La publicidad oficial habrá consumido más de 47 mil millones de pesos del erario al término del sexenio de Enrique Peña Nieto, que representa 1 mil millones menos que el costo de la reconstrucción de las ocho entidades afectadas por los sismos de septiembre pasado, estimado por el presidente en 48 mil millones.
Tan sólo este 2017, el gobierno federal prevé gastar 7 mil 807 millones de pesos en campañas publicitarias –que suelen privilegiar la imagen de los funcionarios–, monto que casi duplicó el presupuesto originalmente aprobado por el Congreso para esta función, que ascendía a 4 mil 106 millones.
Para 2018, el gobierno ha solicitado 3 mil 527 millones para publicidad en el proyecto de presupuesto de egresos federal; monto que podría incrementarse, porque la tendencia ha sido duplicar o triplicar lo aprobado.
Así, en 2016 de un presupuesto original de 4 mil 580 millones se pasó a uno modificado y ejercido de 10 mil 698 millones. En 2015, de 5 mil 510 millones originalmente aprobados aumentó a 9 mil 946 millones; en 2014, de 5 mil 526 millones se incrementó a 7 mil 461 millones; y en 2013, de 5 mil 481 millones subió a 8 mil 154 millones de pesos, señala el informe Contar lo “bueno” cuesta mucho, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
De aprobarse y ejercerse la cifra solicitada para el próximo año, el gobierno de Peña habrá gastado 47 mil 593 millones de pesos en publicidad y propaganda. Ese monto ya es 9.5 mil millones de pesos más que lo erogado en ese mismo rubro por el panista Felipe Calderón (38 mil millones de pesos).
El ejercicio del gasto en publicidad oficial entraña una violación a los derechos humanos, específicamente al derecho a la información y las libertades de expresión y de prensa, considera el abogado Leopoldo Maldonado, coordinador del Programa Legal de la organización Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica.
Y es que, al carecer de regulación, la asignación publicitaria privilegia a algunos medios y castiga a otros por su línea editorial, y eso es una censura previa, explica en entrevista. Por ello, la organización en la que participa ha impulsado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta el tema.
Se trata de un juicio de amparo y el proyecto lo ha presentado el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y se discutirá en la Primera Sala el 15 de noviembre, detalla. “La Corte va a discutir si la falta de regulación en la asignación de la publicidad oficial se configura como censura previa”.
El tema tiene que ver con la discrecionalidad con la que se asignan los presupuestos. Al respecto, la maestra Justine Dupuy, coordinadora del área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización Fundar, considera que ésta puede “asfixiar a algunos medios, acallar las voces críticas y distorsionar el debate público, porque se trata de limitar a los medios que son demasiado críticos y de empujar líneas editoriales muy favorables a los gobiernos en turno”.
La especialista apunta que también se limita el papel de contrapeso y de vigilancia que tienen los medios de comunicación. “Se desaparecen las voces críticas o se impacta de manera negativa cuando hay periodistas o medios que realmente están haciendo su trabajo y se les castiga al no darles o retirarles la publicidad oficial, o las cantidades con ciertos medios son tan importantes que el gobierno sí puede impactar directamente y negociar que un periodista se vaya [que sea corrido]”.
La investigación de Fundar revela que sí hay medios privilegiados por el gobierno actual: “de 2013 a 2016, los proveedores que más reciben publicidad oficial son Grupo Televisa (17.07 por ciento), TV Azteca (9.87 por ciento), Estudios Churubusco (3.34 por ciento), la agencia de publicidad Starcom Worldwide (3.15 por ciento), El Universal (2.69 por ciento), y Grupo Fórmula (2.69 por ciento), que en conjunto concentran el 38.81 por ciento (14 mil 73 millones de pesos) del total del gasto. En 2016, de 1 mil 163 proveedores en publicidad oficial, sólo 10 proveedores concentran el 49 por ciento del gasto.
Por su parte, información de la Secretaría de la Función Pública revela que entre enero y agosto de 2017 esos mismos medios han continuado entre los más favorecidos.
En televisión, por ejemplo, Televisa que se ha declarado en crisis financiera facturó en esos 8 meses 133 millones 370 mil 604 pesos netos de la partida 3600. El monto aumentará en el periodo de septiembre a diciembre, porque es en los últimos meses del año cuando el gobierno ejerce el mayor presupuesto en esta materia.
Entre los medios impresos, destaca el caso del Excélsior, que cobró más 124 millones de pesos en ese periodo: 122 millones 377 mil 924 pesos de la partida 3600 y 2 millones 85 mil 688 pesos de la partida 33605.
A diferencia de ese monto, otro favorito, El Universal, facturó poco más de 17 millones en ese mismo periodo: 15 millones 293 mil 615 pesos de la partida 3600 y 2 millones 569 mil 287 pesos de la partida 33605.
Le siguió La Jornada, también declarada en crisis por sus directivos, que cobró más de 16 millones netos (10 millones 404 mil 117 pesos por la partida 3600, y 6 millones 409 mil 25 pesos por la partida 33605) en esos 8 meses.
Milenio es otro de los que más dinero obtuvo en el periodo, al conseguir más de 10 millones 790 mil pesos. El resto de diarios nacionales facturaron, en lo individual, menos de 10 millones de pesos.
La maestra Dupuy, investigadora de Fundar, considera que la ausencia de una norma permite este gasto que considera excesivo y discrecional. Esto, indica, es un pendiente del Congreso desde hace más de 10 años, “porque la primera vez que apareció la obligación de los legisladores a regular el tema fue en 2007 con la reforma político electoral, cuando en un párrafo del artículo 134 Constitucional se menciona la prohibición de hacer uso promocional o de autopromoción a través de la publicidad oficial, y desde entonces tienen pendiente los legisladores regular el tema”.
El Poder Legislativo, señala, está en deuda con los ciudadanos y con la democracia por no haber avanzado en este tema. También lo está el Poder Ejecutivo porque Enrique Peña Nieto en 2012, al ser electo como presidente, dijo que iba a regular estos gastos, a crear una instancia para que lo hiciera, y no ha cumplido, recuerda la investigadora.
Agrega que en esa resistencia los actores principales son tanto el gobierno como los grandes medios de comunicación, que están tan acostumbrados a este status quo. “Ninguno de los dos actores principales de esta relación perversa están listos para cambiar las cosas”.
El abogado Leopoldo Maldonado confía en que el tema se pueda discutir en la Corte y que esta discusión derive en una exigencia al Congreso para que se regule a la brevedad.
“Nosotros [Artículo 19] esperamos que la Corte determine que el tema de la asignación publicitariaes una censura previa y que esto es una violación a los derechos humanos. Una resolución en ese sentido abonaría no sólo a la libertad de expresión sino también a la democracia”.
Para la maestra Dupuy, “el balón está en la cancha del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que tiene la posibilidad de justamente obligar a los legisladores a regular el tema. Si se vota a favor del proyecto del ministro Zaldívar, los legisladores tendrán hasta el 30 de abril de 2018 para regular el tema de publicidad oficial. Entonces sí sería un avance muy importante y se daría porque no se ha logrado durante años”.
La investigadora resalta que en México se suele hablar de la primera causa que “debilita la libertad de expresión y que es la violencia: los homicidios en contra de los periodistas; pero hay otro tema que, aunque es menos visible, también impacta mucho en la libertad de expresión y es justamente el manejo discrecional y opaco de la publicidad oficial en este país”.
El millonario gasto en publicidad (montos en millones de pesos)
2013: 8,154
2014: 7,461
2015: 9,946
2016: 10,698 36259
2017: 7,807*
2018: 3,527**
Total: 47,593
*Presupuesto modificado, pero podría gastarse más
**Monto establecido en el proyecto de presupuesto para 2018
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN]
[SECCIÓN: MEDIOS]
Nancy Flores
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