Analistas, académicos y comunicadores de México y del orbe condenan el uso del Poder Judicial contra la libertad de expresión y el periodismo de investigación.
Las constantes agresiones contra periodistas, la reciente detención de Miguel Badillo, director de las revistas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y finanzas, y la orden de aprehensión contra la reportera Ana Lilia Pérez despertaron indignación y censura en México y el mundo.
Durante el primer semestre de 2008 se registraron 95 ataques contra informadores: 30 agresiones físicas, 16 amenazas, seis asesinatos, cuatro atentados, nueve aprehensiones, cuatro cateos y tres levantones (Contralínea 117).
Figuras políticas, defensores de los derechos humanos, asociaciones civiles e informadores alertan que con estos actos no sólo se coarta la libertad de prensa, sino el acceso de la sociedad a la información. Por ello, reprueban la violación de garantías individuales y el abuso de poder de las autoridades, pues amenazan el libre ejercicio periodístico.
El también activista de los derechos humanos añade que quienes representan la defensa por los derechos sociales son quienes “han llevado la peor parte en la reacción de los poderosos”. Sin embargo, apunta que no hay más alternativa que seguir luchando, aunque en esa democracia imperfecta ocurre que los organismos que deberían tutelar esos derechos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), funcionan para muy poco”.
Aguayo Quezada –quien promovió el derecho a saber en torno al verdadero resultado de las boletas electorales de 2006 y se amparó ante el Poder Judicial para evitar la destrucción de esos documentos– considera que, pese a la debilidad de la CNDH, la reacción de una parte del gremio periodístico demuestra que está dispuesto a defender la libertad de expresión: “Prueba que en México existe una base social que permite la defensa de ciertos derechos y de ciertas libertades”.
El columnista reflexiona que “es terrible cuando uno se ve acosado y perseguido: hay una sensación de impotencia y de agobio que se atenúa cuando viene la solidaridad de los colegas. Contralínea es un ejemplo del hostigamiento al que están sujetos los periodistas y medios de comunicación y, al mismo tiempo, de la capacidad que tenemos si no para derrotar totalmente estas amenazas, sí al menos para expresar solidaridad”.
No obstante, Aguayo menciona que los periodistas siguen siendo víctimas potenciales para el abuso permanente y no se debe dejar de llamar la atención sobre este hecho. Considera que la detención de Badillo obedece a que Contralínea “señaló los intereses creados, que desde siempre han existido en México, entre esas paraestatales y las empresas privadas. La reacción, cuando se tocan intereses creados, es la que están padeciendo; eso tiene que ver con la corrupción que permea la vida mexicana y a la que se suma la inoperancia de los órganos defensores de los derechos humanos”.
Aguayo explica que en un sistema judicial corrupto habrá igualmente esa procuración de justicia ineficaz para proteger a los ciudadanos. “Se trata de un Estado timorato frente a intereses creados, e ineficaz, porque estamos ante un gobierno más preocupado en atender a los empresarios que en defender a sus ciudadanos”.
En relación con las demandas civiles interpuestas por el Grupo Zeta Gas y Oceanografía por supuesto daño moral en contra de esta publicación y sus periodistas, Ernesto Villanueva, especialista en el derecho a la información, dice que “con estas medidas inhibitorias, se buscan acotar los márgenes de información de la propia revista”.
Para el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la detención fue un ejercicio abusivo. “Envían como mensaje a la sociedad que existen personajes intocables, lo que es poco afortunado para la libertad de expresión. Hay que condenar este tipo de actividades; no sólo es un asunto personal contra el director de Contralínea, sino contra quienes ejercen seriamente el periodismo”.
Advierte que éste no debe ser visto como un caso aislado, sino como un reflejo de la judicialización de la vida periodística. Para el también impulsor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la vida privada debe tener primacía. No obstante, menciona que “la tolerancia de personajes y servidores públicos cada día es menor, mientras son más los temas de interés público”.
Sugiere que, como en el pasado, “se reitere la importancia de la libertad de expresión, sobre todo cuando se tratan temas de interés que involucran servidores y personajes públicos”.
Para el exdiputado federal Jesús González Schmal, con la despenalización de los delitos contra el honor, se trasladó al Código Civil “un instrumento perverso de persecución a la libertad de expresión”. Quien presidiera la comisión especial para investigar los negocios de los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, comenta que una reglamentación mal formulada en el Código Civil es una expresión de intimidación para los periodistas.
El 17 de enero, en gira de trabajo por Carichi, Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador, excandidato a la Presidencia de la República, calificó de injusta la detención de Badillo.
Advirtió que este tipo de actos no deben ser permitidos. Llamó a los comunicadores, quienes denuncian actos de corrupción, a no dejarse intimidar por las amenazas del gobierno, pues “no van a lograr su propósito. Yo les digo a todos los luchadores sociales que sigan adelante”.
El también miembro de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que en 1985 mereció el Premio Nobel de la Paz, aconseja “no bajar la guardia, sino pasar a la contraofensiva, porque el arresto es lo micro y, a mi juicio, lo macro es amedrentar”.
Prevé que el entorno para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión podría endurecerse desde el poder político: “Por un lado, permiten el regreso del programa de Carmen Aristegui, pero lo que más les molesta es el periodismo de investigación, el cual siempre llega a Los Pinos, pues aporta datos duros, que ellos ponen en tela de juicio”.
El analista observa un escenario de endurecimiento para la prensa mexicana como un efecto de la recesión estadunidense, ya que podría llegar una crisis social en aquel país que se extendería a México, por su profunda integración con Estados Unidos. Observa que vendría mayor “cerrazón” y la libre expresión sería sacrificada: “En ese contexto marcaría el gran aviso contra ustedes”.
La “sombra de esa intolerancia” sería la detención de Miguel Badillo y el desplegado que se generó desde Jalisco en contra de los análisis de Jalife Rahme, experto en geopolítica, “de donde vendrán otros pasos contra la libertad de expresión”.
Para el abogado Jesús González Schmal, es inconcebible un atropello como la detención de Badillo, pues nunca fue requerido para un proceso judicial. Ello, sostiene, es una violación a las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución.
Expresa que es posible que tras la demanda de Jesús Alonso Zaragoza López esté “la mano negra de otros personeros del gobierno, que lo están usando para ese propósito”. No descarta que “puedan ser las graves revelaciones que ha hecho Contralínea de los magnates en el gobierno lo que puede estar desatando esta persecución”.
Además, asegura que “quienes creemos en el régimen de derecho y en la libertad de expresión, y hemos sido testigos del extraordinario servicio a la verdad que ha dado Contralínea a nuestro país, no podemos sino protestar enérgicamente contra tales modos de operar la justicia mexicana”.
El especialista en reservas petroleras, economista e historiador, Fabio Barbosa Cano, se pronuncia contra lo que llama “el atentado contra Miguel Badillo”. Expresa que “es insoportable la prepotencia del gobierno, la hipocresía de los perredistas y el grado de sometimiento del llamado Poder Judicial”.
El también académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y asesor del Senado de la República en temas energéticos se dio a la tarea de transmitir de motu proprio la información sobre la detención de Badillo entre organizaciones de trabajadores y profesionales petroleros de México y el extranjero, en virtud de que los reportajes de Contralínea documentan irregularidades y deficiencias en la paraestatal Pemex, que inciden en su ámbito laboral y en la defensa de los recursos del país.
Raúl Benítez Manaut, especialista en temáticas de seguridad nacional, teoría militar y resolución de conflictos, manifestó su preocupación por la ejecución de esa orden de aprehensión y su solidaridad al equipo editorial, al tiempo que resaltó la gravedad del hecho.
Tan pronto trascendió entre las organizaciones periodísticas internacionales la privación de la libertad de Miguel Badillo, comenzó a fluir la preocupación por su seguridad y por la dureza de la medida avalada por el gobierno.
Red Voltaire –organización dedicada al análisis de las relaciones internacionales, dirigida por el periodista francés Thierry Meyssan– abordó el caso en una nota titulada “Delitos flagrantes”: “El periodista Miguel Badillo fue detenido por la policía bancaria mexicana. Ha sido objeto de procesos judiciales por parte de la empresa Multigas, una filial del Grupo Zeta Gas. En virtud de la orden de un juez de Guadalajara, el colaborador de Red Voltaire fue internado en prisión por publicar una serie de artículos y documentos que sustentan un vasto sistema de tráfico de influencias, que implica a altas personalidades de México”.
Entretanto, Rosa María Holguín, representante en México de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), lanzó la alerta por la amenaza a la libertad de expresión que significó la sanción administrativa contra Badillo. De inmediato, ese llamado tuvo eco en todo el hemisferio. Se recibió en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, en el Sindicato de Periodistas de Paraguay, en la Federación Nacional de Periodistas de Brasil, en la agencia noticiosa Prensa Latina y en la Unión de Periodistas de Cuba.
También se sumaron a la alerta los colegios de periodistas de Nicaragua; Colombia; sección Santander y Pichincha, Ecuador; así como las asociaciones de periodistas de Guatemala y Perú, que se pronunciaron en estos términos: “Alerta-LE. Hostigamiento judicial al director de Contralínea y Fortuna; policías lo detienen en la ciudad de México”. El anuncio estableció que: “La figura de daño moral es utilizada para censurar e intimidar la labor de investigación periodística sobre temas de interés público”.
En Europa, Suzanne Crooy Kristensen, oficial administrativa de la organización Apoyo Internacional a los Medios, con sede en Copenhague, Noruega, respondió de manera expedita a la noticia y ofreció la asistencia inmediata de la instancia para apoyar la defensa de ambos periodistas.
A su vez, el medio digital de la organización cultural Kaosenlared –en el que se expresan personas y organizaciones de la izquierda anticapitalista– divulgó la denuncia entre lectores de Cataluña, Euskal Herria (Vasconia), Andalucía, Galicia, Madrid, Extremadura, Terrassa y Comarca, España, y de Francia y Portugal.
La información, con el título “Repudio a la detención del periodista Miguel Badillo Cruz”, reiteró la condena contra este hecho.
También la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) rechazó y condenó el hecho. Por medio de un comunicado, demandó el cese a las agresiones contra informadores en todo el país. La declaración firmada por Roberto Piñón Olivas, presidente del organismo, y Teodoro Rentería Arróyave, vicepresidente de la Felap, asienta que las autoridades resultan expeditas al momento de ejercer presión e intimidación contra los periodistas y los medios de comunicación.
Las organizaciones defensoras de periodistas se dicen preocupadas por “la regresión de autoridades y particulares que buscan recovecos legales para amordazar a la prensa, ante la desaparición de los delitos de difamación y calumnia, buscando otros tipos jurídicos para ejercer la represión”.
Durante la entrevista realizada a Ana Lilia Pérez, en la emisión radiofónica Entérese con Teodoro Rentería, del 16 de enero, Piñón Olivas exigió la intervención del presidente Felipe Calderón para respetar la “de por sí lastimada libertad de expresión”. Calificó la situación como delicada, pues con anterioridad la Fapermex había denunciado las agresiones de Grupo Zeta Gas.
Desde México hubo plumas y voces que también desaprobaron el hecho. Bajo el título “Miguel Badillo Cruz, Contralínea, Zeta Gas y Pemex”, Federico Arreola examina los entretelones del arresto al director de esta revista. En su columna publicada en El Sendero del Peje, el fundador del diario Milenio se expresa en estos términos: “(Badillo) Ha realizado, durante los últimos 15 años, algunos de los más importantes trabajos de investigación que haya difundido el diarismo mexicano”.
El también fundador del diario Reforma menciona que “personas económicamente pujantes y bien conectadas con el primer círculo del gobierno federal se sintieron con la fuerza y la influencia necesarias para lanzarse en contra de un periodista de recursos modestos”.
Humberto Musacchio, en su columna La república de las letras, publicada el 19 de enero en el diario Excélsior, apunta que la actitud de los jueces “que se prestan para perseguir y reprimir a quienes se atreven a ejercer la libertad de expresión y a cumplir su función de hacer públicos los asuntos públicos” representa una amenaza para el gremio.
Ese mismo día, durante la emisión de La red de Radio Red, el periodista Sergio Sarmiento opinó: “En caso de que la información fuera incorrecta, hay legislación en contra de la calumnia, que es la atribución falsa de delitos, pero buscar la detención de un periodista por publicar una entrevista que se concedió, me parece inaceptable, más perseguirlo por realizar investigaciones”.
Miguel Ángel Granados Chapa en su programa radiofónico Plaza Pública, del 19 de enero, calificó de aberrante la decisión del juez José Manuel Pérez León, quien falló en contra del director de Contralínea y Fortuna y de la reportera Ana Lilia Pérez, el 30 de mayo de 2008, en la demanda promovida por el contratista de Pemex, Jesús Alonso Zaragoza López.
Expuso que este caso es semejante a la sentencia por daño moral que recibió Alfredo Rivera Flores, autor del libro La sosa nostra, quien fuera demandado por el diputado federal Gerardo Sosa Castelán. “No podemos –aseguró– admitir que se violente la libertad de información y expresión y el acceso a la información del público, por denuncias y demandas de carácter civil, que buscan preservar intereses torcidos, particulares, frente al interés general”.
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