Revelar actos de una figura pública sometió al periodista Alfredo Rivera Flores a uno de los juicios por daño moral más largos en México. Contra el autor de La sosa nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y expresidente del Partido Revolucionario Institucional en el estado, Gerardo Sosa Castelán, sostiene un juicio desde 2004. Se trata de un atentado contra la libertad de expresión, señalan especialistas
Los embates contra la libertad de expresión adquieren distintas formas. Mantener un juicio por daño moral durante más de siete años es, sin duda, una forma de coartar esta libertad, asegura la doctora en derecho a la información y especialista en libertad de expresión Perla Gómez, defensora del periodista, escritor y exconsejero universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Alfredo Rivera Flores.
En 2004, tras publicar La sosa nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, Rivera Flores inició un tortuoso proceso judicial promovido por Gerardo Sosa Castelán, figura pública en el estado, quien se desempeñó como secretario general de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) de 1986 a 1991, rector de la misma universidad de 1991 a 1998, diputado federal en dos periodos (2000-2003 y 2006-2009) y presidente del Patronato Universitario de la UAEH.
La información que en colerizó al político priísta se relaciona con su paso por la UAEH, una de las universidades públicas donde grupos de choque, conocidos como porros, aún se encuentran en auge.
Nueve párrafos del libro (una obra de 132 páginas) son los que ofendieron a Sosa Castelán y lo motivaron a interponer una denuncia contra Alfredo Rivera por “daño moral”.
El supuesto daño causado a Sosa Castelán se constituye por la fotografía y los antecedentes académicos que fueron revelados en el libro. Con ellos se desfavorecen la imagen del expresidente del Partido Revolucionario Institucional, según se le informó a Rivera Flores.
El juicio ha sido irregular, considera la abogadaPerla Gómez. En entrevista con Contralínea explica que, en al menos dos ocasiones, se han presentado incongruencias que buscan entorpecer y retardar más el proceso: se desconoció la rúbrica de la abogada, y se sometió al autor del libro a una prueba pericial en sicología (supuestamente para establecer la “intención” con la que fue redactado el libro). Así, tuvo que ordenarse un peritaje de grafoscopía para determinar la autenticidad de la firma de Perla Gómez, y los resultados de la prueba practicada a Rivera Flores no fueron requeridos en el juicio.
Tras recibir la primera resolución en contra, la defensa de Alfredo Rivera solicitó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (expediente 1057/2010). En él se argumentaba que el daño moral, vigente de 1982 a 2006, había sido modificado y únicamente implicaría una sanción económica. Además, la nueva Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el honor y la propia imagen, en vigor a partir de 2006, racionaliza las sanciones a un pago promedio de 20 mil pesos (en la legislación anterior alcanzaba hasta los 5 millones de pesos).
Ante los beneficios de la ley de 2006, la defensa solicitó la aplicación del principio de retroactividad para el caso del escritor hidalguense, como lo prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en los que la retroactividad no perjudica a los individuos.
Sin embargo, el resultado del recurso de revisión expuesto ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por el ministro Arturo Zaldívar, no fue favorable para el escritor. La propuesta sólo obtuvo el voto a favor de la ministra Olga Sánchez Cordero. Sus homólogos Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz y Guillermo Ortiz Mayagoitia votaron en contra. Así, la solicitud de la aplicación del principio de retroactividad fue desechada.
A decir de la doctora en derecho, el argumento emitido por la Primera Sala de la SCJN invoca una teoría del siglo XVII superada en el siglo XIX: “La causa de la causa es la causa de lo causado: como el autor escribió un libro, ergo, ese autor, por escribirlo, logró la publicación y la distribución”.
Es decir, a Alfredo Rivera lo condenan hasta por lo que no hizo: “lo condenaron por hacer, publicar y distribuir el libro. Él sólo lo hizo, pero no lo publicó ni lo distribuyó”, explica la doctora Perla Gómez.
La peculiaridad del caso radica en el tiempo que ha transcurrido: más de siete años. El costo que implica un juicio de este tipo revelaría el interés de mantener presión sobre el ejercicio periodístico de Rivera Flores. El autor de La sosa nostra advierte: “Existe un ánimo generalizado en el ambiente de la justicia para hacer que los periodistas limiten sus actividades”.
Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que el caso de Alfredo Rivera Flores dejaría al descubierto “un conocimiento muy restringido de la ley” por parte de las autoridades.
“No advierto elementos para condenar a Rivera Flores como se hizo. Además, hay un conocimiento jurídico muy cuestionable por parte de los juzgadores que no entraron a fondo. No conocen de doctrina, no tienen elementos de las prácticas internacionales previstas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos).”
Para el investigador, el sistema jurídico mexicano no suele considerar tratados ni convenciones internacionales, o lo hace “de manera muy reducida”.
Perla Gómez señala que este caso también podría evidenciar que los jueces desconocen la existencia de la nueva Ley de Responsabilidad Civil, y por ello no la consideran. Además, comenta que a lo largo del juicio se ha buscado litigar con acato y propiedad, para dar cuenta de que “litigando correctamente no necesariamente salen bien las cosas”. El caso de Rivera Flores podría revelar los excesos del sistema jurídico; ya sea por ignorancia o por corrupción.
“No es gratuito el grado de descomposición institucional que tenemos en nuestro país. Si tenemos pésimas leyes y pésimos jueces, se cierra el círculo de impunidad en donde actuar correctamente le juega a uno en contra”, sentencia Perla Gómez.
El periodista hidalguense se encuentra en espera de la sanción económica. Las demandas en contra de todos los que participaron en la elaboración del libro no prosperaron o fueron retiradas: Miguel Ángel Granados Chapa, por prologar la obra; Porrúa, por editarla; Enrique Garnica Ortega, por el diseño de portada; Libraria, SA de CV, por la formación tipográfica, y Héctor Rubio Traspeña, por la fotografía del autor.
Según explica la defensa, la sanción, cuyo dictamen se espera antes de concluir el año, podría ascender hasta 400 mil pesos, si se considera el tiraje de 4 mil ejemplares a un precio de venta aproximado de 100 pesos. Esta suma resultaría al considerar el valor lucrativo de la obra. Sin embargo, las ganancias del autor por concepto de regalías no exceden los 28 mil pesos.
No obstante, los estragos económicos no sólo serían producto de la sentencia. Podrían sumarse los gastos de transportación de Rivera Flores por más de 300 traslados de Hidalgo al Distrito Federal. Además de los servicios profesionales que, si bien han sido gratuitos, ascenderían cuando menos a 252 mil pesos, explica la abogada defensora del caso.
Durante los siete años de juicio los servicios profesionales han corrido a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana, al adoptarlo como proyecto de investigación. También auspician la defensa las instituciones Libertad de Información México, AC, y Fundación para la Libertad de Expresión.
Luego de haber agotado las instancias mexicanas, el caso se mantiene a la espera de que proceda la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En entrevista con Contralínea, Alfredo Rivera señala: “El acoso a través de los mecanismos de justicia es claramente menos grave que aquellos en los que se pierde la vida”. Sin embargo, el mensaje hacia el ejercicio de la libertad de prensa es claro, pues mantener a una persona sujeta a juicio durante siete años limita sus actividades profesionales e incluso pone en riesgo su patrimonio.
En efecto, Ernesto Villanueva explica que Sosa Castelán y quienes lo apoyan buscan, con su acoso, “un mecanismo de disuasión, un mecanismo que estimula la autocensura para editar y generar juicios críticos que pudieran ser objeto de una demanda”.
El reto, especifica la doctora Perla Gómez, es lograr que los jueces ponderen siempre la libertad de expresión por encima del honor de una figura pública. “La autocensura es lo último que se debe permitir en esta situación”. Sólo así se podría empezar a revertir la afectación que sufre el gremio periodístico.
La capacitación y la creación de asociaciones de defensoría legal son algunas medidas con las que los periodistas podrían hacer frente al clima adverso a las libertades de prensa y de expresión en México.
Ernesto Villanueva explica que una mayor capacitación en las redacciones permitiría asesorar a los periodistas y escritores sobre el uso del lenguaje. De esta forma se evitarían situaciones de vulnerabilidad jurídica, pero sin llegar a la autocensura.
Anuncia que antes de concluir el año estará en operación una asociación de defensa legal gratuita para casos en los que se atente contra la libertad de expresión.
El número de profesionales de la comunicación silenciados sigue creciendo: 86 asesinados y 17 desaparecidos; además de casos como el de Alfredo Rivera, en el que bajo los propios mecanismos del sistema de justicia mexicano se ordena la censura.
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con Sosa Castelán, quien por motivos de agenda delegó su respuesta a la directora de Comunicación Social de la UAEH, Brenda Flores. Sin embargo, ésta tampoco atendió la petición.
Cada vez peores, condiciones para ejercer el periodismo en México
Un pronunciamiento especial por el periodismo en Veracruz y un pronunciamiento general por los periodistas de todo el país para demandar justicia, fueron resultado durante el Primer Seminario Nacional Leyes y Mecanismos de Protección para el Ejercicio del Periodismo en las entidades del país. El evento fue convocado por la Casa de los Derechos de Periodistas (CDP).
“Advertimos que cada día se vulnera más el derecho a la información de todos los mexicanos porque siguen creciendo las zonas de silencio informativo en la mayoría de las entidades del país. Especialmente en el corredor de Tierra Caliente de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, así como en Veracruz, Tamaulipas y una región de Chihuahua”, cita un fragmento del pronunciamiento signado por más de 30 periodistas y organizaciones defensoras del gremio.
En las reuniones –celebradas entre el 23 y el 24 de septiembre y en las que convergieron periodistas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión de 13 estados de la república– se cuestionó el desempeño de los programas gubernamentales que supuestamente buscan defender la actividad periodística.
Rogelio Hernández, coordinador del programa de protección de la CDP, señaló que los gobiernos estatales se mantienen reticentes a la aplicación de medidas cautelares: el gobierno de Jalisco, por ejemplo, se ha negado, y en otras entidades los gobiernos han tratado de cobrar al gobierno federal los gastos generados.
Rogaciano Méndez, consejero directivo de la CDP, explicó que durante el seminario se logró la firma del convenio de reciprocidad y de ayuda mutua entre el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de República Dominicana. El acuerdo permitiría que, ante la incapacidad del Estado mexicano para proteger a los periodistas, éstos pudieran ser recibidos en República Dominicana. Adelantó que Venezuela y Colombia podrían sumarse a este convenio.
