The Progressive documentó la privatización de los servicios de seguridad pública y nacional en Estados Unidos. Las compañías beneficiadas son autorizadas incluso para espiar y disparar a ciudadanos de ese país. Apenas unas tibias declaraciones de rechazo de funcionarios de la FBI provocaron el reportaje de Rotschild. Los grandes medios de comunicación estadunidenses ignoraron el tema. Se presenta el resumen del texto y las actualizaciones al mismo realizadas por el propio autor, como parte de la serie Proyecto Censurado
Matthew Rothschild / Red Voltaire
La seguridad pública y la seguridad nacional se transforman poco a poco, en Estados Unidos, en un negocio más, donde las fuerzas del orden estatales trabajan y obedecen a una lógica de empresa comercial, reclutando informantes a sueldo provenientes de la industria privada de seguridad.
Más de 23 mil representantes de la industria privada trabajan silenciosamente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para recolectar y proporcionar información sobre sus compatriotas estadunidenses.
A su vez, los miembros de este grupo, que crece con rapidez, llamado InfraGard, reciben advertencias secretas de amenazas terroristas antes que el público y, a veces, antes que ciertos funcionarios. “Hay pruebas de que InfraGard puede estar más cerca de un ‘Programa Corporativo de Concienciación Total de la Información’ que convertiría a las corporaciones del sector privado –algunas de las cuales pueden observar las actividades de millones de clientes individuales– en ojos y oídos sustitutos de la FBI”, según el informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Complejo industrial de vigilancia: cómo el gobierno estadunidense recluta negocios e individuos en la construcción de una sociedad de vigilancia.
InfraGard, con miembros de 350 compañías de Fortune 500 (una lista de las 500 empresas comerciales más importantes en Estados Unidos), comenzó en Cleveland en 1996 cuando el sector privado local cooperó con la FBI para investigar las ciberamenazas. “Entonces, la FBI lo reprodujo”, señala Phyllis Schneck, presidente de la junta directiva de la Alianza Nacional de Miembros de InfraGard, y principal motor del crecimiento de InfraGard durante los últimos años.
El director de la FBI, Roberto Mueller, pronunció un discurso en una convención de InfraGard el 9 de agosto de 2005: “Hasta la fecha, hay más de 11 mil miembros de InfraGard. Desde nuestra perspectiva, suman 11 mil contactos, 11 mil socios en nuestra misión de proteger a Estados Unidos”. Luego agregó: “Los que se encuentran en el sector privado constituyen la primera línea de defensa”.
El 9 de mayo de 2007, George Bush proclamó la Directiva Presidencial 51 de Seguridad Nacional, titulada “Política de Continuidad Nacional”. En ella, instruyó al secretario de Seguridad de la Patria para coordinar con los “dueños del sector privado y compañías de infraestructura de importancia fundamental, según corresponda, con el fin de asegurar la entrega de servicios esenciales durante una emergencia”.
“Ellos están muy ligados a nuestra capacidad de preparación”, apunta Amy Kudwa, vocera del DHS. “Proporcionamos oradores, así como presentaciones conjuntas [con el FBI]. También entrenamos junto con ellos y han participado (a veces cientos cada vez) en ejercicios nacionales de preparación”.
Según varios miembros entrevistados, un beneficio adicional de ser miembro de InfraGard es el permiso de tirar a matar en caso de ley marcial, sin miedo a acciones judiciales.
“Tenemos muy fácil acceso a información segura que sólo llega a los miembros de InfraGard”, explica Schneck. “Si usted tuviera que llamar al 1-800-FBI, probablemente no se molestaría en hacerlo”, dijo la dirigente. “Pero si usted conoció a Joe durante la reunión local que tuvo con él y se comieron una rosquilla, puede ser que usted llame, bien para darla o para obtenerla [información]. Queremos que todos tengan un pequeño libro negro”.
Jay Stanley, director de Educación Pública del Programa de Libertad y Tecnología de ACLU, advirtió: “La FBI no debe crear una clase privilegiada de estadunidenses que reciben tratamiento especial. No existe una clase comercial en el cumplimiento de la ley. Si existe información que la FBI puede compartir con 22 mil peces gordos corporativos, ¿por qué razón no la comparte con el público, que es justo con quien se supone que debe mantener una verdadera relación especial? El secreto no es un regalo de fiesta para dárselo sólo a los amigos. Esto guarda un inquietante parecido con el reparto de ‘cosas ricas para comer’ a las corporaciones por parte de la FBI en pago por incorporarlos a su maquinaria nacional de vigilancia”.
InfraGard no es de fácil acceso para el público en general. Sus comunicaciones con la FBI y el DHS están fuera del alcance de la Ley de Libertad de la Información bajo la exención de “secretos comerciales”, y cualquier conversación con el público o con los medios se debe ensayar cuidadosamente, según su sitio web.
The Progressive emitió un comunicado de prensa sobre la historia de InfraGard y he sido entrevistado por Air America, Democracy Now y muchos otros programas de radios alternativas. Pero los principales medios de información han ignorado esta historia, con excepción de un informe de un pequeño servicio por cable, aunque la FBI no lo ha ignorado.
El 15 de febrero, la FBI emitió un comunicado de prensa para denunciar nuestro artículo. “Las afirmaciones del artículo son claramente falsas”, dijo Shawn Henry, director adjunto de la División Cibernética de la FBI.
“Los miembros de InfraGard no tienen ningún poder extraordinario ni un mayor derecho de ‘disparar a matar’ comparados con otros civiles.”
“¿Un mayor derecho? ¿Es ése el lenguaje apropiado?” Me recordó una cita en mi artículo de Curt Haugen, director Ejecutivo del S’Curo Group y miembro orgulloso de InfraGard.
Cuando le pregunté si los agentes de la FBI o de Seguridad de la Patria le habían dicho a los miembros de InfraGard que podían utilizar a discreción la fuerza mortal en una emergencia, respondió: “No puedo comentar mucho sobre esto, pero como individuo, usted tiene derecho a utilizar la fuerza si se siente amenazado”.
Obsérvese que la FBI no negó si les dijo a los miembros de InfraGard que podían “tirar a matar”. Todo lo que dijo Henry fue que los miembros de InfraGard “no tienen un mayor derecho”. Eso no exactamente hace un agujero en mi artículo.
La FBI parecía molesta porque no di bastante información acerca de la reunión en la que participó el denunciante. “Desafortunadamente, el autor del artículo de The Progressive rehusó incluso identificar cuándo o dónde tuvo lugar la pretendida ‘pequeña reunión’ en que se discutieron temas de la ley marcial”, dijo el comunicado de prensa de Henry. “Si conseguimos esa información, la FBI con seguridad le dará seguimiento y aclarará cualquier malentendido posible”.
La razón por la que no identifiqué dónde o cuándo ocurrió la reunión es obvia: no quise revelar nada que pudiera exponer a mi fuente.
Casualmente, el comunicado de prensa omite mencionar que recibí confirmación sobre las discusiones acerca de la “fuerza letal” de otro miembro de InfraGard, a quien sí nombré. Mantengo cada una de las palabras de mi artículo e invito al Congreso a investigar a InfraGard y a examinar los planes que la FBI pueda tener de reserva para épocas de emergencia, no sólo para InfraGard, sino para todos nosotros.
Una nota final: desde que apareció el artículo, he recibido varias pistas nuevas, incluyendo una que confirma que le han dado “poderes letales” a una compañía privada.
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