Publicidad gubernamental: censura indirecta

La publicidad oficial se utiliza como instrumento de censura, pues los funcionarios en turno premian o castigan con ella a los medios de comunicación, explican especialistas. La “rendición de cuentas” y la “fiscalización”, mero discurso gubernamental: ASF

“En Latinoamérica y particularmente en México, llama la atención la entrega de publicidad estatal como mecanismo indirecto, pero efectivo, para moldear la libertad de expresión”, dice Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información.

En la revisión de la cuenta pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el gobierno federal destinó más de 3 mil 335 millones 557 mil pesos para pagar los servicios que los mismos concesionarios están obligados a proporcionar en los tiempos oficiales previstos en la ley.

La ASF realizó una auditoría de desempeño a los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en la cual precisa que algunas dependencias y entidades incrementaron su presupuesto en el concepto 3700 “Servicios de comunicación social y publicidad” sin contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación (Segob), encargada de regular dicho gasto. Además, la entrega de publicidad estatal carece de algunos elementos de control, como instructivos, formatos, reportes e informes internos.

Miguel Rivadeneira, director de noticias de la Agencia Ecuaradio, de Ecuador, sostiene que el problema de libertad de expresión en América Latina radica en la inoperancia e ineficacia de los sistemas democráticos. En esta región, expone, la publicidad del Estado trata de “tapar” los problemas estructurales que vive la población. “La democracia y las instituciones son necesarias y fundamentales, pero éstas no dan respuestas tangibles y caen en los abusos publicitarios por parte del Estado, para adormecer a una sociedad que no es participativa y que cree que democracia son elecciones”.

Mauricio Farah, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sostiene que el Estado no debe recurrir a ninguno de los instrumentos a su alcance para discriminar a periodistas o medios en el suministro de información, tampoco “en la asignación de publicidad estatal en el esquema de premio o castigo”.

Para el funcionario, que entre sus programas tiene el de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, la persecución por medios indirectos debe erradicarse y sancionar a los servidores públicos que incurran en ésta.

Pero a las autoridades federales les molesta no sólo la fiscalización que ejercen los medios de comunicación, sino también la propia ASF. En enero de 2008, la auditoría presentó el documento Obstáculos a la fiscalización superior, donde denuncia actitudes de oposición al desarrollo de sus revisiones tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial. Los poderes señalados muestran “cierta tendencia a inhibir la fiscalización superior”.

La Segob presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra actos de la Cámara de Diputados y de la ASF. Se opone a la realización de tres auditorías, entre ellas, a la de programas y campañas de comunicación social del gobierno federal en la cuenta pública 2006.

El Poder Ejecutivo se opone a la auditoría de gestión financiera. Argumenta que la revisión ordenada versa sobre cuestiones ajenas; vulnera con ello su esfera de competencia, ya que en la revisión se pretende verificar el apego a la normatividad que rigen las acciones de los programas, permisos y autorizaciones.

En su análisis Obstáculos a la fiscalización superior, la auditoría concluye: “Pareciera ser que existe una intención regresiva de ciertos actores políticos responsables de algunas áreas de los poderes Judicial y Ejecutivo que buscan poner obstáculos a las acciones de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización superior, negando en los hechos los discursos que se pronuncian a favor de dichas acciones, que son imperativas en cualquier régimen democrático y responsabilidad insoslayable de todo servidor público”.

Información distorsionada

Eleael Acevedo Velázquez, presidente de la Asociación Mexicana de Organismos Garantes de Acceso a la Información Pública, considera que el Estado tiene la obligación de informar a la opinión pública de sus acciones, y no la facultad para persuadir conductas electorales o ideológicas. Debe mostrar qué hace y cómo lo hace, además de qué compromete cada vez que despliega su acción gubernamental.

Agrega que ocasionalmente el Estado tiene que dar a conocer noticias con hechos relacionados con la función pública que resultan relevantes para la población; inducir en conductas sociales positivas, advertir sobre bienes y servicios nocivos, y abrirse al escrutinio público.

Por su parte Ernesto Villanueva indica que hay algunas iniciativas de ley en la Cámara de Diputados y en la Asamblea del Distrito Federal, las cuales retoman la regulación del procedimiento administrativo para la asignación de pautas publicitarias, pero son omisas en cuanto al contenido y finalidades de los criterios para asignar presupuesto en esa materia.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que en el país los mensajes publicitarios del gobierno no están regulados, lo que genera discrecionalidad y uso intensivo de recursos públicos para promoción política y personal.

La publicidad estatal, dice, la asigna un director de comunicación social que, de manera discrecional, decide “en la soledad de su despacho” a quién se la da. “En campañas electorales, quien tiene acceso a los recursos tiene mayores posibilidades de incidir en los votantes y en cómo triangular dinero público a los candidatos del partido que está en el gobierno”.

Lotería Nacional

El pasado 1 de abril, el Grupo Megamedia denunció que el Partido Acción Nacional (PAN) le ofreció un contrato millonario de publicidad en sus periódicos Diario de Yucatán y La I, pagado por la Lotería Nacional de México (Lotenal).

De acuerdo con información del Diario de Yucatán, la propuesta fue planteada al gerente general y al subgerente de publicidad de la división Campeche de Megamedia, el jueves 26 de marzo, durante una reunión en la sala de juntas en las Torres de Cristal, donde se ubican las oficinas de Carlos Mouriño Terrazo y la sede del Grupo Energético del Sureste.

Describen que estaban presentes Mouriño Terrazo –hermano del fallecido secretario de Gobernación, Juan Camilo– y uno de sus hijos; Jorge Luis Lavalle Maury, jefe de campaña de Mario Ávila Lizárraga, candidato del PAN al gobierno de Campeche, y una persona que se identificó como Miguel Ángel.

“Mouriño solicitó a los representantes del grupo yucateco que fijaran el precio total de un proyecto de publicidad en Diario de Yucatán y La I, el periódico de mayor circulación en Campeche, para las cinco candidaturas ‘importantes’: gobernador, dos diputaciones federales y alcaldes de Campeche y Ciudad del Carmen.

“Supuestamente, el proyecto incluía un paquete de publicidad en los periódicos y servicios en otras empresas del grupo: correos electrónicos y anuncios en Dyred y materiales impresos en Uniprint. Pidieron que se les armara un paquete publicitario que alcanzó un precio de 3 millones de pesos, menos un descuento de 20 por ciento por compra global”, se lee en el rotativo.

Según los directivos de Megamedia, Miguel Ángel (Jiménez Godínez, director general de Lotenal) pidió que se facturara a nombre de la dependencia. El Diario de Yucatán sostiene que el representante del medio aclaró que no era procedente dicha facturación, que estaban impedidos por su código de ética y las políticas de la empresa, además de que la ley del ramo dispone que la publicidad electoral sea facturada a cada partido.

Megamedia asegura que Jiménez Godínez propuso “facturarles 500 mil pesos. Es más, no me hagas el piquito de descuento y a nosotros sólo nos darás de vez en cuando un cintillo o los resultados de algún sorteo que caiga en Campeche.

Eso ustedes manéjenlo, nosotros no les vamos a pedir mucho”. Ante la negativa del gerente, aumentó la oferta. “Pregúntale a tu jefe. Es más, les firmamos un contrato de publicidad (con la Lotenal) para sus periódicos por tres años”.

De acuerdo con el Diario de Yucatán, el 28 de marzo Luis Alberto González Uribe y Olegario Manuel Moguel Bernal, director editorial y gerente general del Grupo Megamedia, respectivamente, presentaron la denuncia a nombre del corporativo ante la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

El 2 de abril, a través de una carta dirigida a Carlos Rubén Menéndez Navarrete, director general del Diario de Yucatán, Jiménez Godínez responde que “el acercamiento con Grupo Megamedia responde a la gran penetración que tienen los medios que forman parte del consorcio en la Península de Yucatán.

El encuentro con los agentes de ventas de su empresa no tuvo otro motivo más que el comercial, cualquier otra idea es producto de una confusión”.

Y enfatiza que “se reitera el interés de avanzar en un acuerdo comercial con la corporación que usted dirige”.

No es exclusivo de México

De acuerdo con el estudio Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina. El precio del silencio, realizado por la Asociación por los Derechos Civiles, Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta y Open Society Institute, en los países de la región existen patrones de abuso que incluyen pagos a medios en concepto de publicidad oficial a cambio de una cobertura favorable de las actividades del gobierno o de poder ejercer control sobre la línea editorial.

El estudio analizó la manera en que los gobiernos ejercen un favoritismo financiero con determinados medios, dando a sus afines políticos y personales redituables contratos publicitarios.

Además de que el aumento en el gasto en materia de publicidad en años de elecciones se utiliza con fines electorales o partidarios, a pesar de que las leyes en distintos países disponen restricciones específicas al respecto.

El análisis principal de El precio del silencio se realizó en siete países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay, y tuvo lugar entre enero y octubre de 2007. Sin embargo, precisa que el patrón estudiado es recurrente en naciones no contempladas.

Por ejemplo, dice el estudio, en septiembre de 2007 la revista mexicana Proceso denunció al gobierno de Felipe Calderón por discriminación en su contra al efectuar recortes en la publicidad que se le asignaba y “utilizar el dinero público para castigar y presionar o para premiar y favorecer a los medios de comunicación según su línea editorial”.

El precio del silencio precisa que en Argentina el gobierno nacional abusa sistemáticamente de sus facultades en materia de publicidad. A pesar de ciertas restricciones legales que rigen para la publicidad oficial en periodos de campañas electorales, el expresidente Néstor Kirchner aumentó su gasto total en 2007 y dedicó generosos fondos a financiar avisos para promocionar su imagen en el mismo año en el que su esposa se postuló para la Presidencia.

En Chile, por ejemplo, el grueso de la publicidad oficial se dirige a unos cuantos medios gráficos y audiovisuales de alcance nacional. Los gobernadores provinciales, alcaldes y empresas del Estado utilizan los contratos publicitarios para comprar coberturas favorables y suelen indicar a los medios o a los periodistas qué es lo que pueden o no publicar.

El estudio señala que en Colombia se da una distribución irregular de publicidad entre la prensa escrita en el nivel nacional y numerosas asignaciones inadecuadas en el nivel local. Éstas incluyen los pagos directos a periodistas y otros productores de contenidos en concepto de publicidad con el objetivo de debilitar su independencia.

En 2007, el vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas, renunció luego de un escándalo en el que él y Fernando Sánchez, diputado oficialista, propusieran utilizar los contratos publicitarios para procurarse una cobertura periodística favorable durante el referendo para la ratificación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

En Honduras, señala el informe, la decisión acerca del manejo de publicidad oficial está centralizada en el secretario privado del presidente, y se utiliza sistemáticamente para comprar coberturas periodísticas o silenciar a las voces críticas. Los pagos directos del gobierno a los periodistas por “dudosos servicios de comunicación” son una práctica institucionalizada.

En 2006 y 2007, el ministro de Vivienda de Perú utilizó contratos de publicidad oficial para obtener una cobertura favorable hacia su ministerio y su persona en tres periódicos de alcance nacional.

Sin criterios

En 2003, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos realizó un estudio de la censura financiera en la región: La asignación discriminatoria de publicidad oficial, donde se destaca que una gran parte del gasto interno del Estado se destina a publicidad, de la cual existe escasa información sobre los criterios que se utilizan para asignar la publicidad.

Además, los gobiernos distribuyen su publicidad entre varios medios, con frecuencia sin ninguna restricción o supervisión legal, lo que da lugar a una selectividad en la colocación de la misma.

Se enfatiza sobre la decisión del Estado de continuar o suspender la publicidad en un medio, lo cual traería efectos importantes en el ingreso anual del mismo.

Obstáculos a la fiscalización superior Poder Judicial

El Consejo de la Judicatura Federal se opone a la evaluación del Sistema de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación (auditoría 227 “Evaluación del sistema de carrera judicial”)

Poder Ejecutivo

La Secretaría de Energía se opone a la evaluación del proceso para el otorgamiento de permisos de estaciones de carburación de gas LP (auditoría 12); también se opone a la evaluación del proceso para el otorgamiento de permisos de exploración y explotación de hidrocarburos (auditoría 16) La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se opone a la evaluación del proceso utilizado para el otorgamiento de permisos de certificación fitosanitarios (auditoría 13) La Secretaría de Gobernación se opone a la auditoría de Programas y Campañas de Comunicación Social del Gobierno Federal (Cuenta pública 2006/auditoría 405); también se opone a la evaluación de procesos para el otorgamiento de permisos de sorteos (Informe de Avance de Gestión Financiera 2007/auditoría número 7), y a la evaluación del proceso para el otorgamiento de modificaciones a los permisos para la operación de casas de juegos (Informe de avance de gestión financiera 2007/auditoría 8 )

Fuente: Semanario Contralínea 127 / Año 7 / 19 de abril de 2009