El Estado mexicano ha fallado en su obligación de garantizar los derechos a la libertad de expresión y de prensa. La conclusión es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe de la relatoría especial para la libertad de expresión, publicado por el organismo internacional en Washington el 7 de marzo pasado.
En entrevistas por separado, periodistas y defensores de derechos humanos señalan que el Informe le da a México la posibilidad de rectificar y mejorar el clima en el que los periodistas ejercen su oficio. Advierten que el documento impone obligaciones a las autoridades: prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra periodistas.
“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pone énfasis en el clima de violencia que afecta a la prensa mexicana. Documenta la censura directa, pero también otros mecanismos de censura indirecta, mismos que han generado un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico. Es el caso de la revista Contralínea y sus periodistas, quienes han sido víctimas de acoso judicial.
“El informe exige que, a la brevedad, el Estado mexicano adopte medidas para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión en el país, así como para prevenir, investigar y sancionar a quienes cometan agresiones contra periodistas.
“Queda establecida la importancia de la aplicación de estándares internacionales para evitar el uso de figuras jurídicas, como difamación, calumnia e injuria, que pretendan inhibir el ejercicio periodístico, más aún cuando se trata de temas de interés público como la denuncia de actos de corrupción”. (Cynthia Cárdenas, consultora legal de la Oficina para México y Centroamérica de la organización internacional Artículo 19)
“El documento recoge muchas de nuestras preocupaciones. Nos da elementos desde la mirada internacional, desde el enfoque de derechos humanos, de lo que está pendiente en la agenda del país. En gran medida puede ayudar cuando se cumpla lo que demanda la Relatoría. En el escrutinio internacional, el Estado mexicano queda como alguien que no está garantizando el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
“Entre los temas que destacaría, están las agresiones a periodistas, la pluralidad informativa y la publicidad oficial bajo el contexto de violencia, impunidad y autocensura en el que se vive.
“Hay 13 ejemplos en el apartado sobre agresiones a medios de comunicación. Siempre estamos hablando en general del problema, pero el Informe le pone rostro a las agresiones”. (Brisa Maya Solís Ventura, directora del Centro Nacional de Comunicación Social)
“Es lamentable que instancias internacionales tengan que señalar los casos en que fueron violados los derechos humanos, concretamente la libertad de expresión en México. Destaca entre los casos el de la revista Contralínea, donde los trabajadores, reporteros, distribuidores y el director han padecido acoso, robo, agresiones, amenazas y juicios con el fin de acallar la verdad.
“Con estos recursos, pretenden impedir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico; así, no sólo se vulnera el derecho de los periodistas y trabajadores de ese medio, sino el derecho que tiene la sociedad de recibir la información.
“En México, la violencia predomina el ambiente. Sólo en 2010, hubo 12 periodistas asesinados y hay, al menos, otros 12 desaparecidos en la última década. Esta situación coloca a México como el país donde se cometen mayor número de agresiones contra periodistas. El gobierno de Felipe Calderón no puede justificar el asesinato de 40 mil personas bajo la farsa de que es producto del combate al narcotráfico.
“La Relatoría indica que las acciones interpuestas a la revista buscan hostigar a los periodistas y a ese medio informativo. El acoso se ha manifestado con la promoción de al menos cinco demandas civiles en tres entidades federativas.” (Judith Calderón, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de La Jornada y coordinadora del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión)
“Los gobiernos tienen una obligación moral de cumplir con las recomendaciones, de tomar medidas y establecer mecanismos encaminados a proteger y garantizar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
“El documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recuerda a las autoridades que hay compromisos y recomendaciones que no se han cumplido.
“La Comisión hace un señalamiento directo de la judicialización de la libertad de expresión, es decir, aquellos casos donde funcionarios públicos o autoridades se sienten agraviadas por informaciones difundidas. Hace un llamado a revisar el sistema de justicia no sólo en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil.
“Si hay voluntad, lo ideal es que las recomendaciones se cumplan desde ya y se encaminen a sosegar el clima de inseguridad e impunidad que hay para el ejercicio periodístico.” (Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras)
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