A tribunas legislativas, acoso a Contralínea

Mientras que la ALDF exhorta a garantizar la libertad de expresión y salvaguardarlos derechos de los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, en el Congreso de la Unión legisladores panistas obstruyen un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidarizaría con los reporteros y exhortaría a la CNDH y la PGR a resolver las denuncias de acoso y amenazas.

Érika Ramírez / Paulina Monroy

Con su voto en contra, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) impidieron que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobara un punto de acuerdo que exhortaba a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a garantizar el respeto irrestricto a la libertad de prensa y expresión y a resolver las denuncias por acoso y amenazas de las que son víctimas los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, director y reportera, respectivamente, de las revistas Contralínea. Periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y finanzas.

Con nueve votos de la bancada panista contra ocho de legisladores de los partidos Convergencia, de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), el punto de acuerdo presentado por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, fue turnado a comisiones.

El intento de exhorto del Poder Legislativo por el que “la Comisión Permanente se solidariza con los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo y se manifiesta por el respeto irrestricto de la libertad de expresión y los derechos humanos” también pugnaba por la resolución de las denuncias de acoso presentadas por dichos reporteros ante ambas instancias.

Frente a los legisladores, Velasco Oliva –del Partido Convergencia– argumentó que el respeto a los derechos humanos es parte fundamental en un estado de derecho: “Entre las libertades de los sistemas democráticos se encuentra la libertad del individuo de exponer sus pensamientos y opiniones, por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción. Sin autorizaciones previas o censura de la autoridad. Sin más limitación que la que la ley establece, es decir, los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como el respeto al orden público”.

El diputado consideró que el punto de acuerdo debía ser de “urgente y de obvia resolución”, debido a que recientemente “hemos visto con profunda preocupación que una de las manifestaciones de la libertad de expresión, tutelada en el artículo séptimo de la Constitución, se ha visto vulnerada en la persona de los periodistas Miguel Badillo, director, y Ana Lilia Pérez, ambos de la revista Contralínea”.

En tribuna, argumentó: “¿Cuál es el delito que han cometido para verse perseguidos y acosados? Ninguno. El verdadero motivo parece ser un malentendido sentimiento de revancha… Un acto de autoritarismo que en el uso faccioso de las instituciones vulnera el estado de derecho para castigar a quien, en ejercicio de un derecho, informó a sus lectores en febrero de 2008 que Juan Camilo Mouriño Terrazo, como funcionario público realizaba negocios privados, beneficiando a compañías de su familia”.

Argumentos blanquiazules

No obstante la exposición de motivos para el exhorto, en la que el diputado detallaba el arresto de Miguel Badillo (el 16 de enero de 2009) y el resguardo al que se vio sometida Ana Lilia Pérez, los diputados de Acción Nacional alzaron su mano cuando la secretaria técnica de la Comisión Permanente pedía votos en contra de que el punto de acuerdo fuera “urgente y de obvia resolución”.

María Esther Jiménez Ramos, integrante del grupo parlamentario del PAN, argumenta que el acoso a periodistas o a cualquier ciudadano tiene que ser llevado a un procedimiento legal. “Votamos en contra de que no fuera de urgente y de pronta resolución para que se lleve a cabo un análisis en la Comisión de Justicia, que le corresponde”.

Al preguntarle sobre los derechos de los periodistas de ejercer libremente su profesión, la legisladora dice que la libertad de expresión de los periodistas es la misma que tienen todos los ciudadanos, “por eso hay procedimientos legales que se tienen que seguir y existen autoridades competentes para que determinen lo que corresponda”.

Fidel Antuña Batista, también de la bancada panista, coincide con Jiménez Ramos y agrega: “No tenemos los documentos para analizar la violación a sus derechos. No tenemos datos. Cuando la Comisión lo pase al pleno se podrá votar”.

No obstante, manifiesta que es “preocupante” la judicialización del ejercicio periodístico, y que el libre ejercicio de una profesión sufra del acoso y la persecución de cualquier autoridad. Aunque, justifica, “no es una situación generalizada”.

Carlos Augusto Bracho González –uno de los nueve panistas que alzó la mano derecha para que el punto de acuerdo se rechazara, bajo el argumento de turnarlo a la Comisión de Justicia– defiende su voto: “Para ello hay una comisión especializada. Ahí, que los diputados analicen en forma rápida y hagan el dictamen correspondiente”.

Ante los reporteros, Bracho González no omite conceder: “Hay que solidarizarse con los periodistas que se atreven y arriesgan su vida por temas complicados y donde pisan muchísimos intereses”.

Cuauhtémoc Velasco Oliva considera que el voto panista en contra del punto de acuerdo promovido se debe a que los legisladores de ese partido se “caracterizan por respaldar gobiernos autoritarios y medidas antidemocráticas. Pensé que ante la gravedad de los hechos pudieran cambiar su voto, pero lamentablemente no fue así.

“Hay un deterioro de los derechos humanos y de las libertades, producto de la forma en que surge este gobierno. Es un gobierno que ha buscado la movilización del Ejército Mexicano encubierta con la lucha contra el narcotráfico, pero que en el fondo está mandando un mensaje muy claro de que es un gobierno que tiene la posibilidad de usar a las fuerzas armadas. Es un Estado cada vez más policial en donde la libertad de expresión sufre un menoscabo, que se refleja el acoso a periodistas.”

Periodista, vigilante permanente

Previo a la votación del punto de acuerdo, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, dijo en entrevista con Contralínea que el periodista se ha convertido en un vigilante permanente del poder. “Lógicamente, las personas que se ven afectadas con estos señalamientos quieren crear un clima de temor entre el gremio que ejerce la libertad de expresión y de prensa”.

Ante la labor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (encabezada por Octavio Orellana Wiarco), Soberanes Fernández dice que ésta “desgraciadamente no ha dado resultados”, y que “debería haber una actitud más enérgica por parte del gobierno federal”.

El encargado de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en México asegura que “no queremos privilegios para los periodistas. Simplemente hacer valer el ejercicio de una garantía individual fundamental, como la libertad de prensa. No es denostando a un periodista como se va a lograr la plena democracia en nuestro país”.

ALDF: defender la libertad de expresión

Mientras, como de “urgente y obvia resolución”, los integrantes de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) votaron un punto de acuerdo para pronunciarse en contra del hostigamiento que padecen Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez.

El pasado 28 de enero, durante sesión ordinaria, por unanimidad, y tres ausencias, diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, la Coalición Parlamentaria de Izquierdas y la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata aprobaron exhortar a las autoridades para que cese el acoso y se respete la libertad de expresión.

Salvador Martínez Della Rocca, del PRD e integrante de la Diputación Permanente, presentó el punto de acuerdo por el que la ALDF expresó su posición frente a los actos cometidos contra los periodistas de esta casa editorial. En su intervención, Martínez Della Rocca expuso que, “ante estos hechos que significan un flagrante retroceso en el ejercicio de la libertad de información en nuestro país, es responsabilidad de este órgano pronunciarse por el ejercicio de la libertad de prensa sin restricciones”.

Luego de hacer un recuento sobre los hechos ocurridos el 16 de enero –con el arresto del director de Contralínea–, los firmantes del punto –Della Roca y Tomás Pliego Calvo, también del partido del sol azteca– aludieron a una de las demandas que enfrentan los periodistas: “Se acusa a Badillo de haber emprendido una campaña apartada de los cánones de la libertad de expresión, derecho a la información y libertad de expresión, en contra de la sociedad actora (Oceanografía), con el propósito de desprestigiarla, sin informar con toda veracidad su situación”.

Además, recordaron lo vivido el 5 de agosto de 2007, cuando a las instalaciones de Contralínea y Fortuna irrumpieron representantes de Grupo Zeta Gas y amenazaron con desaparecer dichas publicaciones, además de exigir que se revelaran las fuentes de información. Del mismo modo hicieron mención de la queja interpuesta el 12 de septiembre de 2008 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte en su contra y de la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la retención ilegal de Badillo.

Argumentaron que diversos analistas políticos como Ernesto Villanueva, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, han expuesto que: “El periodista Miguel Badillo fue privado de la libertad al margen de la ley por una causa de naturaleza civil. Ello pone de relieve el uso del poder para acallar a la prensa incómoda con la connivencia de las autoridades jurisdiccionales”.

En entrevista con Contralínea, Pliego Calvo señala que es un “grito de alarma, de solidaridad y de protesta en contra de las autoridades”. El asambleísta, autor del punto de acuerdo, observa que en el caso hay un contubernio entre grandes empresas y el poder político: “Tratan de callar, combatir y cercenar la pluma a periodistas comprometidos con su labor, que se caracterizan por su valor y dignidad, para seguir haciendo cuanta arbitrariedad se les ocurra, sin ser observados o vigilados por nadie”.

Agregó que el ejercicio libre del periodismo es afectado porque a través de bufetes jurídicos se opera contra los medios de comunicación: “Creemos que el poder legislativo no puede ser omiso, quedarse con la boca callada, porque seríamos cómplices de estos atropellos”.

El también vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia advierte que el caso tiene que ver con la denuncia de actitudes reprochables para la sociedad civil. Atribuye la judicialización de investigaciones periodísticas a la crisis y la falta de legalidad: “Son vulnerados medios de comunicación comprometidos con la verdad. Estoy convencido que estos procesos judiciales pasan por filtros políticos de primer nivel. Es muy grave, porque hay una colisión entre el poder político, el poder empresarial y una fracción del poder judicial; se confabulan para ‘aleccionar’ a los periodistas que trabajan sin ningún tipo de censuras personales e institucionales”.

Pliego Calvo –quien también ha sugerido puntos de acuerdo respecto a los casos de los comunicadores José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui– concluye que, más que leyes, se requiere honestidad, respeto a la libertad de expresión e intención política. No obstante, advierte que se entiende al inverso: “Es una voluntad política que está dirigida a aplastar, acallar plumas, voces e información a la que todos los mexicanos tenemos derecho”.

El exhorto del Congreso de BC

El 29 de enero, el Congreso del Estado de Baja California aprobó un punto de acuerdo para emitir un exhorto al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, con el fin de que se realice una investigación profunda y expedita del caso en el que se ven involucrados los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, director y reportera, respectivamente, de la revista Contralínea.

Ana María Fuentes, presidenta de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas, quien fue la encargada de leer el punto de acuerdo en tribuna, argumentó que el ejercicio periodístico se convirtió en una actividad de alto riesgo en el país.

La diputada dijo que la violencia y las agresiones hacia los comunicadores en México, tanto desde el poder de los cárteles del crimen organizado, como de los del poder político, los criminales de cuello blanco, los empresarios sexenales, que contrario a la sana competencia proclamada por el neoliberalismo hasta hace poco, se dedican a hacer negocios al amparo del poder.

Fuentes agregó: “Esta soberanía no puede ser insensible a la angustia de la periodista Ana Lilia Pérez, quien recibió amenazas de muerte y teme ser aprehendida, por investigar y divulgar asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel”.

A decir de la legisladora, la democracia exige la vigencia de libertades políticas fundamentales, especialmente de opinión, expresión, asociación, movimiento y acceso a medios de comunicación libres y plurales. (Yenise Tinoco / Lorena Rosas, corresponsal)