En Cofece, amparados para permanecer en la “burocracia dorada”

Este año, los comisionados de la Cofece obtendrán 727 mil pesos más por concepto de sueldos y prestaciones que el presidente López Obrador. Desde el inicio de esta administración, 14 de los 21 funcionarios que se encuentran en el primer rango, titulares de área y direcciones generales se ampararon para incumplir la “austeridad republicana”

Amparados para no dejar de percibir sueldos y canonjías mayores a las que obtiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador –como lo ordena la Constitución–, cada uno de los seis comisionados la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene un sueldo bruto de 205 mil 778.80 pesos. Mientras que al cargo de comisionado presidente (puesto vacante en este momento) se le asignan 206 mil 496.06 pesos brutos cada 30 días.

Los comisionados de la Cofece –Brenda Gisela Hernández Ramírez, Ana María Rezéndiz Mora, Alejandro Faya Rodríguez y José Eduardo Mendoza Contreras– ganan un total anual de 2 millones 469 mil 345.6 pesos, con base en los reportes oficiales.

A ello, se suman 274 mil 371.73 pesos por gratificación de fin de año y dos primas por 4 mil 66. 81 pesos cada una [8 mil 133.62 pesos anuales]. En total, cada comisionado de la Cofece percibe 2 millones 751 mil 850.35 pesos al año. Su presidente alcanza los 2 millones 761 mil 414.42 pesos cada ciclo fiscal. Mientras, López Obrador suma poco más de 2 millones 24 mil pesos por año.

Cuando el titular del Ejecutivo asumió el mandato, promovió modificaciones a la Constitución para que ningún servidor público ganara más que él. De inmediato, 14 de los 21 integrantes de la Cofece recurrieron al amparo para no perder sus beneficios económicos. Al paso de tres años de gobierno, continúan con salarios superiores en la llamada élite burocrática, heredada del neoliberalismo.

Titulares y directores

Los siguientes al mando de este órgano autónomo son los tres titulares de área. Cada uno de ellos tiene un sueldo bruto de 204 mil 569.55 pesos al mes; lo que significa que anualmente suman 2 millones 454 mil 834.6 pesos, respectivamente. Bajo este rango se encuentran los titulares de la Secretaría Técnica, Fidel Gerardo Sierra Aranda; de la Autoridad de Investigación, Juan Manuel Haro Zepeda; y de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales, José Nery Pérez Trujillo.

Además de sus sueldos, tienen una gratificación anual por 272 mil 759.40 pesos, más dos primas por 3 mil 135.43 pesos cada una [6 mil 270.86 pesos]. Al final de cada periodo fiscal obtienen percepciones por 2 millones 733 mil 864.86 pesos.

Luego, le siguen las 11 direcciones que alcanzan percepciones por 183 mil 433.36 pesos; son 15 mil 816.36 pesos arriba del primer mandatario. Cada uno tiene un sueldo bruto anual de 2 millones 201 mil 200.32 pesos y significan 24 millones 213 mil 203.5 pesos del presupuesto público.

Se les agregan 244 mil 577.8 pesos por gratificación de fin de año y 3 mil 135.43 pesos [6 mil 270.86] por cada una de las dos primas programadas. En total, los directores de la Cofece perciben 2 millones 452 mil 48.98 pesos. Mientras, el titular del Ejecutivo obtiene anualmente en sueldo bruto 2 millones 11 mil 204 pesos, más 13 mil 20 pesos por despensa, durante el mismo lapso. Un total de 2 millones 24 mil 224 pesos por año. Es decir, el presidente de la Cofece gana 737 mil 190.2 más que López Obrador; un comisionado 727 mil 626.35; los titulares de Área, 709 mil 640.86 pesos y un director general, 427 mil 824.98 pesos.

Apenas el pasado 15 de febrero, el presidente López Obrador señaló que tanto en la Cofece como en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) mandan realmente “las grandes corporaciones monopólicas”. Durante su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario dijo que se “crearon todos estos organismos satélites para llevar a cabo una política económica neoliberal. Entonces, lo mejor sería que no existieran. No sólo nos ahorramos mucho recurso, sino que se fortalece el Estado nacional, porque esas funciones las puede llevar a cabo el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ejecutivo”.

Cofece, opositor de la reforma eléctrica

En el marco de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de este año –en la que se proponía que el Estado fuera el rector de este sector estratégico para el país, así como del manejo del litio, codiciado por trasnacionales–, la Cofece recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política en materia energética.

El pleno de la Comisión justificaba esto por la supuesta “importancia de mantener y consolidar un modelo eléctrico basado en la competencia, acompañado de los elementos de regulación que sean necesarios para salvaguardar el interés público”.

Acusaba que la iniciativa presidencial renunciaba “de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro (comercialización) de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas”.

Ello, a pesar de que la iniciativa de reforma buscó fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y eliminar el beneficio ilegal que obtienen los privados y grandes empresas como Walmart y Oxxo, quienes pagan menos por la energía eléctrica de lo que solventan las familias en el uso doméstico de la luz.

La Cofece señaló que el modelo propuesto por López Obrador representaba “un retroceso en contra del bienestar social”, pues de aprobarse implicaría “instaurar un monopolio en toda la cadena de valor del sector, es decir, en la generación, transmisión, distribución y abasto (comercialización) de electricidad; crear un monopsonio (único comprador) en la compra de electricidad que, en su caso, realice la CFE; desmantelar el marco institucional que tutela el interés público, trasladando indebidamente a la CFE las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas; y eliminar distintos mecanismos que persiguen objetivos fundamentales, como velar por la confiabilidad del sistema, diversificar la matriz de generación, procurar la equidad entre los participantes, aplicar regulación neutral y técnica, mejorar el servicio y motivar inversiones en tecnologías de generación más eficientes y limpias”.

Cada uno de los puntos, apegados al discurso de la oposición al presidente de la República, que en administraciones anteriores permitieron grandes beneficios a la trasnacional Iberdrola, empleadora del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Más percepciones para la Cofece

Además del sueldo bruto para los funcionarios de la Cofece, el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos revela que los integrantes de este órgano autónomo tienen otras prestaciones, como seguros, apoyo en caso de fallecimiento, incentivos y vales de despensa.

“Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad de 6 meses, los familiares o quienes se hagan cargo de los gastos de inhumación, recibirán el importe de cuatro meses de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios que estuviere percibiendo en la fecha del deceso”, indica.

El seguro de vida institucional, expone, “tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros por fallecimiento o por incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, de conformidad con las disposiciones aplicables. Este seguro se encuentra consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La suma asegurada básica será el equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual y la prima correspondiente será cubierta por la Cofece”.

El Pleno, indica, podrá autorizar el otorgamiento de “percepciones extraordinarias por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos a la antigüedad o incentivos similares, a favor de los servidores públicos”. Asimismo, tendrá la facultad de “otorgar un estímulo económico y/o en especie extraordinario por el cumplimiento de los objetivos que para tal efecto establezca el Pleno de la Comisión, siempre y cuando no rebasen los límites de la normatividad aplicable vigente”.

De acuerdo con el documento público, asentaron su firma la comisionada presidenta en suplencia por vacancia, Brenda Gisela Hernández Ramírez; los comisionados: Alejandro Faya Rodríguez, José Eduardo Mendoza Contreras, Ana María Reséndiz Mora y el secretario Técnico, Fidel Gerardo Sierra Aranda.

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