Lavado de dinero, crimen organizado, competencia desleal y problemas de salud (ludopatía) son las principales preocupaciones de las empresas que participan en la industria del juego y los sorteos. Sin embargo, esas amenazas son insuficientes para evitar que siga en aumento la proliferación de los centros de apuestas, pues las utilidades económicas que generan son cuantiosas.

La española Codere, que recientemente adquirió del Grupo Caliente, perteneciente a la familia Hank Rohn, varios de sus establecimientos, comienza a mostrar preocupación por la anarquía y las casi nulas regulaciones que caracterizan en México a este negocio. La comparación es inevitable desde la perspectiva de una multinacional del juego. El año pasado, Codere logró la titularidad de las licencias de operación de 35 salas de bingo y apuestas deportivas de Grupo Caliente, tras la aprobación de la Comisión Federal de Competencia.

A Codere le tocará ahora lidiar con el sindicato que encabeza Mario Madrigal, de origen priista y afiliado a la CROC, que siempre mantuvo a raya a los más de 6 mil trabajadores de Grupo Caliente, a cargo del controversial Jorge Hank Rohn, y que dependían del Sindicato Nacional de Trabajadores Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión, Hoteles, Restaurantes y Comunicaciones.

Madrigal deberá negociar ahora con los españoles propietarios de Codere lo que se refiere a prestaciones e incrementos salariales. Para todos los que integran este negocio de apuestas, se ha convertido en una preocupación la cuestión laboral, porque mientras Televisa con su concepto Play City y Codere con Caliente tendrán que cubrir todas las prestaciones de ley a sus empleados, los casinos ilegales no sólo reciben, en muchos casos, dinero proveniente de fuentes ilícitas, sino que omiten ofrecer garantías laborales a sus empleados, quienes también participan en actividades prohibidas por la Secretaría de Gobernación. Lo cierto es que mucho del dinero que ingresa a los centros de apuestas proviene de fuentes ilegales, pero esto parece no importarles a los dueños de casinos, legales o ilegales, mientras la gente siga dejando sus millones de pesos nadie revisará la procedencia del dinero.

En México, aparentemente, los casinos están prohibidos; el juego de azar en vivo tampoco está permitido – naipes y ruleta, por ejemplo – y supuestamente se persigue el lavado de dinero en este actividad. Pero lo cierto es que el dinero sucio está presente en todos los “casinos” que, como en el caso de Nuevo León, operan con la complacencia y complicidad de las autoridades municipales, en donde el hermano del alcalde extorsionaba a los dueños de los casinos.

En consecuencia el cambio al reglamento de la Ley de Juego y Sorteos que promovió el panista y exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, no funcionó y, por el contrario, sólo permitió concentrar en muy pocas manos los permisos para la operación de centros de juego en donde se instalan máquinas tragamonedas, los famosos bingos o libros de apuestas.

La Ley Creel no sólo aumentó el número de establecimientos irregulares, sino que la Secretaría de Gobernación simplemente se declara vencida ante la falta de recursos y personal calificado y honesto para enfrentar el reto. Muchos de sus empleados han sido sobornados por la mafia de los casinos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que si bien Gobernación inspeccionó en 2010 un total de 212 casas de juego, pertenecientes a 19 permisionarios, omitió la verificación de 59 establecimientos, entre ellos el casino Royale de Monterrey, Nuevo León, incendiado por un grupo criminal en agosto de 2011.

La ASF también encontró que la Secretaría de Gobernación no cuenta con las herramientas y mecanismos para verificar que los operadores de éste tipo de establecimientos cumplan con las medidas regulatorias y operativas mínimas que garanticen la seguridad de sus clientes y la legalidad de sus transacciones.

El trabajo aleatorio de la ASF en 12 de los 21 permisionarios con establecimientos en operación, e confirmó que “en cinco casos no se encontró la evidencia documental para acreditar la existencia de los seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, por accidentes y otros siniestros en las instalaciones”.

Tampoco se encontraron los soportes documentales de las pólizas para cubrir los riesgos por incendio, explosión, destrucción, inundación y otros eventuales siniestros en los bienes muebles e inmuebles.

Según la ASF, al cierre de 2010 se tenían registrados 320 establecimientos en operación, correspondientes a 21 de los 27 permisos vigentes, de los cuales 18 se otorgaron antes de la publicación del Reglamento de La ley Federal de Juegos y Sorteos el 17 de septiembre de 2004, y nueve se expidieron con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma.

Cabildeo por una nueva ley

Se confirma así que México transita entre la ilegalidad y una ley nebulosa, anquilosada con un reglamento que sólo benefició a unos cuantos y que ahora no sólo perjudica al erario sino que, como ya quedó demostrado, amenaza la seguridad de los clientes asiduos a estas actividades y a los trabajadores que se ven en la necesidad de laborar en negocios poco transparentes.

En Argentina, por ejemplo, la aplicación de leyes municipales ha permitido que estos niveles de gobierno no sólo sean los que recauden directamente los impuestos que generan los juegos, los sorteos y las apuestas, sino que sean los responsables directos de vigilar la operación transparente de estas actividades, incluyendo la prevención al lavado de dinero.

En México, en cambio, si bien hay leyes municipales que permiten o prohíben las casas de juegos y apuestas, es el gobierno federal, a través de las secretarías de Hacienda y de Gobernación, las que se encargan de la tributación en este sector y de regresar a estados y municipios las partidas correspondientes en línea con los dispuesto por el Pacto Fiscal Federal. Es decir, que el dinero a veces llega a los municipios y la mayoría de las veces no.

Con el actual reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos también se presentó otro fenómeno: se dejó intacto al juego clandestino y a las mafias que se han enquistado en él. Así, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene conocimiento – sin actuar en consecuencia – del negocio que desarrolla un hombre en Jalisco a quien le apodan “El Maquinitas” y que controla el negocio de tragamonedas que se instalan en tiendas, farmacias y que están al alcance de millones de niños en todo el país.

Se trata de un negocio que no se fiscaliza, que genera ludopatia — sobre todo entre niños, mujeres y ancianos — y recursos por más de 750 millones de pesos al mes.

La Segob ubicó en Guadalajara a un grupo que controla más de 25 mil máquinas tragamonedas, actividad totalmente informal. Al zar de esos aparatos se le vincula con Abraham González, exfuncionario de Gobernación y quien fue investigado por supuestos hechos de corrupción.

En Brasil se vive una situación parecida a la de México. A pesar de la definitiva historia de éxito que se escribe año con año en Brasil con su carnaval, los turistas que acudan a participar en él no podrán acudir a casinos legales porque simplemente la ley para regular su operación no se ha aprobado.

Las mafias en Brasil que controlan los negocios como el del “juego del bicho”, una lotería subrepticia, han impedido que en el Congreso de ese país se apruebe la ley en la materia.

México ha perdido, hasta ahora, la oportunidad de ligar las inversiones en el sector turístico con el juego. Es un hecho que los empresarios del sector turístico nacional y extranjero no observa la suficiente certidumbre jurídica para invertir en la instalación de casinos en zonas en donde ya participan negocios que compiten de manera desleal.

Es más, según expertos y estudiosos en lavado de dinero, el negocio de casinos y apuestas en México nunca será un gran negocio, porque los grandes apostadores viajan a las Vegas o a Mónaco, en donde la diversión es mayor, mientras que en los centros de apuestas de otros países sólo van las personas de menores ingresos.

Los excesos de la burocracia de Sectur

Como es sabido, en el gobierno federal no hay límite para el gasto. Una prueba de ello es el despilfarro en viáticos y gastos de representación en que incurren los funcionarios de la Secretaría de Turismo, de acuerdo con un amplio reportaje de Isabel Arguello publicado en Contralínea.

Del 1 diciembre de 2006 al 31 agosto de 2011, el personal de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo (Sectur) invirtió 1 millón 365 mil pesos en viáticos y 189 mil 998 en gastos de representación (alimentación de servidores públicos de mando). Del total, Víctor Hugo Castañeda Soto y Alberto Petrearse Villalpando, quienes han fungido como directores del área en periodos distintos, han gastado 544 mil 844 pesos.

Soto Castañeda fue titular de Comunicación Social del 16 de mayo de 2005 al 15 de abril de 2010; durante el calderonismo gastó 107 mil 965 pesos en viáticos y 83 mil 313 en comidas oficiales. Petrearse Villalpando, vocero actual, erogó en un periodo menor 239 mil 625 pesos en viajes y 113 mil 941 en reuniones de trabajo, de abril de 2010 a agosto de 2011.

El artículo 15 del Reglamento Interior de la Sectur establece las funciones de la Dirección General de Comunicación Social: instrumentar las políticas y estrategias de comunicación dictadas por el titular de la Secretaría y difundir la imagen institucional a través de diversos medios de comunicación.

En abril, iniciada su gestión, se reportaron dos viajes: a Guerrero y a Shanghái. En ambos acompañó a la secretaria Gloria Rebeca Guevara Manzo. Del 23 al 27 de ese mes erogó 12 mil 81 pesos por hospedaje en el Grand Hotel y Las Brisas, y 1 mil 563 en los restaurantes Cien por Ciento Aeropuerto, Alimentos Lepe, Pablo Alfredo de Angelis Diego (establecimiento de mariscos) y El Pinito. Del 27 de abril al 2 de mayo, en China gastó 12 mil 72 pesos por hospedaje y alimentos en el hotel Grand Hyatt, y 592 pesos por consumo de alimentos en una tienda de la cual no se precisan datos.

En junio realizó un viaje nacional y dos internacionales. Del 5 al 13 a la República de Suráfrica: 17 mil 699 pesos por hospedaje en Surgeon & Safari y Premier Hotel Pretoria, y 5 mil 75 pesos en alimentos y bebidas (papas fritas, panqués, chocolates, agua y chocolate caliente). Se detalla que “aún cuando en la factura se observa que el arribo se realizó el 7 de junio de 2010 y la salida el 12 de junio, únicamente se cobra sólo por una noche, en virtud de que el costo tan elevado de la habitación se tuvo la necesidad de cambiar a un hotel más económico y cercano a los lugares donde se desempeñó una comisión oficial”.

El 16 y 17 de junio, en su encargo a Michoacán, gastó 867 pesos en La Casa Encantada por hospedaje de una noche en la habitación El Ángel, y 377 pesos en Mistongo y La Taba (restaurantes argentinos). Del 28 de junio al 2 de julio, en Estados Unidos, gastó 18 mil 415 pesos en los hoteles de lujo Four Seasons, The Ritz-Carlton y Jumeirah Essex House; también 1 mil 830 pesos en Culina Restaurant y The Cheesecake Factory (en el primero comió huevos con carne, jugo de naranja y un café; en el segundo, refresco, queso vasco y un sándwich).

El 26 y 27 de julio, en Guanajuato, erogó 1 mil 3 pesos en el Holiday Inn. El 10 y 11 de agosto, en Dallas, Texas, 3 mil 60 pesos en el hotel Rosewood Mansion on Turtle Creek.

Correspondiente a 2011, la Secretaría entregó copia de los estados de cuenta de una tarjeta American Express. Del 16 al 22 de enero, durante su estancia en España y Francia, pagó 2 mil 60.69 dólares (26 mil 455 pesos) en The Westin Palace y en Park Hyatt Paris-Vendôme por alojamiento y servicios; 333.6 dólares (4 mil 283 pesos) en la Taberna de La Daniela (comida española), Casa Lucio (cocina castellana), Goumard (marisquería) y Cafetería Starbucks Palace; además de 38.45 euros (653 pesos) en la Cervecería Santa Ana y Malongo Café por el consumo de cuatro refrescos, dos pulgas mixtas (jamón cortado a mano), un pincho tortilla (platillo a base de huevos y papas), una ración de pan, ensalada y jugo de frutas; y 12.90 euros (219 pesos) en transporte.

Del 10 al 12 de febrero permaneció en Miami, Estados Unidos; costeó 790 pesos en el hotel Marriot, 49.30 dólares (633 pesos) en el servicio de taxis Crown Taxi y 92.27 dólares (1 mil 184 pesos) en Super Yellow Cab, Subway (comida rápida), Sandwich and Salads y en Latín Café 2000 por lechón asado, naranjada, una “orden de maduros”, refresco y flan, entre otros productos. El 25 de ese mes pagó 685 pesos en el hotel de lujo Puerta Campeche.

Del 9 al 13 de marzo, de viaje a Andorra y Berlín, gastó 2 mil 136.54 dólares (27 mil 420 pesos) en Art Hotel y Grand Hyatt Berlin; 162.80 euros (2 mil 763 pesos) en transporte; 191.54 dólares (2 mil 458 pesos) en el Rest Siete Puertas (restaurante de cocina internacional), McDonald’s (comida rápida) y en Leysieffer (lugar donde se vende chocolate y café); y 93.05 euros (1 mil 579 pesos) en Juventus, Leysieffer Airport München y en L’Orry. Del 27 al 30 de ese mes, en Guerrero, desembolsó 17 mil 486 pesos en el hotel Las Brisas y 3 mil 540 pesos en los restaurantes Pipo Acapulco de Juárez y Baikal (comida internacional).

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