Acciones inconclusas a favor de la libertad de expresión fueron presentadas como “logros” del gobierno mexicano ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y es que las autoridades mexicanas no tenían “nada bueno” que decir a la comunidad internacional sobre el tema, considera la organización internacional Artículo 19.
Los argumentos expuestos por el gobierno federal ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a favor de la libertad de expresión, se caen por sí solos. El Estado mexicano tuvo que colocar en su informe acciones no concretadas respecto del tema de la libertad de prensa y protección a los periodistas. Esto, porque no ha hecho nada para evitar los asesinatos y agresiones contra comunicadores, considera Darío Ramírez, director de Artículo 19 capítulo México.
El 10 de febrero pasado, este país aplicó su primer examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, fue quien encabezó la delegación mexicana y dio cuenta a la comunidad internacional de las acciones emprendidas por el gobierno a favor de los derechos humanos, así como los temas pendientes.
En su informe, el gobierno federal dice que el país registra recientes e “importantes desarrollos” que contribuyen a fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información. El documento cita las reformas a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales a fin de garantizar el secreto profesional de los periodistas. Agrega que los cambios jurídicos tuvieron lugar en junio de 2006 y sólo están vigentes en seis estados.
También señala que en abril de 2007 se reformaron los códigos Penal y Civil federales, a fin de despenalizar la calumnia, difamación e injuria. Dicha reforma únicamente está vigente en 11 estados. De acuerdo con el diputado Joaquín de los Santos, secretario de la Comisión de Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, se necesita que otras cinco entidades federativas ratifiquen la reforma para que se considere ley en el ámbito nacional.
El informe da cuenta de que en octubre de 2008 el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone facultar a las autoridades federales para conocer delitos del fuero común relacionados con la libertad de expresión que, por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan el ámbito local, con el objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos.
A decir de Perla Gómez, catedrática de posgrado en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la reforma presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), a nombre del Ejecutivo, resulta agresiva para los informadores al limitar la definición de periodista.
“En los últimos dos años se presentaron alrededor de cinco iniciativas de reforma. La que presentó la PGR es la más retrógrada de todas, por los criterios restrictivos que maneja”, considera la especialista en derecho a la información.
El 26 de noviembre de 2008 se presentó una iniciativa ciudadana que contempla la federalización de los delitos contra periodistas; sin embargo, desde esa fecha, ésta se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Brisa Maya, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), considera que el Estado mexicano no tenía nada que presentar en el tema de libertad de expresión ante la ONU. Es un avance sustancial que el gobierno reconozca que existe un problema en la materia, pero se necesita más que eso para resolver la crisis por la que atraviesa el país.
Para la defensora de derechos humanos, el gobierno presentó verdades a medias. En el informe hablan de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) como un gran logro, pero ésta es inoperante e ineficiente.
El gobierno mexicano, dice, responsabiliza al crimen organizado de las agresiones contra periodistas; “ésa es la manera más fácil de que el Estado le cuelgue a un poder fáctico los ataques contra los comunicadores, evitando la encomienda que como autoridad le obliga la Constitución”.
Sin embargo, de acuerdo con datos de Cencos y del Centro de Periodismo y Ética Pública, los principales responsables de las agresiones son funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno. “Cada caso tiene una complejidad diferente; no podemos meter en el mismo cajón lo que está pasando en Ciudad Juárez que en Oaxaca”, dice Brisa Maya.
Reconoce que la administración de Felipe Calderón aceptó todas las recomendaciones emitidas por la comunidad internacional en materia de libertad de expresión. La cuestión es cómo van a ser cumplimentadas. Asegura que estará por verse si existe la voluntad política para llevarlas a cabo; “el gobierno ha demostrado que no tiene voluntad política para solucionar esta crisis”.
La resolución de la Asamblea General 60/251, que crea el Consejo de Derechos Humanos, decidió que dicha comisión realizara un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, de una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto a todos los países miembros de la ONU.
Los objetivos del examen son: el mejoramiento de la situación de los derechos humanos; el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en la materia; la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta; el fortalecimiento de la capacidad del país evaluado y de la asistencia técnica con el consentimiento de este último.
Otros objetivos son: el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados; el apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos, y el fomento de la plena cooperación y el compromiso con el consejo, otros órganos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En su informe, el gobierno mexicano asegura que el país transita por un proceso de significativas transformaciones en sus instituciones políticas, jurídicas y sociales que, sobre todo a partir de la última década, se traducen en un mayor goce de todos los derechos humanos. Persisten rezagos y debilidades institucionales que preocupan a sociedad y autoridades; sin embargo, “hoy nadie puede afirmar que en México las violaciones a los derechos humanos son una política de Estado”.
El gobierno de Felipe Calderón sostiene que el país atraviesa por una etapa de completa vinculación a las normas internacionales de derechos humanos. De 2001 a 2006, se ratificaron todos los tratados en la materia y se aceptó la competencia de todos los órganos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales en funcionamiento para recibir quejas y peticiones individuales.
Sin embargo, organizaciones civiles nacionales dicen que a pesar de que México cuenta con una importante presencia internacional en el ámbito de los derechos humanos, la realidad interna es preocupante: se sigue aplicando la tortura, se realizan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas; se limita la libertad de expresión; no se garantizan, protegen ni respetan ninguno de los derechos económicos, sociales y culturales; además, se padecen impunidad y grandes obstáculos para acceder a la justicia.
Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México, considera que a pesar de que el gobierno mantiene una postura abierta a la comunidad internacional y ha firmado todos los pactos universales, no logra convertir los compromisos adquiridos en una política dinámica a nivel interno para la protección de los derechos humanos.
Agrega que las autoridades federales anunciaron el Programa Nacional de Derechos Humanos, pero éste no cuenta con el apoyo de la sociedad civil, tanto por su contenido, como por el desconocimiento que existe del mismo.
En tanto, el Informe sobre la situación de derechos humanos en México para el examen periódico universal, suscrito por 49 organizaciones nacionales y siete internacionales, da cuenta sobre la situación de riesgo en la que laboran los comunicadores en este país. En los últimos ocho años, por lo menos 24 periodistas fueron asesinados, ocho más permanecen desaparecidos y decenas fueron amenazados, intimidados o agredidos en razón de su oficio.
Agrega que los periodistas que realizan reportajes de investigación sobre el narcotráfico, así como los informadores comunitarios y los indígenas, hacen su labor en condiciones de vulnerabilidad y son víctimas de delitos; además, el Estado no realiza investigaciones eficaces que deriven en la sanción de los responsables.
Para las organizaciones civiles, es necesario un marco normativo que faculte a la FEADP y le dé autonomía para investigar y consignar a los responsables ante el Poder Judicial, además de homogenizar los delitos contra la libertad de expresión con el objeto de facilitar el funcionamiento entre las jurisdicciones federales y locales.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), considera que hay “poca capacidad” de la FEADP para atender las agresiones contra periodistas. El ente gubernamental no garantiza justicia a las víctimas.
El especialista en derechos humanos dice que el derecho a la libertad de expresión es coartado por la ineficacia de las instituciones y porque el propio “gobierno utiliza al aparato de justicia para hostigar a los periodistas”.
El gobierno mexicano reconoce que el país enfrenta el desafío de agresiones y homicidios contra periodistas. Por ello, dice ratificar su “determinación” de promover mecanismos para garantizar la seguridad de los informadores, profesionales de la comunicación y ciudadanos que ven amenazada su integridad personal por situaciones relacionadas con la libertad de prensa.
Destaca la creación, en febrero de 2006, de la FEADP, adscrita a la PGR. Además, la integración de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios, en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con información de Artículo 19, de 2001 a 2003 tuvieron lugar siete asesinatos de periodistas; de 2004 a 2006, se registraron 20 homicidios, de los cuales 10 fueron en el último año. Sin embargo, aun con algunas medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a este fenómeno, entre ellas, la creación de la FEADP, 2008 cerró con 13 asesinatos.
Además, de las 274 agresiones perpetradas contra comunicadores del 15 de febrero de 2006 al 30 de noviembre de 2008, la fiscalía se declaró incompetente en 186 de los casos.
Ley de medios
En el informe paralelo, las organizaciones civiles dan cuenta a la comunidad internacional de que la alta concentración de medios de comunicación en pocas personas o grupos empresariales no permite el ejercicio pleno de la libertad de expresión, por lo que se requiere revisar la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones.
Agrega que los medios electrónicos están en manos de empresarios o de instituciones gubernamentales: 96 por ciento de los canales de televisión comercial están en manos de dos familias; el 86 por ciento de las radios están en manos de 13 grupos empresariales, y los permisos están concentrados en universidades, instituciones culturales, gobiernos estatales, es decir, en manos del Estado.
Las organizaciones proponen que se debe reconocer expresamente en la ley el sector comunitario y establecer condiciones que permitan la subsistencia de medios alternativos.
Exponen que el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de abril de 2006, las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El 4 de mayo de 2006, un grupo de senadores interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por considerar que el cuerpo normativo violaba garantías individuales y derechos colectivos establecidos en la Constitución.
La Corte reconoció que vulneraban el ejercicio y acceso al derecho a la libertad de expresión al no garantizar el acceso equitativo a la diversidad de medios, en especial por lo establecido en el artículo segundo de la Carta Magna en torno al acceso de las comunidades indígenas y equiparables a operar sus propios medios de comunicación.
Sin embargo, las organizaciones afirman que el Estado mexicano no adoptó disposiciones de derecho interno que consideren criterios democráticos para garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a las asignaciones de radio y televisión y la subsistencia de las mismas.
1. Invitar a las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de libertad de prensa a construir un diálogo constructivo para ver cómo puede México detener la violencia en contra de periodistas y garantizar la libertad de expresión
2. Fortalecer los derechos de periodistas y medios de comunicación tanto en el ámbito federal como en el local
3. Impulsar reformas legales que garanticen la apertura y la transparencia de los medios de comunicación; revisar la legislación de radio y televisión, y dar seguimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un nuevo marco legal que fomente la diversidad
4. Llevar a cabo medidas efectivas para detener la violencia en contra de periodistas y personal de los medios; garantizar su seguridad cuando lleven a cabo el ejercicio periodístico, en particular aquellos que investigan y reportan casos de corrupción y narcotráfico
5. Crear un marco legal que le dé a la FEADP la jurisdicción suficiente para investigar e indiciar a los perpetradores con una mayor independencia
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