Comunidades de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero llegan a las puertas de la capital del estado, Chilpancingo, con rumbo a la Ciudad de México. Denuncian un pacto de impunidad entre los tres niveles de gobierno y los grupos narcoparamilitares que mantienen sitiados sus territorios. Sólo así se explican por qué ni la Guardia Nacional ni las corporaciones policiacas estatales y municipales actúan cuando el cártel de Los Ardillos ataca a los pueblos.
Las comunidades organizadas en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), emitieron su primer comunicado de este recorrido desde la caseta de La Venta, en Acapulco, Guerrero. Vienen acompañadas por integrantes de comunidades de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos.
“Queremos volver a dejar bien claro, frente a los medios de comunicación que nosotros no venimos a representar a ningún partido político, y ni somos conservadores, ni neoliberales, apenas tenemos para mal comer. Es más, muchos de los aquí presentes votamos personalmente porque creímos en un cambio; pero ya son 2 años de gobierno, y a nuestros pueblos nomás no llega ninguna transformación, ni nada.”
Explican que siguen padeciendo la pobreza que los mata lentamente por desnutrición. “Son cientos de niños y de niñas que sólo comen frijoles, tortillas y chile todos los días de su vida; no hay verduras, no hay frutas, aquí no se conoce más que en los libros lo que es una dieta balanceada. Y poco a poco vemos como a nuestros hijos les salen los jiotes, y se ponen enfermos y muchos de ellos mueren por que cuando les da una enfermedad de esas que según tienen cura, no la aguantan”.
También señalan que las brigadas médicas sólo suben a sus comunidades una vez al mes. “Y sólo llega uno o dos médicos generales cuando mucho, para atender a cientos de personas desnutridas, o con enfermedades crónicas, y sabemos que no es culpa de los médicos, sabemos que cuentan con muy pocos recursos. Pero cuando pasamos frente a los cuarteles militares ahí si se ve que tienen bastantes recursos para movilizarse rápidamente, y están bien equipados con mucha tecnología”.
Denuncian que los cartees de la región quieren obligarlos a cometer crímenes y a ser parte de ellos. “Nos amenazan, nos someten”.
Por eso solicitan el apoyo de la población. “Cuando decidimos liberarnos de los criminales y enfrentarlos, porque el gobierno ni hizo su trabajo, entonces también otra vuelta se van contra nosotros. Y ahí está el caso de los asesinatos de 18 de nuestros concejales, delegados, promotores, compañeros y compañeras integrantes del Cipog-EZ”, también delegados del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno.
Lamenta que haya pasado un año y cuatro meses del inicio de los asesinatos. No sólo no se ha investigado. Tampoco cesan. “Continúan en completa impunidad, y no es que no se sepa quién los asesinó, sino que el gobierno federal mantiene un pacto de impunidad con los grupos narco-paramilitares en el estado de Guerrero”.
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