Panamá entra y sale de las listas grises de países donde se lava dinero. Las mismas naciones calificadoras –invariablemente países poderosos– que la borran de una lista la anotan en otra. Sin embargo, los requisitos que se le imponen al país para dejarlo de considerar un paraíso fiscal poco tienen que ver con su sistema hacendario. Se busca que acepte reformas neoliberales y privatice o favorezca asociaciones público-privadas
Luis Manuel Arce/Prensa Latina
Panamá. El Grupo de los 20 o G-20 propinó un severo golpe al gobierno panameño, repentinamente, sin siquiera imaginarlo: lo incluyó en el conjunto de los11 Estados que tienen enlistados como paraísos fiscales.
La acusación fue impactante porque, dos meses antes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) lo había sacado de su lista gris de países con ese estigma, una paradoja con lo que sucedió en el G-20, cuyos integrantes lo son también de esa organización.
Con la OCDE, Panamá negoció durante mucho tiempo y sólo cuando el gobierno cumplió determinados requisitos, como la firma de una docena de tratados financieros internacionales, la gran mayoría de éstos con países del G-20, dicha organización lo pasó a su lista blanca.
Para el gobierno, tal decisión era importante por su agresiva campaña de atracción de inversiones extranjeras directas que han crecido sustancialmente con la actual administración del partido Cambio Democrático.
Panamá buscaba por todos los medios posibles ese arreglo con la OCDE, entre otras razones para hacer más expedita la captura de capitales y ejecutar un inédito plan de inversiones, particularmente en infraestructura, superior a los 15 mil millones de dólares, sin incluir la ampliación del Canal.
En su esquema de desarrollo, el equipo económico no dudó en aumentar al límite máximo el nivel de la deuda y ejecutar presupuestos inéditos, como el aprobado para 2012 que supera los 14 mil millones de dólares en un país de sólo poco más de 3 millones de habitantes.
Lograr salir de la lista de paraísos fiscales de la OCDE significó para Panamá introducir cambios sustanciales en la legislación fiscal y el sistema tributario territorial, lo cual obliga a todos con actividad a pagar impuestos en ocasiones más altos que los de ese país.
Alcanzar esas metas llevó al gobierno, además, a asumir riesgos políticos con leyes impopulares como los anteproyectos 349, que crea asociaciones público-privadas concentradas básicamente en las infraestructuras donde se mueve la mayor cantidad de dinero en inversiones, y el 394 sobre minería, sin consultar a los indígenas.
Ambas legislaciones tuvieron un rechazo muy fuerte y al gobierno le está costando trabajo imponerlas, amén del desgaste que le ha significado a sus dirigentes, incluido el presidente Ricardo Martinelli, cuya aceptación ha declinado bastante entre sus electores.
En ese entorno se comprende que la reacción del gobierno a la decisión del G-20 haya sido tan virulenta, y la molestia llevó al canciller Roberto Henríquez a convocar al cuerpo diplomático acreditado en el país y a una conferencia de prensa para calificar de hipócritas a los detractores.
No significa, empero, que la decisión del G-20 vaya a frenar los planes de inversión ni mucho menos, o que las empresas de Francia y otras naciones ricas se retiren de Panamá, aunque Henríquez las haya usado como puntas de lanza en su réplica a las acusaciones.
De lo que se trata es de que al gobierno le costó mucho trabajo limpiar la cara y no va a permitir que se la vuelvan a enlodar porque hay mucho de por medio en juego, en especial la estabilidad financiera.
El gobierno trata de cambiar aquella imagen de gigantesca lavadora dedinero ilícito –al cual se atribuye, sin pruebas, el auge del sector de la construcción y la proliferación de rascacielos en la capital–, por otra respetable y cristalina, con un centro bancario internacional más transparente que agua de manantial.
Y la razón es que éste ha aumentado sus activos líquidos en más de 75 mil 750 millones de dólares y sirve de soporte financiero a una economía que crece más de 10 por ciento con una inversión pública superior a los 15 mil millones de dólares en el próximo lustro, sin incluir las del Canal.
El centro cuenta con 90 bancos, la mayoría con licencia general, poco menos del 50 por ciento con licencia internacional y los menos con de representación, los cuales están autorizados a realizar tipos de operaciones según la categoría del permiso.
Todo ello lo ha convertido desde hace tiempo, pero con mayor énfasis ahora, en un Wall Street criollo y mercado de capitales muy apetecido con grandes posibilidades de crecimiento sostenido de su incipiente bolsa de valores.
El sistema legal que el gobierno intenta crear en torno a esa parafernalia financiera, como los cambios en las leyes de Sociedades Anónimas, Marina Mercante y Abanderamiento de Naves, Seguro, Reaseguro y Aseguradoras Cautivas, Fideicomiso y Asociaciones Público Privadas, responde al objetivo de convertir a Panamá en un centro de servicios internacionales.
La expansión del Canal de Panamá, obra que se realiza a un costo de 5 mil 250 millones de dólares, es el eje central de esa estrategia. La vía interoceánica duplicará sus ingresos y será más efectiva que el yacimiento de petróleo más grande del mundo.
Tiene la enorme ventaja de ser un bien que sólo dejará de generar riquezas cuando los océanos se sequen. Para entonces el cambio climático habrá extinguido a la especie humana y ya no habrán rencillas.
En momentos en que el G-20 le da la estocada, Panamá avanza en un proceso de análisis y discusión conjunto entre la Asociación Bancaria y la Superintendencia para una eventual adopción programada del nuevo Acuerdo de Capital Basilea II, parte de cuyas disposiciones se están incorporando a la reglamentación vigente, conforme explica la propia organización.
El Centro Bancario panameño mueve mucho dinero, como ya se ha señalado. El total de depósitos mantenidos alcanzó en mayo pasado un total de 53 mil 386 millones de dólares; un aumento de 2 mil millones de dólares en los primeros cinco meses de este año; y 5 mil 338 millones de mayo de 2010 al igual mes de 2011.
Los depósitos internos o locales sumaban 31 mil 310 millones de dólares, en tanto que los depósitos extranjeros, cuyo saldo en mayo pasado era de 22 mil 76 millones de dólares, aumentaron 1 mil 292 millones de dólares de diciembre de 2010 a mayo de 2011, y 2 mil 681 millones de dólares de mayo 2010 al igual mes de 2011.
Después de estas cifras y vistas las proyecciones financieras y económicas, se podría decir que las preocupaciones del gobierno por la calificación de paraíso fiscal se miden en miles de millones de dólares.
Esto seguramente le dijeron el presidente Martinelli y el canciller Henríquez al primer ministro británico David Cameron y al mandatario francés Nicolás Sarkozy, durante las recientes visitas de ambos funcionarios a Londres y París.
