IMSS se niega a reconocer asesinato de periodista

A nueve meses del asesinato del periodista Armando Rodríguez Carreón, el Instituto Mexicano del Seguro Social rehúye entregar la pensión por viudez y orfandad para su familia, pues no reconoce que el crimen está relacionado con su ejercicio profesional. Prefiere calificarlo como “accidente de trayecto”. A esto se suma la falta de acción penal de autoridades locales y federales: lo que podría ser el único vestigio de justicia para el reportero, está en riesgo

Vencida, así se siente Blanca Alicia Martínez de la Rocha, viuda del periodista Armando Rodríguez Carreón. A nueve meses de su asesinato no hay ningún detenido y tampoco respuesta de autoridades estatales y federales. Después de perder al compañero de su vida, a Blanca Alicia no le queda más que luchar por el que quizás será el único vestigio de justicia para su esposo: la pensión por viudez que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se rehúsa a otorgarle.

Frente a su hija de nueve años, el reportero que cubría la fuente policiaca en El Diario recibió ocho disparos. El 13 de noviembre de 2008 fue asesinado afuera de su hogar en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se disponía a llevar a Jimena y Ghalia, de siete años, al colegio.

“Sólo me mueve la impotencia, la rabia, el coraje –confiesa Blanca Alicia–. Yo no tengo esperanza de saber quiénes y por qué mataron a Armando. Encima de todo, que no me den la pensión, me parece el colmo”.

Ella inició el trámite para obtener su pensión de viudez y orfandad el 5 de enero de 2009 ante la Clínica 48 del IMSS en Ciudad Juárez. No obstante, el Seguro Social no reconoce el homicidio del periodista como muerte por riesgo de trabajo. El departamento jurídico de la delegación estatal en Chihuahua negó que su muerte estuviera relacionada con su ejercicio periodístico, pese a un fallo previo de la propia institución que iba en ese sentido.

Ricardo Ibarra Martínez, perito del IMSS, calificó como “accidente de trabajo” la muerte de Armando Rodríguez Carreón el 23 de febrero de 2009. El Dictamen de calificación de probable riesgo de trabajo resolvió que se trató de un accidente laboral, pues “al no estar obligado a verificar tarjeta de entrada, ya que por motivos de su profesión tenía que desplazarse a diversos lugares para la obtención del reporte periodístico, se entiende de forma tácita que estaba comisionado ante cualquier eventualidad”.

En copia de la forma Datos complementarios para la calificación de probable riesgo de trabajo que Publicaciones Paso del Norte, SA de CV, editora de El Diario, describe el incidente de aquel 13 de noviembre: “El asegurado se disponía a trasladarse a su lugar de trabajo para iniciar su jornada laboral, cuyo inicio era a las ocho de la mañana, cuando un desconocido lo agredió con disparos causándole la muerte”.

Blanca Alicia relata que el 11 de mayo el perito le comentó que por solicitud del doctor Melchor Palomares Cera, coordinador delegacional de Salud en el Trabajo, no procedía calificar como riesgo de trabajo las lesiones sufridas por el reportero, por lo que era necesario rectificar el dictamen como no profesional. Ibarra Martínez se negó a cumplirlo.

La recalificación le fue confirmada a la viuda del periodista el 26 de junio, cuando le anunciaron que se dictaminaría como accidente de trayecto al trabajo. Le insistieron que el cambio se atenía estrictamente a la ley, pues el IMSS no podía hacer suposiciones sobre los motivos del homicidio. A nombre del delegado estatal, le reiteraron que la recalificación se explicaba porque el organismo no puede distinguir entre el trabajo de un reportero, un empleado de maquiladora o un mesero.

Elizabeth Flores, de la asociación civil Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez y asesora de Blanca Alicia, expone que al definir así el asesinato se le considera algo imprevisible sin relación con su labor informativa, un simple percance.

Observa como incongruente que se le dé esa calificación cuando el espíritu de la ley garantiza protección cuando es accidente en el ejercicio de la profesión o por motivo de él: “Calificarlo como es debido es un acto de justicia, quizás el único para Armando y su familia, porque difícilmente se encontrará quién y por qué se cometió ese delito”.

La activista alega que aun cuando es derecho de familiares y empresa impugnar el dictamen, el IMSS tomó esa atribución y actúo bajo su criterio para modificarlo. Considera que la explicación es ofensiva y se pregunta qué los llevó a tomar esa decisión y bajo qué parámetros el instituto pretende cambiar el dictamen.

Refiere que existen los elementos para calificarlo de manera favorable. Tan es así, apunta, que El Diario asume que es accidente de trabajo como se aprecia en carta abierta para el general de brigada Felipe de Jesús Espitia, comandante de la Quinta Zona Militar y comandante en jefe de la Operación Conjunta Chihuahua, del 16 de julio de 2009. Osvaldo Rodríguez Borunda, director general del periódico El Diario, le recuerda que Rodríguez falleció a causa de su labor informativa.

Para la viuda de Rodríguez Carreón, la decisión es un insulto no sólo para la memoria del finado y su familia, sino para el oficio periodístico en general:

“Dadas las circunstancias, los reporteros están en riesgo y sus familias a la deriva”. No acepta que se pretenda determinar como “accidente de trayecto” un asesinato a causa de lo que él publicaba.

Aunque de uno u otro modo la pensión monetaria no cambia, advierte que se trata de estricta justicia y de apego a la ley: “La vida de Armando no tiene precio, es una cuestión de derecho”. La pensión por viudez u orfandad del Seguro Social equivale al 40 por ciento del 70 por ciento que el finado ganaba al momento de su muerte.

“No sólo –señala Elizabeth Flores– la falta del estado de derecho está en la justicia que no llega, sino hasta en un trámite como éste, donde las instituciones están dispuestas a no reconocer la violencia en la que vivimos”.

Tratándose de una muerte por riesgo profesional, opina, la pensión debe ser garantizada. Advierte que es necesario prestar atención al gremio, especialmente en el contexto de violencia, por el riesgo que significa: “La muerte de quien pierde la vida en el ejercicio de su profesión no puede quedar en la nada, tiene que dar frutos, ser una lección no sólo para otros periodistas, sino para toda la sociedad. No puede ser en vano”.

Apunta que no se resarce el perjuicio para la familia: “Los daños que conllevan los riesgos en la profesión no sólo no se ven atendidos, sino agravados. Ya no es sólo que de un momento a otro se pierda al padre o el esposo, sino también las garantías y la protección, porque no se reconoce el riesgo que la profesión conlleva, especialmente en estos momentos”.

Blanca Alicia tuvo que desalojar la casa que la pareja recién compró antes del crimen por la falta de pago. Ella sólo atina a decir: “Él ya no está para nosotros”, y ésa es la mayor pérdida.

Muerte sin resolver

Con 16 años en la fuente policiaca, el reportero conocido como el Choco decía que andaba entre la mierda y por eso debía tener cuidado para no ensuciarse. Para Blanca Alicia, se movía entre la maldad.

Según el Informe Buendía, análisis hemerográfico sobre los obstáculos a la libertad de expresión en México entre enero de 2008 y hasta junio de 2009, 17 periodistas fueron asesinados; en lo que va del año se cuentan seis informadores que perdieron la vida. Respecto de 2007, lo ocurrido en ese periodo no tiene precedentes, pues cinco informadores fueron asesinados.

Más de 360 comunicadores fueron atacados en casi dos años. En 2008, 71 sufrieron agresiones físicas; 47, amenazas e intimidación; 13, atentados; 12, censura; 10, allanamiento; cuatro, robo, y tres, acoso y hostigamiento. Tres más fueron secuestrados, y uno, desaparecido. Además 14 fueron demandados y 11, detenidos. Siete medios fueron clausurados; cinco fueron bloqueados en publicidad y cinco más en información.

La mayoría de los atentados ocurrió en donde la delincuencia organizada y el narcotráfico tienen presencia. Los reporteros que cubren la fuente policiaca son los más susceptibles; en 18 meses, 104 sufrieron algún tipo de incidente. El motivo principal de las agresiones fue el ejercicio de su labor informativa. En 93 de las 223 agresiones ocurridas, ésa fue la constante; en 50, por los contenidos, y en 29 se desconoce la razón.

El reporte, publicado por la Fundación Manuel Buendía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, señala como principales responsables de los actos cometidos contra informadores a las fuerzas del orden y funcionarios del gobierno involucrados en 80 y 52 casos respectivamente. Mientras que en 32 ataques no se conoce al agresor, sólo en seis se cree que sean supuestos narcotraficantes.

Armando Rodríguez Carreón comenzó cubriendo nota policiaca en 1993 para el periódico El Norte de Ciudad Juárez, y desde 1997 para El Diario. Al momento de su muerte sólo tenía 40 años. El reportero prefería no comentar con Blanca que era amenazado y sólo en una ocasión, hace tres años, le mostró un mensaje de texto que pretendía intimidarlo.

Mientras las amenazas y el peligro crecían, Rodríguez Carreón acudió a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE), Patricia González Rodríguez, quien le sugirió abandonar la ciudad para resguardarse en El Paso, Texas.

La viuda del Choco relata que pese a la tensión y el clima de violencia, él decidió no hacerlo. Debido a una lesión en la columna permaneció incapacitado dos meses, tiempo en el que solicitó su cambio a otra fuente informativa cuando se reincorporara; no obstaste, nunca sucedió. El 13 de noviembre de 2008 el periodista perdió la vida a manos de un sicario.

Durante su funeral, comenta Blanca Alicia, el reportero Jorge Luis Aguirre también recibió un mensaje en que le advertían que el siguiente era él, por lo que decidió dejar Ciudad Juárez.

Días antes de su asesinato, Rodríguez Carreón publicó información sobre la ejecución de Andrés Armando Sánchez Pineda, sobrino político de la procuradora González Rodríguez, que fue encontrado con otros tres cuerpos a lado de una camioneta oficial de la PGJE. Según la nota del 29 de octubre, el joven la conducía al momento de su asesinato y tres años atrás había sido detenido en El Paso con más de 160 kilogramos de mariguana.

Posteriormente, el 1 de noviembre, el reportero reveló que Andrés Avelino Sánchez Ávalos, el padre de la víctima, fue cesado de su cargo como responsable administrativo de la Unidad de Transporte de la PGJE por prestar un vehículo oficial.

En otra nota del 30 de octubre detalló que el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión contra cuatro supuestos sicarios del grupo “Los Aztecas”.

Un día después del homicidio del periodista, El Diario expresó en un desplegado que el atentado ha venido a ser la culminación en un cuadro generalizado de inseguridad que socava los cimientos de una ciudad al margen de la justicia.

Refirió que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, “sin pretender desestimar el problema”, emitió un exhorto el 4 de noviembre de 2008 a los medios para que evitaran caer en la agenda del narcotráfico. El Diario respondió que no podía sustraerse de la realidad que los fronterizos padecen: “Sería traicionarnos a nosotros mismos como medio de comunicación, a la vez que traicionar a quienes nos siguen y nos leen”.

Directivos y periodistas de El Diario instaron a Felipe Calderón a decretar estado de emergencia en Ciudad Juárez, por la violencia que asola la vida cotidiana en la frontera.

Recuerdan en una carta abierta dirigida al mandatario que siendo candidato expresó que en la medida en que una actividad se desarrolla en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad debe haber mecanismos que la protejan. El ahora presidente de la República aseguró que un periodista que es amenazado o que realiza una investigación contra el crimen organizado debe tener protección especial. Esa salvaguarda, aluden, no sucede.

“No podemos permitir que la absurda muerte de Armando Rodríguez se quede como una estadística más en el cúmulo de los 1 mil 300 asesinatos registrados en la frontera en lo que va del año, porque sería aceptar que la fuerza de las armas criminales puede más que la palabra”.

Agentes ministeriales designados por la Procuraduría General de la República (PGR) se entrevistaron con Blanca Alicia y compañeros de trabajo del reportero. Poco después fue asesinado el subdelegado local de la PGR en Ciudad Juárez. Desde entonces, la viuda del Choco no ha tenido comunicación alguna con las autoridades.

El 13 de julio El Diario apuntaba que hasta ese momento se habían abierto tres líneas de investigación; una de ellas descubría el nombre del supuesto autor material e intelectual del homicidio, resultado de la investigación realizada por la PGJE y que de acuerdo con el medio impreso le fue entregada al secretario de Gobernación. Al ser cuestionado por El Diario, Gómez Mont se deslindó de la indagatoria.

Según la nota, Osvaldo Rodríguez Borunda, director del medio impreso, tuvo un encuentro el 26 de enero de 2009 con el presidente Felipe Calderón, quien le ofreció todo su apoyo para que el crimen fuera esclarecido e instruyó al titular de Gobernación para recibir cualquier información relacionada con el caso.

En un desplegado, el empresario sostiene que la procuraduría estatal ya tenía identificados a los culpables y que González Rodríguez le entregó el expediente a Gómez Mont; sin embargo, el secretario declaró que sólo le había solicitado su apoyo.

Indicó que con la información de la PGJE entregada a la PGR y a la Subprocuraduría para la Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se inició el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/116/2009, y se envío personal del Ministerio Público y la Policía Federal. También aseguró que se analizaría la conveniencia de que el gobierno federal ejerciera su facultad para atraer el caso.

La familia de Rodríguez Carreón solicitó a la PGJE una copia del expediente, no obstante, se les negó argumentando que la carpeta estaba en manos de la procuradora. La última vez que tuvieron acceso a las indagatorias, sólo se observaban las primeras actuaciones ministeriales. Blanca Alicia enuncia que tanto la atracción federal del caso no se hizo correctamente, como que no hay avances en la PGJE para su resolución.

Para Elizabeth Flores, de Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez, es una burla que en el supuesto de tener identificados a los responsables no se avance en la investigación.

El 28 de junio, el fiscal José Ibarra Limón, quien seguía el caso de homicidio del periodista, fue asesinado en una unidad habitacional por un comando que le disparó desde un vehículo. El ministerio público asignado a la Séptima Agencia Investigadora de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República recibió siete disparos.

Dos horas antes del atentado, el secretario de Gobernación, según publicó El Diario, declaraba que la información brindada por la procuradora estatal, Patricia González Rodríguez, no fue útil para esclarecer el asesinato del reportero. “No es correcto suponer que por el hecho de que la procuraduría entregó información a la Federación, el delito será resuelto, ya que se siguieron las líneas de investigación y no sé llegó a ningún resultado. Este tipo de investigaciones tienen un carácter complejo”.

Sobre el asesinato que calificó como un acto artero y cobarde, dijo que se está haciendo el mejor de los esfuerzos frente a una actividad clandestina para encontrar a los responsables. Ni una de las indagatorias abiertas por la PGJE, la PGR y la más reciente por la SIEDO ha dado resultados. A nueve meses del atentado contra el periodista, no hay ningún detenido.

En memoria del esposo, el reportero y el padre de tres hijos (Jimena de nueve años, Ghalia de siete y Elías de dos), Blanca Alicia enuncia en una petición pública: “El ejercicio responsable de su profesión a él le costó la vida; a mí, la dolorosa ausencia de mi compañero de vida; a mis hijos, el padre que tanto amaron y necesitarán siempre, y a su familia, la pérdida inconsolable de su amado hijo y hermano”.

Petición de la familia de Armando Rodríguez Carreón

Al Instituto Mexicano del Seguro Social le exigimos por justicia y verdad respetar el dictamen elaborado por su propio perito y confirmado por el Departamento de Medicina en el Trabajo, enfatizando que ni los familiares del trabajador ni la empresa han interpuesto recurso de impugnación por el dictamen emitido.

A la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua y a la Procuraduría General de la República le exigimos el esclarecimiento del asesinato del periodista Armando Rodríguez en cumplimiento de la función pública y en respuesta a toda la ciudadanía a la que se deben en la búsqueda de una justicia pronta y expedita.

A los diputados electos para la LXI Legislatura, quienes tomarán posesión este 1 de septiembre, exigimos que revisen y, si es preciso, modifiquen la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus reglamentos, con el fin de que salvaguarden los derechos laborales en el ejercicio de la profesión periodística.

A los periodistas le pedimos su solidaridad a nuestra causa, que es la causa de ustedes, para no permitir el estado de indefensión en que puede quedar la pérdida de la vida por el ejercicio de su profesión.

A las organizaciones civiles y a la sociedad en general les pedimos defender el estado de derecho, la justicia y la verdad en el irrenunciable derecho y anhelo de un mundo mejor. (Familia Rodríguez Carreón)