Vulnerada la libertad de expresión en México

Las autoridades encargadas de procurar justicia en México promueven y toleran las agresiones a los medios de comunicación: aunque el gobierno no atente de manera directa, al ser omiso en sus deberes, motiva que los grupos de poder amedrenten a los periodistas, dice Mauricio Farah, de la CNDH. En tanto, el fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas califica el caso de Contralínea como un hecho aislado.

La actuación omisa de las autoridades encargadas de procurar justicia en México genera que la impunidad se institucionalice, lo que provoca una espiral cada vez mayor de agresiones a comunicadores. Se victimiza doblemente a los periodistas, en ocasiones es abiertamente el mismo Estado quien agrede al informador, dice Mauricio Farah, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En 1991 se creó el Programa Especial de Periodistas, luego de que se hubiera considerado a los integrantes de este gremio como grupo vulnerable. En esta primera etapa únicamente se le facultó para conocer casos relativos a presuntas violaciones contra comunicadores.

De acuerdo con el portal electrónico de la Comisión, en mayo de 1997 se creó la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. Ocho años después, en enero de 2005, se instituyó la Quinta Visitaduría General, a la que fue adscrita la Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.

En ese contexto, Farah dice que la CNDH se mantiene atenta respecto de las agresiones e intimidaciones de las que ha sido objeto Contralínea.

“Nos preocupa (la detención de Miguel Badillo) porque podría ser un tipo de agresión, por parte de grupos fácticos de poder, con medios indirectos: amenazas y hostigamiento a través de varios juicios penales que tienen los periodistas, lo cual sería sumamente lamentable. Sería un mensaje no solamente para el gremio periodístico, sino para la sociedad.”

Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), considera la detención del director de las revistas Contralínea y Fortuna como “alarmante” y un “foco rojo” en contra de la libertad de expresión.

Expone que mediante la Relatoría de Libertad de Expresión, la CDHDF recibió una queja por el arresto del periodista, donde se describen diversas irregularidades; entre ellas, la “extraña” actitud asumida por los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes durante el trayecto al centro de detención hostigaron verbalmente al periodista.

Álvarez Icaza sostiene que la CDHDF refrenda su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, y en este caso continuará pendiente y realizará las diligencias necesarias para que el proceso se lleve a cabo con apego irrestricto a la ley.

Policía bancaria

A decir del ombudsman capitalino, el caso de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez es una expresión más del acoso que enfrentan los periodistas. La CDHDF inició una queja por la actuación de la PBI y solicitó informes. Además, la Comisión mandó medidas cautelares de protección para ambas personas.

“Es grave que los periodistas en México, además de defenderse de los narcotraficantes, tengan que enfrentar una serie de marasmos legales para tratar de demostrar su inocencia. Se les quiere obligar por vías legales y extralegales a revelar sus fuentes, tratar de retractarse o, sencillamente, ahogarlos por la vía económica. Es una señal gravísima para nuestra democracia”, considera Álvarez Icaza.

Mauricio Farah aclara que no es competencia de la CNDH cuestionar la actuación de la Policía Bancaria e Industrial; pero, parecería que existe un fundamento legal para justificar su participación en la detención de Miguel Badillo. Agrega que la parte que preocupa a la institución que representa es la notificación que en su momento se haya hecho, oportunamente y conforme a derecho.

Para el visitador, si no existe una orden de presentación al momento de detener a una persona, hay una clara violación a los derechos humanos. Es inadmisible cualquier tipo de detención sin una orden correspondiente, considera.

Amenazas e irregularidades

Aarón Jiménez Paz, del Programa de Agravios a Periodistas de la CNDH, considera lamentable la situación por la que atraviesa Contralínea. Dicha instancia integra un expediente desde septiembre de 2008, cuando reporteros de esta revista presentaron una queja por amenazas, acoso e irregularidades administrativas.

Agrega que se debe tener clara cuál será la frontera entre la participación del Estado y de particulares, y procurar la atención de todos, con los ojos puestos en lo que tenga que ver con la participación de autoridades para evitar cualquier agresión contra los periodistas.

Libertad de expresión, bien común

Mauricio Farah considera que la libertad de expresión es un bien común que se debe proteger. La sociedad se beneficia de este derecho; pero lamentablemente en México el ejercicio periodístico corre mayores riesgos.

Agrega que las quejas de periodistas agraviados presentadas ante la CNDH van en aumento. Desde el año pasado, las estadísticas se vienen duplicando “sólo si nos referimos a aquellos números que conoce la Comisión, pero si se hace referencia al número de quejas que se encuentran en comisiones estatales o incluso aquellos casos que no son denunciados, sin duda alguna la situación podríamos verla con mucho más alarma”.

El funcionario dice que desde que se abrió el programa se han registrado 700 quejas por presuntas agresiones a periodistas. En los últimos dos años se duplicó el número de denuncias; en 2008 se recibieron más de 80, cuando en promedio se presentaban alrededor de 40 quejas al año.

De acuerdo con el visitador, se emitieron 49 recomendaciones por agresiones a periodistas; además se realizaron conciliaciones entre los afectados, que no se hicieron públicas, donde se logró acreditar una agresión no grave. En otros casos se consigue que la autoridad reconozca la agresión para que deje de darse el hecho violatorio de los derechos humanos.

Farah califica como “grave” que las autoridades estén involucradas en las agresiones a periodistas. “Si la libertad de expresión es un bien público, el Estado no sólo debe de protegerla, sino garantizarla, toda vez que es un pilar de todo Estado democrático”, explica.

“Resulta preocupante que el Estado no sólo no garantice la libertad de expresión, sino que no lo proteja, ya sea por acción u omisión. Vivimos una situación vulnerable en un sector de por sí vulnerado. Ahora en lo que estamos cayendo es en una posible y creciente autocensura por parte de los informadores.”

En este caso, explica, vemos que los tres órdenes de gobierno son, en ocasiones, quienes promueven las agresiones contra los comunicadores, que van de las simples amenazas hasta acciones directas y abiertas: desapariciones u homicidios.

Las autoridades, cuestionadas

La CNDH observa que son pocos los casos donde se conoce quién fue el agresor y qué motivó la agresión contra el comunicador. Hay muchos expedientes con investigaciones deficientes. El Ministerio Público es negligente, por decir lo menos, omiso, al igual que los trabajos periciales; situación que obra en contra del desarrollo democrático del país. Esta tolerancia hace que se multipliquen los ataques contra periodistas.

Para Farah, si el Estado no tiene la capacidad de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de información, se empezará a registrar una creciente autocensura por parte de los periodistas, que no es deseable desde ningún punto de vista. “Cuando se agrede a un comunicador también se ataca a la sociedad, violando uno de los derechos fundamentales del individuo”.

A decir del visitador, la CNDH observa que el Estado no garantiza la libertad de expresión y de prensa, por lo que están abriendo expedientes de muchos casos, para conocer cuál es la investigación por parte de las autoridades; saber si hay un ataque directo por parte del gobierno y si no es así, entonces que la averiguación sea pulcra, apegada a derecho y eficaz.

“En los tres niveles de gobierno hay una deficiencia para poder garantizar al periodista el ejercicio de la libertad de expresión. La sociedad tiene que levantar la voz y defender la labor de los periodistas, toda vez que están realizando un trabajo que es un bien común”, considera el funcionario.

La Fiscalía Especial

Octavio Orellana Wiarco, fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), califica las agresiones e intimidaciones por las que atraviesa la revista Contralínea como un caso aislado. Agrega que la Fiscalía no se puede pronunciar sobre el caso particular de Contralínea, porque no conoce documentos que avalen la actuación citada.

Orellana Wiarco asegura que los poderes “formales” tienen un clima de respeto y de no afectar la libertad de expresión y de información; sin embargo, otro tipo de instancias (los poderes “informales”), como la delincuencia organizada, son los que afectan a los periodistas.

Para el fiscal, la PGR está realizando el trabajo lo mejor posible: resolvió casi el 75 por ciento de los casos que conoció. Al cierre de 2008, la dependencia registró 288 casos sobre agresiones contra periodistas, de los cuales se resolvieron 213.

En su informe sobre la situación laboral de los freelancers en México, la Fundación Rory Peck Trust –con sede en Gran Bretaña– advierte que este país “es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y los freelancers no son ajenos a esta realidad. Amenazas, golpes, secuestros, desapariciones y hasta asesinatos son algunas de las condiciones más graves que se presentan para trabajar en la cobertura informativa”.

Nadine Jurrat, subdirectora de la Fundación, al enterarse de la detención de Miguel Badillo, tomó nota del caso y manifestó que próximamente visitará el país.

Indigna a Cámara de Diputados detención de Miguel Badillo

Legisladores lamentan el creciente número de agresiones contra informadores y medios de comunicación, así como la indiferencia del Estado para detener los ataques y velar por la libertad de prensa.

Javier González Garza, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, lamenta que el director de la revista Contralínea, Miguel Badillo, y la reportera Ana Lilia Pérez sean sujetos de una represión “dizque” legal.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática asegura que la situación por la que atraviesa la revista será tratada de forma institucional en la Comisión Especial, para dar seguimiento en la Cámara de Diputados a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Gerardo Priego, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, califica de inaceptables los ataques sufridos por la revista Contralínea, así como la detención de su director.

El legislador del Partido Acción Nacional considera que pese a que el ente agresor es una empresa privada, se presta a suspicacias de nexos de ésta con el poder público.

“Hoy más que nunca la libertad de prensa es atacada por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y la delincuencia organizada: a golpes, balazos, con granadas y con censura. Nunca fue tan grave la situación de la libertad de expresión en México”, considera el diputado panista.

Este 2008 fue un año de total impunidad, dice, pues además de que crecieron los ataques a periodistas aumentó la indiferencia de las autoridades; por ello, considera, el gobierno es corresponsable de las agresiones.

Joaquín de los Santos, secretario de la Comisión, condena las agresiones de las que son objeto Badillo y Pérez. Dice que resulta lamentable el aumento de los ataques a los comunicadores en México; el acoso, la intimidación de manera directa y brutal sobre diferentes medios y comunicadores.

Desde la Comisión, dice, se critica de manera abierta cómo el crimen organizado ataca a los comunicadores y medios; pero es doblemente criticable que desde el poder del Estado se agreda a los periodistas.

El legislador de extracción perredista considera que la detención de Miguel Badillo y las constantes amenazas que ha sufrido Ana Lilia Pérez dejan claro que desde las más altas esferas del poder público “se está atacando” a la prensa.

De los Santos asegura que el caso de Contralínea servirá a los integrantes de la Comisión para empujar la iniciativa que busca federalizar los delitos contra periodistas, que actualmente se encuentra en la congeladora por “el capricho” del presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho.

El diputado perredista considera que, si la PGR cumpliera con su cometido de procurar justicia, no se tendrían que crear más leyes que tutelen la libertad de expresión. Por lo menos entre el 35 y 40 por ciento de las agresiones a comunicadores y medios provienen de entes gubernamentales.

Expone que al inicio de la actual legislatura se logró despenalizar el delito de difamación y calumnia; pero no bastó con que el Congreso de la Unión la aprobara. Ahora la iniciativa está “atorada” en los gobiernos estatales, sólo fue ratificada en 11 entidades; se necesitan otros cinco estados para que se convierta en ley.

De los Santos considera que pese a la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, dependiente de la PGR, los ataques a comunicadores van en aumento.

Para Gerardo Priego, la Fiscalía es un organismo débil que debe ser fortalecido. “No demuestra voluntad política para resolver de forma eficaz los casos que investiga”.

Detención ilegal

El diputado Elías Cárdenas sostiene que la detención de Miguel Badillo es ilegal y “parecida a un secuestro”. Pero en este caso, argumenta, “cuenta con la corrupción del juez 49 de lo Civil, Jorge Luis Ramírez, quien lanzó una orden de desacato sin notificación. Se trata de una chicanada del juez y de los gaseros”.

El legislador por Convergencia considera que la detención del periodista exhibe la enorme corrupción judicial que impera en el Distrito Federal. Agrega que pedirá la intervención del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y la del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, “para que vean la clase de jueces que padece la ciudadanía de la capital del país”.

Para Cárdenas, la detención del director de Contralínea es un atentado a la libertad de expresión. “Dicen que el periodista se está excediendo en la libertad de expresión. ¿Quién fija los excesos de los medios de comunicación?”