Antes presidente de México y ahora director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale, Estados Unidos, Ernesto Zedillo Ponce de León dictó hace unos días la conferencia virtual “Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica”, en donde centró su crítica contra “gobernantes populistas e ineptos”. Los acuso de rezagos históricos; el desastre que han causado; de adoptar reformas del pasado; tomar malas decisiones económicas y en salud pública, y señaló como urgente la seguridad social; el acceso universal a la salud y educación de calidad; habló de la prosperidad económica y de la justicia social.
Por cierto, durante su mandato (1994-2000), no sólo no actuó ni promovió lo que ahora exige a “gobiernos populistas”. Por el contrario, en su sexenio, Zedillo dejó muchos expedientes abiertos por su pésima y corrupta actuación como presidente de la República, lo que ocasionó un gran daño al país.
Por ejemplo, heredó la deuda del multimillonario robo del Fobaproa utilizado en el rescate bancario; remató los Ferrocarriles Nacionales de México; fue impune en las masacres de indígenas en Aguas Blancas y Acteal; permitió los contratos de obras públicas entregados a empresa de su familia: Grupo Intecom; otorgó perdones y condonaciones fiscales, vía la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, a sus hermanos Ponce de León y, lo más grave, ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cerrar el expediente de la relación de negocios que tenía su familia política –padre y hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco– con el cártel de Colima, que dirigían los hermanos Amezcua Contreras, apodados Reyes de las Metanfetaminas.
De esa relación criminal que mantuvo la familia política del expresidente Zedillo con ese grupo de narcotraficantes hay pruebas documentales, testimonios y grabaciones de intervenciones telefónicas –autorizadas por jueces– a los hermanos Amezcua Contreras.
Uno de esos documentos confidenciales archivados en la PGR –y en poder de Contralínea– tiene el logotipo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), y bajo el título “Organización de los hermanos Amezcua Contreras. Tráfico internacional de efedrina”, refiere que al investigar a ese cártel con sede en Colima –estado de donde es oriunda la familia de Nilda Patricia Velasco–, agentes federales especiales descubrieron los vínculos que tenía ese grupo criminal con Fernando Velasco Márquez, padre de la esposa del expresidente y los hermanos de ésta, Fernando y Francisco Velasco Núñez. A pesar de las evidencias que incriminaban a esa familia, los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se negaron a investigar esos delitos de complicidad.
Todo comenzó cuando el entonces Instituto Nacional de Combate contra las Drogas intervino –en 1996 y 1997–, en plena administración presidencial de Ernesto Zedillo, los teléfonos de varios integrantes del Cártel de Colima, liderado por los hermanos Jesús, Luis y Adán Amezcua Contreras, conocidos en la década de 1990 como Reyes de las Metanfetaminas, lo que permitió a la PGR grabar miles de horas de conversaciones de esos narcotraficantes actualmente presos.
Al frente del INCD estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien después de revelar al secretario de la Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre, que en esas grabaciones había conversaciones de narcotraficantes con miembros de la familia política del presidente Zedillo, el militar fue detenido y encarcelado hasta su muerte. Ello, luego de que se descubrió que había recibido regalos del entonces jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.
Ya preso, Gutiérrez Rebollo reveló que tenía pruebas de los vínculos de los hermanos Amezcua Contreras con el padre y los hermanos de la esposa de Ernesto Zedillo, pero sus acusaciones fueron negadas por la PGR y por la misma Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de que había grabaciones que así lo confirmaban.
En el documento confidencial de la FEADS, dependiente de la PGR, se confirma esa relación de la esposa, cuñados y suegro de ese expresidente priísta con el grupo de narcotraficantes que operaba en Colima y Estados Unidos.
Se trata de un reporte confidencial de 43 páginas y en una de las intervenciones telefónicas del 2 de diciembre de 1996, segundo año de gobierno de Ernesto Zedillo, el narcotraficante Jesús Amezcua Contreras fue informado por el licenciado Constantino Tirado, otro miembro de la banda, sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco para ayudar al cártel en un problema de posesión de tierras.
En dicha conversación telefónica, Tirado le dice a Jesús Amezcua: “Ya se ordenó la ejecución de la sentencia, para efectos de poder escriturar terrenos de La Providencia y que solicitaron una suspensión. Que el magistrado Jesús Cantero Aguilar, de la Tercera Sala, le indicó que era orden directa de la esposa del señor presidente de la República.
“Por lo que había hablado con un amigo de la Presidencia, que es abogado personal del presidente, quien habló con Luis Téllez, que es director de la Oficina de la Presidencia, lo que era antes [José María] Córdoba Montoya, que finalmente se arregló la cosa. Que mandaron a la chingada a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión, siempre y cuando se depositaran 200 mil pesos como garantía por daños y perjuicios y que solicitó que revocaran eso.
“Que el conflicto en sí, es que el yerno de don Luis, Armando Magaña, es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares, de Tuxpan, Jalisco, y Salvador Olivares es compadre de Luis Amezcua y éste es amigo de Fernando Velasco, cuñado del señor presidente de la República [Ernesto Zedillo], por lo que deduce que Armando le solicitó el favor a Salvador Olivares, o sea al hermano de Jesús Amezcua, y él le pidió el favor a Fernando Velasco y éste a su hermana [Nilda Patricia], la esposa del presidente de la República”.
El amplio expediente de la FEADS detalla quién era esa familia de criminales que traficaban con efedrina, integrada por tres hermanos Amezcua Contreras y apoyados en la década de 1990 por el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix.
La peligrosidad de las sustancias que traficaban para la elaboración de estupefacientes químicos y que operaban en las ciudades de Tijuana, Guadalajara, Colima, Monterrey y el entonces Distrito Federal, así como San Diego y Iowa, en Estados Unidos, llevó a los gobiernos de ambos países a realizar múltiples operativos para combatir a esas bandas, hasta que se toparon con la familia presidencial de Zedillo y de pronto las investigaciones y el intercambio de información cesaron.
Este expediente que se quedó en los archivos de lo que fue la corrupta PGR, a cargo de Jorge Madrazo Cuéllar, y que nunca fue consignado a un juez federal, ahora debería ser considerado por la Fiscalía General de la República para abrir un expediente en contra de Ernesto Zedillo y de su familia por vínculos con la delincuencia organizada, salvo de que esos delitos ya estén prescritos, por lo que el ahora expresidente continuará su campaña en contra de los gobiernos de izquierda a los que llama “populistas”.
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