempeñan un rol central en el tráfico de drogas– de Honduras y Guatemala. Reciben su paga en producto, ya sea para que lo distribuyan entre ellos mismos o para que lo dividan entre las bandas callejeras.
Sin embargo, la principal función de los transportistas en la región sigue siendo la de recibir, almacenar y transportar a salvo la mariguana y amapola para producir heroína. Por esa razón, se les conoce en esa región como transportistas.
Su rol en el tráfico de drogas se consolidó cuando Juan Ramón Matta Ballesteros –el hondureño que fue extraditado a Estados Unidos, en un polémico operativo, acusado de introducir droga a ese país– se vinculó con los grupos criminales de Centroamérica. Paulatinamente, los transportistas se afirmaron como importadores y proveedores de ingredientes básicos para producir las drogas sintéticas que se fabrican en México, Nicaragua y, posiblemente, en Honduras, señala el autor.
Su experiencia como ladrones de automóviles y de ganado o contrabandistas resultó de utilidad para los colombianos, y ahora para los mexicanos, aunque trabajan con quien les paga más. Antes de trabajar con las DTO, movían o vendían sus productos ilícitos con facilidad, pues tienen pleno conocimiento de las rutas y contactos en los círculos gubernamentales adecuados.
Los transportistas operan en regiones fronterizas y zonas costeras, e incluso algunos tienen dos ciudadanías para facilitar su desplazamiento. Dudley, experto en temáticas centroamericanas, describe que “algunas fuentes de inteligencia” establecieron el vínculo entre los transportistas y la nueva clase de terratenientes hondureños, que son los hijos de grandes propietarios de ganado y otras agroempresas.
Para dar mayor dimensión a sus negocios, esa nueva generación de ganaderos y agricultores decidió expandirse hacia operaciones que facilitan el movimiento de las drogas ilegales y al contrabando de personas. Ese apoyo sería a través de infraestructura, no de personal.
Además de los transportistas, en Honduras operan otros grupos de cruce en el Sur de Honduras, en el Golfo de Fonseca. También tienen gran presencia en las costas deshabitadas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. De esos tres países, la mayoría de las actividades de las DTO está en Panamá, debido a su proximidad con Colombia, mientras que Costa Rica y Nicaragua aparecen más como centros de almacenamiento de drogas que como puntos de tránsito.
En síntesis, estos grupos proporcionan inteligencia, almacenamiento temporal y asistencia para el transporte, incluyendo tráileres o mulas que llevan las drogas en vuelos comerciales hacia su destino. También, Panamá y Costa Rica son países que ofrecen atractivos mercados locales, así como numerosas posibilidades para el lavado de dinero.
La estrategia de Estados Unidos para frenar, desde Centroamérica, el flujo de drogas hasta su territorio tiene en Guatemala un esquema muy particular. Ahí, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un cuerpo internacional judicial sancionado por Naciones Unidas, trabaja con el gobierno estadunidense, investigadores guatemaltecos y la policía.
Su objetivo es desarrollar y fortalecer células de agentes policiacos altamente capacitados como fiscales. Ésos son los Intocables –que toman el nombre del grupo de policías elegidos por su valor e incorruptibilidad, habilitados como fiscales hacendarios para combatir a la mafia estadunidense de la década de 1930– y que ahora operan en Guatemala para combatir el crimen organizado.
El Cicig trabaja con 12 fiscales y 20 policías, sin embargo, parece más fructífero el esfuerzo de los fiscales que el de la policía. Este año, 10 elementos policiacos fueron despedidos de la Cicig sin explicación. Para Steven S Dudley, eventualmente las células de Intocables dirigirán las nuevas instituciones y conducirán, desde adentro, la reforma policial de aquel país.
Otra cara de la cooperación estadunidense con los gobiernos centroamericanos es su apoyo para cambiar sus códigos legales y para manejar mejores y más modernas técnicas de lucha contra el crimen, como las escuchas telefónicas, operaciones encubiertas y el control de los hombres de los narcóticos, según la investigación DTO en Centroamérica: transportistas, cárteles mexicanos y maras.
En Honduras, la ley local requiere autorización judicial para toda intercepción; además, investigadores locales y extranjeros son contrarios a las intercepciones por las posibles filtraciones de información. Aun así, el Ministerio de Seguridad Pública afirma que esa estrategia busca “enviar un mensaje para capturar a los hombres de alto nivel”.
Esto ocurre a pesar de que la Unidad de Crimen Organizado, de la Oficina del Procurador General, admitió que no posee el equipo para hacer esa tarea y lamentó que las compañías telefónicas privadas se lo nieguen.
También, bajo el esquema de cooperación, el Departamento de Justicia estadunidense ayudó a diseñar la legislación de Honduras que permitirá a los jueces “garantizar indulgencia para testigos que cooperen”. Además, ya comenzó a operar el programa de protección de testigos.
El Departamento de Justicia estadunidense apoya programas de capacitación en Guatemala para que policías actúen como marshals. Se trata de un cuerpo considerado como el poder civil del gobierno que apoya al sistema judicial ejecutando las órdenes de cortes federales.
Además, el Departamento de Justicia asiste en la creación de unidades de inteligencia financiera en las diferentes fiscalías gubernamentales a lo largo de la región para encabezar investigaciones locales y transfronterizas sobre lavado de dinero.
A pesar de esa intensa actividad por parte de instituciones estadunidenses en la región, las historias de éxitos contra la delincuencia organizada trasnacional son raras en la región. Según Dudley, apenas sobresale la Unidad Antisecuestros de El Salvador, que recibía ayuda del sector privado local: le proporcionaba vehículos extra, radios y otros equipos.
En años pasados, las pandillas salvadoreñas se enriquecieron por los rescates que cobraban. Según la policía, durante 2000 se registraron 101 casos de secuestro; en 2004, esa cifra descendió a seis. Después, esa institución se transformó en la Unidad Antinarcóticos, que ha tenido menos logros: en 2008, apenas incautaron 26 kilos de cocaína y en 2009, menos de 2 toneladas métricas.
Los ejes sobre los que actúan las instituciones estadunidenses en otros países para extender su seguridad, en este caso Centroamérica, son la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos 2010 y el Informe 2010 sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés).
El primer eje afirma que Estados Unidos fundamenta su seguridad regional y seguridad en las relaciones con sus aliados; sostiene que su compromiso por la seguridad de ellos es “inquebrantable”. Se pronuncia por “cultivar constantemente” esas relaciones no sólo porque son indispensables para los intereses estadunidenses y para los objetivos de su seguridad nacional, sino porque “son fundamentales para la seguridad colectiva”.
Esas alianzas, agrega, son fuerzas multiplicadoras, ya que se traducen en cooperación multinacional y coordinación para el “mutuo beneficio”. Admite que, aunque algunas veces Estados Unidos y sus aliados no coinciden sobre asuntos específicos, siempre actuará con base “en el mutuo respeto”, para fortalecer el orden internacional que beneficie a todos los actores internacionales responsables.
El segundo eje, el Informe 2010 sobre la INCSR evalúa la lucha de cada país contra las drogas. Ahí se describe a El Salvador como un país de tránsito de cocaína, mariguana y heroína, cuyo gobierno incautó 819 mil dólares en cuentas bancarias sospechosas en 2009.
En junio de ese año, el Grupo Egmont –organismo internacional que agrupa a las unidades de inteligencia financiera de los países para intercambio de información estratégica– lo suspendió por falta de legislación adecuada contra financiamiento al terrorismo. En el otoño de ese año, la Marina, con auspicio del Grupo Cuscatlán, antinarcóticos lanzó sus primeras patrullas marítimas contra traficantes de drogas que transitaban por aguas territoriales salvadoreñas.
Aunque la estrategia antinarcóticos estadunidense 2010 define Guatemala como el “epicentro” de la amenaza por las drogas, admite que en 2009 dio pasos positivos para atender el tráfico de drogas. Refiere que aumentaron las incautaciones de drogas y efectivo, resultado de la coordinación entre las instituciones gubernamentales y las reformas legales que dieron lugar a la elección de nuevos jueces de la Suprema Corte y de la Corte de Apelaciones.
Entre los aspectos negativos, el órgano señala que “regiones enteras de Guatemala están ahora bajo control de las DTO, además de que persisten la corrupción e intimidación entre los agentes judiciales.
Afirma que la cooperación con Estados Unidos es “excelente”, pues proporciona asistencia técnica y capacitación a sus Unidades Especiales de Policía, así como apoyo en “varios” programas fronterizos.
En 2009, la Agencia Antidrogas y la Sección de Asuntos de Narcóticos auxiliaron a la Fiscalía General para poner en marcha la Unidad Especial de Métodos Investigativos, conforme a la Ley de Crimen Organizado. Con este cuerpo, se podrán hacer “intercepciones telefónicas para fortalecer el proceso investigativo”. Sólo en 2009, se llevaron a cabo 41 de esas intercepciones.
Finalmente, la INCSR describe los principales aspectos de la cooperación estadunidense en Honduras. Indica que las autoridades de ese país, conjuntamente con agencias estadunidenses, “atendieron directamente” los casos de trasvase de cocaína “por aire, tierra y mar” en todo el país durante el segundo semestre de 2009.
Señala que “antes del golpe de Estado del 28 de junio” de ese año, la creciente cooperación entre la policía y ejército hondureños con las agencias de Estados Unidos condujo a un número creciente de incautaciones de cocaína. Admite que “desde el golpe, el despliegue de las fuerzas de seguridad del régimen de facto hacia la capital disminuyó la habilidad de la policía y el ejército salvadoreños para luchar contra el tráfico de drogas”.
En todo caso, hasta comienzos de 2009 “mejoró la coordinación y comunicación entre las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley” entre ambos países. También, se continúo con la construcción de la Base Naval en Barras de Caratasca y está programado el comienzo de una instalación naval en la isla de Guanaja, “tan pronto como la situación política lo permita”.
La habilidad que tienen para infiltrar los gobiernos frustra a las autoridades locales y desgastan los esfuerzos para detener el desarrollo de esas organizaciones ilegales. Se afirma que los gobiernos de Guatemala y Honduras habrían perdido el control sobre amplias franjas de su territorio.
“No es Somalia, pero usted debe ver cómo funcionan las cosas aquí”, explicó a Dudley un diplomático extranjero acreditado en Guatemala. Esa fuente aseguró al investigador que siete provincias de ese país –San Marcos, Huehuetenango, Petén, Alta Verapaz, Izabal, Jutiapa y Zacapa– ya están fuera del control gubernamental.
Esa pérdida de control del gobierno guatemalteco, dice el codirector de InSight, también se expresa en el vínculo entre las DTO y los transportistas con “fuerzas ocultas”, como los llamados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Esos grupos incluyen en sus filas a exoficiales de las Fuerzas Especiales y funcionarios de alto nivel; todos ellos, exoperativos de inteligencia del gobierno (Cofradía).
Ese proceso de infiltración se consumó cuando algunos miembros de los CIACS se convirtieron en funcionarios. Desde sus cargos, armaron esquemas para vender al gobierno armas del mercado negro; también controlan la ingeniería de lucrativos contratos de obras públicas por una propina.
Los CIACS también emprenden operaciones que ofrecen a otras organizaciones criminales. Éstas incluyen acceso a inteligencia, armas y planeación experta, pues, además del narcotráfico, controlan el contrabando y la venta de pasaportes guatemaltecos.
Por años, las DTO han influido en las Cortes a través de “apoyos” a los abogados en sus estudios y en sus prácticas legales. Con esas acciones, los grupos delictivos influyen en el proceso de selección de jueces en la Corte Suprema y en la Corte de Apelación, así como en la selección del fiscal General.
Ante este fenómeno, en 2009 se logró bloquear la selección de cinco jueces señalados de ser patrocinados por los traficantes. Esto se hizo a través de la gestión de la Comisión Internacional contra la Impunidad –la unidad de investigación que trabaja con el gobierno de Guatemala en casos de alto perfil– luego de que tuvo el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas.
Sus relaciones oficiales con la policía ayudan a los DTO a obtener paso libre para sus drogas. Esto se logra cuando la policía libera los retenes de zonas custodiadas, les provee de armas y, en ocasiones, hasta les ofrece escolta armada para que las drogas entren, sean almacenadas y se muevan con relativa facilidad.
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