“Sonrían, los vamos a expulsar”

Jillian Kestler-D’Amours/IPS

Ruta 60, Palestina. Sentado en su automóvil con aire acondicionado en un lugar de la ruta 60, en el corazón de Cisjordania, Ovad Arad explica cómo hace su trabajo: llega sorpresivamente a poblados palestinos, saca fotografías, toma café con algunas familias y se va lo antes posible.

“No les miento. Cuando me preguntan qué estoy haciendo aquí, les digo que investigo la zona. Trato de no entrar en una conversación muy profunda. Hago mi trabajo y me voy”, dice Arad a Inter Press Service (IPS), pero añade que nunca revela para quién trabaja ni la razón por la cual toma fotografías.

Arad vive en la colonia judía de Mero Horon y encabeza la división para Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania) de Regavim, una organización ultraderechista israelí que promueve por medios legales la demolición de casas y otras edificaciones palestinas.

Consultado por IPS sobre si se siente mal cuando se destruye la vivienda de una familia palestina a causa de su trabajo, Arad responde: “no. En verdad, no”.

En cambio, ante la pregunta de qué siente cuando se derriban viviendas en colonias israelíes, señala: “No me siento bien. De hecho, me duele cuando veo a judíos expulsados de sus casas. Pero nunca he visto a palestinos expulsados de sus hogares, sino a judíos”.

Regavim opera principalmente en el desierto del Néguev, en el Sur de Israel, y en el Área C de Cisjordania, que abarca aproximadamente 60 por ciento de ese territorio palestino y que, según los Acuerdos de Oslo de 1993, está bajo completo control militar y administrativo de Israel.

Aproximadamente 150 mil palestinos y 300 mil colonos judíos viven en el Área C. Los asentamientos israelíes son ilegales según la cuarta Convención de Ginebra, y los puestos de avanzada judíos son ilegales también bajo las propias leyes de Israel.

Según el derecho internacional, Israel, como potencia ocupante, es responsable de atender las necesidades de la población que vive bajo su control.

Sin embargo, Regavim sostiene que la aplicación de esto a Cisjordania es discutible. La posición de la organización es que “no hay ocupación”, puntualiza Ari Briggs, director del Departamento Internacional del grupo.

Regavim se apoya en el marco legal de los Acuerdos de Oslo para realizar su trabajo en Cisjordania, explica, y señala que la organización recibe la mayor parte de los datos que necesita para operar a través de solicitudes formales de información a la Administración Civil Israelí, organismo militar que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados.

Empleando un sistema de información geográfica y fotografías aéreas detalladas, Regavim puede hacer un mapa preciso de toda Cisjordania.

“Ciento por ciento de las construcciones judías legales recibirán una orden de demolición, pero sólo un tercio de las construcciones árabes la recibirán”, dice Briggs, quien nació en Australia pero ha vivido en Israel los últimos 18 años.

Añade que la Administración Civil Israelí generalmente legaliza con retroactividad las construcciones palestinas, pero no hace lo mismo con las judías.

“Hay muchas mentiras por ahí de que hay discriminación contra los árabes, y de que el gobierno y la Administración Civil Israelí son projudías. Nosotros decimos que es exactamente lo contrario”, afirma.

En su página de internet, Regavim se define como “un movimiento social creado para promover la agenda sionista judía para el Estado de Israel”, y que “protege las tierras israelíes y las propiedades nacionales”.

A pesar de esta declaración de propósitos, Briggs asegura a IPS que la organización no tiene motivos políticos, sino que se guía sólo por consideraciones “morales y éticas”.

“Regavim no usa la ley con objetivos políticos, sino para que haya un estado de derecho. Nuestros oponentes usan los tribunales para obtener beneficios políticos y con fines ideológicos”, añade.

“Estamos preocupados por la participación de Regavim, ya que la vemos como una organización muy, muy política”, dice Tamar Feldman, directora del Departamento de Derechos Humanos en los Territorios Ocupados de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel.

“No están preocupados por los derechos humanos ni por el derecho internacional. Simplemente quieren promover su agenda política, y por supuesto esto es muy preocupante cuando uno intenta promover los derechos humanos dentro de un territorio”, afirma.

Feldman explica que las iniciativas legales de Regavim activaron casos contra estructuras palestinas en el Área C, sobre todo en las colinas del Sur de Hebrón, una de las regiones más pobres y marginadas.

Ari Briggs no cuenta con información exacta sobre el número de demoliciones realizadas como resultado del trabajo de Regavim, pero la organización acaba de apelar a la Corte Suprema de Israel para que se emitan 162 órdenes contra construcciones palestinas. Esos casos están congelados desde 2008.

Un ejemplo de la influencia de Regavim es la situación en Susiya, aldea palestina en las colinas del Sur de Hebrón. La organización apeló ante la Corte Suprema y ahora todo el poblado podría ser reducido a polvo.

“Presentaron la situación en el Área C como si los palestinos no tuvieran derechos allí, como si simplemente les estuvieran robando la tierra que le pertenece a Israel y al pueblo judío. Eso tiene muy poco que ver con la realidad”, afirma Feldman.

“Los palestinos de esas áreas, como las colinas del Sur de Hebrón y el valle del Jordán, han estado allí por muchas décadas y generaciones”, añade.

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, la Administración Civil Israelí rechazó el 94 por ciento de las solicitudes de permiso de construcción hechas por palestinos en el Área C entre 2000 y 2007.

Fuente: Contralínea 298 / Agosto 2012