Perseguido por sicarios

Fabíola Ortiz/IPS-Voces de la Tierra

Belmiro dos Santos es un seringueiro –como se les llama en Brasil a los recolectores de caucho natural–, de 46 años, que teme por su vida y la de su familia frente a las varias amenazas que ha recibido por su activismo en contra de la devastación de la Amazonia.

“Mi vida hoy está muy complicada, pues me quieren matar por ese dinero y aseguran que lo harán antes de fin de año”, expresa angustiado al hablar por teléfono con la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS), desde donde habita, la reserva Riozinho do Anfrísio, ubicada a seis días de camino de la ciudad de Altamira, a 800 kilómetros de Belém, la capital estatal. “Yo lucho por la vida, por la selva y por la naturaleza; no puedo vivir más sin protección”, asegura este jefe de familia, casado y con nueve hijos.

En respuesta a ese llamado de auxilio, el Ministerio Público Federal de Pará determinó a finales de agosto que la policía inicie una investigación, afirman a IPS fuentes de la entidad. Acreditada esa información, un comunicado oficial da cuenta que el procurador Cláudio Terre do Amaral ordenó a la policía que pida al Instituto Chico Mendes, de Conservación de la Biodiversidad (ICMB), “todos los documentos e informaciones relacionados con la cuestión” y que Belmiro dos Santos sea atendido por las autoridades.

La última amenaza data del pasado 7 de agosto. Una persona que no se identificó le dijo por teléfono: “Están entrando en la reserva para matarte, si fuera tú, yo no volvería”. Pero Belmiro dos Santos responde que no va a dejar de volver a su casa.  En la última semana de agosto mantuvo varias reuniones con miembros del ICMB, organismo del gobierno nacional responsable de la ejecución de programas de protección y de ejercer el poder de policía ambiental en las unidades de conservación.

El temor del activista se basa en sobrados antecedentes de violencia en Pará. En mayo pasado fueron asesinados a balazos José Cláudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo, un matrimonio de dirigentes del Proyecto de Asentamiento Agroextractivista Praialta-Piranheira amenazados reiteradamente por denunciar la tala ilegal de madera en la zona.

Pará concentra la mayor cantidad de asesinatos a causa de conflictos por la tierra en Brasil. Ya suman centenares desde la década de 1980, asegura la católica Comisión Pastoral de la Tierra que hace un seguimiento de la violencia en el campo brasileño desde entonces. Entre los casos más emblemáticos está el crimen en 2005, a manos de pistoleros pagados por hacendados, de la monja estadunidense Dorothy Stang, de 73 años y con 40 de trabajo entre los pobres del centro de Pará, y la masacre de Eldorado de Carajás, perpetrada en abril de 1996 en el Sur del estado por policías que dispararon sobre una marcha campesina, y que mataron a 19 de ellos.

El ambientalista Marcelo Salazar precisa a IPS que, además de Belmiro dos Santos, hay muchos anónimos habitantes de la región que dedican su vida a una lucha sin cuartel en la defensa de la Amazonia, que en su mayoría son asesinados sin que “nadie se entere”.

Las amenazas contra Belmiro dos Santos comenzaron en 2004, poco después de que el gobierno de Luís Inicio Lula da Silva (2003-2011) decretara la creación de la Reserva Extractivita Riozinho do Anfrísio, un área de 736 mil hectáreas ubicada en la región de Terra do Meio (Tierra del Medio), entre el río Xingú y su afluente el Iriri, en el Suroeste de Pará. El activista, a quien poco después le otorgaron el premio Defensores de los Derechos Humanos, y su tío Herculano Porto de Oliveira fueron sacados de la selva en helicóptero y llevados a Brasilia por orden de Marina Silva, entonces ministra de Medio Ambiente. Ahora la exfuncionaria se comprometió a través de su cuenta de Twitter a interceder ante la Secretaría Especial de los Derechos Humanos del gobierno nacional de Dilma Rousseff para exigir otra vez su protección.

El avance de la devastación de la selva a manos de terratenientes, grandes ganaderos y madereros choca con la resistencia de la asociación de la reserva extractivista de Riozinho do Anfrísio. Y el nombre del líder circula entre los pistoleros contratados para asesinarlo, aseguran en la zona.

“He vivido siempre en la selva. Querían comprar mi pedazo de tierra, pero dije que no podía. No tengo miedo de lo que puede sucederme, pero sí por la vida de mi familia, de mis hijos que viven en la reserva”, señala Belmiro dos Santos a IPS, tras afirmar que hay cerca de 10 hombres armados que rondan el área enviados por grandes propietarios.

Nacido y criado en Riozinho, este hombre cuenta que su abuelo emigró del Noroccidental estado de Ceará para esta zona del Riozinho en la primera mitad del siglo XX, durante el apogeo del ciclo de extracción del caucho.  Con la caída de esa actividad extractiva, la población decreció hasta reducirse a las actuales 60 familias (cerca de 500 personas) que viven sin acceso a servicios públicos ni beneficios sociales, expuestas al accionar predatorio de los “grileiros”, que son los falsificadores de documentos de propiedad de la tierra para hacerse de las parcelas de modo ilegal. La “grilagem” de tierras es un crimen practicado a gran escala en la Amazonia y sus autores son los principales responsables de la deforestación. Pero en la reserva de Riozinho son muchos los intereses en juego, que van desde la especulación inmobiliaria, la venta de recursos naturales y hasta el lavado de dinero.

Rica en madera como andiroba, copaíba y mogno, actualmente la principal actividad económica de los habitantes de la reserva es la recolección de semillas oleaginosas, castañas y frutos como açaí (de la palmera de asaí).

Las familias de Riozinho desempeñan una función social importante vinculada a la selva, indica Marcelo Salazar, coordinador adjunto del programa Xingú, del no gubernamental Instituto Socioambiental que presta apoyo a las poblaciones de las reservas extractivista de la Terra do Meio. “Tienen la función de combatir la deforestación y la degradación ambiental”, explica el ambientalista ante la consulta de IPS. “Aunque sea un número muy reducido de personas, ellas son protectoras y mantienen los servicios ambientales y de biodiversidad. Es por ese motivo que las hace muy especiales, y también muy incomodas para muchos”.

En la Terra do Meio hay tres reservas extractivistas: además de la Riozinho, están la del río Xingú, con 400 mil hectáreas, y la del río Iriri, de 300 mil. Salazar admite que la situación es más complicada en Riozinho y que se debe a la construcción del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, en el río Xingú. Los costos socioambientales de los grandes proyectos de infraestructura son muy altos, cuestiona. “Pensamos que las obras de la hidroeléctrica generarían un boom inmobiliario y del mercado local, pero las reservas no fueron consideradas como vulnerables por el impacto ambiental de las obras. ¿Qué es lo que queremos para la Amazonía? Ésta es la cuestión que tenemos que discutir. Hay que abrir un debate más amplio”.

El ambientalista subraya la necesidad de exponer la situación dramática que afronta Belmiro dos Santos. “La protección que le dan las autoridades no se mantiene por mucho tiempo y es sólo un paliativo, por lo cual lo fundamental es que se descubra a los responsables de las amenazas y se los encarcele”, indica. “Hay que tomar medidas antes que algo ocurra. Hay personas que luchan por la naturaleza y pierden la vida y existe gente que quiere destruirlo todo”.

“La situación es difícil”, lamenta Belmiro dos Santos, quien afirma temer que ni aun su muerte, si finalmente logran asesinarlo, sirva para algo y que en la Amazonia todo sigua igual.