A pesar de que México es uno de los cinco países con mayor biodiversidad en el mundo, el resguardo de sus ecosistemas terrestres sólo alcanza al 13 por ciento; y de las zonas marinas a menos del 2 por ciento. Cuatro ecorregiones no están inmersas en la estrategia de protección y 56 están subrepresentadas. El esfuerzo gubernamental no es el suficiente aún para proteger los ecosistemas mexicanos, reconocen Tania Urquiza, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y César Sánchez, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
México es uno de los países más biodiversos en el mundo. No obstante, la cobertura de áreas protegidas representa sólo el 12.9 por ciento de la superficie nacional y el 1.4 por ciento de la zona económica exclusiva o mar territorial.
La cobertura es insuficiente para representar de manera adecuada la variedad biológica del país, pero es significativa considerando el estándar mundial. En este sentido, México ha hecho un buen papel, considera Tania Roswitha Urquiza Haas, investigadora de la Dirección Técnica de Análisis y Prioridades de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
La meta que se ha planteado en foros internacionales para fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, es del 17 por ciento en zonas terrestres y 10 por ciento en sitios marítimos. El Estado mexicano está lejos de alcanzar el promedio: “No todos los países tenemos las mismas capacidades económicas para hacer frente a estos retos. Manejar un área protegida, conservarla o restaurarla cuesta. Desafortunadamente el presupuesto no ha estado a la altura de este compromiso que tenemos por ser un país megadiverso”, señala César Sánchez Ibarra, director del Área Natural Protegida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente define áreas naturales protegidas como las porciones terrestres y acuáticas en donde los ambientes originales no han sido alterados significativamente por la actividad del ser humano.
La Conanp administra 174 áreas naturales protegidas, que equivalen a 25 millones 334 mil 353 hectáreas, y 317 áreas certificadas de 357 mil 616 hectáreas. Además, hay 308 áreas estatales y 109 municipales que son gestionadas por los gobiernos locales.
Luego de la séptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica realizada en 2004, México se comprometió a fortalecer el sistema de áreas protegidas. La Conabio y la Conanp, en conjunto con especialistas de instituciones académicas, civiles y gubernamentales, realizaron un análisis sobre los vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre y marina.
De las 96 ecorregiones, cuatro no tienen protección y 56 están subrepresentadas. Hay sesgos al proteger en mayor proporción las tierras que están a más de 800 metros sobre el nivel del mar (msnm), y las tierras a altitudes intermedias (entre 1 mil y 2 mil msnm) están subrepresentadas en el sistema de áreas protegidas.
Hay 16 tipos de vegetación primaria –matorral subtropical, mezquital, matorral sarcocrasicaule de neblina, pastizal natural, matorral espinoso tamaulipeco, pastizal halófilo, selva baja espinosa caducifolia, bosque de táscate, matorral desértico micrófilo, bosque de galería, vegetación gypsófila, bosque de pino, selva baja caducifolia, bosque de cedro y matorral crasicaule– que están por debajo de la media nacional en conservación, con valores entre el 0.9 y 11.5 por ciento.
“Hay un déficit de áreas protegidas en las selvas secas, el matorral espinoso tamaulipeco y los bosques de pinoencino, así como aquellos ecosistemas que han sido severamente afectados por las actividades humanas, como las selvas tropicales y los bosques mesófilos de montaña”,?se lee en el Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre de México: espacios y especies.
Se identificaron áreas prioritarias: la Sierra de San Pedro Mártir, la costa del Pacífico de Baja California Sur, el Norte de la Sierra Madre Occidental, el corredor entre Mapimí y Cuatrociénegas, el Sur de los estados de Nuevo León y Coahuila, la Sierra Madre Oriental en Tamaulipas, la Sierra Madre del Sur en Guerrero y Oaxaca, y Los Chimalapas en Oaxaca. Todos se ubican fuera de las actuales áreas protegidas.
En el ámbito marino, 105 sitios son prioritarios. Del total, 24 sitios prioritarios de mar profundo y 25 costeros y de margen continental no tienen ningún traslape con un área protegida. De extrema importancia se clasificaron 16: el Sistema Lagunar Nichupté, el Arrecife de Majahual, el Arrecife Coralino, Dzilam, las Lagunas de Alvarado, la Laguna de Champayán, Mulegé, Estero Morúa, Estero La Pinta, el Complejo Bahía San Jorge-Almejas, Estero El Soldado, la Bahía de Jitzamuri, Ensenada Pabellones, la Laguna La Joya, El Manguto-Chocohuital y Santa Cruz.
“La baja representatividad de los ecosistemas marinos y de mar profundo dentro del sistema de áreas protegidas significa que se requieren esfuerzos mayores para incorporar una gran diversidad de ecosistemas que por su importancia ecológica deben ser protegidos o incorporados en alguna forma de manejo sustentable que asegure su permanencia”, se concluye en el Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad marina de México: océanos, costas e islas.
Para Sánchez Ibarra, los bosques mesófilos de montaña, los arrecifes y los manglares son los hábitats naturales que por sus características biogeográficas y la mano del hombre son los más vulnerables. Los primeros, también conocidos como bosques de niebla, “se desarrollan de manera fragmentada y al estar inmersos o compartiendo estas montañas con los bosques tropicales están sujetos a la explotación maderable”. Las “selvas de los mares”, por su parte, “tienen tasas de crecimiento muy lentas” a lo que se añaden factores de riesgo, como la acidificación e incremento de la temperatura de los océanos y las descargas provenientes de las costas. Los manglares, “bombas de productividad de las pesquerías en México”, “son muy deseados o codiciados para ser transformados en infraestructura portuaria” (Contralínea 233).
Las presiones antropogénicas, como el cambio de uso de suelo, la contaminación, el tráfico de especies y la extracción ilícita de los recursos naturales están conduciendo al deterioro y pérdida irreversible de los ecosistemas: “Deberíamos tener una política más agresiva de recuperar territorios para que sean reservas nacionales forestales o para la producción del agua, porque aún cuando hoy sabemos que la naturaleza nos está entregando estos servicios ambientales seguimos creyendo como sociedad que nos los entrega a título gratuito, sin embargo mantener estos sitios cuesta y hay que hacer una inversión grande para restaurar”, puntualiza el experto.
“La biodiversidad es pilar de los múltiples servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza y que a veces damos por hecho que ahí están, pero si alguna vez nos quedamos sin capital natural nos vamos a quedar sin nada”, advierte Urquiza Haas.
Para Tania Urquiza y César Sánchez, la labor en materia medioambiental se ha visto limitada por la cuestión presupuestal.
“Uno de los grandes retos, el principal, así lo ha expresado el comisionado [Luis Fueyo Mac Donald], ha sido nuestra falta de presupuesto para tener un impacto mucho más positivo en estas comunidades que están demandando atención o conservación de sus recursos naturales. El presupuesto de la Comisión [Nacional de Áreas Naturales Protegidas] oscila, aún cuando ha tenido un incremento mínimo y ha sido básicamente por inflación, no ha habido un incremento real arriba de los 1 mil millones de pesos anuales. Dentro del sector somos el único órgano desconcentrado que tenemos nueve oficinas regionales y 100 locales atendiendo áreas protegidas. La Comisión no tiene el personal suficiente para tender las 25 millones de hectáreas que se tienen protegidas”, asevera César Sánchez.
“Hoy debería de haber un esfuerzo mucho más agresivo de la sociedad, porque creemos que ésta es una labor única y exclusiva del gobierno, y en realidad tiene que haber una reacción del colectivo, de la iniciativa privada, de las organizaciones sociales y productivas. [También es necesario] reorientar los presupuestos [públicos] nacionales para hacer algo que yo llamaría, en términos económicos, reinvertir en recuperar y reestructurar nuestro patrimonio natural, porque es la manera más rentable de generarle un ahorro a las generaciones futuras; de otra manera van a seguir gastando en catástrofes irreversibles en lugar de empezar a mitigar todos estos efectos adversos”, finaliza el funcionario.
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Fuente: Contralínea 297 / Agosto de 2012
