Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el gobierno son, en palabras del Partido Democrático Popular Revolucionario y del Ejército Popular Revolucionario (EPR), “violencia de clase, que está enfocada contra el pueblo”, producto del terrorismo de Estado. Sin embargo, todos los candidatos electorales defienden las fuerzas represivas y buscan fortalecer el “Estado policiaco militar”.
En la edición más reciente de su periódico, El Insurgente, el EPR hace referencia a las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, documentadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y señala que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano son inocultables, al grado en que el organismo internacional señala la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
Las desapariciones en Tamaulipas, señala, son prueba de que las fuerzas represivas del Estado “esparcen terror en el pueblo”; omitir la responsabilidad del Estado y reproducir el discurso que responsabiliza al crimen organizado es legitimar “la imposición de medidas profascistas”.
Desde esta liga puede descargarse el número íntegro del órgano de difusión del EPR.
Alba Olea
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