“Los cárteles con sede en México representan la mayor amenaza para la patria debido a su capacidad para controlar el territorio, incluso a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos al cooptar partes del gobierno, particularmente a nivel estatal y local”, afirma la Evaluación de la Amenaza Nacional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos (octubre de 2020).
Subraya que “las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza aguda y devastadora para la salud pública y la seguridad en la patria y una amenaza significativa para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.
Más allá de su complicidad en las 71 mil muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos el año pasado, las organizaciones criminales transnacionales desestabilizan a los países socios, disminuyen la confianza de los ciudadanos en el buen gobierno, fomentan la corrupción y destruyen la confianza en el sistema bancario internacional, apunta el documento de seguridad nacional liberado este mes.
Asume que contrarrestar las actividades malignas de estas organizaciones seguirá siendo un desafío duradero para la seguridad de Estados Unidos, ya que las organizaciones criminales transnacionales continuarán aprovechando los flujos de inmigración ilegal para ingresar al país vecino y explotar a la masa de migrantes.
La política antiinmigrante de Estados Unidos, la respuesta a la pandemia de Covid-19 y las elecciones en el país vecino agitan el debate y las prioridades políticas en la relación bilateral, que enfrentan desafíos en comercio, migración, seguridad fronteriza, violencia, tráfico ilegal de personas, drogas y armas, advierte en entrevista Abelardo Rodríguez Sumano, doctor en relaciones internacionales y políticas comparadas por la Universidad de Miami.
“Está en juego la protección de intereses compartidos, que van desde el comercio hasta la frontera terrestre; acceso a una zona económica exclusiva; seguridad de telecomunicaciones, aérea y satelital, puertos, aduanas e instalaciones estratégicas”, alerta el catedrático de la Universidad Iberoamericana.
Por su parte el documento del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señala que, aunque la Covid-19 ha interrumpido algunas operaciones de los cárteles mexicanos, su capacidad para mover grandes cantidades de bienes ilícitos hacia y en todo Estados Unidos permanece en gran parte intacta.
“Las organizaciones criminales trasnacionales con sede en México, particularmente las redes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, representan la mayor amenaza del contrabando transfronterizo de drogas en el corto plazo; dominan el lucrativo tráfico de cocaína, heroína, fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos”, destaca el informe.
Las drogas ilícitas y las organizaciones criminales nacionales y transnacionales que las trafican continúan representando amenazas importantes para la salud pública, la aplicación de la ley y la seguridad nacional en Estados Unidos, señala en entrevista el doctor en ciencias políticas y sociales en la UNAM y experto en seguridad nacional, Emilio Vizarretea Rosales.
La amenaza de los opioides (medicamentos recetados controlados, opioides sintéticos y heroína) continúa a niveles epidémicos cada vez mayores y afecta a gran parte de Estados Unidos. Mientras tanto, la amenaza de los estimulantes (metanfetamina y cocaína) está empeorando y generalizándose a medida que los traficantes continúan vendiendo cantidades cada vez mayores fuera de los mercados tradicionales de cada droga, señala el catedrático.
Indica que las nuevas sustancias psicoactivas siguen siendo un desafío y la situación de la marihuana doméstica que está evolucionando a medida que continúa la legalización médica y recreativa a nivel estatal en la unión americana., donde las muertes por intoxicación por drogas son la principal causa de muerte por lesiones en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos considera que la fractura de las organizaciones criminales mexicanas, la interrupción de las cadenas de suministro de drogas y las disputas territoriales y plazas transfronterizas, “con certeza conducirán a un aumento de la violencia en México, a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, en el próximo año”.
Refiere que los estados fronterizos mexicanos experimentaron casi 12 mil homicidios en 2019, la mayoría de los cuales involucró a las organizaciones criminales transnacionales, así como pandillas con sede en Estados Unidos, algunas de las cuales distribuyen y venden medicamentos a nivel minorista para los cárteles mexicanos, y compiten por el acceso a nuevos usuarios, que desatarían un aumento exponencial de la violencia criminal en algunas partes de la unión americana.
Sin embargo, considera que las medidas de bloqueo del distanciamiento social podrían moderar cualquier aumento en el corto plazo, ya que los delitos oportunistas se vuelven menos frecuentes.
La pandemia de Covid-19 ha ralentizado el ritmo del tráfico de drogas hacia Estados Unidos; sin embargo, el informe de inteligencia precisa que la amenaza de las drogas ilícitas, incluidas las tasas de sobredosis, persistirá a medida que los traficantes se adapten y la composición de las drogas se vuelva más potente.
“Las organizaciones criminales transnacionales continúan distribuyendo narcóticos sintéticos como el fentanilo y la metanfetamina, y es casi seguro que los narcóticos opioides potentes como el fentanilo y la heroína continúen causando niveles alarmantes de sobredosis en Estados Unidos durante el próximo año”, reconoce.
Asimismo, añade que continuará el uso de drogas estimulantes como metanfetamina y cocaína, y los distribuidores explorarán nuevos mercados en Estados Unidos más allá de los principales centros de transporte y ciudades regionales.
“Las organizaciones criminales mexicanas dedicadas a la fabricación de fentanilo y metanfetamina experimentarán interrupciones a medio plazo debido a las medidas de respuesta de Covid-19 que pueden obstaculizar la recepción de productos químicos de proveedores internacionales”.
Indica que la producción y el transporte de heroína, cocaína y marihuana también se han visto afectados por las restricciones de viaje y las órdenes de quedarse en casa dentro del hemisferio occidental.
La Evaluación de la Amenaza Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, destaca que los elementos delictivos seguirán explotando diversas actividades para facilitar su búsqueda de ganancias ilícitas, como la trata de personas, la trata sexual, el trabajo forzoso.
“Las principales amenazas incluyen el tráfico sexual y el sexo juvenil, tráfico de mano de obra doméstica y servidumbre por contrato, y bienes importados a Estados Unidos que fueron producidos mediante trabajo forzoso”, apunta.
Estas actividades ilícitas a menudo tienen un nexo con organizaciones delictivas, como las que operan negocios de masajes ilícitos o se dedican a la explotación de poblaciones migrantes e indocumentadas.
Considera que la explotación infantil también es un problema importante, ya que las principales amenazas en esta área incluyen la proliferación de material de abuso sexual infantil en línea, la transmisión en vivo de la explotación sexual infantil, la seducción y extorsión en línea y el tráfico sexual de niños, tráfico ilegal de especies animales y vegetales.
Las redes delictivas se involucran en múltiples tipos de actividades financieras ilícitas para mantener un control de sus ganancias, incluido el contrabando de efectivo a granel, el lavado de dinero basado en el comercio (TBML), el lavado de dinero de terceros (3PML), y el fraude basados en moneda virtual, y esquemas de fraude financiero trasnacional, asienta el documento del Departamento de Seguridad Nacional estadunidense.
Indica que las principales amenazas en el área de las finanzas ilícitas son las organizaciones criminales chinas, las organizaciones de lavado de dinero que se especializan en apoyar a las organizaciones de tráfico de drogas, los corredores de dinero colombianos, las organizaciones criminales transnacionales de África Occidental y los grupos de piratería informática.
La preocupación de México es la multiplicación de los delitos relacionados con el lavado de dinero, ya que la Organización de las Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que entre el 5.5 y el 7.5 por ciento del producto interno bruto de un país corresponde a lavado de dinero, enfatiza el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.
Al participar en el Seminario virtual sobre Violencia y Paz, Diálogo El combate a los cárteles, de El Colegio de México, el pasado 6 de octubre, señaló que, si bien hay un proceso de fragmentación de los grupos delictivos, esto viene aparejado con mucho flujo de efectivo.
“Los cárteles, mientras más grandes, generan mecanismos más sofisticados en los que hacen uso de abogados, contadores, para fundar empresas, que pueden ser cines, restaurantes, constructoras, para poder lavar el dinero”, subrayó.
Dijo que para enfrentar este ilícito, se han integrado grupos de trabajo en los que participan las secretarías de Defensa y Marina, el Consejo Nacional de Seguridad, y la DEA, para intercambio de información para detectar personas físicas y morales que están relacionados con los grupos criminales.
“Hemos generado acuerdos generales para el bloqueo de cuentas de los cárteles. El primero fue el Cártel de Sinaloa, 370 personas, después fue Santa Rosa de Lima, con 49 personas físicas y morales y después 1 mil 960 personas relacionadas con el CJNG”, destacó Nieto Castillo.
Los cárteles con sede en México desempeñan un papel influyente en el tráfico de personas, a menudo facilitando la migración ilícita sobre y cerca de la frontera, explica el informe de Evaluación de la Amenaza Nacional estadunidense.
Señala que grupos del crimen organizado controlan grandes secciones de la frontera terrestre de Estados Unidos, donde tradicionalmente han cobrado impuestos a los traficantes y contrabandistas de personas para que muevan a los migrantes a través de sus áreas de operación.
Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, los grupos criminales han continuado sus esfuerzos para facilitar el movimiento ilegal de migrantes en la mayoría de sus rutas por tierra rumbo al país vecino.
Vaticina que la duración y gravedad de la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos y en América Central, del Sur y el Caribe moldeará la inmigración ilegal hacia la frontera suroeste de Estados Unidos, exacerbando las condiciones económicas y políticas subyacentes en la región.
“A medida que se alivian las restricciones de movilidad relacionadas con Covid-19, estamos viendo un aumento en los flujos de inmigración ilegal a niveles prepandémicos”.
Los flujos de inmigración ilegal han comenzado a aumentar después de una disminución a corto plazo en respuesta a la pandemia mundial de Covid-19 en los países que instituyeron restricciones de tránsito fronterizo, como Estados Unidos y México.
“A mediano plazo, la migración masiva podría ocurrir si las economías de los países del Caribe, Centro y Sudamérica continúan en declive y si las capacidades de respuesta humanitaria y de salud continúan deteriorándose debido a la Covid-19, sobre todo, si estas condiciones negativas se combinan con un resurgimiento económico en Estados Unidos”.
El informe asegura que las políticas y medidas de inmigración y cumplimiento de Estados Unidos y México darán forma a los patrones migratorios, pese a que la división intergubernamental y los mensajes inconsistentes continúan impidiendo la inmigración ordenada por el Congreso estadunidense.
Mientras tanto, los traficantes de personas continuarán usando la fuerza, el fraude y la coerción contra millones de personas que intentan ingresar a Estados Unidos a través de la frontera terrestre. Muchas de las víctimas nunca buscan ayuda de las fuerzas del orden debido a las barreras del idioma, el miedo a las represalias de sus traficantes y/o el miedo a las fuerzas del orden.
Esto permite a los traficantes obligar a las víctimas a participar en la explotación sexual laboral o comercial. Los traficantes continúan apuntando a las personas que creen que son susceptibles por una amplia variedad de razones que incluyen, entre otras, la vulnerabilidad psicológica o emocional, las dificultades económicas, los desastres naturales, la inestabilidad política o la falta de una red de seguridad social.
El informe da cuenta de que los impedimentos presupuestarios para la aplicación de la ley de inmigración y la falta de apoyo bipartidista a las medidas de detención continúan socavando las políticas de cumplimiento de la inmigración de Estados Unidos.
“Estas prácticas inconsistentes continúan conduciendo a la liberación de delincuentes extranjeros peligrosos y fugitivos que luego pueden cometer delitos adicionales cuando, de otro modo, podrían haber sido detenidos y sacados rápidamente de Estados Unidos”, remata.
Sin dar cifras, señala que “el alto volumen de inmigración ilegal, que incluye un número sin precedentes de unidades familiares y la llegada de niños extranjeros no acompañados, agota los recursos del gobierno y crea una crisis humanitaria y de seguridad fronteriza que paraliza el sistema de inmigración”.
Finalmente, dice que los falsificadores y otros actores malintencionados se han aprovechado de la gran demanda de bienes esenciales durante el brote de Covid-19 al vender EPP, vitaminas, medicamentos y otros bienes de calidad inferior o no aprobados a clientes desesperados, lo que representa una amenaza para la salud pública y socava negocios legítimos.
Especial preocupación por la explotación de los adversarios de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), dado que los bienes que dependen de estas cadenas desempeñan un papel vital en la mayoría de los aspectos de la vida.
“Algunos actores pueden explotar las TIC a través del ´etiquetado blanco´ (cambio de marca del equipo o alteración de la apariencia visual del equipo para ofuscar al fabricante original) para introducir los productos comprometidos en las cadenas de suministro.
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