Lejos de ser resultado de la acción de la “invisible mano del mercado”, la crisis del euro es fruto de una estrategia pacientemente preparada por el Comité de Consejeros Económicos de la Casa Blanca. El objetivo es salvar la economía estadunidense al obligar a los capitales europeos a cruzar el Atlántico en busca de protección y al poner bajo control de ese país la economía de los Estados de la eurozona
Jean-Claude Paye / Red Voltaire
La crisis del euro es el resultado de una decisión política deliberadamente escogida por las autoridades de la Unión Europea, cuyo objetivo es empeñar y debilitar el euro comunitario en vez de reestructurar la deuda pública griega. Una restructuración de dicha deuda habría resguardado y protegido al euro, pero habría exigido una contribución de los bancos, los cuales perdían una parte de sus créditos en la operación. Las instituciones financieras (comerciales privadas) francesas habrían soportado o perdido alrededor de 50 mil millones de la deuda griega si se hace el balance de sus cuentas, mientras que 28 mil millones habrían sido a cargo de los bancos alemanes.
Sin embargo, la protección para salvar algunos miles de millones de euros de las instituciones financieras no justifica que se tome un riesgo que perjudique y debilite al euro. La clave fundamental de todo esto –la presión sobre la moneda común europea– es hacer pagar la crisis a los trabajadores que perciben un salario y efectuar de esta manera una gigantesca transferencia de ingresos (de beneficios y/o ganancias) hacia las empresas comerciales, principalmente hacia las instituciones financieras.
El tamaño de la transferencia es tal que puede ser piloteada únicamente por las instituciones financieras europeas, pero conducida por los mercados y su brazo armado, es decir la administración estadunidense.
La crisis del euro fue desencadenada por un ataque bien concentrado de agencias de notación estadunidenses, como la Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, contra la deuda de Grecia, de España y de Portugal.
La baja de las notas de estos tres países por las agencias estadunidenses, sobre todo aquélla que tenía que ver con Grecia, relegada a un segundo plano, a la categoría de inversiones especulativas, es la consecuencia de una acción coordinada y concentrada. La baja de notación (calificación financiera de la deuda griega) es la continuación de una serie de decisiones repetidas en poco tiempo. Estos ataques han sido apoyados por el aparato estatal estadunidense, sobre todo por las declaraciones alarmistas –generando pánico en los inversores– del consejero económico del presidente Obama, que fue a su vez un expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volker, quien habló de una futura desintegración de la zona euro.
El ataque contra el euro aparece como un pretexto, sobre todo cuando se sabía que, “desde 2004, las autoridades griegas hacían trampas en sus cuentas” y todo esto sin ninguna reacción de las agencias de notación en su contra.
Esta ofensiva contra el euro es, en primer lugar, una acción destinada a llevar hacia Estados Unidos los capitales extranjeros necesarios para la cobertura del déficit creciente de la balanza financiera.
Es una señal de advertencia destinada a países como China, que había empezado a reequilibrar sus reservas de divisas comprando euros en detrimento del dólar. Para Estados Unidos, se trata, en efecto, de una cuestión urgente. Hasta 2009, la financiación de sus déficits y la defensa del dólar estaban aseguradas por un saldo positivo de los flujos financieros. Pero durante ese mismo año, si bien el movimiento de los capitales sigue siendo positivo, ya no logra compensar los déficits. En un monto de 398 mil millones de dólares, el saldo se vuelve negativo. A nivel puramente económico, la ofensiva contra el euro está en la misma vena que la lucha contra el fraude fiscal iniciada por el presidente Obama en 2009. Se trata de aspirar, chupar los capitales a favor de Estados Unidos.
Esta acción táctica va acompañada de una operación estratégica: la de un movimiento de desmantelamiento de la Unión Europea a beneficio de una unión económica que cubra ambos continentes, cuya manifestación más visible es el proyecto de creación de un gran mercado trasatlántico. En función de este segundo objetivo, se puede comprender la actitud de Alemania que, tanto a nivel de la lucha contra el fraude fiscal como al del ataque contra el euro, ha proporcionado apoyo a la ofensiva estadunidense. Esta actitud es coherente con el compromiso privilegiado de este Estado europeo en el establecimiento de una unión económica trasatlántica.
La Unión Europea se construyó en torno a Alemania y se estructuró según sus intereses. Alemania, país que económicamente era el más eficiente en el momento de la instalación del gran mercado, sin apremio político, sin gobierno económico y transferencias importantes a las zonas desfavorecidas, pudo hacer que actuaran sus ventajas económicas comparativas. Hasta este año, la zona euro absorbe tres cuartas partes de las exportaciones alemanas. Tanto por medio de las declaraciones de sus responsables políticos y de sus banqueros, como por medio de la repetida exhibición de sus dudas, ha contribuido a la eficacia de la ofensiva contra el euro. Para Alemania, los beneficios de esta acción son inmediatos. La bajada de la moneda común permite aumentar las exportaciones alemanas fuera de la zona euro. Además, este país puede financiar mejor sus propios déficits. La crisis y la huida hacia la calidad que engendra permiten a las obligaciones alemanas situarse con una tasa de interés reducido.
Si da la impresión de que, a largo plazo, Alemania está aserrando la rama sobre la que está sentada, es que ha decidido cambiar de rama y quiere integrarse en un conjunto más amplio: el gran mercado trasatlántico. La “construcción europea” está en la encrucijada. Si hasta ahora ha permitido un desarrollo permanente de Alemania, este proceso no puede continuar según las mismas modalidades. La UE no puede salir de la crisis sin establecer un gobierno económico que administre una política económica común, una armonización del desarrollo y, para ello, asegurar las transferencias financieras consecuentes hacia los países y regiones más desfavorecidos.
Esta gestión política está en completa oposición con el simple pacto de estabilidad promovido por Alemania. La política presupuestaria de disminución acelerada de los déficits, que se ha vuelto a imponer en nombre de este pacto, se va a hacer en detrimento del poder adquisitivo de las poblaciones y no se puede realizar sin una recesión económica. La zona euro no puede seguir siendo la salida privilegiada de las exportaciones alemanas. Alemania ha elegido: el gran mercado trasatlántico y el mercado mundial.
En vez de reestructurar la deuda de los países en quiebra, lo que habría hecho recurrir a los bancos, Europa ha establecido dos fondos de intervención. Tanto los 110 mil millones de euros de ayuda a Grecia como los 750 mil millones de préstamos y de garantías tienen por objeto someter a los países receptores a las condiciones del FMI, en el que Estados Unidos tiene la mayoría de los derechos de voto. En caso de depresión o incluso de estancamiento económico, la política de consolidación de los gastos públicos está abocada al fracaso. Los 750 mil millones que se han previsto de ayuda servirán para reembolsar a los bancos en detrimento del poder adquisitivo del contribuyente, y este pago a las instituciones financieras aumentará en la misma proporción la recesión. Este dispositivo de socorro está previsto que dure tres años.
Aunque nada impedía asumir el volumen íntegro del fondo, el eurogrupo prefirió dejarse amarrar al FMI, donde Estados Unidos dispone de la mayoría de los votos. Esa sumisión voluntaria reproduce, en una versión más amplia, el esquema ya construido anteriormente en el caso de Grecia. Este último programa alcanza un monto de 110 mil millones de euros, de los que 30 mil provienen del FMI.
¿Qué significa la decisión del Consejo Europeo de incluir al FMI en el sistema instaurado para socorrer a los países de la eurozona? Si echamos un vistazo a las recetas que aplica esa institución internacional a los países que reciben sus préstamos, comprobaremos que el modus operandi es siempre el mismo: impone una reducción del salario directo e indirecto, la privatización de los servicios públicos y la supresión de las políticas sociales. La política del FMI siempre ha dado lugar a un empobrecimiento de los pueblos.
En caso de depresión, o incluso de estancamiento económico, la “política de consolidación de los gastos públicos” está condenada al fracaso. Los 750 mil millones de ayuda ya previstos no servirán más que para rembolsar a los bancos en detrimento del poder adquisitivo de los contribuyentes y la entrega de esa suma a las instituciones financieras agravará la recesión en la misma medida. La imposición del tutelaje del FMI y la creación de fondos de ayuda a los bancos son, por lo tanto, dos aspectos complementarios de una misma política. Se trata, en realidad, de concretar una importante redistribución de los ingresos a favor de las empresas financieras.
Una operación de ese tipo contra los ingresos de los pueblos tiene que pasar por la neutralización de todo proceso de decisión a nivel de los Estados nacionales –estructura que aún proporciona a la ciudadanía algunos medios de defensa– en beneficio de los mecanismos del mercado, situados totalmente fuera del alcance de cualquier tipo de presión de carácter político. El problema es saber qué papel van a desempeñar las instituciones europeas en ese proceso tendiente a dejarnos a merced de los mercados financieros.
Bruselas penalizará a los países que no logren reducir su deuda a menos del 60 por ciento del producto interno bruto (PIB). El texto incluye la posibilidad de imponerles sanciones incluso en caso de que no lleguen a sobrepasar el actual límite del 3 por ciento del PIB que se establece en el Pacto de Estabilidad. La idea es tener la posibilidad de poner en marcha una serie de procedimientos, por exceso de déficit, contra los países que no logran reducir su deuda lo suficiente. Tampoco se excluye una posterior modificación de los tratados para anular el derecho de voto de esos Estados en las reuniones ministeriales.
El modelo alemán podría generalizarse, ya que cuenta con el apoyo de Francia, y que consiste en convertir el equilibrio presupuestario en un principio incluido en la Constitución, lo cual eliminaría definitivamente la posibilidad, ya actualmente muy tenue, de adoptar iniciativas presupuestarias. La situación de los Estados miembros ante la Unión Europea sería entonces similar a la situación de los estados que componen a Estados Unidos ante la autoridad del gobierno federal. No se trata, sin embargo, de fortalecer la construcción europea, sino, por el contrario, de consolidar el poder de los mercados al liquidar toda posibilidad de iniciativa política.
La construcción europea fue impuesta por Estados Unidos, el cual después de la Segunda Guerra Mundial la convirtió en la condición para conceder las ayudas del Plan Marshall. La construcción se realizó en torno a Alemania, cuyos intereses inmediatos eran complementarios de Estados Unidos.
El ataque contra el euro y la operación de desmantelamiento de la Unión Europea resultan también de una ofensiva lanzada por Estados Unidos y de la que han tomado el relevo la primera economía del antiguo continente, así como las instituciones de la propia Unión Europea. La Comisión y el Consejo confirman así su participación en la descomposición de la Unión y su integración en una nueva estructura política y económica trasatlántica bajo la dirección de Estados Unidos, un papel que ya ha desempeñado a través de las negociaciones de los acuerdos sobre la transferencia de datos personales de los ciudadanos europeos a Estados Unidos y de las que tienen por objeto la creación de un mercado que reagrupe a ambos continentes.
Poner el sistema de administración económica de Europa bajo la tutela del FMI constituye una etapa suplementaria en la eliminación de toda la capacidad de iniciativa de los países miembros de la Unión Europea, así como una fase de transición con vistas a su integración a un bloque trasatlántico. Se mantendrá el euro, pero no será más que un cascarón vacío. La supresión de la moneda común no es conveniente ni para Alemania ni para Estados Unidos.
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